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DECISIÓN AMPARO ROL C6033-18</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores.</p>
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Requirente: Matías Jara Hernández.</p>
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Ingreso Consejo: 04.12.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, respecto de las comunicaciones o notas diplomáticas reclamadas, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.</p>
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Se aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C1326-15, C440-09, C2294-13 y C933-14, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C6033-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de octubre de 2018, don Matías Jara Hernández solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la siguiente información: "copia y acceso a toda la correspondencia recibida y enviada por esta entidad respecto al juicio en la Corte Internacional de Justicia (Corte de La Haya) frente a Bolivia, cuya resolución se vio hoy, 1 de octubre de 2018. Recordar que, bajo el principio de la divisibilidad, conforme a lo que contenga información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal (sea por reserva o pruebas), se dará acceso a la primera y no a la segunda. Además, de ser necesaria la autorización de un tercero para dar acceso a la información requerida, conforme a lo indicado en la Ley anteriormente mencionada y diversos dictámenes del Consejo para la Transparencia, la autoridad podrá denegar el acceso solo si la oposición del tercero se fundamenta en alguna de las causales expresamente señaladas en el artículo 21 de la Ley 20.285. De ser así, por favor, tachar ese contenido específico".</p>
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Acto seguido, agrega que "Se solicitan todas las comunicaciones, tanto internas como externas, cuyo tópico principal sea el caso judicial internacional frente a Bolivia".</p>
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2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 30 de octubre de 2018, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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Posteriormente, mediante carta de respuesta de fecha 15 de noviembre de 2018, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de antecedentes relacionados con comunicaciones entre Chile y la Corte Internacional de Justicia, señalando el link de la página web donde se publica correspondencia del proceso, y su forma de acceder, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.</p>
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Del mismo modo, adjunta copia de la Resolución Exenta N° 4222, de igual fecha, mediante la cual, de un total de 84 comunicaciones, se hizo entrega de 81 notas, denegando 3 de dichas notas diplomáticas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°4 de la Ley de Transparencia, agregando que "la develación de dichos documentos, en términos concretos y específicos, afectará el interés nacional, especialmente las relaciones internacionales con terceros Estados, lo que producirá una alteración de las confianzas depositadas para el mantenimiento de relaciones fructíferas y duraderas, entorpeciéndose, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones de esta Cartera Ministerial en la materialización y desarrollo de la política exterior de la Nación", haciendo mención a la funciones y competencias de dicha institución.</p>
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3) AMPARO: El 4 de diciembre de 2018, don Matías Jara Hernández dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "La justificación para denegar estas tres cartas se fundan, según esgrime la Subsecretaría, en el numeral 1 y 4 del artículo 21 de la Ley 20.285. El primer numeral es confuso, ya que la causa judicial ya terminó y esta información no se trata de una solicitud genérica. Sobre el numeral 4, no se entiende cómo se puede perjudicar más una relación (económica o comercialmente) más allá de estar enfrentados en un juicio internacional. Además, se entiende que las comunicaciones del juicio fueron establecidas en ese contexto, por lo que no se deberían haber realizado comunicaciones que fueran más allá de ese marco. El conocimiento de estas es necesario para entender mejor el contexto de este juicio".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E917, de fecha 25 de enero de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante oficio RR.EE. (DIGEJUR) OF. RES. N° 820, de fecha 19 de febrero de 2019, el órgano evacuó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, y haciendo mención al contenido de las notas denegadas, agregando que "dicha documentación -es decir, las Notas 145642, 09/15/MTI y 147846- da cuenta o contiene los intercambios de información, formulados mediante la Corte Internacional de Justicia o directamente en la respectiva Misión Diplomática, entre países que mantienen relaciones diplomáticas y que, por consecuencia natural, se circunscriben al ámbito de aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que no resultaría procedente alterar la práctica diplomática de la reserva de las comunicaciones (...) Una respuesta de esta naturaleza es la que esperaría nuestro país ante una situación similar, en virtud del principio de reciprocidad aplicable a las relaciones internacionales", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C1326-15, C933-14, C2294-13 y C440-09, entre otras, adjuntando copia de las notas diplomáticas denegadas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de toda la correspondencia recibida y enviada por esta entidad respecto al juicio en la Corte Internacional de Justicia frente a Bolivia. Al respecto, en su respuesta, el órgano informó la manera de acceder a una parte de dichas comunicaciones y accedió a la entrega de 81 notas, denegando 3 de ellas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°4 de la Ley de Transparencia. En dicho contexto, dado el tenor del amparo, la presente decisión se circunscribe a las 3 notas diplomáticas denegadas.</p>
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2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en la especie, el órgano denegó la entrega de las notas diplomáticas aludidas, de conformidad a las causales de reserva del N°1 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en virtud de las cuales se podrá denegar el acceso a la información cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y cuando afecte el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. En tal sentido, vale tener en consideración que las notas diplomáticas constituyen la correspondencia oficial cursada entre una misión diplomática acreditada en un país y el Ministerio de Asuntos o Relaciones Exteriores del país donde aquélla se encuentra. Por su lado, el concepto de interés nacional no es un concepto unívoco pues no se encuentra definido de una manera precisa y clara por la doctrina. A propósito de los "intereses generales de la nación" que integran la función social de la propiedad (art. 19 N° 24, inc. 2°, de la Constitución Política) se ha dicho que "expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden". Con todo, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el beneficio debe ser para el país en su conjunto, puede referirse "a sectores de su población, áreas de actividad o zonas geográficas específicas o determinadas dentro de él". Pues bien, precisamente un ámbito donde por naturaleza puede expresarse este interés, es en la política exterior de un Estado, que debe representar al conjunto de la población.</p>
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4) Que, en las decisiones de los amparos rol C1326-15, C440-09, C2294-13 y C933-14, entre otras, se ha venido razonando sobre la base de que la difusión de las notas diplomáticas podría generar un daño específico en las relaciones bilaterales entre los países involucrados, especialmente al haber sido emitidas en un proceso de comunicación recíproca. En este sentido, más que a la sensibilidad de la información que en ellas se contiene, debe atenderse a la protección del canal de comunicación de que se trata, cuyo levantamiento unilateral por parte de un Estado afectaría la confianza entre las partes y la razonable expectativa respecto del carácter confidencial de las mismas y la vía de comunicación utilizada para tal finalidad.</p>
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5) Que, lo señalado precedentemente lleva a que este Consejo estime que la revelación de la información solicitada, de manera unilateral, afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial, la fluidez de los canales de comunicación existentes entre los países, y con ello se afecta no sólo el interés nacional, en los términos de los dispuesto en el artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia, sino que, además, de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido en el artículo 21 N°1, de la misma ley.</p>
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6) Que, en consecuencia, conforme con lo razonado, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, fundado en la concurrencia de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N°1 y N° 4, de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Jara Hernández en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Jara Hernández y al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores.</p>
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En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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