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DECISIÓN AMPARO ROL C6075-18</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Antofagasta.</p>
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Requirente: Matías Jara.</p>
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Ingreso Consejo: 05.12.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Antofagasta, respecto de la información relativa a las autorizaciones para que profesionales médicos puedan ejercer su profesión en el país, entre los años 2016, 2017 y 2018, ordenando la entrega de copia de las resoluciones con el nombre de dichos profesionales.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado las alegaciones del órgano, por cuanto resulta relevante para poder ejercer el control social sobre la materia, y tener un evidente interés público.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C2701-18.</p>
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En sesión ordinaria N° 982 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6075-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de noviembre de 2018, don Matías Jara solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, en adelante e indistintamente, la Secretaría o la SEREMI, la siguiente información: "copia y acceso a la documentación que contenga la información estadística sobre el número de autorizaciones hechas por esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, para que profesionales médicos (cualquiera sea su profesión en el área de la salud) puedan ejercer su profesión en el país, entre los años 2016, 2017 y 2018. Esto desglosado fecha de autorización, vigencia (tiempo que dura la autorización) y número de resolución. Por favor, adjuntar estas resoluciones".</p>
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2) RESPUESTA: El 5 de diciembre de 2018, mediante carta de respuesta, el órgano accedió a la entrega de la información solicitada, remitiendo planilla excel con link a las resoluciones de médicos autorizados por esa SEREMI, para realizar funciones en la Región de Antofagasta, durante los años consultados.</p>
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3) AMPARO: El 5 de diciembre de 2018, don Matías Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "en todas las resoluciones publicadas tienen tarjadas o nubladas los nombres de las personas autorizadas. A modo de ejemplo, adjunto también resoluciones de otras seremis (disponibles en transparencia activa) donde sí muestran los nombres. Esto es esencial, para poder cotejar si el funcionario está en el lugar donde se autorizó a ejercer la medicina u otra función".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E1033, de fecha 27 de enero de 2019, confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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El 13 de febrero de 2019, mediante Oficio N° 243, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "Previo a linkear las resoluciones solicitadas a la planilla Excel, se ocultaron los nombres de los profesionales aludidos. Dichos actos administrativos si bien constituyen actos públicos, al contener datos personales de personas naturales, se aplicó el principio de divisibilidad de la información, expresamente reconocido en la ley 20.285, en su artículo 11 letra e), por ser procedente en este caso y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2°, letra f de la ley N° 19.628".</p>
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Acto seguido, indicó que "La información solicitada por el reclamante es pública, sin embargo, se ha procedido a ocultar los nombres de los profesionales médicos autorizados, pues, las resoluciones que autorizaban a dichos profesionales eran eminentemente temporales, dictadas a solicitud del Servicio de Salud de Antofagasta, de las Corporaciones Municipales de Desarrollo Social o Municipios, para satisfacer necesidades públicas de atención médica para sus usuarios, en virtud de los principios de servicialidad del Estado y continuidad de la función pública", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.628.</p>
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Luego, informó que "al involucrar la solicitud de información, datos personales de terceras personas que no trabajan para esta institución, sino que prestan (o prestaban) sus servicios de medicina a distintas entidades dependientes del Servicio de Salud o de las Corporaciones Municipales de Desarrollo Social o de los municipios (desconociendo el vínculo jurídico de esa prestación de servicios y si tales médicos revisten o no la calidad de funcionarios públicos), esta SEREMI estimó que, al no poder contar con el consentimiento de los titulares de esos datos personales (debido al número elevado de resoluciones solicitadas y a que esta parte no cuenta con alguna dirección para ubicarlos) para el tratamiento de los mismos (según la regla general del artículo 4° de la Ley N° 19.628), no se pueden revelar, ya que el tratamiento de tales datos no dice relación directa con materias de nuestra exclusiva competencia, porque, como se indicó, dichas autorizaciones temporales se hacían en virtud de solicitudes de quienes requerían directamente los servicios de los médicos", denegando la entrega de la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, y remitiendo copia de las resoluciones reclamadas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a información estadística sobre el número de autorizaciones hechas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para que profesionales médicos puedan ejercer su profesión en el país, entre los años 2016, 2017 y 2018, con el desglose que indica, adjuntando copia de las respectivas resoluciones. Al respecto, el órgano accedió a la entrega de dicha información, remitiendo planilla con los antecedentes consultados y el link a las resoluciones requeridas. Sin perjuicio de lo anterior, en las respectivas resoluciones se tarjó el nombre de los profesionales autorizados, antecedente que funda el presente amparo.</p>
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2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la Ley N° 20.261, del Ministerio de Salud, de 19 de abril de 2008, que "Crea el examen único nacional de conocimientos de medicina (...)" también denominado EUNACOM, en el Artículo 1°, inciso primero, dispone: "Establécese, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005; en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6° de la ley N°19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes. Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen".</p>
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4) Que, sobre el particular, según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C2701-18, y sin perjuicio de tratarse de un dato personal al tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, se debe hacer presente que dada la naturaleza de los antecedentes pedidos, este Consejo entiende que resulta relevante para poder ejercer el control social sobre esta materia, la publicidad de la identidad de los profesionales médicos autorizados para realizar funciones en los establecimientos de salud o localidades, que para cada caso se indica, no obstante no haber aprobado o no haber rendido el examen de validación EUNACOM. En efecto, en cada resolución que autoriza el ejercicio de funciones relativas a la salud, se informa, junto con el nombre del profesional, el nombre de la institución o localidad donde debe desempeñar dichas funciones, y el plazo de duración de dicha autorización, teniendo en consideración el siguiente período para rendir el examen aludido, antecedentes todos de un evidente interés público, motivo por el cual, las alegaciones del órgano no podrán prosperar.</p>
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5) Que, en la especie, es relevante para el control social conocer el contenido de las autorizaciones para efectuar labores médicas, incluyendo la identidad de los profesionales, a fin de poder determinar con certeza qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para ejercer la profesión en comento, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. En esta línea argumentativa, corresponde entonces, desestimar la alegación relativa a la afectación de la vida privada, por vincularse lo requerido a datos personales, toda vez que lo solicitado en el presente amparo se trata, precisamente, de información referida a la calidad profesional de determinadas personas que prestan servicios de salud, por lo general, en establecimientos públicos, a los miembros de la sociedad, información que cede, como se dijo, ante el necesario control social respecto del conocimiento de los datos requeridos.</p>
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6) Que, lo dicho precedentemente, se ve refrendado por lo expuesto en el artículo 4°, inciso 5°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, que dispone que: "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos (...)". Al efecto, se observa que es el mismo legislador quien autoriza expresamente el tratamiento de datos personales, como los solicitados en la especie.</p>
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7) Que, al respecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 12109-2016, de fecha 21 de marzo de 2017, en reclamo de ilegalidad deducido por la Subsecretaría de Educación, en contra de la decisión C1993-16, que ordenó a dicha institución la entrega de información consistente en la identidad de los profesionales que indica, razonó que "en este orden de ideas y a la luz de las normas transcritas, la decisión de amparo recurrida se encuadra dentro de los datos que no están afectos a secreto o reserva, tanto porque al referirse al título profesional obtenido en una universidad, son de carácter público, no siendo necesaria autorización del beneficiario del mismo, cuanto porque la ley de protección de datos personales le da tal calidad a los que figuren en registros públicos" (considerando 5°)/ "Que lo señalado precedentemente se encuentra en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 8 de la Constitución Política y la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 del mismo cuerpo de normas, ya que los datos que se solicitan, no afectan la vida privada ni la honra de esas personas ni de su familia, (...)" (considerando 6°)/ "Que así las cosas, la información ordenada entregar, se encuentra dentro de las excepciones del artículo 4to de la ley 19.628, no siéndole aplicable lo preceptuado en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por no concurrir al respecto la causal de secreto o reserva, a todas luces entonces, la decisión de amparo C1993-16 no reviste los caracteres de ilegalidad que le atribuye la recurrente" (considerando 7°).</p>
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8) Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que información similar a la solicitada, en la especie, ha sido publicada por otras SEREMI de Salud, en sus respectivos portales de Transparencia Activa, como por ejemplo, en el enlace a http://transparencia.asrm.cl:83/terceros/R_049699_2017.pdf, en el cual se incluye el nombre del o los profesionales autorizados para ejercer como médicos cirujanos.</p>
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9) Que, en consecuencia, atendida la naturaleza de los antecedentes que se reclaman, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado y habiéndose desestimado las alegaciones de la SEREMI, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada, debiendo el órgano tarjar, previamente, todo dato personal de contexto que pueda contener, particularmente, el número de cédula de identidad o pasaporte, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en aplicación del Principio de Divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Matías Jara en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante copia de las resoluciones que autorizan a profesionales médicos puedan ejercer su profesión en el país, entre los años 2016, 2017 y 2018, incluyendo el nombre de dichos profesionales, debiendo el órgano tarjar, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener, particularmente, el número de cédula de identidad o pasaporte.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Jara y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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