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DECISIÓN AMPARO ROL C6253-18</p>
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Entidad pública: Universidad de la Frontera</p>
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Requirente: Óscar Soto Arroyo</p>
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Ingreso Consejo: 11.12.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Universidad de la Frontera, ordenando entregar la información relativa a las evaluaciones rendidas por el requirente en la asignatura de Medicina Interna II, el año 2018.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información respecto de la cual no se acreditó suficientemente la inexistencia de dichos antecedentes.</p>
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Con todo, en el evento de que dicha información no obre en poder de la reclamada deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo.</p>
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En sesión ordinaria N° 987 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6253-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Óscar Soto Arroyo formuló ante la Universidad de la Frontera las siguientes solicitudes de información:</p>
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a) Solicitud signada bajo el N° 72, de fecha 26 de octubre de 2018: Copia de la evaluación prueba global sección teórica rendida por el requirente en la asignatura de Medicina Interna II, el año 2018. Hace presente que lo pedido es copia fiel del instrumento utilizado en aquella ocasión, compuesta por la pauta de preguntas del alumno (se encuentra con identificación, firma del estudiante), la hoja de respuestas del solicitante y la matriz de revisión.</p>
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b) Solicitud signada bajo el N° 75, de fecha 04 de noviembre de 2018: Respecto de la asignatura Medicina Interna II rendida por el requirente el año 2018:</p>
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i. Puntajes máximos obtenidos por alumnos e ideales de cada evaluación (pruebas) de la sección teórica, consignando qué preguntas se eliminaron en el proceso de revisión y el puntaje máximo con el que se revisó cada una.</p>
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ii. Puntajes máximos e ideales de Evaluación de examen práctico OSCE, tanto de primera como de segunda intención, además de las pautas evaluativas del requirente y la entrega íntegra de lo preguntado en este examen.</p>
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iii. Copia de documento escrito de puño y letra con las observaciones del proceso de revisión de OSCE entregado por el solicitante a la encargada de asignatura, Sra. Victoria Espinoza con fecha del 10 de septiembre.</p>
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2) RESPUESTA: La Universidad de la Frontera respondió a dichos requerimientos de información, respectivamente, mediante oficios Ord. TR N° 73/2018 y Ord. TR N° 74/2018, ambos de fecha 20 de noviembre de 2018, señalando, en síntesis, que sobre las evaluaciones de las asignaturas Medicina Interna II cursada en el primer semestre del año 2018 por el requirente, no hay deber de respaldo documental al respecto.</p>
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Agrega, que el inciso final del artículo 38 del Reglamento de régimen de estudios de Pregrado cuyo texto refundido está contenido en la resolución exenta N° 617 de 27 de enero de 2014, modificado por la resoluciones exentas N° 2286 de 16 de mayo de 2014; N° 3722 de 07 de agosto de 2015; N° 2970 de 05 de mayo de 2016; N° 5126 de 30 de agosto de 2016, N° 7587 de 22 de diciembre de 2016; y N° 535 de 19 de enero de 2017, "es responsabilidad de cada estudiante revisar sus notas finales de cada asignatura cursada en el periodo académico. Si existiera alguna disconformidad de su parte, el estudiante podrá solicitar la revisión del caso y correspondiente rectificación si corresponde, ante la Dirección de la Carrera, en un plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente. Pasado este tiempo no podrá alterarse dicha calificación".</p>
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Finalmente, señala que la reclamación por parte del estudiante se presentó con fecha 25 de septiembre de 2018, ante la Dirección de carrera correspondiente, por lo que debió resolverse en esa instancia, razón por la cual actualmente no es posible entregar los antecedentes solicitados.</p>
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3) AMPARO: El 11 de diciembre de 2018, don Óscar Soto Arroyo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de la Frontera, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega, que en caso que de no existir la documentación requerida, se entreguen las actas de destrucción de dichos antecedentes, conforme a la Circular N° 28704, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a la eliminación de documentos de la Contraloría General de la República.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de la Frontera, mediante oficio N° E1338, de fecha 01 de febrero de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido que se habría otorgado respuesta incompleta a sus requerimientos; señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; en la negativa de lo anterior, indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información solicitada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, en el evento de complementar la respuesta inicialmente otorgada, y de contener datos personales del propio peticionario, acredite a este Consejo su entrega presencial al recurrente, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 indicada y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado mencionada.</p>
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El órgano reclamado, a través de oficio Ord. TR N° 4/2019, de fecha 07 de marzo de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, en primer lugar el reclamante en su amparo sostiene que los exámenes rendidos por los alumnos serían actos administrativos, y por ende afectos a la normativa prevista en la circular N° 28.704/81 por la cual la Contraloría General de la Republica imparte instrucciones referentes a eliminación de los documentos que indica. Al respecto, señala que existe una apreciación errónea del estudiante, por cuanto señala que los exámenes o pruebas que los académicos de una Universidad toman a sus alumnos no son actos administrativos, sino actos académicos, en que la normativa que rige su mantención es definida en forma autónoma por cada Universidad.</p>
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En este contexto señaló que el inciso final del artículo 38 del Reglamento de régimen de estudios de Pregrado, de la Universidad de La Frontera, cuyo texto refundido está contenido en la resolución exenta N° 617 de 27 de enero de 2014, modificado por la resoluciones exentas N° 2286 de 16 de mayo de 2014; N° 3722 de 07 de agosto de 2015; N° 2970 de 05 de mayo de 2016; N° 5126 de 30 de agosto de 2016, N° 7587 de 22 de diciembre de 2016; y N° 535 de 19 de enero de 2017 dispone: "es responsabilidad de cada estudiante revisar sus notas finales de cada asignatura cursada en el periodo académico. Si existiera alguna disconformidad de su parte, el estudiante podrá solicitar la revisión del caso y correspondiente rectificación si corresponde, ante la Dirección de la Carrera, en un plazo no superior al de dos semanas después del inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente. Pasado este tiempo no podrá alterarse dicha calificación". Asimismo, agrega que el artículo 39 de dicho cuerpo normativo prescribe que "Las actas son inalterables. Sin embargo, en caso de detectar un error u omisión que requiera modificación, el Docente Responsable de la asignatura mediante el sistema de ACTAS DE INTRANET solicitará al Director de la Unidad Académica en que se impartió la Actividad Curricular la emisión de un acta electrónica rectificatoria. El acta electrónica rectificatoria se entenderá forma parte del acta original. Las actas rectificatorias deberán ser emitidas a más tardar la tercera semana de inicio del periodo lectivo siguiente".</p>
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Por otra parte, señala que la Contraloría Universitaria (Ord. N° 19 de 22 de marzo de 2018) ha estimado que la documentación de respaldo de las evaluaciones debiera mantenerse por cada académico hasta la fecha en que la eventual acta rectificatoria que pueda tener que emitirse quede firme, lo que ocurre cinco días hábiles después de concluido el deber de generar la misma, que es la tercera semana de inicio del periodo lectivo siguiente. De existir dicha reclamación del alumno las evaluaciones debieran mantenerse hasta que se resuelva definitivamente dicha reclamación.</p>
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En este sentido, hace presente que la solicitud formulada por el requirente fue efectuada el 04 de noviembre de 2018. El segundo semestre de 2018 de la Universidad de la Frontera se inició el 1 de octubre como consta de la resolución exenta N° 1623 de 06 de julio de 2018 que fija el nuevo calendario académico. El plazo legal de tres semanas más cinco días hábiles establecido para mantener las evaluaciones venció el 29 de octubre de 2018. Por ende, sostiene que cuando el requirente solicitó la evaluación efectuada el primer semestre del 2018 de la asignatura de medicina interna II, de la carrera de Medicina de la facultad en cuestión, ya no existía obligación de contar con las mismas.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo solicitó a la Universidad de la Frontera señalar expresamente si obra en su poder la información reclamada, y el órgano requerido a través de correo electrónico de fecha 17 de abril de 2019, junto con reiterar lo señalado en sus descargos, señaló que la información reclamada en relación a las solicitudes de información signadas bajo los N° 72 y 75, no obra en su poder, por las razones reglamentarias ya expuestas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto del presente amparo es obtener la entrega por parte de la Universidad de la Frontera, de la información referida a la evaluaciones rendidas por el solicitante en la asignatura de Medicina Interna II el año 2018, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión. Al respecto el órgano reclamado informó que a la fecha de los requerimientos formulados no tenía el deber de respaldo documental de la información reclamada, razón por la cual sostuvo que no obran en su poder dichos antecedentes.</p>
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2) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio, estándar de búsqueda que no se cumplió en el presente caso.</p>
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3) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo la inexistencia de la información alegada por la reclamada no ha sido suficientemente fundada, toda vez que el órgano reclamado no ha acreditado al menos haber efectuado las búsquedas respectivas conforme al estándar exigido en dichos casos, particularmente considerando la reciente data de la información pedida -generada en el mismo año de la solicitud- y que no se proporcionó antecedente alguno referido a la eliminación de la información requerida. Por otra parte, resulta pertinente consignar que cuestión distinta al acceso a la información, es la viabilidad de revisar las evaluaciones sobre las cuales versa el requerimiento conforme al Reglamento de régimen de estudios de Pregrado, directriz sobre la cual el órgano reclamado formuló sus alegaciones. Por consiguiente, no acreditada la entrega de la información pedida, como tampoco habiéndose expuesto alguna causal legal de reserva o circunstancia de hecho que justifique su denegación, este Consejo acogerá el amparo, ordenando entregar la información reclamada. En su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Óscar Soto Arroyo en contra de la Universidad de la Frontera en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de la Frontera:</p>
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a) Entregar a la reclamante la siguiente información:</p>
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i. Copia de la evaluación prueba global sección teórica rendida por el requirente en la asignatura de Medicina Interna II, el año 2018, esto es, copia fiel del instrumento utilizado en aquella ocasión, compuesta por la pauta de preguntas del alumno que se encuentra con identificación y firma del estudiante, la hoja de respuestas del solicitante y la matriz de revisión.</p>
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ii. Puntajes máximos obtenidos e ideales de cada evaluación (pruebas) de la sección teórica, consignando que preguntas se eliminaron en el proceso de revisión y el puntaje máximo con el que se revisó cada una.</p>
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iii. Puntajes máximos e ideales de Evaluación de examen práctico OSCE, tanto de primera como de segunda intención, además de las pautas evaluativas del requirente y la entrega íntegra de lo preguntado en este examen.</p>
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iv. Copia de documento escrito de puño y letra con las observaciones del proceso de revisión de OSCE entregado por el solicitante a la encargada de asignatura, Sra. Victoria Espinoza con fecha del 10 de septiembre de 2018.</p>
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v. En su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Óscar Soto Arroyo y Sr. Rector de la Universidad de la Frontera.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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