Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6336-18

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Reclamante:	VALENTÍN VERA FUENTES
Reclamado:	DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, respecto de diversos antecedentes relativos al concurso publicado consultado. Se ordena la entrega de la prueba técnica del reclamante con la nota de sus respuestas, copia de la pauta de corrección de la misma, y de las evaluaciones psicolaborales y sus pautas de evaluación, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha acreditado la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. HAY VOTO DISIDENTE.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/17/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2646-17 C2808-17 C2809-17 C2554-18 C4336-18 C1556-12 C419-14 C1977-14 C1594-15 C3218-15 C105-16
Jurisprudencia a:	C3348-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C6336-18 Entidad pública: Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Requirente: Valentín Vera Fuentes. Ingreso Consejo: 14.12.2018 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, respecto de diversos antecedentes relativos al concurso publicado consultado. Se ordena la entrega de la prueba técnica del reclamante con la nota de sus respuestas, copia de la pauta de corrección de la misma, y de las evaluaciones psicolaborales y sus pautas de evaluación, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual no se ha acreditado la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. Aplica criterio establecido en la decisión de amparo rol C1594-15, ratificado posteriormente en los amparos roles C3218-15, C105-16, C2646-17, C2554-18 y C4336-18. Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien estima que el amparo debió rechazarse, respecto de los exámenes psicolaborales, toda vez que el acceso a los informes psicolaborales (incluso del propia solicitante) conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por tratarse de un instrumento que contiene la apreciación de un experto. En sesión ordinaria N° 999 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C6336-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de noviembre de 2018, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, respecto de los resultados del concurso público para el cargo que indica, la siguiente información: a) "Cantidad de postulantes y cómo fueron avanzando en el concurso, me explico mejor, en cada etapa del concurso, análisis curricular, técnica, psicológica y entrevista final. b) Copia de la prueba técnica del suscrito con la nota por mis respuestas. c) Copia de la pauta de corrección de prueba técnica (porque detecté al parecer algunos errores en la misma). d) Exámenes psicolaborales tomados al suscrito que determinaron que no avanzara. e) Pauta de corrección de exámenes psicolaborales con lo esperado optimo en los mismos. f) Lugar obtenido en la prueba técnica entre todos los postulantes, porque sentí que me había ido muy bien". 2) RESPUESTA: El 14 de diciembre de 2018, mediante la entrega de una Minuta, de fecha 14 de diciembre de 2018, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, señalando los motivos por los cuales no avanzó en el concurso, los puntajes del solicitante en cada etapa del proceso que superó, cantidad de postulantes que avanzaron en el proceso, los puntos obtenidos en la prueba técnica agregando que no existe ranking, y señalando, respecto de la prueba y pauta de corrección, que "el postulante puede coordinar de acuerdo a la disponibilidad de la Comisión Técnica una revisión presencial de la prueba; ya que los documentos son instrumentos internos los cuales son utilizados para otros procesos", denegando su entrega en virtud de la causal del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Acto seguido, respecto de los exámenes psicolaborales y pautas de corrección, informó que la Psicóloga encargada del proceso señaló que "los resultados de las pruebas aplicadas así como el análisis de éstos no están considerados en la entrega de información según contrato, además forman parte del secreto profesional que nos rige como psicólogos y que busca respetar el derecho de las personas a la confidencialidad de los antecedentes obtenidos durante la evaluación. El informe final contiene la información relevante para el proceso de selección contratado y está basado estrictamente en los resultados de las pruebas aplicadas, por lo que no corresponde en ningún caso que les entregue los análisis que le dieron forma", reiterando la misma denegación relativa a la prueba y su pauta de corrección. 3) AMPARO: El 14 de diciembre de 2018, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "incluso en otros ministerios me han entregado todos los antecedentes por un tema de transparencia con informes serios y basado en análisis psicolaborales hechos y que por lo demás hablan del suscrito no de un tercero, que me gustaría ver con un psicólogo de mi confianza, porque no creo que esté tan mal como para ser reprobado". Del mismo modo, reclama que "en relación a la PRUEBA TÉCNICA, necesito revisar con las leyes que rigen la ordenanza pública y que no lo puedo hacer en la oficina del MOP donde me citan para mostrarme la prueba y que no puedo sacar ni fotos ya que se limita a revisar en 20 minutos (...) es una excusa para no entregar la prueba que puede contener ERRORES". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E1413, de 1 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, notificándole el reclamo y solicitándole, especialmente, que: (1°) haga mención a las alegaciones del recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información requerida afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para el diseño de nuevos instrumentos relacionados con la selección de personal; (4°) específicamente, refiérase a: (a) la posible existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas y la necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente el instrumento de medición o evaluación, en caso de accederse a la publicidad de la información requerida; (b) cuál sería el tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación, así como los costos presupuestarios o económicos no previstos derivados de ello, en caso de accederse a la publicidad de la información reclamada; y, (c) la eventual imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos, en caso de accederse a la publicidad de la información requerida; (5°) precise los motivos por los cuales, al remitir su respuesta, no dio aplicación a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado; (6°) en el evento de pretender complementar la respuesta inicialmente otorgada, y de contener datos personales del propio peticionario, acredite a este Consejo su entrega presencial al recurrente, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 indicada y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado mencionada; y, (7°) sin perjuicio de lo anterior, remita a este Consejo copia íntegra de la información requerida, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Mediante Ord. N° 219, de fecha 25 de febrero de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con señalar aspectos relativos al concurso público aludido en la solicitud, y reiterar lo expuesta en su respuesta, agregó en síntesis, que "Cabe hacer presente desde ya, que en lo que se refiere a dicha evaluación psicolaboral, según se puede leer de su tenor literal, lo solicitado por el requirente fue el examen que se le efectuó y no su evaluación personal. En ese orden de ideas, dichas herramientas forman parte de los instrumentos propios del profesional encargado de la indicada evaluación psicolaboral, quien emite un informe a este Servicio con sus conclusiones, de forma que el Servicio en ningún momento estuvo en condiciones de acceder a este punto de su requerimiento al no tratarse de información pública en los términos del artículo 5 de la LAIP, a diferencia del informe con las conclusiones de la evaluación, que en todo caso no fueron solicitados" Acto seguido, indica que el propio solicitante, realizó diversos requerimientos de información relativos al mismo concurso público, no obstante lo cual, se le ha informado que "puede acceder a su evaluación e incluso analizarla y retroalimentarla concurriendo al Servicio, instancia que a la fecha no ha utilizado, por lo que malamente puede afirmar que se le hayan impuesto las limitaciones de tiempo u horario que indica en su presentación". Finalmente, el órgano informa que "la prueba de conocimiento es utilizada en este Servicio como una herramienta estandarizada, razón por la cual, su difusión indiscriminada podría ocasionar perjuicios en futuros concursos para el mismo cargo efectuadas por la Dirección de Arquitectura, afectando la debida realización de los servicios", adjuntando copia de la prueba técnica y de la pauta de evaluación solicitadas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes del concurso público que indica. Al respecto, en su respuesta, el órgano entregó los motivos por los cuales el postulante no avanzó en el concurso, los puntajes del solicitante en cada etapa del proceso, cantidad de postulantes, y los puntos obtenidos en la prueba técnica agregando que no existe ranking, denegando la entrega de la prueba técnica con su pauta de corrección, como los exámenes psicolaborales con sus pautas de evaluación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, señalando a su respecto, que sólo podía revisar dicha información en las dependencias de la oficina. 2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Valentín Vera Fuentes en las letras b), c), d) y e), de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, con relación a lo pedido en las letras b) y c), esto es, copia de la prueba técnica del reclamante con la nota por sus respuestas, y copia de la pauta de corrección de la misma, el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, agregando que dichos documentos sólo pueden ser revisados en las dependencias del Servicio. Al respecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". En este sentido, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En la especie, habiéndose tenido a la vista el detalle de la información reclamada, la prueba técnica, su pauta de corrección, y la evaluación psicolaboral del solicitante, a juicio de la mayoría de este Consejo, los fundamentos señalados por el órgano para denegar la entrega de la información solicitada, no revisten la suficiente consistencia para configurar la causal alegada. 5) Que, este Consejo ha fijado como criterios de interpretación, para resolver amparos en materias similares a la discutida en estos antecedentes, en cuanto podrían afectar el debido cumplimiento de las funciones de un órgano de la Administración del Estado, los siguientes: a) Necesidad de rehacer o confeccionar íntegramente y de manera habitual el instrumento de medición o evaluación; b) Costos en términos de tiempo adicional utilizado para la elaboración y validación de instrumentos de evaluación; c) Costos presupuestarios o económicos no previstos por la institución en el marco de su ejecución presupuestaria; d) Imposibilidad de cumplir legal y objetivamente las finalidades previstas en la medición de conocimientos; e) Posibilidad concreta de alteración del porcentaje de aprobación de futuros procesos por conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas; f) Impedir acreditar la suficiencia de los conocimientos de los evaluados en los procesos respectivos y g) Existencia de un marco cada vez más acotado de posibles preguntas a ser formuladas. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado); así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución (Considerando 8°). 7) Que, en efecto, para fundar sus alegaciones, el órgano se ha limitado a señalar que la prueba técnica es utilizada como una herramienta estandarizada, por lo que su publicidad podría ocasionar perjuicios en futuros concursos para el mismo cargo efectuadas por la Dirección de Arquitectura, situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el debido funcionamiento del órgano, pero sin manifestar fundamento o justificación alguna, de manera concreta, suficiente e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. 8) Que, en el presente caso, el órgano reclamado no ha indicado los motivos por los cuales utilizaría un único modelo de examen, ni ha detallado la afectación que podría generar la realización de otro formato de prueba, o si existe uno distinto, así como tampoco ha señalado los costos que, en su caso, podría ocasionar el proceso de elaboración de una nueva evaluación. En efecto, cabe tener presente que la evaluación solicitada corresponde a una materia que difícilmente tenga un marco acotado o reducido de preguntas a realizar, de lo cual resulta plausible concluir que la elaboración de nuevas herramientas de evaluación no implicará mayores costos para la institución, y aún más, que no imposibilitará ni dificultará el cumplimiento de los objetivos o finalidades de dichas herramientas, ni impedirá la acreditación de conocimientos de los postulantes, razón por la cual, dichas alegaciones no podrán prosperar. Asimismo, es dable sostener que el debido cumplimiento de las funciones del órgano implica mantener vigente y actualizado, el marco de preguntas a realizar en sus respectivas evaluaciones de acreditación de cumplimiento de competencias y/o conocimientos técnicos que sean pertinentes al respectivo cargo. 9) Que, lo anterior, no se ve alterado por la circunstancia que el requirente de información haya postulado a distintos concursos ante el organismo, pues aquello constituye una alegación que no se aviene con el principio de la no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben entregar a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. En consecuencia, la motivación del solicitante para requerir la información o las expectativas de que aquél participe o no en futuros procesos de selección no pueden servir de argumentos para ponderar la publicidad o reserva de una determinada información. 10) Que, en virtud de lo señalado, en aplicación de los criterios referidos precedentemente, y estimando que, en la especie, no concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y no existiendo otras causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. 11) Que, respecto de lo solicitado en las letras d) y e), esto es, exámenes psicolaborales tomados al reclamante que determinaron que no avanzara en el proceso y pauta de corrección de dichos exámenes psicolaborales, el órgano denegó su entrega, fundado en la misma causal, haciendo presente las alegaciones de la psicóloga encargada de la evaluación, y agregando, en sus descargos, que lo requerido no era la evaluación personal relativa al solicitante, sino los instrumentos propios del profesional encargado de la evaluación psicolaboral. Al respecto, cabe tener presente que lo requerido por el solicitante se refiere a los "exámenes psicolaborales tomados al suscrito", esto es, las evaluaciones efectuadas al propio reclamante, y no se refiere, en caso alguno, a los instrumentos de evaluación del profesional, como parece haberlo entendido el órgano. En efecto, la información requerida no se relaciona con una copia del Test de Rorschach, Test de Luscher o del Test de Zulliger, eventualmente aplicados por el profesional, sino a las evaluaciones efectuadas al propio solicitante, a partir de los exámenes aplicados por el psicólogo, por lo que se desestimará dicha alegación. 12) Que, respecto a la entrega de evaluaciones o informes psicolaborales que se hubiesen generado en el marco de concursos públicos, este Consejo, por mayoría de sus miembros, a partir de la decisión de amparo C1594-15, ratificado posteriormente en las decisiones de amparo roles C3218-15, C105-16, C2646-17, y C2554-18, entre otras, ha razonado que "las pericias psicolaborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Luego, los datos contenidos en dicho informe son datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. (...) En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), del citado cuerpo legal, la información contenida en el informe psicológico queda comprendida dentro de la expresión "datos sensibles" toda vez que se refiere "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)" según dispone el precepto aludido. Igualmente, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar la idoneidad del postulante en relación al cargo concursado" (énfasis agregado). A mayor abundamiento, se debe hacer presente que esta Corporación ha ordenado la entrega de este tipo de informes a su titular en las decisiones de amparos roles C2808-17 y C2809-17. 13) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal orden de ideas, la divulgación de informes psicolaborales procede sólo en aquellos casos en que el peticionario sea el titular de los mismos, pues en dicho caso la solicitud de acceso constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, o, en aquéllos casos en que el tercero titular de los datos haya consentido expresamente en su entrega. Se debe dejar establecido que, en este caso concreto, el reclamante es titular de dichos datos, atendido que el informe de idoneidad psicológica fue practicado respecto de su propia persona. 14) Que, conforme con lo expuesto precedentemente y de acuerdo al criterio establecido por esta Corporación a partir de las decisiones de amparo citadas previamente, procede acoger el presente amparo, respecto de esta parte, ordenándose la entrega del informe Psicolaboral del solicitante. Se hace presente que, en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, de terceros distintos a la solicitante- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Asimismo, atendido que la información contiene datos personales sensibles de la requirente, al momento de la entrega el órgano deberá dar estricto cumplimiento a lo prescrito en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación. En el evento de que no exista una pauta de evaluación para los exámenes psicolaborales, deberá el órgano señalarlo en forma expresa y fundada, tanto al solicitante como a este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por Valentín Vera Fuentes en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de la prueba técnica del reclamante con la nota por sus respuestas, y copia de la pauta de corrección de la misma, como también copia de exámenes psicolaborales tomados al suscrito que determinaron que no avanzara y de la pauta de corrección de los mismos con lo esperado optimo en los mismos. En el evento de que no exista una pauta de evaluación para los exámenes psicolaborales, deberá el órgano señalarlo en forma expresa y fundada, tanto al solicitante como a este Consejo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. VOTO DISIDENTE: La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 12) a 14) precedentes, estimando que el amparo debe rechazarse, respecto del examen psicolaboral requerido en el literal d), por las siguientes razones: 1) Que, un informe psicolaboral es la evaluación que un psicólogo realiza respecto de las características y habilidades de una persona que le permiten proyectar su idoneidad para desempeñar un determinado trabajo o cargo. Si bien esta evaluación se basa en información que la propia persona entrevistada revela y que puede versar sobre aspectos de su vida íntima, las valoraciones que realiza el psicólogo y la conclusión a la que arriba no son datos personales del entrevistado sino una opinión subjetiva de aquél, sobre la habilidad o competencia que éste tendría para desenvolverse con éxito en ciertas tareas y circunstancias. En efecto, más allá de los parámetros objetivos que pueden haber arrojado los test aplicados, las entrevistas personales y la evaluación final tienen un componente subjetivo en correlato con la experiencia del entrevistador. En consecuencia, la información contenida en el informe psicológico no es de aquellas "que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como ( ... ) los estados de salud físicos o psíquicos (...)", que según el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configuran los datos personales sensibles, pues en ellos no se trata de evaluar el estado de salud psíquico de una persona, sino su idoneidad laboral a través de un juicio de un profesional experto. 2) Que, dicho lo anterior, respecto de los informes psicolaborales cuyo acceso se solicita, es aplicable el criterio desarrollado por este Consejo, entre otras, en las decisiones Roles C1556-12, C419-14 y C1977-14, conforme a los cuales se ha resuelto reservar tal información tanto para la persona a la que se refiere como para terceros que la han solicitado. En efecto, todo aquello que el profesional informante predica en su informe psicolaboral respecto de la persona entrevistada, particularmente la evaluación psicológica y de atributos, y la conclusión, corresponden a opiniones emitidas sobre la base de atributos previamente definidos por un mandante que desea reclutar personal que posea ciertas habilidades. Estas opiniones constituyen un juicio de expertos, esencialmente subjetivos y, por ende, difícilmente objetivables, cuya difusión podrá generar cuestionamientos al sistema de selección que expresen la insatisfacción de quienes no han sido seleccionados y que serían difíciles de zanjar. Por otra parte, ante la eventual difusión de su informe, el profesional podría inhibirse de expresar opiniones claras y asertivas, que redundaría en un deterioro de la utilidad esperada de esta herramienta como mecanismo eficaz para reclutar personal. 3) Que, en consecuencia, el acceso a los informes psicolaborales de los participantes en un concurso público, conlleva un riesgo cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y, en consecuencia, procedía rechazar el presente amparo por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.