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DECISIÓN AMPARO ROL C6463-18</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Providencia</p>
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Requirente: José Eduardo Mardones Contreras</p>
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Ingreso Consejo: 20.12.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Providencia, requiriéndole la entrega del nombre y curriculum de los funcionarios consultados, atendida la naturaleza pública de dicha información. Asimismo, que indique la normativa legal consultada por el reclamante.</p>
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Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio de las decisiones de amparos C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17 y C1241-18, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 994 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N°C6463-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de noviembre de 2018, don José Eduardo Mardones Contreras solicitó a la Municipalidad de Providencia -en adelante e indistintamente Municipalidad o Municipio- «... 1. Informar el nombre de cada inspector y/o guardia municipal que está destinado a combatir el comercio ambulante en la vía pública, incluir copia fiel de su curriculum, sin incluir información privada, tal como dirección, Rut. 2. Indicar si los inspectores municipales en comento pertenecen a alguna empresa de seguridad que presta servicios a la Municipalidad de Providencia. En caso de ser así, entregar copia fiel de contrato con el municipio. 3. Indicar el marco legal que permite a los funcionarios municipales, sean guardias o inspectores, que le permiten detener, reducir y confiscar mercadería y subir a un bus a personas que han cometido una falta en la vía pública».</p>
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2) RESPUESTA: El 18 de diciembre de 2018, la Municipalidad informó al reclamante que en cuanto a lo pedido en el numeral 1° del requerimiento, no le es posible entregar la información por la oposición de los funcionarios consultados, en aplicación de lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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Respecto del segundo punto, precisó que los inspectores no pertenecen a ninguna empresa de seguridad que preste servicios a la Municipalidad. Por último, en lo referido al punto tercero, sus funcionarios cumplen estrictamente con la legislación vigente, en especial Ley N° 18.695 y el DL N° 3.063 - Ley de Rentas Municipales- en cuanto regula la circunstancia de que las actividades mercantiles deben contar con patente municipal.</p>
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3) AMPARO: El 20 de diciembre de 2018, don José Eduardo Mardones Contreras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. Lo anterior, por cuanto no se entregó el nombre y curriculum de los funcionarios consultados ni tampoco se precisó el marco legal que permitiría a dichos funcionarios detener y reducir a personas que cometen una falta simple en la vía pública.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia mediante Oficio N°E1663, de 7 de febrero de 2019, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información; (2°) señales las razones por las cuales no se dio aplicación al principio de divisibilidad establecido en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) si de un nuevo análisis del requerimiento, resulta posible la entrega de lo reclamado, remita copia de dicha información al peticionario, aplicando la divisibilidad respectiva, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada</p>
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La reclamada mediante tres presentaciones de 20 de febrero y 6 y 28 de marzo de 2019, señaló en síntesis que:</p>
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a) Por la oposición de los involucrados se vio impedida de entregar la información pedida en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 20 y 21 N° 2.</p>
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b) Acompaña listado de los 70 inspectores consultados, debidamente firmada en donde indican que se niegan a la entrega de la información pedida. Lo anterior, en conformidad a traslado de esta Corporación.</p>
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c) Asimismo, hizo presente que un fiscalizador falleció este año y que cinco personas que singulariza no han sido emplazados, por cuanto ya no prestan servicios al Municipio.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, este Consejo ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma (decisiones roles Nos C413-16, C1803-16, C3331-18 entre otras).</p>
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2) Que, por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte ordenando la entrega del nombre y curriculum de los funcionarios consultados y, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado previo a la entrega de la información deberá tarjar, únicamente los datos personales de contexto que pudieran estar contenidos en la documentación requerida tales como, cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, número de hijos, información referida a cónyuge, enfermedades, estado de salud y otras similares. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, al efecto, cabe señalar que la circunstancia de no seguir prestando servicios en una entidad pública, no exonera a los involucrados del conocimiento de antecedentes que debieron ser acompañados al momento de ingresar a un órgano de la Administración del Estado. Lo anterior, atendido que dicha información es de naturaleza pública en conformidad lo previsto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que en cuanto a aquella parte del requerimiento, en que se pide indicar de modo preciso la normativa que autorizaría a los referidos funcionarios a detener personas que han cometido faltas en la vía pública, la reclamada se limitó a indicar que sus funcionarios se regían por la Ley Orgánica de Municipalidades y por la de Rentas Municipales, sin precisar si existía una normativa especial que los habilitará a detener personas en la hipótesis consultada. Por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada entregar la información en comento.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don José Eduardo Mardones Contreras en contra de la Municipalidad de Providencia por las razones expuestas precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia que:</p>
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a) Entregue al reclamante la información sobre el nombre y curriculum de los funcionarios consultados, que obren en su poder, tarjando previamente aquella información singularizada en el considerando 2° del presente acuerdo, como también aquella referida al marco normativo solicitado.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Eduardo Mardones Contreras a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia y a los terceros interesados.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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