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<strong>DECISIÓN AMPARO A293-09</strong></p>
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Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado</p>
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Requirente: Álvaro Pérez Castro</p>
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Ingreso Consejo: 07.09.2009</p>
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En sesión ordinaria N° 105 de su Consejo Directivo, celebrada el 24 de noviembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A293-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) Solicitud de Acceso: Don Álvaro Pérez Castro, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (en adelante CDE), el 6 de agosto de 2009, que se le entregase copia debidamente autorizada de lo siguientes documentos:</p>
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a) Copia autorizada de la totalidad de los documentos acumulados en el expediente Rol Interno 319-2006.</p>
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b) Copia autorizada de la totalidad de los documentos acumulados en los procesos de los cuales es requirente respecto de la enajenación fraudulenta de la Marca Registrada Crawford.</p>
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c) Copias de las actas de los comités del CDE que aprobaron todas las operaciones en los procesos de la enajenación fraudulenta de la Marca Registrada Crawford, que se tradujeron en las muy singulares escrituras públicas descubiertas.</p>
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d) Copia de las actas de los diversos comités del CDE que han autorizado la sumatoria de engaños, irregularidades, confabulaciones, asociaciones ilícitas y extorsiones exhibidas en el proceso Causa 1° Civil Rol 16.116-2005. Pérez contra Fisco de Chile, Nulidad de Acto Público.</p>
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e) Copia de toda la documentación, información y correos electrónicos cruzados entre el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, la Procuradora Fiscal de Santiago, los Directores y el Abogado Sr. Jorge Correa Reyes, respecto de la investigación de la denuncia ingresada por su parte con fecha 9 de Abril del 2007 al CDE.</p>
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f) Copia de todos los antecedentes que vinculan al Sr. Javier Carvallo Pardo y al Sr. Emilio Sahurie Luer, socios de Crawford Carvallo S.A. con el Abogado Sr. Jorge Correa Reyes, agentes del Estado de Chile, y muy en especial los que se vinculan a través de el proceso Causa 10 Civil Rol 16.116-2005, Pérez contra Fisco de Chile, Nulidad de Acto Público.</p>
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2) Respuesta: El reclamante señala que el CDE no respondió dicho requerimiento dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, alegando que hasta la fecha de presentación del reclamo, es decir el 7 de septiembre de 2009, no haber recibido respuesta a su solicitud, ni notificación de extensión del plazo para responder de acuerdo al inciso 2° de dicha norma, que vencía el 3 de septiembre de 2009.</p>
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3) Amparo: Por dicho motivo don Álvaro Pérez Castro dedujo amparo el 7 de septiembre de 2009 ante el Consejo para la Transparencia, en contra del CDE, fundamentado en que no habría recibido respuesta a su solicitud dentro del plazo legal.</p>
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4) Traslado: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 775, de 5 de noviembre de 2009, al Presidente del CDE. Que este respondió mediante Ordinario N° 6461 de 19 de noviembre de 2009, señalando principalmente que:</p>
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a) No es efectivo que el CDE no respondiera a su solicitud de información, puesto que la respuesta le fue dada a través del oficio N° 4980, del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, de 1° de septiembre de 2009, que le fue remitido por correo certificado a su domicilio y por correo electrónico de esa misma fecha. Indica que en el citado oficio se le señaló que la solicitud de 6 de agosto de 2009 era idéntica a su anterior presentación de 22 de mayo de 2009 y, además, que la respuesta a esta última le fue dada por oficio N° 3431, de 17 de junio de 2009, el que fue puesto a su disposición para ser retirado en la Oficina de Partes del CDE, tal como pidió, y que luego de un tiempo razonable en que el documento no fue retirado se procedió a su archivo. Por último, que se acompañó a esta respuesta el original del citado oficio N° 3431, que daba respuesta material a sus peticiones contenidas en ambas presentaciones y, para mayor seguridad, se le remitió copia de ambos oficios a su correo electrónico. Para acreditar esto acompañan a sus descargos todos estos documentos.</p>
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b) Agrega que tanto en la solicitud de 22 de mayo de 2009 como en la solicitud de 6 de agosto de 2009 que, como se ha dicho, son idénticas, el requirente pidió información que separó en seis numerales, a cada uno de los cuales se le respondió en los términos que reseña a continuación:</p>
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i. En el numeral 1 solicitó “copia autorizada de la totalidad de los documentos acumulados en el expediente Rol Interno 319-2006”, y a ese respecto se le informó que no era posible hacerle entrega de esa documentación, dado que en ella se contienen antecedentes que forman parte de la estrategia de defensa jurídica que el Consejo de Defensa del Estado actualmente sigue en el caso en que el solicitante y el Fisco de Chile actúan como contrapartes y que se encuentra en tramitación, agregando que su publicidad perjudicaría la referida estrategia y, por ende, las funciones de dicho Órgano Público, por lo que a este respecto se configura la causal de reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra a) de la ley 20.285.</p>
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ii. En el numeral 2 solicitó “copia autorizada de la totalidad de los documentos acumulados en los procesos de los cuales soy requirente respecto de la enajenación fraudulenta de la Marca Registrada Crawford”. Respecto de este punto se le informó que el Consejo de Defensa del Estado no cuenta con antecedentes de proceso alguno en que el solicitante actuara como requirente en relación con la materia indicada. Se agregó que el único proceso relacionado con ello y de que la institución requerida tiene conocimiento corresponde al juicio civil caratulado “Pérez Castro, Álvaro con Fisco de Chile”, Rol N° 16116-2005, tramitado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, en que el solicitante es demandante. Se le hizo presente, por último, que los antecedentes acumulados en este juicio son de carácter público y puede consultarlos en el citado tribunal.</p>
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iii. En el numeral 3 solicitó “copia de las actas de los comités CDE que aprobaron todas las operaciones en los procesos de la enajenación fraudulenta de la Marca Registrada Crawford, que se tradujeron en las muy singulares escrituras públicas descubiertas, respecto de los hechos en los cuales soy víctima de agentes del Estado de Chile”. Sobre este particular se le informó que el Consejo de Defensa del Estado no participó en el procedimiento administrativo que dio lugar a la transferencia de la marca Crawford que el solicitante pretende impugnar a través de su demanda de nulidad, por lo que no existe ningún acta que se refiera a la materia</p>
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iv. En el numeral 4 solicitó “copia de las actas de los diversos comités del CDE que han autorizado la sumatoria de engaños, irregularidades y confabulaciones, asociaciones ilícitas y extorsiones exhibidas en el proceso Causa 1° Civil ROL: 16. 116-2005, Pérez contra Fisco de Chile en los cuales soy víctima de agentes del Estado de Chile”. A este respecto se le indicó que ni el Consejo de Defensa del Estado ni sus comités han realizado sesión alguna en que se hayan aprobado engaños u otras actuaciones ilícitas como las aludidas en la solicitud y que, siendo así, no existen actas que puedan proporcionársele sobre la materia. En segundo lugar, se le hizo presente que entienden que, en este punto específico, la presentación adolece de errores de redacción, puesto que de no entenderlo así el órgano público debería hacerse cargo de la grave imputación que el solicitante formula al atribuirle al Consejo de Defensa del Estado participación en irregularidades y actuaciones delictivas. Se le enfatizó, no obstante, que de insistirse en una nueva afirmación de su parte en tal sentido, se consideraría hacer uso de las acciones legales que correspondan.</p>
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v. En el numeral 5 solicitó “copia de toda la documentación, información e E-Mails cruzados entre el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, la Procuradora Fiscal de Santiago, los Directores y el Abogado Sr. Jorge Correa Reyes, respecto de la investigación de la denuncia ingresada por mi parte con fecha 9 de abril de 2007 al CDE respecto de los cuales soy víctima de agentes del Estado de Chile”. Sobre este punto se le señaló que en los registros no figura ninguna denuncia presentada por el solicitante en esa fecha, por lo que tampoco existe documentación o información que proporcionarle sobre el punto. Se agregó que el único registro con que se cuenta de la fecha referida, corresponde a una propuesta de transacción que fue tramitada en tiempo y forma siendo, finalmente, rechazada por el Consejo y que de ello se le informó por Of. N° 2745, de 12 de junio de 2007, de la Abogado Procuradora Fiscal de Santiago, doña María Teresa Muñoz Ortúzar</p>
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vi. En el numeral 6 solicitó “copia de todos los antecedentes que vinculan al Sr. Javier Carvallo Pardo y al Sr. Emilio Sahurie Luer, socios de Crawford Carvallo S.A. con el Abogado Sr. Jorge Correa Reyes, agentes del Estado de Chile, y muy en especial los que se vinculan a través del proceso Causa 10° Civil ROL: 16.116-2005. Pérez contra Fisco de Chile, Nulidad de Acto Público”. Al respecto se le informó que el Consejo de Defensa del Estado no cuenta con antecedentes que vinculen al abogado que representa los intereses del Estado en el proceso judicial originado por la demanda de nulidad del solicitante, Sr. Jorge Correa Reyes, con los socios de Crawford Carvallo S.A., al margen de aquellos que guardan estricta relación con las actividades propias de la tramitación del juicio mismo.</p>
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vii. En la parte final de ambas solicitudes, el Sr. Pérez Castro formula una propuesta de transacción para el juicio civil en que demanda al Fisco de Chile, ya individualizado en el cuerpo de estos descargos, respecto de lo cual se le señaló que ese no es un asunto que deba ser tratado en el marco de una solicitud de acceso a información pública regulada por la ley 20.285, por lo que se le sugirió, si era de su interés, canalizar la propuesta del modo que corresponde a este tipo de materias. Sin perjuicio de lo anterior, se le recordó que una propuesta formulada en idénticos términos en abril de 2007 ya había sido analizada y rechazada por el Consejo.</p>
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c) Agrega que desde el 22 de mayo de 2009, fecha de su primera solicitud de información, el Sr. Álvaro Pérez Castro ha hecho 10 presentaciones o requerimientos al CDE, el último de los cuales data del 13 de octubre de 2009, que en dichas presentaciones recurre indistinta o simultáneamente a las leyes 19.880 y 20.285, para hacer propuestas de transacción relativas al juicio civil caratulado “Pérez Castro, Álvaro con Fisco de Chile”, Rol N° 16116-2005, tramitado ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, o formular requerimientos de información relacionados con los mismos asuntos, que muchas de estas presentaciones son reiteraciones de los mismos planteamientos y que todas y cada una de ellas han sido objeto de una respuesta oficial y oportuna de parte del CDE, las que han sido el producto de un examen riguroso de sus planteamientos por parte de diversas instancias de dicho Servicio y se traducen en la negativa a aceptar su propuesta de transacción para, de este modo, continuar el debate, de las pretensiones jurídicas de ambas partes, en sede judicial.</p>
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d) Reconoce que al reclamante le asiste el legítimo derecho de formular sus solicitudes de información y sus pretensiones, mientras que al órgano público le asiste el deber de dar respuesta y el derecho, igualmente legítimo, de aceptar o rechazar sus planteamientos. La consecuencia directa y necesaria del rechazo de su propuesta de transacción es la de continuar la tramitación del juicio civil que los vincula como contrapartes, de suerte que – a juicio del CDE- su insistencia y la dispensa de los recursos humanos y materiales que provoca, hacen que sus derechos a solicitar información y formular peticiones -en sí mismos legítimos- estén siendo objeto de un ejercicio abusivo que los deslegitima, además de distraer innecesariamente recursos que bien podrían destinarse a mejores, más útiles y más eficientes propósitos. Señala que a mayor abundamiento, del contenido material de sus presentaciones fluye que el propósito real de su insistencia consiste en obtener un resultado que dé satisfacción plena a las pretensiones que motivaron su demanda en contra del Fisco de Chile, es decir, un objetivo que difiere sustancialmente de los fines del marco legal que le faculta a solicitar información y a hacer peticiones a la autoridad, con lo cual desvirtúa el real sentido de la norma y hace más evidente su abuso del derecho.</p>
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e) A los efectos de acreditar lo aseverado en el cuerpo de estos descargos, acompaña los siguientes documentos:</p>
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i. Todas y cada una de las cartas que contienen las presentaciones del reclamante y todos y cada uno de los oficios a través de los cuales se le dio respuesta.</p>
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ii. Copia impresa del correo electrónico remitido al reclamante el 1° de septiembre de 2009, en que se le adjunta respuesta a la solicitud que motiva su reclamo y respuesta a su primera solicitud; y</p>
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iii. Copia del comprobante de envío, por correo certificado, del oficio a través del cual se dio respuesta a la solicitud que motiva el reclamo.</p>
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f) Concluye que de acuerdo con lo expuesto, solicita tener por establecido que la solicitud de información que le sirve de sustento al reclamo fue respondida en tiempo y forma por el CDE y desestimar el reclamo. Al mismo tiempo, solicita que el Consejo para la Transparencia tenga presente, al momento de resolver, el conjunto de antecedentes que se proporcionan en estos descargos y adopte las medidas que estime pertinentes respecto del ejercicio abusivo que el reclamante ha hecho de su derecho a presentar solicitudes de información y formular peticiones.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que en primer lugar, cabe señalar que el reclamante interpuso amparo por no haber recibido respuesta del CDE dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, no obstante al momento de evacuar el traslado, el CDE acompaña copia del email enviado al reclamante y del recibo de correo certificado, todo dentro del plazo legal, por lo que cabe rechazar su alegación en este sentido.</p>
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2) Que en cuanto a lo requerido, el reclamante solicita diversa documentación, por lo que cabe analizar cada solicitud y su respuesta para determinar si se ha vulnerado su derecho fundamental al acceso a la información pública.</p>
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3) Que su primera solicitud, esto es copia autorizada de la totalidad de los documentos acumulados en el expediente Rol Interno 319-2006, dicha información fue denegada por el CDE en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra a) debido a contener antecedentes que forman parte de la estrategia de defensa jurídica que el CDE actualmente sigue en el caso en el que el reclamante y el CDE son contrapartes, por lo que su publicidad perjudicaría esta estrategia y las funciones del órgano público.</p>
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a) Que dicho litigio es un juicio de hacienda que actualmente está pendiente ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, en etapa de discusión, en el cual el reclamante es el demandante. En este caso se trata de una solicitud de todos los documentos acumulados en relación con un expediente que versa sobre dicho juicio pendiente y el CDE a invoca la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra a), por tratarse de “antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”. A este respecto, el artículo 7° N° 1 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia establece que son antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, “…entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”.</p>
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b) Que a este respecto, el Consejo Directivo, en la decisión del amparo A68-09 en contra del Serviu de la Región del Maule, ha establecido que de admitirse la causal invocada los documentos solicitados serían reservados hasta la etapa probatoria del juicio ordinario pendiente, y luego serían públicos, toda vez que dicha causal ya no se aplicaría y que esta causal debe interpretarse de manera estricta para resguardar que ambas partes tengan garantizado un debido proceso. En efecto, el hecho de tener un juicio pendiente no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos. Para que ello ocurra debe haber una relación directa entre los documentos o información solicitada y el litigio. Que, sin embargo, al existir un proceso judicial sobre este asunto promovido por el requirente, se dejó constancia que lo decidido en dicho amparo no se opone a que éste pueda solicitar la exhibición de los documentos requeridos dentro del juicio ordinario.</p>
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c) Que en el caso que nos ocupa existe una relación directa entre los documentos solicitados y el litigio pendiente, toda vez que en este caso se lo requerido es el expediente interno del CDE relativo a dicho litigio pendiente, por lo que puede estimarse que respecto de dicha información cabe aplicar la causal de secreto o reserva invocada toda vez que se trata de la carpeta interna del CDE respecto de su función de proteger los intereses del Fisco de Chile en los litigios ante los tribunales ordinarios y, por tanto se trata de los antecedentes destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de de carácter jurídico que actualmente está radicada en los tribunales ordinarios en etapa de discusión.</p>
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d) Que además, y tal como se señaló precedentemente respecto de la decisión del amparo A68-09, el litigio pendiente se encuentra en etapa de discusión por lo que el reclamante puede solicitar la exhibición de dichos documentos en la etapa probatoria y obtenerse por resolución judicial, en especial considerando que el reclamante es el demandante en dicho litigio y no un tercero.</p>
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4) Que respecto de las demás solicitudes realizadas por don Álvaro Pérez Castro, el CDE señala, en cada caso, no contar con tales antecedentes y que no existe la información requerida. El artículo 5° de la Ley de Transparencia establece que es información pública aquella creada con presupuesto público y que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, motivo por el cual, no cabe sino rechazar el amparo respecto de tales requerimientos, toda vez que lo requerido no existe ni obra en poder del CDE. No obstante, cabe señalar al reclamante que en el futuro puede solicitar información pública que obre en poder del órgano de la Administración del Estado requerido.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el reclamo de don Álvaro Pérez Castro en contra del Consejo de Defensa del Estado, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Álvaro Pérez Castro y al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela, don Alejandro Ferreiro Yazigui y don Raúl Urrutia Ávila. No firma el Consejero Roberto Guerrero V., pese a concurrir al acuerdo, por encontrarse fuera de la ciudad de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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