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DECISIÓN AMPARO ROL C6659-18</p>
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Entidad pública: Gendarmería de Chile</p>
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Requirente: Matías Rojas Medina</p>
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Ingreso Consejo: 30.12.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a la entrega de todos los antecedentes contenidos en la carpeta del ex interno por el cual se consulta.</p>
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Lo anterior, por tratarse de datos personales y sensibles relativos a un delito cuya pena fue cumplida, por lo que, su divulgación puede producir una afectación específica a la esfera de la vida privada de la persona a quien se refiere la información solicitada.</p>
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Se reconsidera criterio establecido en los amparos Roles C4635-18 y C6660-18, entre otros, respecto a la publicidad de las sentencias judiciales, en atención a la consagración constitucional del derecho a la protección de datos personal.</p>
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En sesión ordinaria N° 1054 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6659-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de octubre de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó a Gendarmería de Chile, "copia de las carpetas de los ex internos (...) conteniendo copia de sentencias condenatorias y expedientes judiciales, documentos que dan cuenta del control de conducta y estadística del interno, entre otros, aplicando el principio de divisibilidad...".</p>
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2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile, mediante ordinario N° 1504/18, de fecha 6 de diciembre de 2018, respecto de una de las personas individualizadas en el requerimiento, denegó el acceso a lo solicitado por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia. En cuanto a la primera de aquéllas, sostuvo que atendido al contenido de la información solicitada, su comunicación o divulgación provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada, asegurado a todas las personas por la Constitución Política de la República, como a su familia. En cuanto a la segunda causal de excepción alegada, ésta se debe relacionar con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), 7 y 21 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; en atención a que los antecedentes solicitados son de aquellos que provienen de fuentes no accesibles al público en general, conteniendo datos de carácter personal - y sensibles- de la persona individualizada.</p>
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Por otra parte, en cuanto a la otra persona individualizada en el requerimiento, informan que no existe registro en sus sistemas de internos, por lo cual, se encuentran imposibilitados de entregar lo solicitado.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 30 de diciembre de 2018, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por protección de datos personales.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E2.003, de fecha 20 de febrero de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.</p>
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El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 401/19, de fecha 15 de marzo de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo pedido se configuran las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, éste último en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628. En cuanto a la primera causal de excepción señalada, sostienen que si bien es cierto que ésta debe ser alegada por el titular de la información, consideran que la divulgación de lo pedido afectaría no solo a la vida privada de aquel, el cual no por el hecho de haber estado privado de libertad pierde su derecho a la intimidad y honra, sino también la de sus familias o cercanos, exponiéndolos a una estigmatización social por efecto expansivo de los actos cometidos por dicha persona. Lo anterior debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, ya que, en el presente caso, no cumplían con ninguna de las autorizaciones establecidas por la ley. Así, si bien es cierto podrían realizar la entrega de lo pedido, requiriendo el consentimiento del titular, previa aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, aplicaron tal procedimiento con comunicación remitida al último domicilio registrado, la que fue devuelta por Correos de Chile.</p>
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Por otra parte, consideran que concurre la causal de excepción contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la ley N° 19.628. En tal sentido, hacen presente lo señalado por este Consejo, en sus "Recomendaciones para la transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado". Así, sostienen que se ven imposibilitados de entregar la información solicitada, toda vez que por la fecha de egreso de la persona consultada, por "pena cumplida", es plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de la última ley mencionada.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al ex interno por cuyos antecedentes se consulta, mediante oficio N° E4.136, de fecha 31 de marzo de 2019, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo. Sin embargo, no fue posible notificarlo al domicilio informado por Gendarmería de Chile.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, por protección de datos personales, circunscribiéndose el objeto de éste a los antecedentes relativo a una de las personas individualizadas en el requerimiento. Al respecto, el órgano reclamado argumenta la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628.</p>
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2) Que la información solicitada se refiere a la carpeta de una persona condenada por sentencia judicial firme y ejecutoriada a pena privativa de libertad, la que fue cumplida de manera íntegra con fecha 24 de octubre de 2006. Al respecto, cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto en el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, al órgano reclamado le corresponde, entre otras funciones, la de dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos - artículo 3, letra a)-. En consecuencia, en atención a lo establecido en el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República y en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, estos antecedente son de carácter público, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.</p>
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3) Que tras la revisión de la carpeta del ex interno pedida, se constata que contiene, por una parte, copia de la sentencia judicial en virtud de la cual fue condenado a pena privativa de libertad, y, por otra, antecedentes relativos al cumplimiento de su condena, como la ficha única del condenado y control de conducta, entre otras. Estos últimos, dan cuenta de diversa información personal de éste, como por ejemplo, fotografía, nombre completo, número de cédula nacional de identidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, profesión u oficio, nombre del cónyuge e hijos, religión, estatura, peso, color de pelo, tipo de cara, boca, nariz, ojos y orejas, entre otros. Además de antecedentes procesales, en donde se detallan las causas penales en virtud de las cuales fue condenado con indicación del tribunal, rol, delito, tiempo de condena e ingreso a gendarmería.</p>
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4) Que, por lo tanto, se trata, principalmente, de datos personales y sensibles, en los términos establecidos en el artículo 2, letras f) y g), de la ley N° 19.628. En este sentido, cabe hacer presente lo establecido en el artículo 2 del decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de los Establecimientos Penitenciarios, en orden a que será el principio rector de la actividad penitenciaria "el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres". Además, prescribe en su artículo 8 que "Gendarmería de Chile cautelará la confidencialidad de los datos y de la información que maneje de las personas sometidas a su custodia y control". Además, se debe considerar que en presente caso se trata de información relacionada con una condena por determinado delito de persona natural identificada, la que se encuentra cumplida íntegramente, con fecha 24 de octubre de 2006. Por lo tanto, resulta aplicable lo establecido en el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628.</p>
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5) Que, por otra parte, en cuanto a la sentencia judicial contenida en la carpeta del ex interno, se debe tener en consideración lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, según el cual "los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". En tal sentido, este Consejo ha requerido la entrega de dichos actos correspondientes a otros ex internos cuyas penas se encontraban cumplidas, entre otras, en las decisiones de los amparos Roles C4635-18 y C6660-18.</p>
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6) Que en cuanto al criterio señalado en el considerando anterior, cabe hacer presente que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental.</p>
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7) Que, si bien, este Consejo debe resguardar y garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, aquello se debe conciliar con la protección de los datos personales consagrados, actualmente, como derecho fundamental. En particular, se deben considerar los requisitos y estándares mínimos exigidos para limitar y restringir tales derechos. De esta forma, corresponde interpretar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, a la luz de la consagración constitucional de la protección de los datos personales, concluyendo, por una parte, que opera como excepción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales respecto de los actos denominados "sentencias judiciales" que hayan establecidos "condenas por delitos" cuando éstas se encuentran cumplidas. Así como también, que opera como límite a la información que esta Corporación puede requerir entregar, pues se tratarían de antecedentes que no pueden ser comunicados por los órganos de la Administración del Estado, por aplicación expresa de la regla del artículo 21 citado, esto es, datos personales relativos a condenas por delitos cuya pena fue cumplida.</p>
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8) Que, de esta forma, se otorga a las sentencias judiciales que establecen condenas que fueron cumplidas un estándar de protección mayor, por aplicación directa del nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales, y por aplicación del principio de supremacía constitucional, en este caso, respecto a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. En el mismo sentido, se debe considerar que cuando el legislador ha entendido que la reserva contenida en el artículo 21 de la ley N° 19.628 debe ceder en pos de otro bien jurídico que se estima de mayor protección, esto ha quedado establecido mediante una excepción contemplada expresamente en la ley. Así, por ejemplo, ocurre con el Registro General de Condenas, formado sobre la base de la información contenida en el Prontuario Penal relativa a condenas penales, el cual contempla una sección denominada "Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad", donde están registradas las personas condenadas por delitos sexuales contra menores, quienes se encuentran inhabilitados para el ejercicio de funciones educacionales o con menores de edad. Dicha sección se encuentra sujeta a un régimen especial de publicidad, estableciendo que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a la referida inhabilitación, con el fin de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar.</p>
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9) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de Gendarmería de Chile, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y al tercero a quien se refiere la información.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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