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DECISIÓN AMPARO ROL C106-19</p>
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Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).</p>
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Requirente: Javier Morales Valdés.</p>
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Ingreso Consejo: 04.01.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, respecto de las bases de datos que maneja dicho órgano.</p>
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Se ordena la entrega de información sobre la cantidad de bases de datos que maneja la Agencia, y la norma legal en virtud de la cual gestiona dichas bases, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la alegación referida a que se trataría de información de inteligencia, por no haber fundamentado detallada y concretamente dicha causal de reserva.</p>
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Se rechaza respecto de la información relativa a la identificación de las bases de datos que maneja la ANI, por tratarse de antecedentes referidos a actividades de inteligencia.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C4029-17.</p>
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En sesión ordinaria N° 1009 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de julio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol N° C106-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2018, don Javier Morales Valdés solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia, la siguiente información:</p>
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a) "Cuántas bases de datos maneja esta agencia.</p>
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b) Bajo qué norma legal se maneja dichas bases de datos.</p>
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c) Cuáles son esas bases de datos".</p>
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2) RESPUESTA: El 4 de enero de 2019, mediante carta de respuesta, el Agencia Nacional de Inteligencia respondió el requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974.</p>
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3) AMPARO: El 4 de enero de 2019, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, agregó que "la información solicitada no tiene nada que sea tan delicada como para no dar una respuesta".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E2075, de 20 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante oficio Ord. N° 017/2019, de fecha 6 de marzo de 2019, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "en primer lugar, la reclamación interpuesta carece de suficiente base legal, conforme establece el propio artículo 24 de la Ley N° 20.285, en el que se exige que la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, como también acompañar los medios de prueba que los acrediten, cuestiones que el reclamante no fundamenta en su recurso", agregando que las razones del recurrente no tienen asidero alguno en la Ley de Transparencia, haciendo mención a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República, la Ley N° 19.974 sobre Sistema de Inteligencia en su artículo 38, y lo dispuesto en el artículo 21 N°5 y 1° transitorio de la ley N° 20.285.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos a las bases de datos que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974.</p>
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2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".</p>
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4) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".</p>
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5) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.</p>
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6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.</p>
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7) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.</p>
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8) Que, en la especie, la Agencia Nacional de Inteligencia no ha señalado de qué manera el conocimiento de dicha información, correspondiente únicamente a señalar información relativa a las bases de datos, pudiere revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974, y no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega de la información reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. En consecuencia, se desestimarán dichas alegaciones.</p>
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9) Que, según lo razonado por este Consejo, en la decisión del amparo rol C4029-17, la información requerida en los literales a) y b) no configuran actividades de inteligencia. En efecto, el número de bases de datos que posee la ANI, y la facultad o precepto legal bajo la cual maneja dichas bases, constituye información de carácter general, cuya publicidad no daría a conocer actividades de inteligencia por parte de la ANI, por lo que no se aprecia una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, teniendo en consideración que las causales de reserva deben interpretase y aplicarse en forma restrictiva. La anotada decisión fue confirmada por sentencia de fecha 6 de febrero de 2019, de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Agencia Nacional de Inteligencia.</p>
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10) Que, sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo razonado por este Consejo, la información consultada en la letra c), forma parte de aquellas materias que el artículo 38 de la ley N° 19.974 resguarda. En efecto, obligar a la reclamada a divulgar antecedentes sobre el o los nombres de las bases de datos personales que detenta, implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa o indirecta con las actividades de inteligencia de la ANI, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre vías para acceder a información de esta naturaleza, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, por cuanto dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la ANI. Luego, divulgar dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 -y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia que haya efectuado, o estime pertinente desarrollar - bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Por tal razón, y configurándose respecto de esta parte, la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo en este punto.</p>
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11) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando a la ANI la entrega de la información solicitada en los literales a) y b), rechazándose respecto de lo requerido en la letra c), por configurarse la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley N° 19.974.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Javier Morales Valdés en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra c) por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante la cantidad de bases de datos que maneja la Agencia, y la norma legal en virtud de la cual gestiona dichas bases.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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