Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C598-19

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Reclamante:	PABLO GALLEGUILLOS CARVAJAL
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)
Resumen del caso: Se acogen los amparos deducidos en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, relativa a diversos antecedentes de los funcionarios y programa consultados. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública respecto de la cual no se configuraron las alegaciones del órgano reclamado en el sentido que sería de carácter reservada, por estimar que se trataría de antecedentes necesarios para su defensa jurídica y que además formaban parte de su privilegio deliberativo. No se aportaron elementos suficientes que permitan acreditar de qué forma la entrega de la información reclamada produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del órgano. En virtud del principio de divisibilidad, deberá tarjarse todo dato personal de contexto que pudiera estar contenido en los antecedentes que se ordena entregar (tales como el RUT, domicilio, edad, estado civil, correo electrónico y teléfono particular, entre otros), como asimismo la información contenida en las liquidaciones de sueldo referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones de funcionarios públicos distintos del solicitante, de conformidad a lo previsto en las Leyes de Transparencia y de Protección de la Vida Privada. Ahora bien, respecto de información del propio solicitante que constituya datos personales la entrega deberá ser presencial, previa acreditación de su identidad conforme lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/2/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C39-09 C211-10 C68-09 C599-18 C599-19 C293-09 C380-09
Jurisprudencia a:	C599-19
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPAROS ROLES C598-19 y C599-19 Entidad pública: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Requirente: Pablo Galleguillos Carvajal Ingreso Consejo: 15.01.2019 RESUMEN Se acogen los amparos deducidos en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, relativa a diversos antecedentes de los funcionarios y programa consultados. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública respecto de la cual no se configuraron las alegaciones del órgano reclamado en el sentido que sería de carácter reservada, por estimar que se trataría de antecedentes necesarios para su defensa jurídica y que además formaban parte de su privilegio deliberativo. No se aportaron elementos suficientes que permitan acreditar de qué forma la entrega de la información reclamada produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del órgano. En virtud del principio de divisibilidad, deberá tarjarse todo dato personal de contexto que pudiera estar contenido en los antecedentes que se ordena entregar (tales como el RUT, domicilio, edad, estado civil, correo electrónico y teléfono particular, entre otros), como asimismo la información contenida en las liquidaciones de sueldo referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones de funcionarios públicos distintos del solicitante, de conformidad a lo previsto en las Leyes de Transparencia y de Protección de la Vida Privada. Ahora bien, respecto de información del propio solicitante que constituya datos personales la entrega deberá ser presencial, previa acreditación de su identidad conforme lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C598-19 y C599-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fecha 14 y 19 de diciembre de 2018, respectivamente, don Pablo Galleguillos Carvajal formuló ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante e indistintamente JUNJI, las siguientes solicitudes de información: a) Solicitud signada bajo el código AJ010T0002298 (amparo C598-19): i. Número de abogados por región, que se desempeñan en calidad jurídica a contrata en cada subdirección de asesoría jurídica de las distintas Direcciones Regionales. Además, el Número y nombre de abogados a nivel nacional en calidad jurídica a contrata que se desempeñan en las subdirecciones de asesoría jurídica de las Direcciones Regionales, respecto de los cuales no se le ha prorrogado su nombramiento para el año 2019. Favor indicar motivos que fundamentan el respectivo acto administrativo y proporcionar dicha Resolución en cada caso. Hace presente que se refiere a todos los abogados a contrata no prorrogados de las subdirecciones de asesoría jurídica, sin limitar el requerimiento a los abogados Dirnac. ii. De los profesionales Pablo Galleguillos Carvajal y Paola Prat Aguirre, de la Dirección Regional de Coquimbo solicita desde el año 2016 a la fecha: Calificaciones y número de atrasos en cada periodo; Registro de ingreso y salida; Resoluciones de nombramiento y prórroga; y, Liquidaciones de sueldos. iii. Número de Jardines Infantiles por cada región que corresponde administrar de manera directa a cada Dirección Regional. iv. Resolución de nombramiento de Directora Regional (S) de la Región de Coquimbo. v. Resoluciones que establecen y/o modifican la orgánica y estructura de la JUNJI, tanto a nivel nacional como regional. b) Solicitud signada bajo el código AJ010T0002300 (amparo C599-19): i. Cuántas personas a nivel nacional prestaban funciones en calidad de coordinadores del programa meta presidencial aumento de cobertura o como se le denomine actualmente. ii. Solicita que se informe cuántas de esas personas fueron desvinculadas durante el año 2018, indicando nombre y motivos del término de su contratación. iii. Acto administrativo o cualquier tipo de oficio que el servicio haya emitido con la referida información. iv. La información relativa a la orgánica del programa, aquella que rige actualmente como cualquier otra que haya servido para su funcionamiento en los últimos 4 años. 2) RESPUESTA: La Junta Nacional de Jardines Infantiles respondió a dichos requerimiento de información mediante oficio Ord. N° 15/102, de fecha 11 de enero de 2019, señalando, en síntesis, que deniega parcialmente la información pedida por las siguientes razones: Al respecto, señala que deniega parte de la información pedida por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia, fundado en que existe una presentación en Contraloría General de la República, interpuesta por el requirente y otros funcionarios de la región de Coquimbo, por lo que entregar dicha información es perjudicial para la defensa administrativa y judicial del Servicio, puesto que aún se encuentra pendiente la decisión por parte de dicho órgano contralor. Respecto del numeral iii) de la solicitud signada bajo el código AJ010T0002298, referida al número de Jardines Infantiles por cada región que corresponde administrar de manera directa a cada dirección regional, adjunta documento Excel que contiene la información solicitada, desagregada por Programa Educativo y región. En relación al punto v) de la solicitud signada bajo el código AJ010T0002298, referido a las "Resoluciones que establecen y/o modifican lo orgánica y estructura de la JUNJI, tanto a nivel nacional como regional", se adjunta Resolución Exenta N° 015/ 610, de fecha 21 de noviembre de 2018, de la Vicepresidenta Ejecutiva, que aprueba la organización interna de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y deja sin efecto la Resolución Exenta N° 015/00040, de 31 de enero de 2017, de Vicepresidencia Ejecutiva de Junji, y sus modificaciones. Por su parte, en relación al numeral iv) de la solicitud signada bajo el código AJ010T0002300, relativa a la orgánica del programa, aquella que rige actualmente como cualquier otra que haya servido para su funcionamiento en los últimos 4 años, informa que hace presente que el único documento formal que acredita las funciones del programa solicitado, corresponde a la Resolución Exenta N° 015/040, de fecha 31 de enero de 2017, de la Vicepresidenta Ejecutiva, la cual como se indicó fue dejada sin efecto mediante Resolución Exenta N° 015/610, de fecha 21 de noviembre de 2018. 3) AMPAROS: El 15 de enero de 2019, don Pablo Galleguillos Carvajal dedujo los amparos a su derecho de acceso a la información, roles C598-19 y C599-19, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fundado en que recibió respuesta incompleta, denegándose gran parte de ella invocando las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia, en circunstancias que lo pedido es información pública. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos deducidos, confiriendo traslado a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante oficio N° E3708, de fecha 24 de marzo de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente: (a) informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (b) precise en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, informe las partes, Tribunal, Rol, Número de Referencia, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada. El órgano reclamado a través de oficio N° 015/843, de fecha 10 de abril de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que reitera que denegó la información reclamada por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia. En este sentido, señala que durante el examen de las solicitudes de información formuladas, se tomó conocimiento que con fecha 04 de diciembre de 2018, la presidente de la Asociación Gremial AJUNJI había interpuesto un reclamo en la Contraloría Regional de Coquimbo, el que tenía por objeto que el ente contralor evaluara la posibilidad de reincorporar al solicitante y otros 4 funcionarios desvinculados, razón por la cual se denegó la información reclamada, por estimar que concurren las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia, cuyo texto reproduce. Agrega, que además con posterioridad, con fecha 09 de febrero de 2019, el requirente interpuso una denuncia por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RIT T-25-2019, del Juzgado de Letras de La Serena, en tramitación. Por lo anterior, sostiene que la información pedida dice directa relación con los hechos y antecedentes fundantes de la demanda interpuesta, así como de la contestación o defensa de JUNJI, por lo que resultan de vital importancia para respaldar la posición de este órgano. En este sentido, agrega, que los antecedentes reclamados al guardar ellos relación con la estrategia jurídica del órgano, la publicidad de estos antecedentes lógicamente afectaría la defensa respectiva, ya que de esta manera, se adelantaría información relevante, que dependiendo de la estrategia judicial que se aplique en la especie, podrían o no presentarse ante el Tribunal, y en caso de hacerlo, la oportunidad procesal en la que se hagan valer, podría ser determinante. Así, la preparación y desarrollo de la teoría del caso que construye cada parte en materia judicial, indica que cierta información puede ser utilizada como medios de prueba que permiten el éxito de la estrategia que adopte cada parte en la litis. Adjunta documentación que acredita existencia la referida causa laboral. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que es una misma solicitud de información la que ha motivado los amparos Roles C598-19 y C599-19, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, el objeto de los amparos deducidos es obtener la entrega por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la información relativa a los funcionarios públicos y resoluciones, conforme a lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, salvo los antecedentes indicados en los puntos iii) y v) de la solicitud signada bajo el código AJ010T0002298, y en el numeral iv) de la solicitud signada bajo el código AJ010T0002300, los cuales ya fueron proporcionados en la repuesta al requirente. Al respecto sobre la información reclamada, el órgano requerido fundó su denegación en que concurrirían las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b) de la Ley de Transparencia. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, a su vez también corresponde tener presente que tratándose del nombre del personal contratado, cargo, lugar de desempeño, contratos, horarios, y certificado de títulos, entre otros antecedentes vinculados a los funcionarios públicos, a juicio de este Consejo atendida la condición que poseen los funcionarios públicos, su esfera de privacidad está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen, quedando además dicha esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, razón por la cual procede la entrega de dicha información, incluso algunas de dichas materias corresponden a obligaciones de transparencia activa. En efecto, en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica la publicidad de aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada. 5) Que, respecto a la causal de reserva invocada por el órgano, contenida en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva citada, debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. 6) Que, la JUNJI al invocar la causal materia del presente análisis, ha efectuado una alegación de carácter general, fundada principalmente en un requerimiento que se habría presentado ante la Contraloría General de la República referida a la reincorporación de funcionarios desvinculados, agregando con ocasión de sus descargos la existencia de una causa judicial sobre tutela laboral, seguida ante el Juzgado de Letras de La Serena, y donde es parte el requirente, reconociendo expresamente que dicha juicio no existía al tiempo de formular las solicitudes que son objeto de los amparos deducidos. En este sentido, cabe destacar que analizados los antecedentes del presente caso, se desprende que el órgano reclamado no ha aportado antecedentes que acrediten en qué medida la información solicitada sería necesaria para su estrategia y defensa jurídica tanto en la reclamación administrativa como la realizada en sede judicial. En tal sentido, y conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie, razón por la cual se desestimará dicha alegación. 7) Que, por otra parte, en relación a la causal de reserva invocada por el órgano reclamado, prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 8) Que, este Consejo ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella -en la especie, las funciones del órgano-, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 9) Que, de acuerdo a los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo no ha sido posible establecer que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sino que por el contrario, sólo se argumentó en base a la existencia de una reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República acerca de la reincorporación de funcionarios desvinculados, como de un juicio laboral en que es parte el requirente, y que en todo caso como ya se indicó, se inició con posterioridad a la fecha de las solicitudes de informaciones que son objeto de los amparos en análisis, por lo que no existe privilegio deliberativo alguno del órgano reclamado que examinar. Además, en cualquier caso, a juicio de este Consejo tampoco se han aportado elementos que permitan acreditar la manera en que la entrega de la información pedida produce una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de sus funciones, siendo insuficiente el limitarse a indicar que existiría un reclamación administrativa o juicio laboral sobre la materia, en particular en atención a la naturaleza pública de la información reclamada, por lo que se desestimará igualmente la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano requerido. 10) Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo a partir de la decisión C211-10 en materia de liquidaciones de sueldo de funcionarios públicos, donde se ha razonado que ellas "(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos, siendo objeto de transparencia activa. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información contenida en las liquidaciones relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario". Luego, la información contenida en las liquidaciones de sueldo reclamadas, relativa a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones de funcionarios públicos distintos del solicitante, es información que debe reservarse. Ahora bien, respecto de información del propio solicitante que constituya datos personales la entrega deberá ser presencial, previa acreditación de su identidad conforme lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. 11) Que, por lo anterior, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles entregar al solicitante la información reclamada, tarjando previamente los datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo la información contenida en las liquidaciones de sueldo referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones de funcionarios públicos distintos del solicitante, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. Ahora bien, respecto de información del propio solicitante que constituya datos personales la entrega deberá ser presencial, previa acreditación de su identidad conforme lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos deducidos por don Pablo Galleguillos Carvajal en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: a) Entregar al reclamante la siguiente información, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información que se ordena entregar, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, como asimismo la información contenida en las liquidaciones de sueldo referida a la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, el nombre de las instituciones de salud, como los descuentos voluntarios que se apliquen a las remuneraciones de funcionarios públicos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Ahora bien, respecto de información del propio solicitante que constituya datos personales la entrega deberá ser presencial, previa acreditación de su identidad conforme lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo: i. El número de abogados por región, que se desempeñan en calidad jurídica a contrata en cada subdirección de asesoría jurídica de las distintas Direcciones Regionales. ii. El número y nombre de abogados a nivel nacional en calidad jurídica a contrata que se desempeñan en las subdirecciones de asesoría jurídica de las Direcciones Regionales de todo el país, respecto de los cuales no se le ha prorrogado su nombramiento para el año 2019, con indicación de los motivos que fundamentan el respectivo acto administrativo, adjuntando copia de dicha resolución en cada caso. iii. De los profesionales Pablo Galleguillos Carvajal y Paola Prat Aguirre, de la Dirección Regional de Coquimbo solicita desde el año 2016 a la fecha: Las calificaciones y número de atrasos en cada periodo; registro de ingreso y salida; resoluciones de nombramiento y prórroga; liquidaciones de sueldos. iv. La resolución de nombramiento de Directora Regional (S) de la Región de Coquimbo. v. Informar cuántas personas a nivel nacional prestaban funciones en calidad de coordinadores del programa meta presidencial aumento de cobertura o como se le denomine actualmente. vi. Informar cuántas de las personas señaladas en el numeral anterior fueron desvinculadas durante el año 2018, indicando nombre y motivos del término de su contratación. vii. El acto administrativo o cualquier tipo de oficio que el servicio haya emitido con la información señalada en los numerales v) y vi) precedentes. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Galleguillos Carvajal y a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.