Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1341-11

Reclamante:	LEONARDO OSORIO BRICEÑO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de Carabineros de Chile por haber denegado información relativa a número de bombas lacrimógenas empleadas por la institución durante el último año calendario, desagregada mensualmente y por región. El Consejo acoge el amparo considerando que no concurre una causal de secreto o reserva respecto a dicha información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/25/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C1173-11 C536-11 C396-10 C652-10 C669-10 C162-11
Jurisprudencia a:	C742-20 C567-22 C546-22 C549-22 C565-22
Recursos relacionados:	4366-2012
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1341-11 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Leonardo Osorio Briceño Ingreso Consejo: 24.10.2011 En sesión ordinaria Nº 321 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de marzo de 20112, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1341-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo señalado en la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; lo previsto en el Código de Justicia Militar; en la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas; lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2011, don Leonardo Osorio Briceño solicitó a Carabineros de Chile (en adelante, también e indistintamente, “Carabineros”) informar el número de bombas lacrimógenas empleadas por la institución durante el último año calendario, desagregada mensualmente y por región. 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 236, de 18 de octubre de 2011, notificada al reclamante a través de correo electrónico de esa misma fecha, el Jefe de Departamento de Información Pública de Carabineros respondió a dicho requerimiento de información, denegando el acceso a la información pedida, en virtud de los siguientes argumentos: a) Sostiene que en virtud del artículo 436 N° 3 del Código de Justicia Militar (en adelante, también, “CJM”), la información concerniente a armamento, sustancias químicas y, en el caso particular, las bombas lacrimógenas empleadas por Carabineros de Chile, para el desempeño de las labores encomendadas por la Constitución Política de la República, se encuentra amparado en la causal de secreto expresada. b) A continuación, cita la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y transcribe el artículo 8° inciso 2° y la cuarta disposición transitoria de la Constitución Política de la República (en adelante, también, “CPR”), sosteniendo que el artículo 436 aludido, al indicar las materias que son objeto de reserva o secreto, en virtud de la ficción creada por la disposición transitoria cuarta, debe entenderse que lo hace con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, quedando amparada, por tanto, en el secreto prescrito por la Ley N° 20.285, en su artículo 21 N° 5, criterio que ha sido recogido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 48.302, de 2007. c) Afirma que, del mismo modo, resultan aplicables las causales del artículo 21 N° 3 y 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. La primera, por tratarse la información pedida de antecedentes que de ser divulgados afectan la seguridad de la Nación, particularmente si se refieren a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. La segunda, toda vez que, a su juicio, el conocimiento de lo requerido afecta el debido cumplimiento de las funciones propias de la Prefectura de Fuerzas Especiales, por cuanto es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. d) Agrega que, a nivel fáctico, develar datos sobre las sustancias químicas o armamento significaría poner en riesgo a los civiles, dificultar la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada la institución y, finalmente, arriesgar la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar datos que permitirían elaborar planes de respuesta tácticos entre quienes quieran repeler su actuación. e) Finalmente, la resolución ordena incorporar la información solicitada al índice de Actos y Resoluciones calificados como secretos o reservados de la página web de Transparencia Activa de Carabineros de Chile. 3) AMPARO: El 24 de octubre de 2011, don Leonardo Osorio Briceño dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa de dicha institución a su solicitud. Asimismo, señaló que la resolución de Carabineros vulnera la Instrucción General N° 3 de este Consejo, sobre índice de Actos y Documentos Calificados como Secretos o Reservados. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 2.878, de 3 de noviembre de 2011, evacuando sus descargos en esta sede el Sr. Jefe del Departamento de Información Pública de dicha institución, quien a través de Oficio N° 185, de 21 de noviembre de 2011, señaló lo siguiente: a) Sostiene que el reclamante no invoca infracción normativa de ninguna especie sino que aduce exclusivamente una falta de cumplimiento de la Instrucción General N° 3 del Consejo, razón por la cual el amparo debió ser desestimado de oficio. Precisa que una denegación de acceso a la información, en caso alguno puede vulnerar tal normativa, pues se trata de materias absolutamente diferentes. b) A continuación, señala que la información relativa a bombas lacrimógenas, en todas las áreas del desarrollo institucional que éstas impliquen, como asimismo cualquier otro tipo de armamento y pertrechos de que se trate, es de carácter reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 N° 3 del CJM, en virtud del cual “…se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la Ley N° 17.798, usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile”. c) Por otra parte, hace referencia al artículo 1° de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en virtud del cual se establece que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, estará a cargo de la supervigilancia y control de las armas y explosivos, consignando en su artículo 2° letra e) que quedan sometidos al control de dicha normativa “…las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico”. d) Concluye que las bombas lacrimógenas, si bien cumplen una función disuasiva, tienen el carácter de armas y, por consiguiente, quedan comprendidas en el artículo 436 referido. e) Luego, reitera lo ya señalado en la respuesta entregada al reclamante, en el sentido de ser aplicable a la solicitud formulada, la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8°, inciso 2°, de la CPR. f) Afirma que conforme dispone el artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, la finalidad de dicha institución es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, entre otras funciones, de modo que al emplear elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas, lo hace en cumplimiento de su misión constitucional. De ello se deriva que la divulgación de la información pedida, ponga en riesgo el adecuado cumplimiento de dichas funciones. g) Hace presente que dentro de los procesos de adquisición de bombas lacrimógenas, así como de cualquier tipo de armamento, consta información, tal como el número de bombas adquiridas. Sin embargo, precisa que en el presente caso, tal divulgación implicaría develar el dato más importante del proceso, esto es, el número de los bienes implicados en estas operaciones, los que son de particular valor estratégico y disuasivo. Del mismo modo, colige que informar sobre el gasto en este ítem, permitiría inferir el número total de este armamento, dato que pondría en riesgo a la sociedad civil y a los propios funcionarios de la Institución. h) Confirmaría lo señalado, el hecho que conforme a la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y la Ley N° 18.928, que fija normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, este tipo de compras no son publicadas en el Portal Chile Compras , y su trato se realiza de forma directa o por licitación privada, en cuyo caso los datos son mantenidos en reserva por reconocimiento expreso del legislador, al considerar que su revelación afectaría la seguridad. i) Así, señala que conocer los presupuestos destinados a la compra de determinado armamento no solo pone en riesgo la mantención del orden público y la seguridad pública interior, sino que además por la vía de correlacionar inversión, gasto y precio de mercado, es posible determinar la cantidad de implementos usados en el cumplimiento de la función y, con ello, entregar información que permita contrarrestar la acción operativa Institucional. j) A mayor abundamiento, sostiene que aplicando el test de daño, puede concluirse que la mantención del orden público y la seguridad pública tienen un valor superior a la entrega de información sobre el gasto que ella ha importado en un determinado período. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en la especie, el solicitante requirió a Carabineros de Chile el número de bombas lacrimógenas utilizadas por dicha institución, durante el año 2011 –debiendo entenderse que se refiere al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 14 de octubre de 2011, fecha esta última en que se formuló su solicitud–, información que solicitó desagregada mensualmente y por región. Esto es, dicha solicitud se refirió sólo a datos meramente estadísticos relacionados con el uso de estos artefactos disuasivos, con la desagregación pedida por el requirente. 2) Que, el presente amparo se dedujo en contra de Carabineros de Chile atendido que dicho órgano denegó la información solicitada, invocando al efecto la reserva del artículo 436 N° 3 del CJM, en relación con la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, y lo preceptuado en el artículo 8°, inciso 2° de la CPR, en lo que refiere al cumplimiento de la función del órgano, particularmente, en lo relativo a la mantención del orden público y la seguridad pública interior. Asimismo, alegó las causales de secreto o reserva de los numerales 1 y 3 del artículo 21 del cuerpo legal citado, ya que, en su opinión, develar la información requerida afectaría su misión institucional de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 18.961, le ha sido asignada. Que, por tanto, habiéndose deducido el amparo que se analiza fundado en la respuesta denegatoria de Carabineros de Chile a la solicitud de información planteada, dicha reclamación ha sido formulada en virtud de una de las hipótesis que contempla el artículo 24 de la Ley de Transparencia, resultando ésta admisible. Por ello, debe estimarse improcedente la alegación del organismo reclamado en cuanto considera que tal amparo ha debido ser declarado inadmisible por basarse, a su entender, exclusivamente en un eventual incumplimiento de la Instrucción General N° 3 del Consejo, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre el particular. 3) Que, por su parte, cabe agregar que el artículo 436 N° 3 del CJM entiende por documentos secretos “…aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la Ley N° 17.798, usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile”. Relacionada dicha norma con el artículo 2° letra e) de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, debe entenderse que los elementos lacrimógenos, o también denominadas bombas lacrimógenas, quedan comprendidas, en principio, en la norma del citado artículo 436 N° 3. 4) Que, asimismo, la causal de secreto o reserva establecida en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 5 señala que “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 5.- Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”. 5) Que, por su parte, el artículo 8° inciso 2° de la CPR establece que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 6) Que, respecto al carácter de ley de quórum calificado del artículo 436 del CJM, debe tenerse presente que, para que dicha norma se entienda comprendida en la hipótesis del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, conforme los artículos 1° transitorio de dicho cuerpo legal; 8°, inciso segundo de la CPR; y disposición cuarta transitoria de la misma Carta Fundamental, se requiere que dicha norma esté vigente, que se haya dictado con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050 y que establezca causales de secreto o reserva que, a su vez, puedan subsumirse dentro de aquéllas del artículo 8° de la CPR. 7) Que, en la especie, la norma en comento –el artículo 436 del CJM–, se encuentra vigente, se dictó con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050 y establece el secreto respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, citando, entre otros, aquellos concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la Ley N° 17.798, usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, de modo que, para todos los efectos, posee el carácter de ley de quórum calificado que declara reservados o secretos determinados documentos, datos o informaciones, relacionándose con una de las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política, en la especie, la seguridad de la Nación, la que, a su vez, también es establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, norma de la cual se desprende que, dicho concepto, comprende el orden público y la seguridad pública. 8) Que, no obstante lo indicado en los considerandos anteriores, y en relación con la aplicación en el caso de la especie de la citada norma del CJM, debe destacarse que este Consejo ha concluido en decisiones anteriores que para encontrase frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no resulta suficiente la sola invocación del artículo 436 del CJM, toda vez que, atendido lo dispuesto tanto en el artículo 8° de la CPR como en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, debe determinarse previamente si la publicidad de la información de que se trata afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el citado artículo 8° de la CPR, a fin de estimar, en caso afirmativo, si puede acogerse de modo lícito a la reserva del artículo 436 ya mencionado. Que, en efecto, el vocablo “afectare” contemplado en el inciso segundo del artículo 8° de la CPR es claro en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate –el debido cumplimiento de las funciones de los órganos; los derechos de las personas; la seguridad de la Nación o el interés nacional– si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se “relacione” con éste o que le resulte atingente para que se mantenga tal información en secreto o reserva. Esta es la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con lo dispuesto por los artículos 21 N° 5 y primero transitorio. ambos de la Ley de Transparencia, así como con el texto vigente de la Constitución (criterio establecido, entre otras, en las decisiones de los amparos roles C512-09, C652-09, C162-11, C652-10, C536-11 y C1173-11, y la que resuelve la reposición del amparo Rol C396-10). 9) Que, en similar sentido ha informado a este Consejo el profesor CORREA SUTIL , quien al analizar la constitucionalidad del artículo 436 del CJM ha indicado que, a su entender, “…el único modo de compatibilizar la norma de justicia militar que analizamos con la Carta Fundamental consistiría en interpretar que lo que este hace es simplemente establecer, en sus cuatro numerales, un listado de clases o tipos de documentos, respecto de los cuales debe luego enjuiciarse si afectan o dañan la seguridad de la Nación. Esa inteligencia del precepto lo haría compatible con el artículo 8° de la Carta Fundamental” (p. 82). Con todo, no es preciso que este Consejo haga un control directo de constitucionalidad de la Ley, pues le basta examinar lo mismo a la luz de lo exigido por los artículos 21 Nº 5 y primero transitorio de la Ley de Transparencia. 10) Que, en íntima relación con lo antes señalado, y en cuanto a la determinación del carácter secreto o reservado de un documento, este Consejo ha estimado que atendido lo dispuesto por los artículos 10, 16 y 21 de la Ley de Transparencia, para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos que tiene alguna probabilidad de ocurrir (criterio aplicado, entre otras, en las decisiones de amparos Roles A45-09, C669-10 y C652-10). 11) Que, en la misma línea de argumentación, atendido que –conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la CPR, así como en los artículos 5°, 10, 11, letra c), y 21 de la Ley de Transparencia– la regla general es que la información que obre en poder de los órganos de la Administración sea pública, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción a la regla general, deben aplicarse en forma restrictiva, se concluye, entonces, que no basta con invocar una causal de secreto o reserva, sino que los órganos, además, deben indicar los hechos que la configuran y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Transparencia, en esta sede deben, además, aportar los medios de prueba de que dispusieren para acreditar los hechos fundantes de las causales que invoquen. Que, en efecto, la jurisprudencia reiterada de este Consejo (v.gr. decisiones recaídas en los amparos Roles A7-09; A39-09 y A140-09 y 198-10) ha sostenido que cuando se invoca una causal de secreto o reserva, que extinguiría la obligación de entregar la información solicitada, corresponde que sea probada por quien la alega y que las simples afirmaciones resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal de secreto o reserva de que se trate. 12) Que, en este contexto, a efectos de analizar la procedencia de las causales de reserva que Carabineros de Chile ha invocado en este caso, cabe analizar las alegaciones formuladas por dicha institución, a fin de determinar si la información objeto de la solicitud de la especie queda o no comprendida dentro del supuesto al que alude la norma del artículo 436 N° 3 del CJM y, en caso afirmativo, si se ha acreditado una eventual afectación a la seguridad de la Nación, bien jurídico al que, en definitiva, se reconducen las causales de reserva invocadas por la reclamada. 13) Que, Carabineros de Chile ha sostenido que las causales de secreto o reserva que invoca se configurarían debido a que la revelación de datos sobre las bombas lacrimógenas, sustancias químicas o cualquier otro armamento, incluso el presupuesto manejado en torno a éstas, pondría en riesgo a los civiles que dicha institución debe resguardar, dificultaría la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada la institución y, finalmente, arriesgaría la integridad de los funcionarios, ya que se otorgarían antecedentes que permitirían elaborar planes de respuesta táctico entre quienes quieran repeler su actuación. Asimismo, Carabineros ha argumentado que dar a conocer datos sobre las compras de bombas lacrimógenas permitiría conocer o inferir el número de bienes adquiridos en los procesos de compra de las mismas, lo que también pondría en riesgo a los ciudadanos y a los funcionarios de Carabineros, lo que se ve recogido en las disposiciones de la Ley N° 19.886 y 18.928, conforme a las cuales los procesos de compra de bombas lacrimógenas se realizan por trato directo o licitación privada, situaciones en las cuales los datos son mantenidos en reserva, en cuanto a lo que afectaría a la seguridad en revelar este dato, motivo por el cual dicha información no se publican en el portal Chile Compras. 14) Que, analizando las alegaciones expuestas en el considerando precedente, este Consejo estima que éstas no resultan plenamente suficientes para configurar la afectación invocada, pues no se han aportado antecedentes concretos y específicos que permitan concluir que la publicidad, comunicación o conocimiento del número de bombas lacrimógenas empleadas por Carabineros de Chile durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 14 de octubre –fecha en que se formuló la solicitud–, ambos de 2011, desagregada por mes y por región, afecte o pueda llegar a afectar la seguridad de la Nación, particularmente en lo relativo a la mantención del orden público o la seguridad pública, o el debido cumplimiento de sus funciones, o verificarse una expectativa razonable de que ello ocurra. En efecto, lo requerido consiste en información únicamente referida al número de bombas lacrimógenas ya utilizadas por Carabineros, respecto de un periodo de tiempo acotado –casi 10 meses del año 2011–, con la desagregación por mes y región, todos datos estadísticos que, por lo demás, no revelan ni permiten inferir por sí solos el número total de bombas lacrimógenas anteriormente adquiridas por dicha institución –y aún no hayan sido utilizadas– ni otros elementos necesarios para su adecuad empleo y conservación. 15) Que, además, la información solicitada, dado que no comprende el universo de bombas lacrimógenas que han sido adquiridas por Carabineros de Chile, sino sólo las utilizadas en un periodo de tiempo determinado y limitado, tampoco permite deducir cuál es el stock de tales bombas que actualmente posee dicha institución a fin de desempeñar sus funciones legales, ni puede colegirse, en base exclusivamente a lo pedido, cuál es la política o protocolo de uso de dichos equipos u otras materias vinculadas directamente con la función del órgano requerido de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, atendido que únicamente se solicita el número de bombas utilizadas. Dicha información tampoco revela por sí sola antecedentes suficientes que permitan elaborar planes concretos y específicos para repeler la acción de Carabineros, ni se advierten antecedentes que supongan poner en riesgo a los civiles o la integridad de los funcionarios del órgano requerido con la publicidad de lo requerido. Que, así, se estima que la información pedida no permite conocer la planificación estratégica previa del personal de Carabineros en aquellos eventos en que este tipo de material disuasivo se ha utilizado, ni hace necesariamente previsible su actuar. 16) Que, por su parte, tampoco se observa que las alegaciones de la reclamada en torno al proceso de adquisición de bombas lacrimógenas o de sus componentes ni el presupuesto asignado para ello digan relación con la materia discutida en el presente caso, dado que sólo se ha pedido el número de bombas empleadas, resultando, por tanto, improcedente su invocación. 17) Que, por lo expuesto precedentemente, y atendido que Carabineros de Chile, pese a invocar causales de secreto o reserva y señalar los hechos que, a su juicio, las configurarían, no ha allegado medios de prueba específicos que permitan a este Consejo estimar, con suficiente fundamento, que concurren los hechos alegados respecto de la solicitud de información planteada, razón por la cual, en definitiva, se desecharán las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 436, N° 3, del CJM y artículo 8°, inciso segundo, de la CPR, así como las causales establecidas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la citada Ley de Transparencia, acogiéndose el presente amparo. En virtud de ello, se requerirá al órgano reclamado a fin de que proporcione al reclamante copia de los documentos de que disponga y en los que conste o pueda desprenderse el número de bombas lacrimógenas utilizadas por Carabineros de Chile, en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 14 de octubre, ambas de 2011, con desagregación por mes y por región; o bien, informe sintéticamente al reclamante sobre lo solicitado, según le resulte menos gravoso. 18) Que, además de lo anterior, el reclamante sostuvo en su amparo que Carabineros vulneraba la Instrucción General N° 3, de este Consejo, sobre Índice de Actos y Documentos Calificados como Secretos o Reservados, al haber dispuesto en su resolución denegatoria, que dio respuesta a la solicitud, que la información solicitada debía incorporarse al índice al que se refiere el artículo 23 de la Ley de Transparencia y la citada Instrucción. Que, al respecto, revisada la página web de la reclamada, el 5 de marzo de 2012, en el enlace http://www.carabineros.cl/sitioweb/htm/sitioweb/transparencia/reservados_secretos.html, que contiene el “Índice de Actos y Documentos Clasificados como Secretos o Reservados” de Carabineros de Chile, se accede a la Resolución Exenta N° 236, de 18 de octubre de 2011 (disponible en http://www.carabineros.cl/sitioweb/htm/sitioweb/transparencia/normativas/resolex236.pdf), que en su parte resolutiva –literal c)– dispone la incorporación de la información solicitada a dicho índice. 19) Que, al respecto, cabe representar a Carabineros de Chile que, al haber incorporado la Resolución Exenta N° 236, de 2011, que denegó el acceso a la información solicitada, y ésta, al índice de actos secretos o reservados que, conforme al citado artículo 23 de la Ley de Transparencia, debe mantener dicha institución, procedió con infracción a lo dispuesto en el numeral 2 de la Instrucción General N° 3 de este Consejo, sobre Índice de Actos y Documentos Calificados como Secretos o Reservados, toda vez que las resoluciones denegatorias deberán incorporarse a dicho registro una vez que se encuentren firmes, en cualquiera de las 3 hipótesis que allí se consignan, ninguna de las cuales se ha configurado en la especie. Por ello, se requerirá a Carabineros de Chile que excluya del referido índice la Resolución Exenta N° 236, de 2011, ya citada. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Leonardo Osorio Briceño, en contra de Carabineros de Chile, por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile a que: a) Entregue copia al reclamante de los documentos de que disponga y en los que conste o pueda desprenderse el número de bombas lacrimógenas utilizadas por Carabineros de Chile, en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 14 de octubre, ambas de 2011, con desagregación por mes y por región; o bien, informe sintéticamente al mismo reclamante sobre lo solicitado, según le resulte menos gravoso. b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile a fin de que, en el mismo plazo indicado en el literal b) del resuelvo anterior, excluya del “Índice de Actos y Documentos Clasificados como Secretos o Reservados”, disponible en http://www.carabineros.cl/sitioweb/htm/sitioweb/transparencia/reservados_secretos.html, la Resolución Exenta N° 236, de 2011, que denegó el acceso a la información solicitada, y ésta, en virtud de lo razonado en el considerando 19) precedente. IV. Representar al Sr. General Director de Carabineros de Chile haber ordenado la inclusión de la resolución citada en el resuelvo anterior en el índice de actos secretos o reservados que debe mantener dicha la institución, en forma previa a verificarse alguna de la hipótesis que contempla el numeral 2 de la Instrucción General N° 3 de este Consejo. V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Leonardo Osorio Briceño y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.