Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C749-19

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Reclamante:	TANIA CASTILLO ARAYA
Reclamado:	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, requiriendo la entrega nuevamente de los antecedentes médicos de la requirente de manera presencial, manteniendo, únicamente el tarjado de todo dato que permita identificar a quienes participaron en la evaluación del puesto de trabajo en calidad de testigos. Aplica precedente de las decisiones de amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16 y C2146-18, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/24/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2146-18 C1013-13 C2782-15 C4290-16
Jurisprudencia a:	C233-25 C1736-20 C1780-20 C6402-20 C1204-21 C1804-21 C2300-21 C2303-21 C2478-21 C6404-19 C2479-21 C2482-21 C3336-21 C4059-21 C8405-21 C671-22 C3401-22 C5888-22
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DECISIÓN AMPARO ROL C749-19 Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral Requirente: Tania Castillo Araya Ingreso Consejo: 21.01.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, requiriendo la entrega nuevamente de los antecedentes médicos de la requirente de manera presencial, manteniendo, únicamente el tarjado de todo dato que permita identificar a quienes participaron en la evaluación del puesto de trabajo en calidad de testigos. Aplica precedente de las decisiones de amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16 y C2146-18, entre otras. En sesión ordinaria N° 1042 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N° C749-19. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de diciembre de 2018, doña Tania Castillo Araya solicitó al Instituto de Seguridad Laboral - en adelante e indistintamente Instituto o ISL-, «ficha clínica de prestador externo de ISL, ACHS, incluyendo todas las evoluciones clínicas y la evaluación de puesto de trabajo» 2) RESPUESTA: El 4 de enero de 2019, el ISL informó a la requirente que accedía a la entrega de la evaluación del puesto de trabajo y control médico. Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que confirió traslado a las personas involucradas en la investigación en calidad de testigos, uno se opuso a la divulgación y los otros no se pronunciaron. Por tal razón, y en aplicación del principio de divisibilidad procedió a tarjar cierta información en conformidad lo dispuesto en la Ley N° 19.628. 3) AMPARO: El 21 de enero de 2019, doña Tania Castillo Araya dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta entregada sería incompleta. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, mediante Oficio N° E4083, de 29 de marzo de 2019, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en el evento de pretender otorgar respuesta complementaria a la solicitud, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). El referido organismo, mediante presentación de 16 de abril de 2019, señaló en síntesis lo siguiente: a) El 23 de enero de 2019, se hizo entrega presencial de los antecedentes a la solicitante. b) Proporcionó la información clínica requerida. c) No procede ninguna circunstancia que justifique denegar información acerca de la solicitante, con excepción de aquella que involucra a quienes tomaron parte en la investigación en calidad de testigos. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Este Consejo, mediante oficio de 14 de mayo de 2019, solicitó a la reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) señale si concurrió a las dependencias del órgano reclamado a retirar la información solicitada, considerando que ésta fue puesta a disposición a partir del día martes 7 de mayo de 2019; (2°) señale si la información proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su requerimiento; y, (3°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada, no le ha sido proporcionada. La reclamante, mediante presentación electrónica de 13 de mayo de 2019, señaló en síntesis lo siguiente «los elementos que faltan a mi solicitud (...) 1. Se entregan evaluaciones de psiquiatra y psicólogos, conforme excepto la sesión N°5 que debería estar en el sistema informático en tred. 2. Se enmiendan partes de la evaluación de ingreso del psicólogo, que son parte de mi relato, incluso tarjan todos los nombres y firmas de los profesionales evaluadores , lo que no se puede hacer en una ficha clínica que se entrega al paciente, ya que es propia y se requiere saber que profesional hizo la intervención. 3. Falta la evaluación de puesto de trabajo que previamente se entregó, con muchos tarjados, por lo que se solicitó se entreguen completos los relatos, solo se puede tarjar los testigos. 4. Solicito además se agreguen las evaluaciones del mes de abril del 2019 y evaluadores sin tarjar. 5. En la solicitud (...) solicité todas las atenciones realizadas también por los médicos de la atención en ACHS, no solo de psicólogo y psiquiatra. Y agrego, que yo renuncié a documentos por papel para las solicitudes de CPLT, y el correo es personal, por lo que no se incurre en falta a la privacidad por el contrario, ya que en la oficina del ISL, me han entregado documentos con mis diagnósticos en papel, y ni siquiera con sobre, expuestos a la vista de cualquiera, por lo que me es más seguro por sistema internet. Además y me obligan a ir a ISL, estando yo imposibilitada de salir por mi patología laboral, y con dificultades para el abogado para retirarlas. Solicito la ficha completa a mi correo electrónico...». 6) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, el 27 de septiembre de 2019, solicitó al Instituto de Seguridad Laboral precisar si obraba en su poder información adicional a la ya entregada a la solicitante. Asimismo, le hizo presente que en el evento de no tener información adicional debía certificar dicha circunstancia. El referido organismo, mediante presentación electrónica de 7 de octubre de 2019, indicó que «...acorde a lo señalado por las Unidades con competencia en la materia de este ISL, se entregaron a la solicitante la totalidad de antecedentes disponibles en este Instituto de Seguridad Laboral, en la materia». Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de antecedentes médicos de la solicitante. Al efecto, la reclamante indicó que no se le habría entregado toda la información consultada. Lo anterior, toda vez que se habría tarjado la identidad de profesionales médicos que la atendieron como su declaración, entre otros antecedentes. Asimismo, porque faltaría información adicional que precisa en el numeral 5° de lo expositivo. 2) Que, en tal sentido, la reclamada con ocasión de gestión oficiosa de este Consejo - anotada en el numeral 6° de lo expositivo-, precisó que ya entregó a la solicitante toda la información que obraba en su poder sobre lo consultado. 3) Que en conformidad a lo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes que tienen las personas en materia de atenciones de salud, «La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse de manera electrónica, en papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella. Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628». 4) Que en cuanto a la evaluación del puesto de trabajo, se debe tener presente, lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16 y C2146-18, entre otras, en las cuales se reservó cualquier dato o antecedente que directamente revelara la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permitiera colegir dicha información, reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en los procedimientos en los cuales fueran requeridos perjudicándose con ello el debido cumplimiento de las funciones del organismo involucrado. 5) Que en virtud de lo anterior, se acogerá el amparo y se requerirá a la reclamada que entregue a la solicitante nuevamente la información que le remitió en su oportunidad, tarjando únicamente todo dato que permita identificar a quienes participaron en la evaluación del puesto de trabajo en calidad de testigos, puesto que no se justifica tarjar la identidad de los profesionales que la evaluaron en su oportunidad por razones médicas ni la declaración que ella emitió. 6) Que finalmente, y en cuanto a la petición de la requirente referida a la entrega mediante medios electrónicos de la información consultada, cabe señalar que en conformidad a lo dispuesto en el punto 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, la entrega de información que contenga datos personales del requirente, será presencial a su titular o a quien lo represente en conformidad a la normativa vigente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Tania Castillo Araya en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral que: a) Entregue al reclamante nuevamente la información que le remitió en su oportunidad, tarjando únicamente, todo dato que permita identificar a quienes participaron en la evaluación del puesto de trabajo en calidad de testigos, puesto que no se justifica tarjar la identidad de los profesionales que la evaluaron en su oportunidad por razones médicas ni la declaración que ella emitió. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Tania Castillo Araya y al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.