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DECISIÓN AMPARO ROL C790-19</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP)</p>
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Requirente: Carlos Roa Oppliger</p>
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Ingreso Consejo: 22.01.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, relativo a la entrega de copia de todas las resoluciones de desafiliación negadas desde el año 1983 a la fecha del requerimiento formulado.</p>
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Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, toda vez que satisfacer la solicitud que motiva la reclamación los distraería del cumplimiento regular de sus labores.</p>
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Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios; ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C790-19.</p>
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VISTO: TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de enero de 2019, don Carlos Roa Oppliger formuló ante la Superintendencia de Pensiones, la siguiente solicitud de información: "Resoluciones de Desafiliaciones negadas desde el año 1983 a la fecha de hoy 11/01/2019, no indicando necesariamente los datos personales de las personas, solo necesito los motivos por la cual se dictaron dichas Resoluciones".</p>
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2) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 2208, de fecha 22 de enero de 2019, señalando, en síntesis, que remite en una planilla Excel que contiene toda la información disponible sobre la materia que se solicita, actualizada al 14 de enero de 2019.</p>
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3) AMPARO: El 22 de enero de 2019, don Carlos Roa Oppliger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que lo entregado no corresponde a lo pedido, por cuanto no se le proporcionan las resoluciones requeridas.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones mediante oficio N° E4003, de fecha 29 de marzo de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido que no se habría entregado copia de las resoluciones del periodo requerido; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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El órgano reclamado a través de oficio N° 8697, de fecha 11 de abril de 2019, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que si lo pedido consiste en las resoluciones de desafiliación negadas por el periodo consultado, sostiene que corresponde denegar lo requerido por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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En este sentido señala que tales resoluciones corresponden a un formulario tipo en el cual sólo cambian los datos personales del requirente y la causal de rechazo respectiva, y luego de explicar la normativa aplicable para dictar dichas resoluciones, hace presente que el período que comprende el requerimiento, es decir del año 1983 al 11 de enero de 2019, implica un total de 45.198 resoluciones exentas emitidas por este organismo rechazando una solicitud de desafiliación de un trabajador.</p>
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Agrega, por otra parte, que de no agregar más información que la ya entregada al recurrente, dichos documentos se encuentran incluidos dentro de un total de 108.485 resoluciones emitidas en el período consultado, las que aceptan o rechazan la respectiva solicitud de desafiliación de los trabajadores. Del referido universo de resoluciones del período, un total de 45.198 corresponden a las que rechazan una solicitud de desafiliación.</p>
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Para obtener dichos antecedentes se debería realizar una revisión y clasificación individual para separar estas resoluciones del total de emitidas en el período consultado. Esta actividad demandaría, si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión y clasificación a lo menos 900 horas de trabajo.</p>
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A su vez, señala que el total de 45.198 resoluciones que deniegan una desafiliación, contienen los datos personales de los trabajadores requirentes. En consecuencia, debe considerarse un proceso de anonimización de los antecedentes solicitados, lo que implicaría el proceso de disociación, removiendo identificadores directos, como el RUN, nombre de las personas, contenidos en los documentos. Si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión, clasificación y tratamiento de datos, demandaría a lo menos 753 horas de trabajo.</p>
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Por lo anterior, sostiene que de atender la solicitud de información afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por tratarse de un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales en los términos previstos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Superintendencia de Pensiones de copia de las resoluciones de desafiliaciones negadas desde el año 1983 a la fecha de la solicitud de información formulada. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información pedida por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, sobre el fondo de lo reclamado, con ocasión de sus descargos el órgano reclamado explicó detalladamente que entregar la información pedida en los términos en que fue requerida, afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Al respecto, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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3) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie.</p>
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5) Que, en efecto, de los antecedentes examinados en el presente caso, particularmente los descargos del órgano requerido, a juicio de este Consejo sus alegaciones resultan suficientes para tener por configurada la causal de reserva, por cuanto la Superintendencia de Pensiones señaló y acreditó detalladamente en el N° 4 de lo expositivo de la presente decisión, que en total son 45.198 las resoluciones que deniegan una desafiliación en el periodo consultado, los que contienen datos personales de los trabajadores requirentes, razón por la cual debe considerarse un proceso de anonimización de los antecedentes solicitados, lo que implicaría el proceso de disociación, removiendo identificadores directos, como el RUN, nombre de las personas, contenidos en los documentos, y por ende, si se dispusiera de un funcionario dedicado en jornada completa a dicha revisión, clasificación y tratamiento de datos, demandaría a lo menos 753 horas de trabajo, sin considerar el tiempo que debe destinarse para recopilar las resoluciones reclamadas. Por consiguiente, este Consejo estima que los argumentos formulados son suficientes y revisten una magnitud tal que permiten tener por acreditada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo.</p>
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7) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, por aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33 letra e) de este mismo cuerpo legal, se recomienda a la Superintendencia de Pensiones trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Roa Oppliger en contra de la Superintendencia de Pensiones, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Recomendar al Sr. Superintendente de Pensiones avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Roa Oppliger y al Sr. Superintendente de Pensiones.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por enconarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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