Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C889-19

Reclamante:	RICHARDS ALQUINTA DONDERS
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, respecto de las rendiciones de cuentas de los organismos colaboradores que consulta, de los años 2014 a 2018. Lo anterior, por haberse otorgado respuesta oportuna y entregado información consistente con la requerida. Asimismo, se rechaza respecto de los comprobantes de gastos o egresos de cada uno de los registros, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/4/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2901-17 C3109-17 C377-13 C4305-16 C626-17 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Marco normativo aplicable >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C889-19   Entidad pública: Servicio Nacional de Menores (SENAME). Requirente: Richards Alquinta Donders. Ingreso Consejo: 28.01.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Menores, respecto de las rendiciones de cuentas de los organismos colaboradores que consulta, de los años 2014 a 2018. Lo anterior, por haberse otorgado respuesta oportuna y entregado información consistente con la requerida. Asimismo, se rechaza respecto de los comprobantes de gastos o egresos de cada uno de los registros, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1043 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C889-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de diciembre de 2018, don Richards Alquinta Donders solicitó al Servicio Nacional de Menores - en adelante también SENAME-, lo siguiente: "...de centros nombrados (DAM Copiapó-Caldera, Cepij Tierra Amarilla Copiapó, PPF Poverello) toda la documentación en relación a: Rendiciones de cuentas; Comprobantes de gastos. Desde año 2014 a año 2018 inclusive". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 9 de enero de 2019, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el Servicio Nacional de Menores, mediante carta N° 100, de fecha 23 de enero de 2019, dio respuesta a la solicitud, señalando en síntesis, que "de acuerdo a la información de los referidos proyectos, contenida en la base de datos SENAINFO, se adjunta archivo denominado ‘Anexo respuesta T-2646’ con la información referida a la letra a) Rendiciones de cuenta, archivo que contiene los documentos denominados ‘Carátulas Respuesta Transparencia 2646’, los que comprenden los resultados de los procesos de rendición de cuentas que se realizan por parte del Servicio a cada uno de los proyectos señalados en su presentación. Dicho archivo contiene la información requerida correspondiente a los años 2014 a 2018, tal como se ha solicitado, no obstante lo cual debemos señalar, en cuanto a la duración de los proyectos que algunos se iniciaron con anterioridad al año 2014, como se señala en el siguiente cuadro", entregando una tabla con los proyectos y periodos correspondiente a cada institución consultada y un archivo Excel con el listado de ingresos y egresos de los referidos proyectos. Acto seguido, indicó que "en relación a su solicitud de proporcionar toda la documentación de los comprobantes de gastos de los proyectos (...) debe informarse que tales antecedentes solicitados no obran materialmente en poder de este Servicio, sino que en poder de los organismos colaboradores acreditados, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto Supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.032, que Establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores y su Régimen de Subvención", señalando que requirió a dichas instituciones los comprobantes de egresos o gastos de los proyectos, quienes mediante Carta N°41 del 19 de diciembre de 2018, N° 42 de 21 de diciembre de 2018, y N°55 del 26 de diciembre de 2018, manifestaron su imposibilidad de entregar lo solicitado "en atención a la dificultad de proceder al procesamiento de la información, la cual no se encuentra digitalizada, en relación a la cantidad de personal disponible", sin perjuicio de las directrices impartidas por SENAME a dichos organismos, de conformidad a lo resuelto por la Contraloría General de la República, por el Consejo para la Transparencia y por los Tribunales de Justicia, agregando que "el Servicio Nacional de Menores carece de potestades coercitivas, a fin de compeler a los Organismos Colaboradores Acreditados a entregar la referida información que les sea requerida (...) el no otorgamiento de la información requerida por parte de los citados organismos (...) impone al Servicio el disponer la constitución de personal de su dependencia en la sede de los proyectos, a fin de requerir en dicho acto la entrega de la información pedida. Lo anterior, supone para este Servicio no solamente el instruir a sus Supervisores el apersonarse en los proyectos para requerir su entrega, sino que implica también el proceder a la recopilación de la información, el orden de la misma, proceder a obtener copia de ésta, o su digitalización, proceder al tachado de datos personales y/o sensibles que esta pueda contener, lo cual implica toda una gestión de procesamiento previo para disponer su entrega, proceso que excede con mucho los tiempos de respuesta establecidos por la Ley N° 20.285. A mayor abundamiento, para dar respuesta a vuestro requerimiento sería necesario, en principio, buscar, sistematizar y revisar 18.386 documentos correspondientes a 17.448 documentos de egreso y 938 documentos de ingresos, los cuales se encuentran materialmente en dependencias de los Organismos Colaboradores". Luego, el órgano complementó su respuesta informando que "a efectos de cuantificar el esfuerzo que ello demandaría, cabe señalar que, si se considera un tiempo de cinco minutos para la búsqueda, orden y digitalización de cada documento, lo anterior supondría un total de 91.930 minutos, equivalentes a 1.532,166 horas. Por lo tanto, y considerando que la jornada laboral de un funcionario comprende 44 horas semanales, el tiempo señalado equivale a 34,821 semanas de trabajo de un funcionario, sólo para efectos de buscar y digitalizar la información. Ello implica, en consecuencia, que para dar respuesta a vuestro requerimiento sería preciso distraer a un funcionario, ya sea un Coordinador de la Unidad de Supervisión Financiera Regional, o bien un Supervisor Financiero, de sus labores habituales por cerca de nueve meses, o emplear a varios funcionarios durante un tiempo relevante, sólo para efectos de dar respuesta a una solicitud de información. Lo anterior, afectaría el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Supervisión Financiera, que dicen relación, entre otras, con la supervisión financiera de los recursos rendidos por los organismos colaboradores acreditados. Lo anterior, sin considerar el tiempo necesario para suprimir todo dato personal y/o sensible que la información pueda contener", denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, y adjuntando las cartas de respuesta de los organismos requeridos, en las cuales cada uno de ellos alega, a su vez, distracción indebida. 3) AMPARO: Con fecha 28 de enero de 2019, don Richards Alquinta Donders dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado en que la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "No se entregó nada de lo que se pidió, y la respuesta adolece de cualquier respaldo que aduzca este mismo" y que "a raíz de haber denegado tal información (las tres entidades nombradas) (...) es que se acude en amparo al Consejo para la Transparencia (...) existiendo abundante jurisprudencia en relación al tema y atendiendo a circular 1429, de 3 de julio de 2018, de Directora Nacional de Sename Sra. Susana Tonda Mitri, dirigido a Representantes Legales de Organismos Colaboradores, en el cual se indican las respectivas directrices a nivel nacional en orden a ‘entregar la información requerida por terceros’", señalando que su petición, en relación a la cantidad de documentación, es la más baja. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° E4086, de fecha 29 de marzo de 2019, solicitó al reclamante subsanar su amparo, aclarando la infracción alegada. Mediante correo electrónico de fecha 2 de abril de 2019, el solicitante subsanó su amparo, señalando en síntesis, que "La información viene sin respaldo de documento original alguno. La información adolece de timbres y firmas correspondientes, por tanto, no son representativas de lo que se solicitó, no tiene visación de ningún director o ejecutivo (...) La información se solicitó en un tiempo acotado de años 2014-2018 y esta no viene en ese contexto. La respuesta en algunos casos está hasta 2015. Los datos que se entregan son genéricos, solo indican montos generales y no detallan en qué se hizo el gasto y a qué se imputó, por tanto no se puede hacer una correlación de ellos, y menos certificar que aquellos fueron gastados en lo que corresponde (...) algunos organismos colaboradores y Sename 3ra Región de Atacama, están bajo auditoría de Contraloría General de la República". Acto seguido, indicó que "La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales relacionadas con las supervisiones técnicas y financieras llevadas a cabo por el SENAME sobre los programas de protección de derechos de los menores, PPF y PRM, que ejecutan las OCAs de la Región de Atacama, durante el período comprendido entre 1 de enero y el 30 de junio de 2018 en el cual se da cuenta de desórdenes administrativos y de diferente índole, a nivel regional". Finalmente, reclamó que "en respuesta de esta petición de transparencia (...) se indica una serie de situaciones de los por qué no se va a entregar la información, se hacen conjeturas, y se hacen cuentas matemáticas en el uso del personal para aquello, pues bien, mi persona se vuelve a afirmar en el Informe 880-18 del 31 de Dic 2018 de la Contraloría General de la República 3ra Región de Atacama (...) y la Contraloría desvirtúa tal respuesta, por no corresponder a lo que se ajusta al cometido legal de la institución Sename (...)". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5155, de fecha 19 de abril de 2019, confirió traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, notificando el reclamo y solicitando con formule sus descargos u observaciones. El órgano reclamado, por medio de Informe remitido por correo electrónico, de fecha 8 de mayo de 2019, evacuó sus descargos y observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "en relación a la cuantificación de los esfuerzos reseñados a efectos de fundar dicha causal de denegación, que en la Carta transcrita se incurrió en un error al indicarse 18.386 como el número de documentos a recabar, escanear, revisar y tarjar. Lo anterior, toda vez que, tal como consta en la planilla Excel adjunta al solicitante, y como se desarrolla más adelante, el número de comprobantes de gastos cuya existencia consta a este Servicio, según los registros del SENAINFO Financiero, es de 7.248, y no la cifra anterior. Por tales razones, se solicita tener por corregido el dato anterior en los términos indicados". Acto seguido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 66 a 68 del Reglamento de la Ley N° 20.032, indicó que "A partir de las normas citadas, y demás pertinentes, es dable exponer que los proyectos de la Red SENAME informan mensualmente a este Servicio sus ingresos y egresos, pero la documentación de respaldo de estos últimos -los ‘comprobantes de gastos’, consistente en multitud de cartolas bancarias, cheques, comprobantes de transferencias y depósitos, boletas de los servicios básicos, comprobantes de pagos de arriendo, facturas, liquidaciones de sueldos y/o boletas de honorarios, finiquitos, informes sociales, rendiciones de movilización, correos electrónicos, memorándums y oficios, entre muchos otros antecedentes- permanece materialmente en poder de los Organismos Colaboradores", informando que cuenta con la información relativa a las Rendiciones de Cuentas, consistente en informes que detallan el saldo anterior, ingresos del mes, total disponible, egresos del mes, saldo disponible en la cuenta corriente, provisión por indemnización, saldo real y reintegro, éste último, solo en casos de término del proyecto. Luego, el órgano señaló que "respecto de los ‘comprobantes de ingresos’ y ‘comprobantes de egresos’, resulta preciso enfatizar que los mismos pertenecen y permanecen materialmente en poder del proyecto, sin que exista la obligación de entregar copia -física o digital- a este Servicio, sin perjuicio de la supervisión financiera de que puedan ser objeto. Dicha supervisión puede verificarse en la medida que se acompañen temporalmente -siendo devueltos al Colaborador una vez finalizado el proceso de supervisión- o de manera presencial en la sede del proyecto mismo", detallando el contenido de la información entregada al solicitante, tanto de los informes como de la planilla Excel remitida, agregando que "Visto lo anterior, este Servicio considera, a diferencia de lo sostenido por el reclamante, que se ha dado cabal cumplimiento a la entrega de lo solicitado en materia de ‘rendiciones de cuentas’ toda vez que (...) se entregó dicha documentación en relación a todos los proyectos consultados, considerando el período que el propio solicitante especificó (...) La información entregada es aquella que existe en poder de SENAME; la circunstancia de no contar con firmas, timbres o visaciones de los Organismos Colaboradores no la invalida como información pública (...) La información entregada abarca a todos los códigos que funcionaron bajo la denominación de los tres proyectos consultados, durante el período requerido. El hecho de que ciertos códigos abarquen períodos menores solamente da cuenta de que dichos proyectos fueron precedidos o continuados por otros proyectos con distinto código, pero de igual denominación (...) La información entregada es aquella que existe en poder de SENAME no pudiendo exigirse que se entregue un determinado nivel de detalle que no posee, o que sirva necesariamente para los fines de ‘hacer una correlación’ pretendidos por el solicitante. En todo caso, es pertinente puntualizar que la planilla Excel ya aludida contiene montos asociados a ingresos y egresos específicos, y se expone, con cierto detalle, su uso y destino", señalando ejemplos respecto de la glosa de cada gasto. Asimismo, respecto de la causal de reserva alegada, informó que "SENAME no se encuentra en condiciones de recabar directamente la información requerida desde sus propios registros, archivos o bodegas, sino que necesariamente tendría que obtenerlas desde las instalaciones de los respectivos Organismos Colaboradores", haciendo mención a diversas circunstancias relativas al requerimiento de los comprobantes de egresos a dichos organismos, señalando que el Servicio carece de facultades sancionatorias en caso de que no se le remita la documentación aludida, y detallando las complejidades que conllevan la sistematización de la información consultada, junto con reiterar lo expuesto por cada una de las instituciones respecto de la cantidad de documentación que se ha solicitado. En el mismo sentido, indicó que "Ello supondría, en una región que cuenta únicamente con tres supervisores financieros, uno de ellos, o más, hubiese debido concurrir y obtener por sí misma el gran número de comprobantes requeridos, destinando su jornada laboral para dicho encargo específico, y dejando de lado sus funciones propias, vinculadas con la supervisión del gasto de todos los proyectos de la región (...) Una vez arribados los antecedentes a la Dirección Nacional, un abogado del Departamento Jurídico debería revisar, página por página, toda la documentación, procediendo a tarjar todos los datos personales y sensibles que obren en la misma (...) Como se podrá advertir, todos los pasos anteriores suponen una notable inversión de tiempo y de recursos humanos y materiales de este Servicio, cuya cuantificación exacta es imposible señalar a priori", señalando que, aproximadamente, se trata de 7.248 comprobantes de egresos, considerando 5 minutos por cada documento, arroja un total de 36.240 minutos o 604 horas de trabajo, y que ante una jornada semanal de 44 horas, significaría destinar a un funcionario durante casi 14 semanas para procesar y escanear la documentación solicitada. Finalmente, el SENAME hace alusión al cumplimiento de lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C2901-17 y C3109-17, en los cuales propuso un programa para la entrega de la información, y debió contratar los servicios de una empresa externa, por un período superior a 5 meses, y alegando un eventual abuso del derecho, por cuanto el mismo solicitante ingresó 6 requerimientos de información desde el último semestre de 2018. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte del Servicio Nacional de Menores, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a antecedentes sobre rendición de cuentas y comprobantes de gastos, respecto de los fondos asignados a los organismos colaboradores del SENAME, que indica. Al respecto, el órgano entregó antecedentes relativos a las rendiciones de cuenta, denegando la entrega de los comprobantes de gastos o egresos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, con relación a la parte de la solicitud relativa a las rendiciones de cuenta de los organismos colaboradores acreditados (OCAs) consultados, sin perjuicio de las alegaciones del reclamante, el órgano acompañó una planilla excel con el desglose de los ingresos y los egresos de gastos de cada uno de los proyectos consultados, durante los años 2014 a 2018, indicando montos, destino, glosa, uso, entre otros datos, para cada uno de dichos registros. Del mismo modo, el órgano remitió copia de los informes de rendición de cuenta mensual, de cada uno de los programas consultados, de los mismos años, donde se registran, entre otros antecedentes, el saldo anterior, total de ingresos del mes, total de egresos del período, saldos y reintegros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del D.S. N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la Ley N° 20.032. A partir de lo anterior, el órgano señaló reiteradamente, que los informes y planillas entregados al requirente abarcan toda la información que obra en poder del SENAME con relación a los organismos consultados, y que no cuenta con un mayor nivel de detalle. En dicho contexto, habiendo tenido a la vista la documentación entregada, cabe tener presente que los antecedentes entregados por el órgano resultan consistentes con los solicitados por el reclamante. 4) Que, en consecuencia, habiéndose otorgado respuesta oportuna y habiéndose entregado información consistente con la requerida, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte. 5) Que, con relación a los comprobantes de egresos o gastos por parte de los OCAs, no obstante tratarse de información pública de conformidad a lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C4305-16, C626-17, C2901-17 y C3109-17, que se encuentra dentro de la órbita o esfera de control del Servicio Nacional de menores, en el presente reclamo el órgano denegó su entrega y alegó la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 9) Que, en el presente caso, cabe tener presente lo señalado por el SENAME, en el sentido de que, el número de comprobantes de gastos según los registros del SENAINFO Financiero, es de a lo menos, 7.248 documentos, y considerando 5 minutos para la gestión o revisión de cada uno, arroja un total de 36.240 minutos o 604 horas de trabajo, y frente a una jornada semanal de 44 horas, significa destinar a un funcionario durante casi 14 semanas para procesar y escanear la documentación solicitada, debiendo dejar de lado sus funciones propias vinculadas con la supervisión del gasto de todos los proyectos de la región. Lo anterior, sin considerar el tiempo necesario para recabar la información desde las propias instalaciones de cada uno de los organismos colaboradores consultados, la gestión posterior por parte de los abogados para tarjar los datos personales o sensibles, y su remisión al solicitante, teniendo en consideración que se trata de un considerable período de tiempo -5 años, desde 2014 a 2018-, todo lo cual permite tener por configurada la causal de reserva alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar. 10) Que, asimismo, a partir de las alegaciones del reclamante consignadas en la subsanación de su amparo, en el sentido de que la Contraloría Regional Atacama habría fiscalizado a la oficina de la Región de Atacama del SENAME, y verificado el informe publicado en el link de la página web institucional, en https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/05e53da1fcac9dd44191b44de167a1b2/html, cabe tener presente que en dicho procedimiento fiscalizador, si bien se revisaron diversos procesos del funcionamiento regular del órgano, no se tuvo a la vista antecedentes como los reclamados. En efecto, en dicha fiscalización se revisaron convenios sin vigencia o fuera de plazo, plazas de atenciones mal planificadas, retraso en el pago de atenciones de Juzgados de Familia, retraso en el cierre de proyectos, profesionales insuficientes en los proyectos, incumplimiento en planificación y frecuencia de supervisiones, debilidad en supervisiones técnicas, falta de verificadores de reuniones, demora en elaborar informes, carpetas de proyectos sin documentación actualizada, profesionales sin experiencia mínima, carpetas de niños incompletas o desactualizadas, inexistencia de fondos por rendir, préstamos entre proyectos, certificados de egresos sin firmas, control de asistencia de personal, turnos sin acto administrativo, y falta de seguimiento a los gastos objetados, en ninguno de los cuales, según lo consignado en los anexos del mismo informe, se tuvo a la vista documentos tales como boletas, facturas, liquidaciones de sueldo, informes o boletas de honorarios, o cualquier otro documento como comprobante de egresos por parte de los organismos colaboradores, al tenor de lo reclamado por el solicitante. 11) Que, en consecuencia, tratándose de un requerimiento que afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, y habiéndose configurado la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte. 12) Que, finalmente, respecto de la alegación del órgano referida a un eventual abuso del derecho por parte de don Richards Alquinta Donders, debido a que el mismo reclamante habría ingresado 6 solicitudes de acceso a información pública ante el SENAME, desde el último semestre del año 2018, cabe tener presente que dicha cantidad de requerimientos no tiene la suficiente entidad como para configurar un abuso, teniendo en consideración el período de tiempo en que dichas peticiones fueron ingresadas, motivo por el cual se desestimará dicha alegación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Richards Alquinta Donders en contra del Servicio Nacional de Menores, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Richards Alquinta Donders y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.