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DECISIÓN AMPARO ROL C917-19</p>
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Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS).</p>
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Requirente: Rodrigo Muñoz Martínez.</p>
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Ingreso Consejo: 28.01.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social, respecto a la entrega de diversa información relativa a todos los Bonos de Reconocimiento, desde 1981 a la fecha de la solicitud.</p>
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Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano requerido.</p>
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En sesión ordinaria N° 1035 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de septiembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C917-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de diciembre de 2018, don Rodrigo Muñoz Martínez solicitó al Instituto de Previsión Social, la siguiente información: "n° de serie, fecha de vencimiento, valor actualizado de todos los bonos de reconocimiento entregados a las AFP desde 1981 a la fecha, con indicación de cuáles de estos han sido pagados por el IPS, fecha de liquidación y nombre persona de persona jurídica que cobró cada bono al IPS".</p>
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2) RESPUESTA: El 10 de enero de 2019, mediante Ord. N° 500-0038-2019, el Instituto de Previsión Social respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, que "El número de serie no es posible informarla debido a que está asociada al monto y los datos personales a quien le pertenece. Fecha de vencimiento de los documentos está relacionada la fecha en que las personas cumplen la edad para pensionarse, los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60 años o bien con el cumplimiento de alguna de las causales de liquidación".</p>
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Asimismo, indicó que "El valor actualizado del bono, en este punto se debe precisar que los documentos bono son emitidos en monto nominal a la fecha afiliación, por lo tanto, ese dato debe se solicitado directamente a las administradoras de Fondos de Pensiones. El nombre de personas o de personas que solicitan la liquidación, no es posible entregar debido a que estaríamos vulnerando la privacidad de ella".</p>
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Finalmente, informó que "quienes informan valores actualizados del bono a sus imponentes son las Administradoras de Fondos de Pensiones, la fecha de vencimiento, número de series y valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento no liquidados, endosados y custodiados por la AFP, debe ser requerido directamente a dichas entidades. Por último, le podemos informar que desde mayo de 1981 al 31 de diciembre de 2018, se han liquidado en total 1.095.920 Bonos de Reconocimiento".</p>
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3) AMPARO: El 28 de enero de 2019, don Rodrigo Muñoz Martínez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Previsión Social, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "No dieron entrega al archivo Excel requerido por las razones que indican, sin embargo la información debiera resultar entregada, porque hablamos de instrumentos financieros que se comercializan abiertamente en mercados financieros en donde se exponen los datos detallados en mi solicitud, datos que resultan de público conocimiento por el mismo hecho de comercializarse abiertamente, a un monto muy inferior del comercial, para joderse a los pobres afiliados" (sic), haciendo mención a las circunstancias relativas a los bonos de reconocimiento.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E4121, de fecha 31 de marzo de 2019, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, notificando el reclamo y solicitando que presente sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Of. Ord. N° 58595-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "Este Instituto cuenta con la información relativa al número de serie de Bono de Reconocimiento; en cuanto a la información relativa a la fecha de vencimiento, cabe señalar que se trata de información relacionada con la edad que se requiere para pensionarse (...); en cuanto al valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento entregado a las AFP, cabe señalar que corresponde a la AFP respectiva comunicar a los afiliados a los cuales el Emisor les haya emitido el BR, en la cartola cuatrimestral más próxima a la fecha de depósito del BR en la empresa de depósito y custodia de valores. En la referida cartola deberá informar el monto nominal y valor actualizado, según lo dispuesto en el Capítulo de liquidación del BR. A mayor abundamiento, se sugiere consultar el N°4 del Capítulo II del Libro III, del Título III, letra B del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones".</p>
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Acto seguido, agrega que "desde mayo de 1981 al 31 de diciembre de 2018, se han liquidado en total 1.095.920 Bonos de Reconocimiento, motivo por el cual se desviarían de sus funciones habituales a Analistas del Subdepartamento Bono de Reconocimiento, Analistas de Transparencia y Analistas de Requerimientos, quienes debieran buscar identidad, dirección y enviar carta certificada a los 1.095.920 beneficiarios que, de acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 20.285, pudieran ejercer su derecho de oposición. Es decir, el sólo hecho de notificar, implicaría una afectación a las funciones de este Servicio Público, según lo señala la letra c), del N°1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, puesto que se trata de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevadísimo número de casos, en un largo período de años. A la anterior circunstancia de hecho, se suma la presunta inexistencia de un poder notarial original que habilite al requirente a solicitar información de la totalidad de 1.095.920 casos sobre Bonos de Reconocimiento liquidados".</p>
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Del mismo modo, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, indicando que "Se podría afectar derechos de terceros, específicamente la privacidad a que se refiere nuestra Carta Fundamental, utilizando la información maliciosamente para tráfico de datos personales, utilización fraudulenta de los mismos, acoso telefónico, ofrecimiento de servicios legales o asesorías, etc. Es importante destacar que de acuerdo a lo expresado (...) el requirente manifiesta una disconformidad con la transacción de los bonos, de lo cual se deduce que el amparo no tiene correspondencia con el derecho de acceso a la información pública, tal como ya se ha pronunciado ese Consejo", haciendo mención a lo resuelto en los amparos rol C6539-18 y C6149-18 respecto de la reserva de información previsional personal.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Instituto de Previsión Social, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos a los bonos de reconocimiento entregados a las AFP desde 1981 a la fecha, con el detalle que indica. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano denegó la entrega de dichos expedientes, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letra c), y N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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3) Que, en segundo lugar, el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
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6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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7) Que, en el presente caso, cabe tener presente lo señalado por el Instituto, en el sentido de que, hasta el 31 de diciembre de 2018, se han emitido más de un millón de bonos de reconocimiento, y que, la búsqueda y posterior entrega de la información solicitada, implica distraer indebidamente de sus labores, a los Analistas del Subdepartamento de Bono de Reconocimiento, Analistas de Transparencia y Analistas de Requerimientos, los que debieran notificar mediante carta certificada a los 1.095.920 beneficiarios, para posteriormente, procesar las distintas respuestas, o entregar la información conforme al detalle solicitado de cada una de las liquidaciones efectuadas, teniendo en consideración que se trata de un extenso período de tiempo, todo lo cual, permite tener por configurada la causal de reserva alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar.</p>
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8) Que, en consecuencia, habiéndose configurado la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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9) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás causales de reserva alegadas, por resultar inoficioso.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Muñoz Martínez en contra del Instituto de Previsión Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Muñoz Martínez, y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>