Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C949-19

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Reclamante:	BERNARDA SANTIBÁÑEZ BAHAMONDES
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, por cuanto la nómina de trabajadores afiliados a una organización sindical es información reservada en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada y la Ley de Transparencia. Dicha conclusión no se ve alterada por la circunstancia de no existir la referida información en poder del organismo antes señalado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/29/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C8726-22 C8729-22 C9548-22 C2995-21 C6918-21 C1678-22 C8728-22 C9551-22 C10232-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C949-19   Entidad pública: Dirección del Trabajo Requirente: Bernarda Santibáñez Bahamondes Ingreso Consejo: 29.01.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, por cuanto la nómina de trabajadores afiliados a una organización sindical es información reservada en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada y la Ley de Transparencia. Dicha conclusión no se ve alterada por la circunstancia de no existir la referida información en poder del organismo antes señalado. En sesión ordinaria N° 1043 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N°C949-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de diciembre de 2018, doña Bernarda Santibáñez Bahamondes solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno -en adelante e indistintamente Inspección o IPT-, «Bernarda Bahamondes (...) solicito todas las actas de afiliación y desafiliación a organizaciones superiores desde agosto a 2018 a la fecha, nómina completa de socios vigentes y a que organizaciones se afilió y desafilió». Lo anterior, respecto del Banco de Crédito e Inversiones. 2) RESPUESTA: El 11 de enero de 2019, la Dirección del Trabajo informó al requirente que no le era posible acceder a la divulgación de la información pedida, esto es, la nómina completa de socios, por cuanto no obra en su poder. No obstante lo anterior, le entregó copia de actas de afiliación y desafiliación presentadas por los respectivos dirigentes sindicales. 3) AMPARO: El 29 de enero de 2019, doña Bernarda Santibáñez Bahamondes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la denegación de parte de la información. Lo anterior, por cuanto «...la respuesta venía sin el padrón de votantes del acto de desafiliación a organismo superior (...) nos falta tener a la vista el padrón de votantes para verificar si efectivamente son socios vigentes de la organización sindical y si efectivamente trabajan en BCI». 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo, mediante Oficio N°4097, de 31 de marzo de 2019, solicitándole que: 1°) refiérase a las alegaciones de la recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) precise si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de obrar en su poder, remita a este Consejo copia del certificado que acredita la representación que la peticionaria invoca en su solicitud. La referida institución, mediante presentación de 16 de abril de 2019, señaló en síntesis lo siguiente: a) Hace presente que se habría modificado en el reclamo el tenor del requerimiento, ampliándolo al pedir copia del padrón. b) No obstante lo anterior, hizo presente que la información sobre nómina de socios no obra en su poder. Agregó, que la ley no obliga a las respectivas organizaciones a depositar en dicha entidad la nómina de sus afiliados. c) La Ley N° 19.759 derogó el artículo 301 del Código del Trabajo que obligaba a los sindicatos a informar a la Dirección del Trabajo una vez al año el número de socios y la organización de grado superior a la que se encontraban afiliados. Por lo anterior, hoy tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 231 del Código del Trabajo. d) Sin perjuicio de lo señalado, en el evento que la información obrara en su poder sería reservada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto da cuenta de información de naturaleza personal de los socios consultados. Y CONSIDERANDO: 1) Que del análisis de la solicitud de información, se constata que lo requerido en el amparo se encuentra comprendido en el tenor del requerimiento, por tal razón las alegaciones de la reclamada en este punto serán desestimadas. Lo anterior, no obsta a lo que se resolverá a continuación. 2) Que, el artículo 231 del Código del Trabajo dispone que «La organización sindical deberá llevar un registro actualizado de sus miembros». En tal sentido, la reclamada precisó que no obraban en su poder las nóminas consultadas sino que en la respectiva organización sindical, razón por la cual le era imposible acceder a la entrega de la información pedida, la que además en caso de existir sería reservada en aplicación de las causales previstas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. 3) Que, sin perjuicio de la inexistencia de la información, cabe señalar que sobre la materia este Consejo ha resuelto que en virtud de lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá guardarse secreto de las nóminas de las personas que forman parte de un sindicato o que concurrieron a su constitución, por ser dicha información un dato de carácter personal. Igualmente, se ha razonado que el solo interés por parte del empleador de conocer las identidades de los trabajadores que conforman un sindicato y verificar con ello la existencia de un vínculo contractual entre la parte que representa y los afiliados sindicales, no justifica relevar el carácter reservado de dichos antecedentes, por cuanto ello no redunda en un beneficio indubitado que permita justificar su entrega. Asimismo, certificar el cumplimiento de los quórums legales de constitución de una organización sindical, corresponde a un ministro de fe designado para tal efecto por la respectiva Inspección y no al empleador, otorgándole la ley a este último, los mecanismos judiciales necesarios que le permitirían impugnar la constitución de un sindicato, sin que para ello sea necesario divulgar en forma previa, las identidades de cada uno de los miembros que lo conforman. 4) Que en tal sentido, cabe además señalar que la afiliación sindical es información que en ningún caso puede condicionar la libertad de trabajo. En efecto, «Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos» (Artículo 19 N° 16, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República). 5) Que por lo señalado precedentemente, y en caso de haber obrado en poder de la reclamada, no procede la divulgación de la nómina solicitada, por ser dicho antecedente reservado en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En consecuencia, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Bernarda Santibáñez Bahamondes en contra de la Dirección del Trabajo, por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Bernarda Santibáñez Bahamondes y al Sr. Director Nacional del Trabajo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.