<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROLES C1370-11 Y C1414-11</strong></p>
<p>
Entidad pública: Gendarmería de Chile</p>
<p>
Requirente: Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER)</p>
<p>
Ingreso Consejo: 28.10.2011</p>
<p>
En sesión ordinaria Nº 322 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1370-11 y C1414-11.</p>
<h3>
VISTOS:</h3>
<p>
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2011 la Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER), mediante dos presentaciones, solicitó a Gendarmería de Chile:</p>
<p>
a) Todo documento donde se explicitan las solicitudes de salidas esporádicas realizadas por Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo durante los años que eran internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, explicitando el motivo de la salida y su fecha; así como las resoluciones emitidas por el jefe de la unidad penal respecto de dichas solicitudes (solicitud que dio origen al amparo Rol C1370-11).</p>
<p>
b) Todo documento referente a la aplicación de medidas disciplinarias que fueron cursadas a Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo durante los años en que fueron internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco por incumplimiento del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (solicitud que dio origen al amparo Rol C1414-11).</p>
<p>
2) RESPUESTAS: El Director Nacional de Gendarmería de Chile respondió a los requerimientos de información individualizados en los literales a) y b) precedentes, a través de sus Oficios Nos. 2207 y 2313, de 6 y 22 de octubre de 2011, respectivamente. En ambos casos denegó el acceso a dicha información, fundado en lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues habiendo notificado las precitadas solicitudes a las personas a que se refiere la información, éstos se opusieron a su entrega.</p>
<p>
3) AMPAROS: El 28 de octubre de 2011 la solicitante, representada por doña Mónica González Mujica, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundada en la respuesta negativa del organismo a sus solicitudes. Además, hizo presente que no se le hizo entrega de las oposiciones de los terceros involucrados, por lo que ignora si se presentaron en tiempo y forma. Por último, agregó que la información requerida es de interés público, porque permite analizar los fundamentos de la autoridad para otorgar beneficios carcelarios. Dichas presentaciones fueron individualizadas bajos los Roles C1370-11 y C1414-11.</p>
<p>
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación dichos amparos, trasladándolos al Director Nacional de Gendarmería de Chile mediante sus Oficios Nos. 2.932 y 3.019, de 8 y 22 de noviembre de 2011, respectivamente. La citada autoridad contestó dicha comunicación mediante los Oficios Nos. 2.564 y 2.664, de 23 de noviembre y 6 de diciembre pasado, formulando los siguientes descargos y observaciones:</p>
<p>
a) Argumentó que la denegación de la información solicitada se ajustó a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que los internos se opusieron a su entrega el 23 y 26 de septiembre de 2011. Al efecto, adjunta las citadas oposiciones. En ellas el Sr. Espinoza Bravo indica que la ley no lo obliga a entregar información de carácter personal, y el Sr. Contreras Sepúlveda señala que no tiene interés en aparecer en asuntos de carácter periodístico. Agregó que la ley no definió que debe entenderse por “expresión de causa”, por lo que esta exigencia quedaría satisfecha con las excusas presentadas por los internos.</p>
<p>
b) En cuanto a las solicitudes de salida de los internos y su resolución –letra a) de la solicitud–, indicó que la información se refiere a antecedentes personales de los internos y respecto de ella no es posible la aplicación del principio de divisibilidad, toda vez que el solicitante conoce la identidad de las personas a que se refiere su consulta. Además, lo solicitado no sería un acto administrativo.</p>
<p>
c) Acerca de las medidas disciplinarias aplicadas –letra b) de la solicitud–, argumentó que su comunicación se encuentra prohibida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, según el cual: «Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena».</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: Mediantes Oficios Nos. 3.353 y 3.354, de 22 de diciembre de 2011, el Director General de este Consejo confirió traslado de los precitados amparos a los Sres. Espinoza Bravo y Contreras Sepúlveda. Sus respuestas fueron acompañadas a este Consejo a través del Oficio N° 346, del Jefe del Departamento de Seguridad de Gendarmería de Chile, y en ellas informan lo siguiente:</p>
<p>
a) El Sr. Espinoza Bravo señaló que ha denegado la entrega en razón de su derecho legal y que para indicar los fundamentos de su oposición requiere se le informe el objeto, intención y uso que se daría a la información solicitada.</p>
<p>
b) El Sr. Contreras Sepúlveda indicó que, según sus antecedentes, la información podría ser tergiversada, descalificándolo. Agrega que la representante del solicitante mantendría vínculos con instituciones que podrían elaborar historias falsas en su contra. Concluye que ello afectaría su seguridad y vida privada en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Además, estima que la comunicación de estos antecedentes podría afectar la “defensa internacional de los derechos de Chile” y “la política exterior del país de manera grave” –artículo 22, letras c) y d) de la Ley de Transparencia–, toda vez que la solicitante habría declarado en su contra en el Caso Prats, en circunstancias que los autores del homicidio habrían sido agentes de la C.I.A. Por último, acompaña copia de un documento que pertenecería a la «Dirección de Operaciones de la C.I.A.-Chile», correspondiente al año 1986, que contiene una nómina de supuestos colaboradores de dicha institución. Al efecto, considera que dicho documento es secreto de cara a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley de Transparencia.</p>
<h3>
CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que, de conformidad al principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, y atendido que en los amparos Roles C1370-11 y C1414-11 existe identidad respecto del reclamante, la autoridad requerida y los terceros involucrados, para facilitar la comprensión y resolución de estos amparos se ha resuelto revisarlos conjuntamente.</p>
<p>
2) Que, en cuanto a los aspectos formales de la tramitación de las solicitudes de información objeto de estos amparos en Gendarmería de Chile, la Ley de Transparencia establece que «[d]educida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo» (artículo 20, inciso 3°), no obstante lo cual la negativa del organismo «deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión» (artículo 16, inciso 3°). En ese contexto normativo, cabe recordar a Gendarmería de Chile que este Consejo, en su Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información (vigente a partir del 1° de marzo de 2012), ha resuelto que frente a la oposición de terceros, «el órgano administrativo deberá comunicar al solicitante la circunstancia de haberse negado el tercero en tiempo y forma a la entrega de la información, otorgando copia de la oposición» (numeral 2.4). Por tanto, si bien el procedimiento objeto de este amparo se ha verificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada Instrucción, es menester hacer presente a Gendarmería de Chile que deberá observar lo dispuesto en dicha Instrucción respecto de los procedimientos de oposición que lleve a cabo en el futuro.</p>
<p>
3) Que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia), entre sus disposiciones comunes a todo permiso de salida –letra a) de la solicitud–, señala que estos permisos «son beneficios que forman parte de las actividades de reinserción social» (artículo 96), los cuales sólo podrán concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social, para lo que será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio (artículo 97). Si bien su concesión es «una facultad privativa del Jefe de Establecimiento» (artículo 98), tales permisos sólo podrán otorgarse «a los internos que gocen de informe favorable del Consejo Técnico» (artículo 98). Dicho Consejo deberá evaluar, entre otros antecedentes, la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos imputados, su carácter y la existencia de procesos pendientes (artículo 109). Conforme al Reglamento, las sesiones del Consejo Técnico «serán secretas y sus deliberaciones y acuerdos constarán en el acta respectiva» (artículo 98).</p>
<p>
4) Que, en particular, respecto a las denominadas «salidas esporádicas» de los internos condenados, el Reglamento en comento prescribe que éstas podrán ser autorizadas por los Jefes de los Establecimientos Penitenciarios, con vigilancia, «con el objeto que [los internos] visiten a sus parientes próximos o a las personas íntimamente ligadas con ellos, en caso de enfermedad, accidente grave o muerte de ellos o que estén afectados por otros hechos de semejante naturaleza, importancia o trascendencia en la vida familiar, por un período no superior a diez horas» (artículo 100). Además, podrán otorgarse «para la realización de diligencias urgentes que requieren de la comparecencia personal del condenado» (no pudiendo exceder de seis horas la duración total de la salida –artículo 101) o como «premio o estímulo especial», una vez al año, a los internos que habiendo cumplido un tercio de su pena, hayan sido propuestos por el Consejo Técnico, y a quienes ejecuten actividades deportivas recreativas o culturales (artículo 102). Con todo, estos permisos no podrán ser otorgados en forma conjunta o acumulativa (artículo 107, inciso 2°).</p>
<p>
5) Que en cuanto a los documentos relativos a las medidas disciplinarias que fueron cursadas a los terceros en el C.C.P. Punta Peuco –letra b) de la solicitud–, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone que la Administración Penitenciaria (Gendarmería de Chile) podrá sancionar las faltas disciplinarias que cometan los internos, en la forma establecida en el Reglamento (artículo 76). Dichas sanciones son taxativamente identificadas (artículo 81) y son aplicadas por el Jefe del Establecimiento, teniendo a la vista el parte de rigor y la declaración del infractor, de testigos y de los afectados, así como la recomendación del Consejo Técnico y «de todo ello se dejará constancia sucintamente en la Resolución que aplica la sanción, de manera que el castigo sea justo, esto es, oportuno y proporcional a la falta cometida tanto en su drasticidad como en su duración y considerando las características del interno» (artículo 82).</p>
<p>
6) Que, de conformidad con las normas precitadas, el otorgamiento de un permiso para una salida esporádica de un interno, así como la imposición de medidas disciplinarias, suponen la substanciación de procedimientos administrativos reglados, iniciados por solicitud del respectivo interno o directamente por la Administración, los que concluyen con la resolución que adopta la jefatura del establecimiento respectivo, en atención a las taxativas hipótesis y requisitos que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Así las cosas, la información sobre “salidas esporádicas” consta, a lo menos, en la solicitud que haya formulado el recluso; en el acta del Consejo Técnico que se haya pronunciado sobre la postulación del interno a dicho beneficio y en la resolución que haya adoptado el Jefe del Establecimiento Penitenciario. Por su parte, la información relativa a las medidas disciplinarias impuestas a un determinado interno, ha de constar en la resolución que las aplica.</p>
<p>
En consecuencia, lo solicitado es información relativa a «resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilizados para su dictación», cuyo carácter público es reconocido por el artículo 5° de la Ley de Transparencia, en tanto no concurra una causal de secreto a su respecto.</p>
<p>
7) Que en cuanto a los fundamentos del otorgamiento de un permiso para “salidas esporádicas” de un interno, particularmente en lo relativo a las actas del Consejo Técnico, si bien el artículo 98 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone que las sesiones de dicho Consejo Técnico «serán secretas», tal precepto se incluye en un cuerpo normativo de rango infralegal, por lo tanto no resulta idóneo como fundamento legal para el secreto de la información solicitada, toda vez que el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia –y el artículo 8° de la Constitución– exigen que toda disposición de secreto o reserva conste en una norma legal de quórum calificado.</p>
<p>
8) Que, por su parte, el inciso primero del artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y datos personales, dispone lo siguiente: «Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena».</p>
<p>
9) Que la información relativa a las sanciones disciplinarias –de índole administrativa– impuestas por Gendarmería de Chile a un interno, en tanto se encuentran cumplidas, se subsumen en la hipótesis de secreto contemplada en el artículo 21 recién citado y respecto de su comunicación no concurre un interés público prevalente que justifique su comunicación (ver decisión C664-10, de 07.12.2010), de manera que se rechazará su entrega.</p>
<p>
10) Que, en cambio, a la comunicación de información relativa a las “salidas esporádicas” de los reclusos no le resulta aplicable lo dispuesto por dicho artículo 21, pues se trata de información sobre las circunstancias de cumplimiento actual de una o más condenas pendientes, no cumplidas o con sanciones prescritas.</p>
<p>
11) Que, por su parte, si bien la vinculación de la identidad del interno al beneficio que se le haya concedido para hacer uso de una salida esporádica igualmente constituye un dato personal reglado por el régimen de protección a que se refiere la Ley N° 19.628, esta Consejo estima que el potencial de la información como insumo del control social del adecuado otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios de suyo excepcionales, constituye un fundamento suficiente para justificar su divulgación a terceros.</p>
<p>
12) Que, sin perjuicio de la conclusión anterior, atendido que las “salidas esporádicas” pudieran tener por fundamento, entre otras hipótesis, la enfermedad o accidente grave de un pariente próximo o una persona íntimamente ligadas con el interno, en tales casos deberá darse aplicación a la regla de secreto contemplada en el artículo 10 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, que prohíbe expresamente la comunicación de datos sensibles, tales como el estado de salud de las personas. Por lo tanto, conforme al principio de divisibilidad en materia de acceso a la información, en definitiva, se requerirá al organismo hacer entrega de la información solicitada tarjando el nombre y R.U.N. de estos terceros.</p>
<p>
13) Que, por último, deberán ser desestimadas las alegaciones de los terceros respecto de la representante del reclamante y los motivos de su solicitud, pues tales alegaciones no disponen de la pertinencia ni de la entidad suficiente para, por sí solas, fundar la denegación de la información solicitada. Máxime si se tiene en consideración el principio de no discriminación en materia de acceso a la información pública, contenido en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, según el cual, la entrega de información deberá realizarse «sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud».</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo Rol C1370-11 deducido por la Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER) en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Director Nacional de Gendarmería de Chile:</p>
<p>
a) Entregar al reclamante la información sobre permisos concedidos para “salidas esporádicas” a los reclusos Sres. Contreras Sepúlveda y Espinoza Bravo, y particularmente, las solicitudes que hayan formulado dichos internos; la parte de las actas del Consejo Técnico en que conste su pronunciamiento sobre tales solicitudes y las resoluciones adoptadas por el Jefe del Establecimiento Penitenciario que hayan otorgado dichos beneficios, en la que conste el motivo de la salida y su fecha. Lo anterior, tarjando el nombre y R.U.N. de los terceros a que se refiere el considerando 11° de esta decisión (amparo Rol C1370-11).</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Rechazar el amparo C1414-11 y denegar la entrega de las resoluciones que da cuenta de las medidas disciplinarias interpuestas en igual período en contra de los Sres. Contreras Sepúlveda y Espinoza Bravo, por los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Mónica González Mujica, representante de la Fundación Centro de Investigación Periodística, y el Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
<p>
</p>