Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1149-19

Reclamante:	FELIPE CAAMAÑO CANO
Reclamado:	SERVICIO DE SALUD BÍO-BÍO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Salud de la Región del Bío Bío, referido a los montos pagados con ocasión de la ejecución de proyecto en el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Sobre el particular, cabe precisar que la entidad reclamada no logró acreditar la causal de reserva alegada, en el sentido que la entrega de los antecedentes requeridos podría afectar su estrategia o posición jurídica en el litigio pendiente que mantiene con un tercero, información de carácter pública que además versa sobre la disposición de recursos para la ejecución de un proyecto de normalización de un recinto hospitalario.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/2/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C293-09 C787-10 C380-09 C380-10 C392-10 C648-10
Jurisprudencia a:	C2768-22 C4763-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C1149-19 Entidad pública: Servicio de Salud de la Región del Bío Bío Requirente: Felipe Caamaño Cano Ingreso Consejo: 06.02.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Salud de la Región del Bío Bío, referido a los montos pagados con ocasión de la ejecución de proyecto en el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Sobre el particular, cabe precisar que la entidad reclamada no logró acreditar la causal de reserva alegada, en el sentido que la entrega de los antecedentes requeridos podría afectar su estrategia o posición jurídica en el litigio pendiente que mantiene con un tercero, información de carácter pública que además versa sobre la disposición de recursos para la ejecución de un proyecto de normalización de un recinto hospitalario. En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N°C1149-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de enero de 2019, don Felipe Caamaño Cano solicitó al Servicio de Salud de la Región del Bío Bío -en adelante también Servicio de Salud-, información sobre proyecto sobre normalización del Hospital Víctor Ríos Ruiz. En particular, todos los estados de pago de la obra mencionada, desde el inicio el 2009, hasta su finalización. 2) RESPUESTA: El 1° de febrero de 2019, el Servicio de Salud remitió al solicitante información sobre el proyecto consultado. 3) AMPARO: El 6 de febrero de 2019, don Felipe Caamaño Cano dedujo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no se le entregó la información pedida. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Servicio de Salud del Bío Bío, mediante Oficio N°4232, de 31 de marzo de 2019, solicitando que: (1°) señale las razones por las cuales no proporcionó los estados de pago del proyecto solicitado; (2°) señale si la información reclamada, relativa a los estados de pago solicitados, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). La referida institución, mediante presentación de 10 de abril de 2019, señaló en síntesis lo siguiente: a) La información consultada es reservada, toda vez que forma parte de un proceso judicial y serviría como medio de prueba en apoyo de su posición. b) Por lo anterior, resulta aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. c) El proceso judicial es un juicio indemnizatorio cuyo rol indica. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo tiene por objeto la entrega de información sobre montos pagados por la reclamada con ocasión de la ejecución de proyecto de reforma al Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Al efecto, dicha entidad alegó la causal prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia para denegar su entrega. 2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, el cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 3) Que, en cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia, cabe tener presente el criterio sostenido por esta Corporación, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que dicha causal se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Al respecto este Consejo también ha distinguido: a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en decisiones de amparos Roles C392-10, C648-10 y C787-10). b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio: i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la(s) etapa(s) probatoria(s), pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (razonamiento expresado en la decisión de los amparos roles A68-09 y A293-09). ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). En efecto, no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del "debido funcionamiento" estatal. Por el contrario, si de tales antecedentes se deriva una condena fiscal, el debido funcionamiento estatal deberá traducirse en la correspondiente reparación (criterio recogido en la decisión amparo A380-09) (énfasis agregado). 4) Que en el caso en análisis, la reclamada no ha proporcionado antecedentes suficientes que permitan acreditar la afectación que se provocaría de divulgarse la información. En efecto, la recurrida se ha limitado a indicar que los antecedentes materia de este procedimiento, serían acompañados como medio de prueba sin especificar las razones por las que dar a conocer los montos que ha pagado por concepto de la ejecución del proyecto consultado, podría afectar su estrategia o posición jurídica en el litigio pendiente que mantiene con un tercero. 5) Que en tal sentido, cabe señalar que lo consultado versa sobre el uso de recursos públicos por parte de una entidad de la Administración del Estado, por consiguiente, es información pública en conformidad a lo previsto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. 6) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue la información solicitada. QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Felipe Caamaño Cano en contra del Servicio de Salud de la Región del Bío Bío, por las razones expuestas precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora del Servicio de Salud de la Región del Bío Bío que: a) Entregue a la reclamante la información sobre los montos consultados. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Caamaño Cano y a la Sra. Directora del Servicio de Salud de la Región del Bío Bío. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.