Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1160-19

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Reclamante:	JAVIER MORALES
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida de los ex funcionarios por los que se consultan. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en la hoja de vida requerida. Se rechaza el amparo respecto de aquellas anotaciones contenidas en los documentos pedidos que dan cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, realizadas por los ex funcionarios consultados, toda vez que aquellas tienen una entidad suficiente para que su divulgación afecte la seguridad de la Nación y el interés nacional.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/4/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3046-17 C3047-17 C3244-17 C1241-18 C1366-18 C2010-17 C2089-17 C5933-18 C1005-19 C1635-19 C2831-19 C2832-19
Jurisprudencia a:	C1635-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1160-19 y C1635-19 Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Javier Morales Valdés Ingreso Consejo: 06 y 22.02.2019 RESUMEN Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida de los ex funcionarios por los que se consultan. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en la hoja de vida requerida. Aplica criterio decisiones Roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18 y C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, entre otras. Se rechaza el amparo respecto de aquellas anotaciones contenidas en los documentos pedidos que dan cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, realizadas por los ex funcionarios consultados, toda vez que aquellas tienen una entidad suficiente para que su divulgación afecte la seguridad de la Nación y el interés nacional. En sesión ordinaria N° 1050 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C1160-19 y C1635-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fecha 31 de diciembre de 2018 y 27 de enero de 2019, respectivamente, don Javier Morales Valdés solicitó al Ejército de Chile acceso a copia de las hojas de vida de don José Gaete Paredes y de don Andrés Silva Vega. 2) TRASLADOS A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Ejército de Chile por medio de correo electrónico y carta, de fecha 10 de enero y 7 de febrero de 2019, respectivamente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificaron a las personas por cuyos antecedentes se consultan, las solicitudes de acceso a la información presentadas y su derecho a oponerse a la entrega de la misma. Don José Gaete Paredes por medio de carta, de fecha 31 de enero de 2019, se opuso a la entrega de la información solicitada, pues aquella contiene antecedentes profesionales y personales que podrían ser mal usados y tergiversados en beneficio de desconocidas e incluso perversas intenciones, desde donde podrían originarse acciones conocidas como "funas" con el consabido riesgo de daño físico, psicológico y laboral, tanto personal como familiar. Por otra parte, señala que si bien la ley dispone eliminar cualquier dato de carácter personal, considera que el solo estudio y análisis del documento que da cuenta de toda su carrera, la cual es inseparable de su vida personal y familiar, torna fácilmente deducible su vida privada. Finalmente, hace presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en orden a que le asiste el derecho a solicitar que la autoridad administrativa respete y proteja su vida privada, honra personal y familiar, desde la perspectiva de la protección de sus datos personales. Por lo que, alega la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por su parte, don Andrés Silva Vega por medio de carta, de fecha 13 de febrero de 2019, se opuso a la entrega de la información solicitada, pues en aquella se deja constancia de antecedentes de su vida profesional, personal y familiar, los que podrían ser mal usados de forma tal que busque atención y odiosidad en sus receptores, provocando ineludiblemente daño a su integridad física y psíquica, como la de todo su grupo familiar. Lo anterior, considera que afecta su derecho a la vida privada, honra personal y familiar, en atención a la situación actual que ha afectado a las Fuerzas Armadas en el país. Por lo que, alega la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. 3) RESPUESTAS: El Ejército de Chile mediante cartas JEMGE DETLE (P) N° 6800/1576 y N° 6800/2231, de fecha 4 y 22 de febrero de 2019, respectivamente, informó que los terceros a quienes se refiere la información solicitada, en ejercicio del derecho conferido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se niegan a la entrega de sus antecedentes. 4) AMPAROS: Con fecha 6 y 22 de febrero de 2019, don Javier Morales Valdés dedujo amparos Roles C1160-19 y C1635-19 a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile, fundados en las respuestas negativas a las solicitudes de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante oficio N° E4276 y N° E5378, de fecha 2 y 23 de abril de 2019, respectivamente, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/4195/CPLT y N° 6800/4973/CPLT, de fecha 12 de abril y 3 de mayo de 2019, respectivamente, hizo presente que la hoja de vida funcionaria se confecciona de conformidad con la Cartilla CAP-01001, la cual contiene disposiciones que acorde con la dinámica institucional, permite entregar una visión completa del calificado, conteniendo antecedentes profesionales e incorporando información que corresponde a la vida privada de éste. En efecto, aquella posee un reconocimiento legal en el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas - en adelante D.F.L. N° 1/1997-, y su aplicación decanta en la Cartilla individualizada anteriormente. De esta forma, señalan que la ley define la "Hoja de Vida" como aquel documento en el cual se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Ejército, por lo que, en aquel se contienen juicios de valor extra funcionarios que son propios de la profesión militar. Luego, dentro de las menciones que deben consignarse están las anotaciones de mérito y de demérito, la apreciación de conjunto y las correspondientes a la vida funcionaria del calificado (resoluciones de nombramiento y/o contrataciones, entrevistas, comisiones de servicio al extranjero, resoluciones por investigaciones sumarias, sentencias judiciales, constancias de entrevistas, recursos diversos y sus resultados, recursos de la junto de selección, etc.). En ella además, se deja constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal. Lo expuesto, permite concluir que la "Hoja de Vida" conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, en razón de dicho aspecto, es que aplicaron el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, reiterando lo señalado con ocasión de su respuesta. Por otra parte, desde la perspectiva institucional hacen presente que, por una parte, el General de Brigada (R) José Gaete Paredes, se encuentra encuadrado dentro de la reserva institucional en su condición de ex Comandante de la Segunda División Motorizada y, por otra, el General de Brigada (R) conforma el Escalafón de Guerra que deriva en el Plan de Destinación de Emergencia, sumado a ello su condición de Ex General de Brigada y comandante del Comando de Ingenieros del Ejército de Chile, ambas situaciones las consideran de especial sensibilidad, razón por la cual el divulgar sus hojas de vida a un tercero, significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender, desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, datos relevantes y a los cuales se les podría dar un mal uso, ejemplo de estos datos son, preparación militar, competencias profesionales, cargos desempeñados, unidades a las cuales perteneció, habilidades físicas y habilidades básicas de combate, entre otros antecedentes. Información que de ser empleada por agencias de inteligencia extranjeras, otorgarían una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar adversaria, causando un daño a la seguridad de la Nación. De esta forma, destacan que la hoja de vida es una herramienta administrativa para evaluar la gestión del personal, no obstante, cuando éste se encuentra activo o considerado en reserva, este acto administrativo se interrelaciona con aspectos plenamente operativos, motivos por los cuales se hace imperioso guardar la reserva de aquellas, pues su uso por potenciales adversarios, entrega una ventaja militar absoluta, dejando al Ejército en una posición vulnerable ante una eventual crisis, debilitando con ello la Seguridad Nacional. En tal sentido, destacan el mandato emanado del artículo 101 inciso primero de la Constitución Política de la República. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado de los amparos deducidos a don José Gaete Paredes y a don Andrés Silva Vega, mediante oficio N° E5644 y N° E7465, de fecha 26 de abril y 4 de junio de 2019, respectivamente, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a estos amparos. Don José Gaete Paredes mediante carta ingresada con fecha 6 de mayo de 2019, reiteró la oposición planteada ante el órgano reclamado, agregando el carácter de reservado que tendría el contenido de la hoja de vida pedida, lo que resulta un supuesto básico para hacer posible que los calificadores y calificado registren libremente los conceptos que se exigen, de manera de salvaguardar información de carácter militar, de la defensa nacional, capacidades y también de orden personal del calificado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que es una misma solicitud de información la que ha motivado los amparos Roles C1160-19 y C1635-19, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que estos amparos se fundan en las respuestas negativas a las solicitudes de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que atendida las oposiciones manifestadas por los ex funcionarios consultados, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Así como también que su divulgación afectaría la seguridad de la Nación. 3) Que en cuanto a las hojas de vidas de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18 y C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del D.F.L. N° 1/1997, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate." 4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. 5) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios de los ex funcionarios en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. En consecuencia, en virtud de lo precedentemente señalado se desestimará las oposiciones efectuadas por los ex funcionarios consultados, quienes alegaron la configuración de la causal de secreto dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de las hojas de vida pedidas puedan afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de los terceros, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos. 6) Que el Ejército de Chile alegó los antecedentes contenidos en las hojas de vida consultadas dan cuenta de actividades de inteligencia militar cuya divulgación afectaría la seguridad de la Nación. En tal sentido, se debe tener presente que, previo a su retiro, don José Gaete Paredes se desempeñó, entre los años 2002 y 2003, como Jefe de la Misión Militar de Chile en Washington, Estados Unidos y como Agregado Militar concurrente en Canadá; y durante el año 2004, como Comandante de la Segunda División Motorizada. Por su parte, don Andrés Silva Vega entre los años 2014 y 2015 se desempeñó como Agregado Militar Adjunto en Washington, Estados Unidos, y previo a su retiro en diciembre de 2018, era Comandante del Comando de Ingenieros, organismo encargado de centralizar la planificación, licitación y control de las obras de infraestructura militar y social que ejecuta el órgano reclamado. De esta forma, este Consejo considera procedente resguardar sólo aquellas anotaciones que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, o de aquellas de carácter sensible relacionadas con otros países, por configurarse las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. 7) Que, en consecuencia, atendido el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia y de las atribuciones que el artículo 33 letra j) del mismo cuerpo normativo le encomienda a esta Corporación, se acogerán parcialmente estos amparos, requiriendo la entrega las hojas de vida solicitadas, previa reserva de las anotaciones que den cuenta de las actividades señaladas en el considerando anterior. Así como también, de todos aquellos datos personales de contexto contenidos en aquellas, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los ex funcionarios, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente los amparos interpuestos por don Javier Morales Valdés en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de copia de las hojas de vida pedidas, tarjando previamente de aquella, la información señalada en los considerandos 6° y 7° del presente acuerdo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo respecto de las anotaciones consignadas en las hojas de vida pedidas, relativas a la participación de los ex funcionarios consultados en actividades o labores de inteligencia, por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Javier Morales Valdés, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, a don José Gaete Paredes y a don Andrés Silva Vega, en su calidad de terceros involucrados en estos amparos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.