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DECISIÓN AMPARO ROL C1185-19</p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile.</p>
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Requirente: Matías Rojas Medina.</p>
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Ingreso Consejo: 07.02.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, respecto de la información relativa a las interceptaciones del número telefónico que señala.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información que, según lo expresado por el órgano, forma parte o pasará a formar parte de una investigación penal, cuyo acceso debe ser concedido por el órgano persecutor penal, durante el curso de dicha investigación, y al haberse derivado correctamente al Ministerio Público la solicitud de la especie, el órgano reclamado ha actuado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C911-10, C659-15, C1304-16, C1078-18, C1080-18 y C952-19.</p>
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En sesión ordinaria N° 1042 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1185-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de diciembre de 2018, don Matías Rojas Medina requirió a Carabineros de Chile, lo siguiente: "se reitera solicitud de información folio AD009W 0042444, precisando que el número telefónico señalado está asociado a este requirente, por cuanto figura en la base de datos de contacto del departamento de comunicaciones sociales de Carabineros. Junto con lo anterior, se solicita precisar si el teléfono en cuestión fue incluido en solicitudes de interceptación realizadas por Carabineros ante alguna Corte de Apelaciones, bajo el procedimiento amparado en la Ley de Inteligencia, en los años 2016, 2017 y 2018, proporcionando todos los antecedentes que fundamentaron esas peticiones, y datos como cuándo se hicieron las solicitudes, qué Unidad y qué funcionarios las hicieron, por instrucción de quién, ante qué autoridad y con qué objetivo".</p>
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2) RESPUESTA: El 17 de enero de 2019, mediante Oficio RSIP N° 44333, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, que "ante similar solicitud de información, se le contestó, por medio de RSIP N° 42444, con fecha 21 de agosto del 2018, indicándole que las interceptaciones telefónicas se realizan por una orden judicial previa al efecto, y son antecedentes de actuaciones realizadas en el marco de investigaciones penales".</p>
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Asimismo, agregó que "Asimismo, se le hizo presente que lo requerido es de competencia del Ministerio Público, derivando su solicitud por medio del Oficio N° 127, de 21 de agosto de 2018, con el objeto que se le entregara una adecuada respuesta. Al no haber variado el tenor de su presentación, se reitera lo ya informado".</p>
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3) AMPARO: El 7 de febrero de 2019, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Servicio omite informar respecto al procedimiento normado en la Ley de Inteligencia para la interceptación telefónica, y en el cual no existe intervención del Ministerio Público. Después de que este requirente formuló una nueva solicitud en que explícitamente señaló aquello, la reclamada insiste en la misma respuesta, señalándose incompetente para informar, dilatando la aclaración y derivando en forma improcedente el requerimiento a la Fiscalía. Cabe señalar que el servicio sí está en condiciones de informar, como lo demuestran las declaraciones del año 2011 y 2013 que se acompañan, rendidas ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte (...) Luego, resulta absolutamente necesario que Carabineros aclare la posible intervención ilegal de las comunicaciones privadas de quien suscribe por parte de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), la cual monitoreaba la actividad periodística del suscrito, de acuerdo a los reportajes del medio de comunicación Ciper Chile que se acompañan (...)", adjuntando notas de prensa y fallo de Corte de Apelaciones de Temuco.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E4220, de 31 de marzo de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificando el reclamo y solicitando que presentara sus descargos u observaciones.</p>
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Mediante Oficio N° 84, de fecha 12 de abril de 2019, el órgano reclamado evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "La referida solicitud de información se encuentra vinculada, como el propio recurrente lo señala, a la solicitud N° AD009W0042444, que éste presentara el 30 de julio de 2018 y que fuera respondida por carta RSIP N° 42444 de 21 de agosto de 2018", en la que solicitaba información muy similar a la requerida en el presente amparo, y agregando que "De este modo, la segunda solicitud no es más que una reiteración de la primera, respecto de la cual se le informara que, atendido su tenor, la misma había sido derivada al Ministerio Público. No habiendo variado la situación, ante la segunda consulta se mantuvo el mismo criterio", explicando los motivos por los cuales no puede acceder a la entrega de la información relacionada con investigaciones penales, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 80 y 182 del Código Procesal Penal, y haciendo mención a lo dispuesto en el Oficio Circular N° 27, del 14 de enero de 2011, del Ministerio Público, y en los artículos 23 y 38 de la ley N° 19.974, reiterando, finalmente, que "Atendidas las consideraciones antes anotadas y más aún, teniendo presente que respecto de la eventual situación planteada, como es de conocimiento público, existe una investigación judicial, se procedió a derivar el requerimiento del señor Matías Rojas Medina al Ministerio Público en ambas oportunidades, por encontrarse Carabineros de Chile legalmente impedido de acceder a la entrega de información", adjuntando copia del oficio de derivación.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de Carabineros de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a información respecto del número telefónico que indica, precisando si el teléfono en cuestión fue incluido en solicitudes de interceptación realizadas por Carabineros ante alguna Corte de Apelaciones, bajo el procedimiento amparado en la Ley de Inteligencia, en los años 2016, 2017 y 2018, proporcionando todos los antecedentes que fundamentaron esas peticiones, con el detalle que señala. Al respecto, el órgano denegó la entrega señalando que se trata de información recabada al amparo de las órdenes recibidas en virtud de una investigación que pasa a formar parte de un procedimiento penal ordenado e instruido por el Ministerio Público, razón por la cual es ese organismo quien debe informar, derivando la solicitud a dicha institución.</p>
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2) Que, en dicho contexto, el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que "en caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario". Asimismo, cabe señalar que, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".</p>
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3) Que, en efecto, cabe tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que la institución se encontraría impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Ello se explica en el primer caso, porque rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda.</p>
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4) Que, por su parte, el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, previene que: "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto".</p>
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5) Que, según lo razonado por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".</p>
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6) Que, en consecuencia, según lo expresado por el órgano, tratándose de información que forma parte o pasará a formar parte de una investigación penal, cuyo acceso debe ser concedido por el órgano persecutor penal, durante el curso de dicha investigación, habiéndose configurado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, y habiéndose derivado correctamente la solicitud de información, al Ministerio Público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Matías Rojas Medina en contra de la Carabineros de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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