Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1295-19

Reclamante:	GABRIELA PARRA BENAVIDES
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se rechaza, por voto de mayoría, el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Santiago, atendido que la grabación de imágenes captadas por las cámaras de televigilancia implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar su protección conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la garantía constitucional respectiva. Hay un voto de minoría del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo podría ser acogido, por cuanto las imágenes captadas han sido recolectadas de una fuente accesible al público, como lo es la calle, y, por tanto no se requiere de autorización para el tratamiento de los datos. En efecto, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos, no existe obligación de guardar secreto, y no es exigible el criterio de finalidad único.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/8/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3006-17 C385-18 C4217-17 C775-18 C5026-18 C2493-15 C1505-17
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Personal y remuneraciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1295-19   Entidad pública: Municipalidad de Santiago. Requirente: Gabriela Parra Benavides. Ingreso Consejo: 12.02.2019. RESUMEN Se rechaza, por voto de mayoría, el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Santiago, atendido que la grabación de imágenes captadas por las cámaras de televigilancia implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar su protección conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la garantía constitucional respectiva. Se aplica lo resuelto por este Consejo respecto de similares requerimientos, a modo ejemplar, los amparos Roles C3006-17, C4217-17, C385-18, C775-18, C5026-18, entre otros. Hay un voto de minoría del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo podría ser acogido, por cuanto las imágenes captadas han sido recolectadas de una fuente accesible al público, como lo es la calle, y, por tanto no se requiere de autorización para el tratamiento de los datos. En efecto, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos, no existe obligación de guardar secreto, y no es exigible el criterio de finalidad único. En sesión ordinaria N° 1003 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1295-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de enero de 2019, doña Gabriela Parra Benavides solicitó a la Municipalidad de Santiago -en adelante e indistintamente municipio o municipalidad-, la siguiente información: "cámara de grabación N° 123 ubicada en la intersección de San Antonio con Ismael Vergara del día 4 de enero de 2019 a las 12:12 horas (...)". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 220, de 4 de febrero de 2019, el municipio en síntesis denegó la entrega de la requerido por las razones que expone. 3) AMPARO: El 12 de febrero de 2019, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, mediante oficio N° E5931, de fecha 3 de mayo de 2019, requiriendo que: (1°) acompañe copia legible de la solicitud ingresada presencialmente por la reclamante al órgano que Ud. representa, atendido que, según lo señalado por la Sra. Parra, hubo un error en la transcripción de su nombre al ingresar el requerimiento por parte del municipio; y, (2°) se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Posteriormente, el órgano mediante ordinario N° 1053, de 17 de mayo de 2019, indicó en síntesis, que resulta aplicable la causal de reserva del artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, que establece como causal de secreto o reserva cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. La Municipalidad, indica que tiene la obligación de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana respecto de todo ciudadano, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1° inciso cuarto, 5° inciso segundo, 6°, 19° números 1 y 4 de la Constitución Política de la República. En caso de que la Municipalidad procediera a hacer entrega o difundir las imágenes captadas por las Cámaras de Televigilancia de su propiedad, se transgrediría el referido mandato constitucional, pues ello implica una vulneración no sólo de la vida privada de las personas captadas en los registros visuales en poder de la Municipalidad, sin mediar su autorización, ni orden judicial, en infracción de los cuerpos normativos que regulan tales materias, sino también conllevaría una transgresión del deber de resguardo que la legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas, como es el caso de las Municipalidades. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante oficio N° 1138, de fecha 29 de mayo de 2019, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano informar lo siguiente: a) Precisar si obra en su poder la grabación solicitada; b) Detalle si el segmento de video consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) En el evento de existir personas naturales identificables, en el referido video, indique si la Municipalidad está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) Finalmente, señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso al Municipio, por ejemplo, el Juzgado de Policía Local de la comuna, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público. Luego, por medio de oficio N° 891, de 4 de junio de 2019, el Municipio refirió en resumen, lo que sigue: a) La grabación obra en su poder, por un intervalo que va entre las 12: 11 y 12: 15 horas; b) El segmento de video consultado contiene una multiplicidad de rostros de personas, los que se aprecian con claridad, pero cuya identidad se desconoce. c) No se cuenta con tecnología que impida tarjar o anonimizar su identificación por el intervalo de duración del video. d) La citada grabación sólo obra en poder de la Dirección de Seguridad y Resguardo, sin que existan antecedentes de solicitudes por parte de otro organismo municipal, o bien, entidades externas con competencia para ello. Y CONSIDERANDO: 1) Que, las cámaras de seguridad instaladas en el espacio público registran imágenes tanto del entorno o espacio público, o de los vehículos que transitan, como también de personas naturales y de inmuebles de propiedad privada. En tal sentido, cabe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo 2° letra f), son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y su literal g) define como datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por tanto, de conformidad con lo expuesto, a juicio de este Consejo, la entrega de imágenes captadas por cámaras de vigilancia implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, también, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de dichos datos conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628. 2) Que, al respecto, este Consejo en sus Recomendaciones para la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, dispuso que «la protección de datos personales amparada en nuestra legislación (...) tiene por finalidad asegurar a las personas un espacio de control sobre su identidad y de libre manifestación de su personalidad, lo que presupone, en las condiciones modernas de elaboración y gestión de la información, la protección contra la recogida, el almacenamiento, la utilización y la trasmisión ilimitados de los datos concernientes a su persona, es decir, el derecho a la autodeterminación informativa» (énfasis agregado). 3) Que, en cuanto a la afectación al derecho a la privacidad, es menester señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso cuarto, y 5°, inciso segundo, sea que esos derechos se encuentren expresamente fijados en la Carta Fundamental, o bien, que se establezcan en los tratados internacionales, aprobados por Chile y que se encuentren vigentes. Así, el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada de sí misma y de su familia, mientras que los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares indican que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 4) Que, en el ámbito de la doctrina comparada se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395). Por tanto, la posibilidad de captar imágenes de personas en ámbitos públicos y difundir dichas imágenes, sin poder contar con el consentimiento del titular, aparece como una afectación de los derechos de dichas las personas, en particular, el derecho a la imagen, a la privacidad e, incluso a la intimidad; presente y con suficiente especificidad, conforme a la exigencia contenida en el inciso segundo de artículo 8° de la Constitución y en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, que justifica, en definitiva, que este Consejo declare la reserva de las mismas. 5) Que, este Consejo, en las decisiones Roles C2493-15, C1505-17, se pronunció acerca de la necesidad de distinguir en el derecho a la propia imagen dos aspectos o dimensiones: uno, de orden positivo, en virtud del cual, su titular se encuentra facultado para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, adscribiéndola a cualquier objeto lícito; y otro, de carácter negativo, expresado en su derecho a impedir que terceros, sin su debida autorización, capten, reproduzcan o difundan esa imagen, cualquiera sea la finalidad tenida en consideración para ello. 6) Que, por su parte, el Tribunal Constitucional ha destacado el estatuto básico de protección de la vida privada consagrado en el artículo 19 N° 4, siendo especialmente protector de esta garantía, señalando sobre el particular que "La privacidad integra los derechos personalísimos o del patrimonio moral de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son, por su cualidad de íntimos de cada sujeto, los más cercanos o próximos a esta característica, única y distintiva, del ser humano. Por tal razón, ellos merecen reconocimiento y protección excepcionalmente categóricos tanto por la ley como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las estipulaciones celebradas entre éstos." (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando vigésimo) De esta forma, la máxima Magistratura Constitucional demanda a los órganos del Estado otorgar reconocimiento y protección a la vida privada, derecho que de otorgarse acceso a las grabaciones captadas sería directamente afectado. 7) Que, lo anterior incluso, es consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha señalado en el Caso Fontevecchia y D’amico vs. Argentina, en el párrafo N° 48, que: "el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública y comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público" (énfasis agregado). Al efecto, precisó que "(...) el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación" (énfasis agregado). 8) Que, en lo que respecta a la directa vinculación del derecho a la privacidad con el derecho a la propia imagen, que en el presente caso se verían directamente afectados de accederse a la entrega de la información solicitada, este Consejo estima que no sólo estamos ante datos personales, relativos a la imagen de una persona, sino que además ante datos sensibles, que conforme a la definición legal, son los referidos a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, pues las grabaciones que se captan no sólo dan cuenta de las características físicas de determinadas personas, sino que también de sus conductas o hábitos personales. 9) Que, por otra parte y nuevamente desde la perspectiva legal, el principio de finalidad establecido en el artículo 9° de la ley N° 19.628, exige utilizar los datos personales sólo en los fines para los cuales fueron recolectados, lo que en el caso de los órganos públicos se encuentra determinado por la esfera de competencia asignada por los cuerpos legales que los rigen. En este orden de ideas, la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 1002-2011, señaló que "(...) los datos (...) sólo pueden ser tratados por la autoridad pública en ejercicio de sus competencias legales y velando por un uso pertinente, adecuado y no excesivo con relación al ámbito y las finalidades para las que hayan obtenido, no pudiendo usarse para finalidades diferentes (...)" (Considerando Décimo). 10) Que, en base a lo expuesto precedentemente, en la decisión que resolvió los amparos Roles C4217-17, C385-18 y C775-18, por voto de mayoría, se razonó que «...divulgar la información solicitada vulneraría no sólo la vida privada de las personas captadas en los registros visuales en poder de la reclamada, sin mediar su autorización, ni orden judicial, en infracción de los cuerpos normativos precedentemente citados, sino también, conllevaría una transgresión del deber de resguardo que nuestra legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas». Luego, se procedió a reservar la información en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°4. 11) Que, en idéntico sentido, ya se pronunció esta Corporación en la decisión C5026-18, en que se requería copia de una grabación en poder de la Municipalidad de Providencia. 12) Que en aplicación de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Gabriela Parra Benavides en contra de la Municipalidad de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Parra Benavides y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que el municipio requerido cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia cuya existencia es conocida por la comunidad (no son cámaras ocultas) y se limitan a captar imágenes de espacios públicos. La solicitud de amparo nace de la negativa de entregar las imágenes obtenidas en una intersección y específica y horario determinado. 2) Que no existe un texto legal que autorice expresamente la instalación y uso de este tipo de cámaras de video vigilancia. Pero es un hecho que muchas de ellas existen desde hace años, y han sido validadas por numerosa jurisprudencia, incluso en ámbitos donde el espacio de privacidad es mayor que el de la vía pública, como por ejemplo lo es el espacio de trabajo (bajo la condición de que se cumplan una serie de requisitos). 3) Que, una argumentación interesante y plausible respecto de la facultad legal que autoriza la instalación de este tipo de tecnologías fue expuesta con motivo del recurso de protección contra los llamados "globos de vigilancia". En ellas, las municipalidades recurridas señalaron que actuaron legitimadas por sus facultades generales, contenidas en el artículo 4° de su ley orgánica (Ley N° 18.695), lo que otorgaría una atribución legal genérica para hacerlo (sin perjuicio de que no mencionan todas las facultades enumeradas por el artículo 4°, sino sólo algunas, no hay ninguna razón que impida extender el argumento a otras). Con ello, también quedaría claro que los fines de seguridad no son los únicos motivos que justifican el uso de este tipo de dispositivos. 4) Que el acceso respecto de la cámara en análisis, podría permitir esclarecer situaciones que involucrasen daños a la propiedad, la persecución de delitos o cuasidelitos, y sobretodo, disminuir la ocurrencia de estos accidentes, cumpliendo una finalidad disuasiva/persuasiva. Ahora bien, para que este noble propósito sea cumplido, los potenciales infractores deben saber que su acción podría ser grabada y registrada efectivamente, y además consultada y acompañada como prueba en un juicio. Estos objetivos, ciertamente legítimos y relevantes, obligarían a soportar ciertas afectaciones a la privacidad y a otros derechos. 5) Que, para enfrentar este conflicto, conviene recordar el amplio consenso y el uso generalizado respecto de una serie de criterios: i) por su propia naturaleza, los derechos fundamentales ofrecen un amplio espacio de soluciones interpretativas legítimas, derivados de su carácter abierto e indeterminado. ii) Pueden presentarse conflictos reales o aparentes entre ellos, o más bien, entre personas que reclaman la protección de ciertas acciones o estados de cosas, argumentando estar bajo el amparo de estos derechos. iii) Lo anterior obliga al intérprete a delinear adecuadamente su contenido y correcto ejercicio para el caso analizado. Si quien lo hace tiene las facultades legales para que su decisión tenga fuerza obligatoria, puede incluso ordenar la primacía de un derecho sobre el otro, cuando la protección de ambas resulta incompatible, siempre en el caso analizado. iv) En los casos en que esta especificación o delimitación no está hecha en forma previa y genérica (mediante una ley), corresponde resolver los conflictos planteados caso a caso y en base a los derechos constitucionales invocados. v) La doctrina y práctica mayoritaria a nivel mundial considera que estas situaciones de "conflicto de pretensiones amparadas constitucionalmente" deben resolverse mediante el uso de la técnica de la ponderación, que invita a "balancear" todos los elementos relevantes del caso, tanto jurídicas como fácticas, para ver qué derecho debe prevalecer en las circunstancias analizadas. Este análisis nos permitiría acercarnos a la solución que más se ajuste a la Constitución, compatibilizando de mejor modo la vigencia de todo aquello que busca promover. vi) De esta forma, se reafirma la idea de que no existen derechos absolutos y que todos ellos, en algunas circunstancias concretas, podrían enfrentar restricciones a su ejercicio. 6) Que para el caso que analizamos, debemos resolver algunos conflictos que se presentan entre bienes y derechos de rango constitucional, entre los principales bienes y derechos que parecen entrar en juego están la intimidad y la privacidad, la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información (comprendido en la libertad de expresión y de prensa) y de alguna manera, el derecho a la tutela judicial efectiva, la necesidad de prevenir y disuadir acciones dañinas, así como la persecución y sanción de quienes infringen la ley. 7) Que debemos considerar que reiterada y masivamente, la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera, han sostenido que la calle es un espacio donde las expectativas de privacidad son reducidas. Podría incluso llegarse a afirmar que por el solo hecho de estar en la vía pública, se está consintiendo a la mirada de los otros, y con las tecnologías disponibles en la actualidad (celulares con cámaras fotográficas, etc.) sabemos que fácilmente, sin necesidad de ardides o medidas extremas, cualquier persona puede captar nuestras imágenes, e incluso darles difusión, si encierran interés público informativo (como habitual y recientemente observamos en los medios de prensa). Por lo anterior, la alegación de protección de la vida privada y de la intimidad de las personas que a esa hora transitaban, no parece definitiva. 8) Que, de hecho, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos (artículo 4), no existe obligación de guardar secreto (artículo 7°), y no es exigible el criterio de finalidad único (art 9). 9) Qué asimismo, resulta interesante recordar que estamos especificando derechos de pretensión universal, de máximo nivel jerárquico y normativo, y reconocidos en forma muy similar en numerosos ordenamientos jurídicos. Es interesante señalar que los marcos normativos existentes para estas materias en Alemania, Inglaterra, España y otros países consultados, llevarían a resolver el caso mediante el uso de la técnica del balanceo, y a juicio de quien suscribe este voto minoritario, hubiesen permitido, en todos los casos, acoger el amparo y facilitar el acceso a la grabación solicitada. Para ilustrar lo anterior, basta tener a la vista el fallo de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea de 24 de noviembre de 2011, y citada reiteradamente por la Agencia Española de Protección de Datos Personales (ver por todos, Informe del gabinete Jurídico 0156/2014). 10) Que desde el punto de vista procesal, y aplicando el principio de facilitación señalado por la propia ley, resulta interesante considerar algunas situaciones adicionales, que también podrían inclinar la balanza hacia acoger, la solicitud. De hecho, es probable que si el solicitante hubiese reclamado la información como una medida prejudicial en un juicio civil, o dentro del contexto de un juicio penal, las podría obtener. Ante ello, podemos asumir dos posiciones: sostener que precisamente existiendo esos caminos, establecidos por el legislador, debería optarse por ellos. O bien, que con el objetivo de facilitar la tarea y evitar dilaciones, gastos y trámites innecesarios, y tratándose de información que legítimamente puede ser obtenida, este Consejo debe facilitar el acceso a la misma, máxime si con ello podría facilitar la protección y promoción de algún bien jurídico para el requirente, aunque siempre respetando todos los derechos en juego. 11) Que conviene recordar que el artículo 5° inciso segundo parte final de nuestra Constitución Política de la República, tantas veces recordado por nuestra jurisprudencia, obliga a todos los órganos del Estado a proteger y promover los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales amparan. La misma norma obliga a todos los intérpretes a resolver las controversias jurídicas buscando la promoción de estos derechos, especialmente necesaria cuando no existe una ley que rija la situación o conflicto analizado. 12) Que es deber de todos los órganos estatales, entre los que se encuentra este Consejo y cualquier Municipalidad, facilitar el acceso a la información que está en su poder, no habiendo razones poderosas y de mayor peso que las que justifican su entrega. Cabe recordar que dicha información se encuentra en manos de un ente público, y que ha sido generada con recursos públicos, para beneficio de la comunidad e incluso la ley N° 19.628, en su artículo 1°, repite estos criterios. Asimismo, los riesgos de daños y afectaciones de derechos que pueden generarse en caso de permitir el acceso a los minutos de grabación que se solicita, son mínimos, y existe un interés legítimo y tutelable en la solicitud planteada. 13) Que finalmente, quien suscribe considera necesario llamar la atención sobre la conveniencia de regular en forma adecuada y expresa estas materias, dando directrices claras sobre los derechos, facultades y responsabilidades que a cada cual corresponden. Demás está decir que esta norma debería ser de tipo general y haber sido precedida de un amplio proceso deliberativo, de carácter legislativo. Mientras ella no exista, este órgano administrativo deberá seguir resolviendo los casos planteados con las precarias herramientas de que dispone. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.