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DECISIÓN AMPARO ROL C1441-19</p>
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Entidad pública: Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago.</p>
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Requirente: Samuel Donoso Boassi.</p>
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Ingreso Consejo: 18.02.2019.</p>
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En sesión ordinaria N° 981 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1441-19.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, D.S. N° 1086/2004 del Ministerio del Interior y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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Que, el 18 de febrero de 2019, don Samuel Donoso Boassi dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, fundado en la denegación de información a su solicitud, relativa a las actas de denuncia que indica, emitidas por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, junto con los informes de recopilación de antecedentes que individualiza. Lo anterior, por cuanto, dicho Tribunal manifestó que sobre la información requerida pesa la obligación de secreto del artículo 35 del Código Tributario; y, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, literal c) de la Ley N° 20.285.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones.</p>
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3) Que, el artículo 1° de la Ley de Transparencia dispone que: "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información" (el destacado es nuestro). Por su parte, el artículo 24 de la misma ley establece el derecho de recurrir ante este Consejo en caso de negarse la información solicitada o no entregarse respuesta a dicha solicitud dentro del plazo establecido por el artículo 14. Tal posibilidad se prevé entonces sólo cuando el órgano requerido a tal efecto es un órgano de la Administración del Estado, más no en el caso que la solicitud de información se dirija al Poder Judicial o los demás tribunales especiales de la República, que se rigen por lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley N° 20.285.</p>
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4) Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, al referirse al ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los tribunales especiales ni a los órganos que ejercen jurisdicción.</p>
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5) Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, "los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio (...)".</p>
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6) Que, el artículo octavo de la Ley N° 20.285 no contempla la posibilidad de deducir amparo ante este Consejo, respecto de las decisiones que rechacen las solicitudes de acceso a información que se formulen a los tribunales especiales y los órganos que ejercen jurisdicción.</p>
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7) Que, de las normas citadas resulta claramente establecido que el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia sólo dice relación con los órganos que expresamente señala dicha ley, de lo que resulta que no procede el ejercicio del derecho de acceso a la información en conformidad a la citada norma ante entidades que no invisten tal calidad.</p>
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8) Que, dicho criterio ya ha sido consagrado en las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos Roles C954-18, C2090-16 y C297-12, entre otras.</p>
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9) Que, en consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Transparencia, el artículo 2° de su Reglamento y el artículo octavo de la Ley N° 20.285.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Declarar inadmisible el amparo a su derecho de acceso a la información interpuesto por don Samuel Donoso Boassi en contra del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, por no ser competente este Consejo para conocer de los amparos contra denegaciones de información interpuestos en contra de este organismo, según las consideraciones expuestas precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Samuel Donoso Boassi, y al Sr. Juez del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Javier Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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