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DECISIÓN AMPARO ROL C1609-19</p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior.</p>
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Requirente: Javier Morales Valdés.</p>
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Ingreso Consejo: 21.02.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de copia de los informes remitidos por Carabineros de Chile a la Subsecretaría, entre el 14 y el 20 de noviembre del año 2018, con ocasión de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, debiendo el órgano tarjar los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado sus alegaciones, en el sentido de que se trata de antecedentes que forman parte de una investigación penal, toda vez que dichos antecedentes fueron remitidos por Carabineros a la Subsecretaría del Interior, en atención con el grado de jerarquía o dependencia de la institución policial respecto de la última, y no en su calidad de auxiliar del Ministerio Público en el marco de una investigación penal.</p>
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Además, los informes están permanentemente a disposición en el sitio web de la Cámara de Diputados en el marco de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, en relación con los hechos que concluyeron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y dan cuenta de los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2018, los operativos policiales efectuados y las medidas adoptadas por el General Director de Carabineros, todos eventos publicados en diversos medios de comunicación, constituyendo su contenido un hecho público y notorio.</p>
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Finalmente, se representa al órgano no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia, y por su falta de colaboración al no remitir los documentos requeridos por este Consejo.</p>
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En sesión ordinaria N° 1060 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C1609-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de enero de 2019, don Javier Morales Valdés requirió a la Subsecretaría del Interior, la siguiente información: "solicito todos los informes entregados por Carabineros, entre el 14 de noviembre y el 20 del mismo mes del año 2018, con ocasión de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 4432, de fecha 18 de febrero de 2019, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, detallando los 3 documentos que recibió de parte de Carabineros, señalando que todos los documentos forman parte de la investigación a cargo del fiscal y causa RUC que indica, por la muerte del comunero consultado, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal y en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 21 de febrero de 2019, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "cabe señalar el parte policial lo dio a conocer el mismo del Interior, pero como ya lo señalé la solicitud se refiere a todos los informes y en las fechas ya señaladas. A mi juicio, el parte policial forma parte del proceso judicial pero el resto de los informes no".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E5505, de 25 de abril de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.</p>
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Mediante Ord. N° 13.430, de fecha 2 de mayo de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "la información objeto del presente amparo fue generada en el contexto de una investigación penal llevada a cabo por el Ministerio Público (...) el acceso a información de una investigación penal que da cuenta de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público debe ser concedido por éste, durante el curso de la investigación", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C911-10, C4136-16 y C346-14.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 16070, de fecha 7 de noviembre de 2019, solicitó a la Subsecretaría del Interior, como medida para mejor resolver el presente amparo, remitir copia íntegra de los documentos mencionados en su respuesta.</p>
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Mediante Ord. N° 36029, de fecha 22 de noviembre de 2019, el órgano dio respuesta a la medida decretada por este Consejo, reiterando su denegación y señalando en síntesis, que "entregar la información exigida por el recurrente importaría una vulneración de la Ley de Transparencia y del Código Procesal Penal (...) se solicita resolver la presente causa ponderando el interés del solicitante en la publicidad de la información con el interés que existe en mantener reserva de la misma y considerando la legislación procesal penal aplicable. Esto sin requerir la remisión de los antecedentes que forman parte del objeto controvertido en la presente causa (...) pues lo solicitado por el recurrente constituyen antecedentes reservados cuya mera exposición o remisión desde esta Subsecretaría a otro organismo genera un riesgo razonable de infracción de reservas dispuestas por ley", señalando, finalmente, que se trata de documentos remitidos al H. Senado de la República y a la H. Cámara de Diputados, en el contexto de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario del Interior, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
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2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría del Interior, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los informes entregados por Carabineros, entre el 14 y el 20 de noviembre del año 2018, con ocasión de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Al respecto, el órgano señaló que todos los documentos forman parte de una investigación penal a cargo del fiscal y causa RUC que indica, denegando su entrega conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal y en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en dicho contexto, cabe señalar que, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".</p>
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4) Que, en efecto, cabe tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que la institución se encontraría impedida de entregar información relacionada con investigaciones penales, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. Ello se explica en el primer caso, porque rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda.</p>
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5) Que, en la especie, cabe tener presente que la información solicitada por el reclamante se refiere a aquellos documentos elaborados y entregados por Carabineros de Chile, a la Subsecretaría del Interior, en ejercicio de sus funciones propias y en relación con el grado de jerarquía o dependencia de la institución policial respecto de la cartera de Interior - en conformidad al inciso 2° del artículo 1° de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile-, y no se refiere, en particular, a actuaciones de investigación encomendadas por el Ministerio Público a Carabineros de Chile en el marco de una investigación penal. En dicho contexto, el artículo 79 del Código Procesal Penal dispone que "Función de la policía en el procedimiento penal. La Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, en especial en los artículos 180, 181 y 187, de conformidad a las instrucciones que le dirigieren los fiscales. Tratándose de delitos que dependieren de instancia privada se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 400 de este Código. Asimismo, le corresponderá ejecutar las medidas de coerción que se decretaren. Carabineros de Chile, en el mismo carácter de auxiliar del ministerio público, deberá desempeñar las funciones previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo del caso así lo dispusiere" (énfasis agregado), circunstancia que no concurre en el presente caso. En consecuencia, en virtud de lo expuesto, se desestimarán las alegaciones del órgano.</p>
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6) Que, no obstante lo anterior, tratándose de antecedentes que, según el órgano, fueron remitidos al Ministerio Público en el contexto de la investigación penal que lleva adelante, y para efectos de verificar el contenido de los documentos aludidos y su eventual injerencia en el resultado de las investigaciones, este Consejo solicitó a la Subsecretaría del Interior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, que remitiera los 3 informes denegados, según se consigna en el numeral 5) de la parte expositiva. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano, en su respuesta a dicha medida, reiteró su denegación y solicitó resolver el amparo sin requerir la exhibición de dichos documentos. Lo anterior, además de constituir una infracción a lo dispuesto en la citada norma, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, lo que será representado en la parte resolutiva del presente amparo, habría dejado a este Consejo en la imposibilidad de ponderar eventuales afectaciones, ya sea al debido funcionamiento del órgano, o al éxito de la investigación penal mencionada.</p>
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7) Que, por su lado, y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en virtud de lo indicado por la Subsecretaría en el sentido de que dicho órgano remitió los mismos antecedentes al H. Senado de la República y a la H. Cámara de Diputados, en el contexto de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, en relación con los hechos que concluyeron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, cabe tener presente que en la página web de la Cámara de Diputados, en el link https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=2161, se encuentra disponible permanentemente toda la información recabada y generada por la aludida Comisión Investigadora. En dicho contexto, la CEI publica los oficios remitidos a distintas instituciones, incluyendo aquellos dirigidos a Carabineros de Chile y al Ministerio del Interior, en el link https://www.camara.cl/trabajamos/comision_oficios.aspx?prmID=2161, con sus respectivas respuestas, entre las cuales se encuentran 2 de los 3 documentos mencionados por el órgano reclamado. En efecto, el parte de detenidos N°1130, de fecha 14 de noviembre de 2018, se puede revisar desde el enlace https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=169272&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION, (página 25 y siguientes), y el Oficio N°115, del 17 de noviembre de 2018, en el link https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=163371&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION (páginas 9 y 10).</p>
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8) Que, en tal sentido, el artículo 5° A de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece que "Los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámara. El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la Sala y en las comisiones, así como las Cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilicen. Las sesiones de las Cámaras, los documentos y registros de las mismas, las actas de sus debates, la asistencia y las votaciones serán públicas. Serán públicos los acuerdos adoptados por las comisiones, así como los antecedentes considerados en sus sesiones y la asistencia de los parlamentarios e invitados a las sesiones de las mismas". Por su parte, el inciso 7 del artículo 54 del mismo cuerpo legal, en relación con la Comisiones Especiales Investigadoras y las autoridades o funcionarios citados, dispone que "Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la Comisión. Si aquéllos se refieren a asuntos que conforme a una ley de quórum calificado tengan el carácter de secretos o reservados, o a los asuntos referidos en el inciso tercero del artículo 9° A de la presente ley, sólo podrán ser proporcionados en sesión secreta por el Ministro de cuya cartera dependa o se relacione el organismo requerido o por el representante legal de la empresa en que labora la persona que deba entregarlos. Los antecedentes proporcionados deberán mantenerse en reserva o secreto". No existe constancia de que lo anterior haya ocurrido, en la especie.</p>
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9) Que, finalmente, habiendo tenido a la vista la copia del parte de detenidos y el oficio N° 115, requeridos por el solicitante, este Consejo sostiene que su entrega no tiene la suficiente consistencia para generar la afectaciones alegadas por el órgano, ni afectar el éxito de la investigación penal seguida por el Ministerio Público, por cuanto ambos antecedentes dan cuenta de los sucesos ocurridos en noviembre de 2018, en relación con la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, los operativos policiales efectuados y las medidas adoptadas por el General Director de Carabineros, todos eventos publicados en diversos medios de comunicación, constituyendo su contenido un hecho público y notorio.</p>
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10) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado sus alegaciones, este Consejo procederá a acoger el presente amparo ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por Javier Morales Valdés en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante copia de los 3 documentos enviados por Carabineros, entre el 14 de noviembre y el 20 del mismo mes del año 2018, con ocasión de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, a la Subsecretaría del Interior, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios particulares, casillas de correos electrónicos, entre otros.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro de los plazos legales. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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IV. Representar al Sr. Subsecretario del Interior la falta de colaboración en la tramitación de este amparo al no haber remitido los antecedentes requeridos como medida para mejor resolver decretada por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.</p>
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V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés y al Sr. Sr. Subsecretario del Interior.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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