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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1441-11</strong></p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Esteban González Zapata</p>
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Ingreso Consejo: 21.11.2011</p>
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En sesión ordinaria Nº 326 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1441-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de octubre de 2011 don Esteban González Zapata solicitó a Carabineros de Chile la nómina de funcionarios y ex funcionarios de la institución a quienes les han sido otorgados los beneficios por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, a que se refieren Leyes N° 19.582 y 19.881. Dicho nómina debiese incluir nombre, RUN, fecha de exoneración, fecha de aprobación del beneficio y monto del beneficio.</p>
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2) RESPUESTA: El 15 de noviembre de 2011 el organismo requerido respondió a dicho requerimiento de información remitiéndole parcialmente la información solicitada, toda vez que, conforme al artículo 21 de la Ley de Transparencia, la comunicación del nombre, RUN y monto de pensiones, afectaría los derechos a la vida privada y otros de carácter comercial y económico de los beneficiarios. Por lo tanto, sólo hizo entrega de la información relativa a aquellos beneficiarios que han fallecido (son individualizados bajo la sigla Q.E.P.D.).</p>
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3) AMPARO: El 21 de noviembre de 2011 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano administrativo, fundado en la entrega parcial de la información solicitada y la denegación injustificada de la información, por haberse dado lugar al procedimiento de oposición a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 3.033, de 24 de noviembre de 2011. Este fue contestado el 20 de diciembre de 2011 por el Jefe del Departamento de Información Pública de la institución, quien formuló los siguientes descargos y observaciones:</p>
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a) Argumentó que se hizo entrega parcial de la información solicitada, exceptuando los datos personales de los beneficiarios (nombre, RUN y monto de pensiones), toda vez que, conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.628, su comunicación afectaría su vida privada. Agregó que dichas disposiciones no resultaban aplicables respecto de las personas fallecidas.</p>
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b) Agregó que en el presente caso no resultaba aplicable el procedimiento de oposición reglado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto existe un mandato legal expreso que impide la comunicación de tales datos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en relación con lo solicitado, debe consignarse previamente que la Ley N° 19.582, de 1998, modificó la Ley N° 19.234, de 1993, que estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en el lapso que indica y que autorizó al Instituto de Normalización Previsional –actual Instituto de Previsión Social, IPS– para transigir extrajudicialmente en las situaciones que señaló, incluyendo como beneficiarios de los mismos a los funcionarios de Carabineros de Chile, entre otros. Por su parte, la Ley N° 19.881, de 2003, estableció un nuevo plazo para acogerse a los beneficios de la citada Ley N° 19.234.</p>
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2) Que, la nómina solicitada en la especie corresponde a información de la cual se deriva la asociación de la identidad de una persona determinada (nombre y RUN) con ciertas características de un beneficio otorgado a aquélla por la Administración del Estado (fecha de aprobación del beneficio y monto), cuyo fundamento para haberlo concedido es poseer la calidad de funcionarios o ex funcionarios de Carabineros de Chile y que su exoneración de dicha institución se haya producido por motivos políticos, en las circunstancias que indican los cuerpos legales precitados. Así las cosas, la información solicitada corresponde a datos personales de terceros, los que son definidos por el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, como «cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables».</p>
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3) Que, al respecto, este Consejo en sus decisiones recaídas en los amparos Rol C449-09 –en el que se solicitaba diversa información en relación a los beneficiarios de las pensiones no contributivas otorgadas por la Ley N° 19.234– y Rol C363-10 –en el que se requería información referida al bono extraordinario concedido a los exonerados por motivos políticos en virtud de la Ley N° 20.134, de 2006–, estimó que el otorgamiento de tales beneficios suponía la consideración de datos personales, incluso de carácter sensible, de los beneficiarios de los mismos, ya que el reconocimiento de la calidad de exonerado por motivos políticos –en base a la cual dichos beneficios se conceden– podría implicar, en ciertos casos, conocer y hacer pública la ideología política de una persona. Lo anterior, teniendo presente lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.234 –aplicado por la derivación que realiza la propia Ley N° 20.134–, conforme al cual «“[…] se considera como exonerados políticos a los ex trabajadores a que dicho artículo [3° de la Ley] se refiere y que en el periodo allí mencionado hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, o que hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma […]”».</p>
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4) Que, no obstante lo anterior, este Consejo, en la citada decisión recaída en el amparo Rol C363-10, y a propósito de la alegación formulada por el Instituto de Previsión Social en torno a la eventual afectación de los derechos de los beneficiarios que se produciría con la divulgación de lo solicitado, concluyó que «no se puede apreciar cómo se pueden afectar los derechos de los exonerados que perciben el bono antes citado, pues lo que más podría afectarles sería el público conocimiento de su calidad de exonerado político, que eventualmente podría vincularse con la opinión política que manifestara la persona hace ya 37 años, que no necesariamente representa su opinión actual;..[…]». Por tanto, cabría sostener que para acceder a dichos beneficios no resultaba determinante compartir una cierta ideología u opción política, toda vez que si bien los exonerados podían ser asociados a determinadas convicciones políticas generales, éstas eran más de una y los beneficiarios pudieron no haber participado necesariamente de alguna de ellas (aplica el criterio sostenido en la decisión del amparo Rol C446-09, sobre acceso a nómina de beneficiarios PRAIS). Además, atendida la data de las exoneraciones, dichas convicciones generales no necesariamente encuentran vínculo directo con su opinión política actual.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, este Consejo también ha concluido que la comunicación de la información solicitada, referida a los beneficios previsionales otorgadas por gracia a personas exoneradas por motivos políticos, reviste un evidente interés público, reduciéndose el ámbito de privacidad de las personas que gozan de éstos, todo lo cual trae consigo que «el beneficio de revelar la información requerida, es claramente mucho mayor al de mantenerla en reserva en favor de la intimidad de los terceros, ya que, disipada la inquietud en relación con la ideología política a la que pudiera dar lugar la reticencia para publicar la información respecto de las personas que fueron exoneradas, el control social y el debate público exigen que el procedimiento tanto de calificación de exonerado político como el de otorgamiento de los beneficios previsionales a los que se puede optar y que son de cargo al erario público, sean transparentes y públicos. Esto cobra relevancia tratándose de un tema de gran trascendencia y que dio lugar a graves cuestionamientos en un determinado momento (véase, por ejemplo, http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20081125/pags/20081125170833.html, http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20081125/pags/20081125211812.html y http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081126/pags/20081126233325.html)» (considerando 15) de la decisión del amparo Rol C449-09).</p>
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6) Que, la conclusión anterior encuentra también su fundamento legal en el artículo 7°, letra i), de la Ley de Transparencia, toda vez que la pensión no contributiva otorgada por la Ley N° 19.234 –cuerpo legal al que, en definitiva, se refiere la solicitud de información– a los exonerados políticos, constituye un beneficio que se financia con cargo al erario público, los cuales deben ser publicados en los sitios electrónicos de los órganos administrativos, ya que su publicidad permite el control de la ciudadanía de la acción de las autoridades en la correcta asignación de fondos públicos resultando un eficaz mecanismo de prevención de actos de corrupción. Conforme a ello, en las ya mencionadas decisiones recaídas en los amparos Roles C449-09 y C363-10 este Consejo resolvió requerir al Instituto de Previsión Social, IPS, la divulgación de estos beneficios en cumplimiento de sus deberes de transparencia activa. En efecto, y mayor abundamiento, dicha información es publicada en el sitio electrónico del Instituto de Previsión Social, en su sección “Programas de subsidios y otros beneficios”, al interior de su sitio “Gobierno Transparente”, en http://www.ips.gob.cl/transparencia/portal/transparencia_activa/index.html.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por don Esteban González Zapata, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al General Director de Carabineros de Chile:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la nómina de funcionarios y ex funcionarios de la institución a quienes les han sido otorgados los beneficios por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, a que se refieren Leyes N° 19.582 y 19.881, incluyendo el respectivo nombre, RUN, fecha de exoneración, fecha de aprobación del beneficio y monto del beneficio.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Esteban González Zapata y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión y que el Presidente del Consejo Directivo, concurriendo al presente acuerdo, no firma esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia.</p>