Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1881-19

Reclamante:	N. N.
Reclamado:	FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)
Resumen del caso: Se acoge el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa deducido en contra de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), toda vez que al 23 de abril de 2019, no presentaba información de las remuneraciones del personal sujeto al Código del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/4/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C203-10 C1068-11 C1529-11 C697-12 C250-13 C552-13 C1224-13 C469-11
Jurisprudencia a:	C5244-20
Recursos relacionados:	495-2019
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN RECLAMO ROL C1881-19 Entidad pública: Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 05.03.2019. RESUMEN Se acoge el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa deducido en contra de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), toda vez que al 23 de abril de 2019, no presentaba información de las remuneraciones del personal sujeto al Código del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión. Sobre la aplicación de la Ley de Transparencia a la fundación reclamada, se sigue lo resuelto en la decisión amparo Rol C1224-13. En sesión ordinaria N° 1027 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1881-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) RECLAMO POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA: El 5 de marzo de 2019, se presentó un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa en contra de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), fundado en que la información relativa al personal y sus remuneraciones se encontraba incompleta. Se indicó en síntesis, lo siguiente: "revisar si corresponde la omisión de información de las remuneraciones de los funcionarios contratados por el código del trabajo, toda vez que ellos laboran en dependencias públicas, participan en actos públicos y son presentados como autoridades, participan en gabinetes del agro, no obstante se amparan en art 5 código del trabajo y a la reserva de información de la ley de transparencia". 2) GESTIÓN OFICIOSA: En virtud de lo anterior, este Consejo procedió a revisar la información de transparencia activa del órgano, constatándose que no pública la información relativa a las remuneraciones de su personal bajo el Código de Trabajo. Sólo publica la dotación pero no las remuneraciones. 3) CERTIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB: El 23 de abril de 2019, la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, revisó la información de transparencia activa en el banner del organismo reclamado, de manera de verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y de la Instrucción General N° 11 que este Consejo ha impartido sobre la materia. Dicho proceso concluyó en un informe que reveló que el nivel de cumplimiento del ítem reclamado corresponde en general a un 78%. En relación a lo reclamado, se indicó en resumen, que "El organismo en la parte superior de la sección "Dotación Código del Trabajo", indica que "Esta institución no informará las remuneraciones de sus trabajadores, en virtud de la protección de los mismos, según establecido en el art. N° 5 del Código del Trabajo y en la Ley N°19.628, sobre protección de datos de carácter personal". Además en la columna remuneración bruta mensualizada, señala "NO". Sin embargo, dado que la fundación se financia con fondos públicos, debe publicar la remuneración bruta mensualizada de cada uno de los funcionarios contratados bajo la modalidad del Código del Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4 de la Instrucción General N° 11". Se realizaron observaciones también que no fueron objeto del reclamo. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente reclamo, notificando del mismo al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, mediante oficio N° E6384, de 13 de mayo de 2019. Posteriormente, el órgano por medio de presentación de fecha 31 de mayo de 2019, indicó en síntesis, lo siguiente: a) La Fundación para la Innovación Agraria es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, que se rige por sus estatutos y las normas generales contenidas en Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, su Reglamento y Ley 20.500 sobre asociaciones ciudadanas y participación pública, cuya personalidad jurídica fue otorgada por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 1609 del 15 de Diciembre de 1981. Por lo anterior, FIA no se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de dicha Ley. Sin perjuicio de lo anterior, compartiendo los principios sobre transparencia y probidad, FIA publica información en el Banner Gobierno Transparente y da respuesta a las solicitudes de información que se le requieren, en la medida que cumplan con los requisitos legales. b) En estas circunstancias, FIA ha actuado conforme a derecho al no ni incluir en su página web la información requerida en relación a las remuneraciones de sus trabajadores, de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen: i. FIA no forma parte de la Administración del Estado y sus colaboradores se encuentran vinculados bajo las normas del Código del Trabajo y no tienen la calidad de funcionarios públicos. ii. El artículo 5° del Código del Trabajo, que indica expresamente al empleador que no se pueden realizar acciones que pudiesen afectar la intimidad, la vida privada o la honra del trabajador. El monto de sus remuneraciones se entiende forma parte de la esfera de su vida privada. iii. Artículo 154 bis, el cual reitera la obligación de mantener reserva de toda la información y datos privados del dependiente y que se tenga acceso con ocasión de la relación laboral. La relación laboral es un vínculo que nace cuando se cumplen los requisitos legales y se mantiene en el tiempo, hasta que se pone término de acuerdo a las causales legales. El monto de sus remuneraciones es información que se tiene acceso en el marco de esta relación. iv. Se alega la aplicación de los artículos 4, 9 y 10 de la ley N° 19.628. c) Respecto de las observaciones formuladas en el marco de la fiscalización realizada, al ítem Personal y remuneraciones, se corrigieron algunas realizadas en la fiscalización, pero se mantuvo su posición sobre las remuneraciones del personal sujeto al Código del Trabajo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe referirse a la alegación planteada por el reclamado, en orden a que no se encuentra sujeto a la Ley de Transparencia. Al respecto, este Consejo en la decisión amparo Rol C1224-13, ya se pronunció sobre la anotada alegación, en el sentido de dejar establecido que la fundación en comento sí se encuentra sujeto a la referida ley. 2) Que, al efecto, en torno a la aplicabilidad de la Ley de Transparencia a la Fundación para la Innovación Agraria, cabe consignar que ésta ha sido constituida como una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, y que en virtud de lo prescrito en el artículo primero de sus Estatutos se rige por éstos y, en el silencio de los mismos, por las normas previstas en el Título Tercero del Libro Primero del Código Civil y en el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a las Corporaciones y Fundaciones. Sin embargo, este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C469-11, C1068-11, C1529-11, C697-12 y C552-13, entre otras, se ha pronunciado precisamente sobre la aplicabilidad de la Ley de Transparencia a organismos constituidos como entidades de derecho privado. En las citadas decisiones este Consejo ha razonado que la utilización de formas organizativas privadas en el ámbito estatal, como las corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, persigue una actuación más eficiente de la Administración del Estado en beneficio de los ciudadanos, pero que, en tanto estas entidades tengan un carácter evidentemente instrumental respecto de la misma Administración Pública, deben considerarse parte de ésta, resultándoles aplicable las disposiciones de la Ley de Transparencia como parte del estatuto mínimo de las organizaciones que integran la Administración del Estado. 3) Que, lo anterior presupone que el Estado tenga una participación y posición dominante en dichas entidades y que ésta realice funciones administrativas, pues en estos casos la naturaleza pública debe predominar por sobre la forma privada. Este Consejo estima que tal participación y/o posición dominante de la Administración Pública sobre una entidad de Derecho Privado, con la consecuente relación de instrumentalidad, viene dada por los siguientes tres elementos básicos: a) La concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación (decisión pública de creación); b) La integración de sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por éstos (integración o conformación pública de los órganos de decisión, administración y control); y, c) La naturaleza de las funciones que desempeñan, que se alinea con el cumplimiento de funciones administrativas (función pública administrativa). 4) Que, en lo que concierne al primer requisito, cabe consignar que la Fundación para la Innovación Agraria (primitivamente denominada Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria), se creó por Decreto N° 1.609, de 15 de diciembre de 1981, del Ministerio de Justicia, que aprobó los Estatutos contenidos en la escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1981. Estos Estatutos fueron modificados el 9 de mayo de 1995, según escritura pública de 23 de junio de 1995, aprobándose esta modificación por D.S. N° 106, de 25 de enero de 1996, del Ministerio de Justicia. Estos Estatutos posteriormente fueron modificados, reordenados y refundidos en los estatutos actuales, los que fueron aprobados en sesión extraordinaria del Consejo N° 94, celebrada el 29 de abril de 1996. Finalmente, esta reforma y su texto completo, se encuentran contenidos en las escrituras públicas de 24 de mayo de 1996 y 17 de octubre de 1996, siendo aprobada por D.S. N° 1116, de techa 31 de octubre de 1996 del Ministerio de Justicia, el que se publicó en el Diario Oficial N° 35.617, el 16 de noviembre de 1996. La configuración orgánica y funcional de la FIA evidencia que su creación responde a una decisión de política pública con miras a fomentar la innovación agraria, mediante la constitución de una entidad de apoyo del Ministerio de Agricultura en estas materias. En efecto: a) Conforme establecen los estatutos del organismo (artículo sexto) la administración superior de la FIA estará a cargo de un Consejo Directivo de siete miembros titulares, integrado por: 1) Por el Ministro de Agricultura, quien lo presidirá; 2) Por seis personas de reconocida experiencia en el área científica, de la investigación y de la innovación agraria, provenientes de las actividades públicas, privadas, académicas o de organismos internacionales, que serán designadas por el Ministro de Agricultura. Señala el precepto estatutario que estos Consejeros duran cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reasignados por el señor Ministro de Agricultura por otros períodos en forma indefinida. Precisa además la norma que el Ministro designará dos Consejeros suplentes que duraran 4 años en sus cargos y que reemplazarán a cualesquiera de los Consejeros titulares en caso de ausencia o impedimento temporal de alguno de ellos, con los beneficios, derechos y obligaciones que indica detalladamente el mismo precepto estatutario. b) La página web del organismo (www.fia.cl) posee idéntica tipología a la del resto de los organismos públicos. Así, junto con detallar algunos aspectos orgánicos y funcionales de la FIA, se incluye en la página web el banner de "Gobierno Transparente", que contiene la información que menciona el artículo 7° de la Ley de Transparencia, organizada bajo en los términos que establece el acápite 1 de la Instrucción General N° 4 de este Consejo, a saber: "Materias a Informar: Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener a disposición permanente del público en su sitio web la siguiente información, desagregada en las categorías independientes que se indican". Finalmente, el organismo utiliza el logotipo del "Gobierno de Chile" figurando como entidad asociada el Ministerio de Agricultura. c) En el sitio web de esta Fundación se admite, expresamente, que "es la agencia del Ministerio de Agricultura cuya misión es fomentar una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, articulando y apoyando iniciativas de personas y entidades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los agricultores de todas las regiones del territorio nacional". Es decir, se deja claramente establecido que la entidad se encuentra adscrita a dicha Secretaría de Estado, a efectos de prestarle apoyo en el ejercicio de sus funciones. Todo lo anterior, sumado a lo que se indicará a continuación, evidencia que la creación de esta fundación no fue realizada en forma privada en ejercicio de la libertad de asociación, sino que, por el contrario, fue efectuada a instancias del poder público, en el marco de una política pública destinada a fomentar la innovación en el ámbito de la agricultura, como forma de apoyar al Ministerio de Agricultura en estas materias. Lo cual fuerza a concluir que existe una decisión pública en la creación del organismo. 5) Que, en lo que atañe a la integración de sus órganos de decisión, administración y control, cabe anotar que los principales órganos que contemplan los estatutos son el Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo, el Vicepresidente del Consejo Directivo y el Secretario Ejecutivo, estableciendo además una instancia especial que funciona como Consejo Asesor. Para efectos del presente análisis se estará al texto de los estatutos publicado en el sitio web del organismo (http://www.fia.cl/transparencia/marco_fia.pdf): a) Consejo Directivo: Le corresponde la administración superior de la FIA, según prevé el artículo sexto de los estatutos. Su integración es aquella a que se ha hecho mención en el considerando 4°, letra a) precedente, debiendo destacarse que los miembros del Consejo Directivo de la FIA (consejeros) son designados directamente por el Ministro de Agricultura, correspondiéndole a este Consejo elegir entre sus miembros a un secretario y a un tesorero. b) Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo: Conforme a los estatutos de la FIA, preside el Consejo Directivo el Ministro de Agricultura. Según precisa el artículo octavo de los estatutos, de entre los miembros titulares que integran el Consejo, el Ministro de Agricultura designara a un consejero en calidad de vicepresidente, quien presidirá la fundación en ausencia del presidente, siendo un cargo de exclusiva confianza del Ministro de Agricultura. c) Director Ejecutivo: Según prevé el artículo noveno de los estatutos, el Ministro de Agricultura designará un profesional, con el carácter de Director Ejecutivo, quien tendrá a su cargo la dirección profesional y administrativa de la fundación. Este director asistirá las sesiones del directorio teniendo derecho a voz pero no a voto. d) Consejo Asesor: Cabe anotar que conforme prevé el Titulo Cuarto de los Estatutos (artículo vigésimo segundo), existirá como órgano dependiente del Ministerio de Agricultura un Consejo Asesor, bajo la denominación de "Consejo para la Innovación Agraria". La función del mismo consiste en asesorar al Ministro de Agricultura y al Consejo Directivo de la Fundación en la formulación de propuestas para la definición de políticas y acciones que favorezcan el desarrollo, capacitación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al sector productivo y de gestión del agro y para una mayor presencia de los productos y servicios agrarios chilenos en mercados internacionales. Corresponde la designación de los miembros de este Consejo al Ministro de Agricultura, quien deberá elegir a personas destacadas del sector público o aquellas más representativas de entre los académicos o investigadores de las universidades o centros de investigación, o de sectores productivos de la Nación o de las asociaciones gremiales de trabajadores del sector silvoagropecuario o agrícola. En consecuencia, la participación del Estado a través del Ministro de Agricultura, se encuentra asegurada en los diversos ámbitos asociados a la administración de la FIA. En efecto, como se observa, es dicha autoridad quien en el ejercicio de sus funciones preside el cuerpo encargado de la administración superior de la organización, y se encarga de designar a sus principales autoridades o miembros de instancias asesoras. 6) Que, en lo que atañe al tercer requisito enunciado en el literal c) del considerando 3°, referido a la naturaleza de las funciones que desempeña la FIA es preciso señalar que dentro de los objetivos centrales enunciados en el artículo segundo de sus estatutos, se encuentra el de fomentar y promover la transformación de la agricultura y de la economía rural, para lo cual podrá: i) promover y fomentar el desarrollo de la investigación agrícola, pecuaria, forestal y acuícola; ii) promover y fomentar los procesos de innovación agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, y agroindustrial, en cualquiera de los puntos correspondientes a la cadena de valor; iii) promover la renovación e incremento del germoplasma silvoagropecuario y acuícola; iv) promover la formación de infraestructura tecnológica para las personas que trabajen en el sector silvoagropecuario; v) mantener actualizado el inventario de las investigaciones que se realicen en el sector, y vi) promover y fomentar cualquier otro proyecto de investigación o innovación, que sea calificado de interés nacional o regional por el Consejo Directivo de la FIA. Para el cumplimiento de estos objetivos el artículo tercero de los estatutos, asigna al organismo un conjunto de atribuciones, entra las cuales cabe destacar las de: i) identificar las áreas de interés para el desarrollo agropecuario; ii) fomentar las iniciativas, programas o proyectos de investigación en materias agrícolas, pecuarias, forestales, de recursos naturales renovables y pesca, incluyendo el procesamiento de las materias primas y cuyo desarrollo por su naturaleza, cobertura u otras características sean de alta conveniencia para el país; generar programas o proyectos de inversión; iii) brindar apoyo para la construcción de capacidades empresariales; iv) realizar acciones para facilitar el acceso a os mercados externos de la producción nacional; v) llamar a concurso para la presentación de proyectos de interés en el área silvoagropecuaria o agrícola; vi) promover la plana utilización y expansión de la infraestructura de investigación agropecuaria y acuícola existente en el país. El accionar de la Fundación para la Innovación Agraria, en cuya virtud se encuentran comprometidos fines públicos, se ve reforzado por lo siguiente: a) Las funciones anteriores resultan alineadas con la función que atribuye al Ministerio de Agricultura el D.F.L. N° 294, en cuanto Secretaría de Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar las industrias agropecuarias y pesqueras del país, e instar por el fomento de la innovación en materias agrarias y de recursos silvoagropecuarios encaminándose, fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción nacional; la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo. De ahí que la página web del organismo se refiera a la FIA como una agencia de innovación del Ministerio de Agricultura, configurándola como una entidad asesora de dicha secretaría de Estado en materias referidas a fomento de la innovación agropecuria, silvoagropecuaria y alimentaria del país. b) Como corolario de lo anterior, los mismos estatutos de la FIA en su Título Segundo, al referirse al patrimonio de la fundación, señalan que: "El patrimonio de la Fundación estará formado: a) Con los aportes que se consulten en la Ley de Presupuestos u otras leyes especiales". En dicho contexto, en virtud de dicha ley, el monto total que le fueron transferidos para el año 2019 fue de $6.374.665.000 (seis mil trescientos setenta y cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos). Por otra parte, en la última memoria publicada por el órgano en su web institucional, se indica que: "La Fundación para la Innovación Agraria desarro-lla su gestión en base a los recursos provenientes desde la Ley de Presupuesto Anual de la Nación y que son transferidos desde la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Economía y Em-presas de Menor Tamaño. En el caso de la Subsecretaría de Economía, los recursos provienen del Fondo de Innovación para la Competitividad y del Fondo de Inversión Estra-tégica". Esto no hace más que ratificar la naturaleza pública de las funciones que desempeña la Fundación para la Innovación Agraria. 7) Que, en consecuencia, atendida la disposición pública de su creación; su orgánica; la composición de sus instancias decisorias y de administración; la naturaleza pública de sus funciones y de su financiamiento, este Consejo estima que la Fundación para la Innovación Agraria, se encuentra sujeta a la Ley de Transparencia, quedando precisamente comprendida en su artículo 2°, inciso 1°, en cuanto se trata de un órgano o servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa, por las razones expuestas precedentemente. Por tanto, a continuación corresponde examinar si procede la publicación de la información objeto de controversia. 8) Que, conviene iniciar señalando que la resolución N° 2, de 2019, de la Subsecretaría de Agricultura, que aprueba el convenio entre la referida Subsecretaría y la Fundación para la Innovación Agraria, para la transferencia de los recursos establecidos en la Ley de Presupuestos para el año 2019, se indica que los recursos transferidos deberán ser utilizados en aquellos gastos inherentes al cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos del presente convenio, tales como remuneraciones, prestaciones de seguridad social y asignaciones. Asimismo, en lo que atañe a las remuneraciones de sus trabajadores, se consigna que sólo pueden ser empleados para pagar aquellas prestaciones en dinero establecidas en los respectivos contratos de trabajo. 9) Que, conforme el artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia y 51, letra d), del reglamento de la misma ley, los sujetos obligados por dicha ley deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, la información relativa al personal y sus remuneraciones. Luego, la Instrucción General N° 11, de este Consejo, en su punto N° 1.4, precisa que para dar cumplimiento a este numeral, se deberá informar en esta sección a todas las personas naturales contratadas, con prescindencia del estatuto laboral que se les aplique, para lo cual incluirá un listado con la individualización del personal de planta, a contrata, que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo y de las personas naturales contratadas a honorarios. Posteriormente, respecto del personal sujeto al Código del Trabajo, se señala que se deberá informar, entre otras cosas, su remuneración bruta mensualizada. Por otra parte, el artículo 50 del reglamento de la Ley de Transparencia señala que dicha información deberá ser actualizada mensualmente, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes. 10) Que, en cuanto a la alegación de la fundación en orden a que no le es posible publicar la remuneración del personal sujeto a las normas del Código del Trabajo, se debe seguir lo resuelto en la decisión amparo Rol C250-13, en donde se señaló que no obstante el tenor del artículo 154 bis del Código del Trabajo, que se justifica en la protección de la vida privada de los trabajadores, en sí mismo este artículo no constituye un caso de reserva en los términos del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Así lo ha resuelto este Consejo, en base a las argumentaciones expresadas en los considerandos 7° a 12° de la decisión recaída en el amparo Rol C203-10, que resultan plenamente aplicables en el caso en análisis, las que se dan por reproducidas en este punto. 11) Que, la naturaleza pública de la información relativa a las remuneraciones del personal que se rige por las normas del Código del Trabajo, ha sido reconocida claramente por el legislador en aplicación del principio de transparencia de la función pública consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia, que complementa lo dispuesto en el artículo 7° de este último cuerpo legal, sobre el deber de transparencia activa a que se encuentran sujetos los servicios públicos, establece en el párrafo 2° de la letra d), referida al tópico personal y remuneraciones, que "Para los efectos de lo dispuesto en la presente letra, cada organismo de la Administración del Estado deberá incluir en el respectivo sitio electrónico un listado con la individualización de sus funcionarios de planta y a contrata y las personas contratadas a honorarios y las que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo". Por su parte, el párrafo final del referido literal agrega que "Para aquellas personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada y, cuando corresponda, para las personas que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo, se deberá consignar el monto de sus honorarios o remuneraciones mensuales, permanentes y brutas, establecidas por contrato". 12) Que, este Consejo estima que la publicidad de la información solicitada no afecta la intimidad, la vida privada, ni la honra de dichos trabajadores, ni tampoco implica la divulgación no autorizada de sus datos personales. Ello por cuanto ha sido el propio legislador quien ha efectuado una ponderación sobre tal afectación, disponiendo la publicación de la nómina de trabajadores y su respectiva remuneración en el sitio web de cada entidad, conforme al artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia. Asimismo, este Consejo ha sentado como principio fundamental que la esfera de privacidad de aquel personal que trabaja para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, en virtud, precisamente, de las funciones que ejercen. 13) Que, contrastadas las obligaciones legales y reglamentarias reseñadas en los considerandos anteriores con las situaciones descritas en la gestión oficiosa e informe de fiscalización a que aluden los numerales 2° y 3° de lo expositivo, es posible establecer la veracidad de la denuncia formulada y, en consecuencia, la infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia, letra d), toda vez que al 23 de abril de 2019, la fundación no mantenía publicadas las remuneraciones de su personal sujeto al Código del Trabajo. 14) Que, en consecuencia, atendido lo señalado en los considerandos precedentes, se acogerá el reclamo interpuesto y se requerirá a la fundación publicar en el sitio web de transparencia activa la información actualizada sobre la materia reclamada. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión, lo que habrá de demostrarse en la etapa de cumplimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el reclamo deducido en contra de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria que: a) Publique en el sitio web de transparencia activa del órgano que representa, la información actualizada de las remuneraciones del personal sujeto al Código del Trabajo, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, su reglamento y la instrucción general N° 11 de este Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión, lo que habrá de demostrarse en la etapa de cumplimiento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al reclamante y al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.