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DECISIÓN AMPARO ROL C1905-19</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Lo Prado</p>
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Requirente: Gabriela Ulloa Contador</p>
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Ingreso Consejo: 06.03.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Lo Prado, ordenando la entrega de la ubicación geográfica de las denuncias realizadas por los ciudadanos en materia medio ambiental/social, desde el año 2014 hasta la fecha de la solicitud.</p>
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Lo anterior, debido a que se desestimó que otorgar la información reclamada signifique una distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado en el cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
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Se debe omitir cualquier referencia geográfica que identifique o permita identificar a las personas denunciantes; ello, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias. Aplica criterio de las decisiones de amparo roles C520-09, C302-10, C2165-18, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 1070 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1905-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de febrero de 2019, doña Gabriela Ulloa Contador solicitó a Municipalidad de Lo Prado, la siguiente información:</p>
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En el marco de un proyecto FONDECYT que busca mapear los conflictos socioambientales en la Región Metropolitana, se requieren: "Todos aquellos reclamos que la ciudadanía haya realizado en materia ambiental/social, ya sea ruidos/olores molestos o cualquier circunstancia que haya vulnerado sus derechos por el acceso a un medioambiente libre de contaminación. De poseer esta información, les ruego compartirla con alguna referencia geográfica, ya sea dirección, intersección de calles, unidad vecinal o zona censal.", desde el año 2010 en adelante.</p>
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2) RESPUESTA: Con fecha 06 de marzo de 2019, la Municipalidad de Lo Prado respondió a dicho requerimiento de información, mediante oficio ordinario N° 665, de misma fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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Se adjunta documento titulado "Reporte anual de denuncias ambientales ciudadanas" elaborado por el Departamento de Medio Ambiente desde el año 2014 en adelante. En cuanto a la información anterior, señala que no existen datos, ya que la Unidad de Inspección Ambiental comenzó a funcionar formalmente desde la contratación de un profesional ingeniero ambiental el año 2014, por lo que no existen datos anteriores.</p>
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3) AMPARO: El 06 de marzo de 2019, doña Gabriela Ulloa Contador dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud.</p>
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Además, la reclamante hizo presente que "la información entregada no cuenta con ninguna referencia geográfica acerca de las denuncias ciudadanas realizadas en materia ambiental, siendo que explícitamente se solicitó esta información. Esta solicitud ha sido solicitada en otras comunas donde si se ha entregado la información, por lo que no veo cual sería el problema de especificar la empresa/vivienda/negocio que está siendo denunciado, y/o la ubicación del denunciante (...)"</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo mediante Oficio N° E6092, de 05 de mayo de 2019 y confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado, solicitante que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada -referencia geográfica- obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.</p>
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Mediante ORD. N° 1429, de 23 de mayo de 2019, el órgano evacuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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Reitera que respecto de las denuncias consultadas se entregó toda la información que posee la Municipalidad. En cuanto a la georreferenciación de las mismas indica que el personal del área medio ambiental con ocupación en atención de ruidos y olores molestos está compuesto sólo por un funcionario, por lo que no resulta posible entregar la información en la forma pedida, ya que ello implicaría que desatendiera sus labores habituales para encargarse del desarchivo de los expedientes desde la bodega municipal, para luego recopilar dichos antecedentes y finamente transcribirlos.</p>
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Por tanto, tratándose de una solicitud genérica que se traduce en gestionar un elevado número de documentos administrativos para el funcionario a cargo del tema consultado se deniega esta información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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Finalmente, agrega que el tratamiento de la información medioambiental lo determinada el Municipio de acuerdo a sus propias necesidades internas, no constituyendo en ningún caso una obligación legal mantenerla de modo georreferenciada.</p>
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Se adjunta certificado del Jefe de Recursos Humanos dando cuenta que en la Dirección de Medio Ambiente y operaciones existe sólo un funcionario dedicado a labores relacionadas con olores y ruidos molestos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que en conformidad al tenor de lo expuesto por la reclamante - señalado en el numeral 3) de lo expositivo-, el presente amparo tiene objeto la entrega de las referencias geográficas de las denuncias ciudadanas realizadas en materia ambiental/social, informadas por el Municipio desde el año 2014 en adelante.</p>
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2) Que, sobre el particular, el órgano en los descargos evacuados en esta sede denegó esta información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, fundada en que cuenta sólo con un funcionario dedicado a esta esta materia, cuya entrega implicaría alejarlo de sus labores habituales para dedicarse al desarchivo de los expedientes guardados en la bodega municipal, y luego a recopilar y transcribir la información en la forma pedida.</p>
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3) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales».</p>
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4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras.</p>
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5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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6) Que, en la especie, el Municipio no cumple con el estándar exigido por este Consejo para probar fehacientemente de qué manera se configura la concurrencia de la causal alegada, toda vez que sólo se limitó a señalar que cuenta con sólo un funcionario para la entrega de lo pedido, cuya atención requería distraerlo indebidamente del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por su parte, analizado los antecedentes tenidos a la vista, se constata que la información pedida requiere revisar una totalidad de 396 denuncias, lo cual, a juicio de este Consejo, no demandaría un esfuerzo de tal magnitud que pudiera entorpecer el normal o debido funcionamiento del organismo, por lo que se desestima la causal invocada.</p>
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7) Que, a su turno, en cuanto a la alegación del órgano en orden a que no constituye una obligación legal para el Municipio mantener un registro georreferencial de las denuncias realizadas en materia ambiental/social, se debe hacer presente que en virtud a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Transparencia es pública toda información elaborada con presupuesto público y toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración, a menos que esté sujeta a las excepciones que establece la Ley; en este sentido, atendido que en la especie el órgano señaló en sus descargos que esta información se encuentra contenida en los expedientes correspondientes, y que asimismo la causal de reserva invocada por el órgano respecto de esta materia fue desestimada, se rechazará esta alegación.</p>
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8) Que, en consecuencia, atendido lo señalado, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la ubicación geográfica de las denuncias realizadas en materia ambiental/social desde el año 2014 hasta la fecha de la solicitud, ya sea entregando la dirección aproximada, intersección de calles, unidad vecinal o zona censal de las mismas.</p>
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9) Que, no obstante lo resuelto, el municipio deberá omitir cualquier referencia geográfica que identifique o permita identificar a las personas denunciantes. Ello, por aplicación de lo razonado por este Consejo frente a solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, en las que se ha denegado esta información, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias; estimándose que la entrega del mencionado dato, puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, su divulgación puede afectar gravemente derechos de sus titulares. Aplica criterio de las decisiones de amparo roles C520-09, C302-10, C2165-18, entre otras.</p>
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10) Que, por último, se hace presenta a la reclamante que aquella parte del amparo en que se pide especificar la empresa, vivienda o negocio denunciado en materia ambiental, será desestimada por exceder el tenor original de la solicitud de información.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Gabriela Ulloa Contador en contra de la Municipalidad de Lo Prado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante, de la siguiente información:</p>
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Ubicación geográfica de las denuncias realizadas por los ciudadanos en materia ambiental/social desde el año 2014 hasta la fecha de la solicitud, ya sea entregando la dirección aproximada, intersección de calles, unidad vecinal o zona censal de las mismas.</p>
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Se deberá omitir cualquier referencia geográfica que identifique o permita identificar a las personas denunciantes; ello en virtud de lo señalado en el Considerando 9° precedente.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 40 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Ulloa Contador y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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