<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C2011-19</p>
<p>
Entidad pública: Carabineros de Chile.</p>
<p>
Requirente: Germán Vásquez Ortega.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 11.03.2019</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Por decisión de mayoría se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de la información relativa a la cantidad de funcionarios y ex funcionarios diagnosticados con trastorno de personalidad, por los profesionales que consulta.</p>
<p>
Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios de la institución.</p>
<p>
Hay voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, para quien el amparo debe ser rechazado por configurarse la causal de distracción indebida de los funcionarios, por cuanto su entrega implica revisar más de 1.500 carpetas para poder dar respuesta a la materia consultada, de conformidad a lo resuelto por este Consejo en la decisión de los amparos roles C2009-19 y C2010-19, y toda vez que no se advierte un interés público prevalente que justifique la recopilación de la información requerida.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1053 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C2011-19.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 7 de febrero de 2019 don Germán Vásquez Ortega solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información: "Solicito se me informe a cuantos funcionarios y ex funcionarios de Carabineros les ha diagnosticado trastorno de personalidad el psiquiatra Jorge Luengo Ahumada y el psicólogo Cristian Mena Martineau, ambos del Hospital de Carabineros. Dicha información se requiere a contar desde que ambos funcionarios desempeñan sus funciones en ese Hospital de Carabineros, hasta el 01 de enero del 2018. Dicha información se requiere en formato excel indicando fecha y diagnóstico".</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 7 de marzo de 2019, mediante Oficio RSIP N° 45013, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis, que "el Servicio de Especialidades del Hospital de Carabineros, señaló que no posee la información requerida (...) cabe destacar que la ley N° 20.285 permite acceder a información que, al momento de la solicitud, se encuentre en el órgano de la administración requerido y contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste. En cualquier caso, la citada Ley no obliga a los órganos de la Administración del Estado a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible".</p>
<p>
3) AMPARO: El 11 de marzo de 2019, don Germán Vásquez Ortega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "no pueden señalar que no existe por cuanto en respuesta a solicitud (...) si la dan, es más ambos funcionarios (...) diagnosticaron trastorno de personalidad (...) simplemente señalan que no la tienen, lo cual no es efectivo".</p>
<p>
4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° E6826, de fecha 20 de mayo de 2019, solicitó al reclamante subsanar su amparo, en el sentido de acreditar la fecha en que recibió respuesta por parte del órgano.</p>
<p>
Mediante correos electrónicos de fechas 22 y 28 de mayo de 2019, el reclamante subsanó su amparo, acompañando copia de la respuesta del órgano, y adjuntando copia de su propia ficha clínica, según la cual acreditaría que la información obra en poder de la institución.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E8117, de fecha 14 de junio de 2019, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, notificando el reclamo y solicitando que presente sus descargos u observaciones.</p>
<p>
Mediante Oficio N° 155, de fecha 28 de junio de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "En la especie, se consultaba directamente por diagnósticos efectuados por dos profesionales específicos del Hospital de Carabineros, los que no se encuentran parametrizados en los sistemas de información, obligando a revisar la totalidad de las fichas médicas del área de psiquiatría para determinar eventuales diagnósticos de esa naturaleza. Lo anterior permite concluir que es altamente complejo obtener y cuantificar todos los diagnósticos de trastornos de personalidad realizados por los profesionales, psiquiatra Jorge Luengo Ahumada y el psicólogo Cristian Mena Martineau, dado que ambos trabajan en dicho nosocomio desde el año 2000 y 2011, respectivamente, habiendo, en esos extensos períodos, atendido miles de pacientes. A ello debe agregarse que en el transcurso de los años ha habido distintos medios de registros y de ficha, tanto físicas como electrónicas encontrándose algunas destruidas, lo que no obstante que deba desplegarse una ardua labor impediría dar una respuesta cierta a lo solicitado".</p>
<p>
Acto seguido, indicó que "Debe tenerse presente, que solamente a contar del año 2017 se cuenta con ficha electrónica, sin embargo, los profesionales y el sistema, no poseen herramientas tecnológicas e informáticas que permitan extraer dicha información por encontrarse en textos no parametrizados, como puede apreciarse de las propias copias de los informes acompañados por el recurrente. De lo anterior, se colige que para acceder a lo solicitado por el señor Vásquez Ortega habría que construir la información a partir de la revisión de la totalidad de las fichas clínicas desde el año 2000 en adelante, de los miles de personas atendidas por el Hospital de Carabineros, para determinar, en primer lugar, quienes de ellos tienen alguna consulta siquiátrica, luego, de los que se hallaren en tal condición, quienes fueron atendidos por los profesionales antes referidos para, finalmente, de entre estos determinar a cuales se les diagnosticó trastorno de la personalidad", denegando la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C377-13, y por la Excma. Corte Suprema, en queja rol 6663-2012, y al test de daños.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de Carabineros de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la cantidad de funcionarios y ex funcionarios de Carabineros que han sido diagnosticados con trastornos de personalidad por los profesionales que indica, en el período que señala. Al respecto, el órgano señaló que no cuenta con la información requerida, denegando su entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
<p>
3) Que, en segundo lugar, el órgano señaló que la entrega de la información solicitada distraería a los funcionarios de sus labores habituales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, dicha norma dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
<p>
4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
<p>
5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
<p>
6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
<p>
7) Que, en el presente caso, si bien el órgano señaló que los antecedentes no se encuentran parametrizados en los sistemas de información, obligando a revisar la totalidad de las fichas médicas del área de psiquiatría desde el año 2000 y 2011, en adelante, habiéndose atendido miles de pacientes en dichos períodos, y que ha habido distintos medios de registros y de ficha, tanto físicas como electrónicas encontrándose algunas destruidas, lo que impediría dar una respuesta cierta a lo solicitado, y teniendo presente que solamente a contar del año 2017 se cuenta con ficha electrónica, dichas alegaciones no resultan suficientes para tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, teniendo en consideración que la documentación requerida se refiere al número de funcionarios o ex funcionarios diagnosticados con trastorno de personalidad, y a que el órgano no ha señalado la cantidad total de carpetas a revisar para recopilar la información, ni el número total de funcionarios necesarios para llevar a cabo dicha labor, ni la cantidad de días u horas destinadas a dicha función, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
8) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, otorgándose, para tal efecto, un plazo extraordinario de 60 días hábiles.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Germán Vásquez Ortega en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregar al solicitante información relativa sólo al número de funcionarios y ex funcionarios de Carabineros les ha diagnosticado trastorno de personalidad el psiquiatra Jorge Luengo Ahumada o el psicólogo Cristian Mena Martineau, ambos del Hospital de Carabineros, desde que ambos funcionarios desempeñan sus funciones en la institución, hasta el 1 de enero de 2018, en formato excel indicando fecha y diagnóstico.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 60 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Germán Vásquez Ortega y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
<p>
VOTO DISIDENTE:</p>
<p>
La presente decisión es acordada con el voto disidente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en los considerandos 6) a 8), estimando que el amparo debe rechazarse respecto del número de funcionarios diagnosticados con trastorno de personalidad por los profesionales que señala, requerido en el numeral 1° de lo expositivo, por las siguientes razones:</p>
<p>
1) Que, con relación a la causal de reserva alegada por el órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, en el presente caso, a partir de lo señalado por Carabineros, cabe tener presente que al no encontrarse parametrizada dicha información, implica tener que revisar la totalidad de las carpetas de los pacientes atendidos por los profesionales mencionados en la petición, desde el año 2000 en adelante respecto de uno de ellos, y desde el año 2011 respecto del otro, verificar cuáles de ellas fueron atendidas por los profesionales consultados, y posteriormente, revisar cuáles se refieren a las patologías aludidas en la solicitud.</p>
<p>
2) Que, asimismo, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo, en la decisión de los amparos roles C2009-19 y C2010-19, entre las mismas partes, en el sentido de que la información consultada relativa a los funcionarios jubilados por trastornos de personalidad, depresión o trastorno adaptativo, y la de los funcionarios jubilados por invalidez de segunda clase, corresponden en total, a poco más de 1.500 carpetas que revisar para poder dar respuesta a la materia consultada. En dicha resolución, se rechazaron los amparos por configurarse la causal de reserva mencionada, por los mismos motivos por los cuales debiera desestimarse el presente amparo.</p>
<p>
3) Que, en dicho contexto, resulta plausible sostener que la revisión de cada una de las carpetas correspondientes al área de psiquiatría, con la finalidad de extraer la cantidad de casos relativos al diagnóstico médico consultado, atendido por el profesional indicado, y la fecha de dicho diagnóstico, y posteriormente traspasar la información para efectos de generar una planilla Excel, al tenor de lo solicitado, implica, efectivamente, una distracción indebida de los funcionarios de la institución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo dichos funcionarios abandonar sus labores habituales, para dedicarse, exclusivamente, a la recopilación de información particular, como la requerida en la especie.</p>
<p>
4) Que, del mismo modo, cabe además señalar que este Consejero no advierte un interés público prevalente que justifique la revelación de la referida información, ni el esfuerzo desmedido de los funcionarios de la institución, con el fin de buscar, recopilar y entregar los antecedentes solicitados, con el desglose requerido, que permita soslayar la reserva que el legislador le otorga, en virtud de la causal de reserva alegada, debiendo rechazarse.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
<p>
</p>