Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2151-19

Reclamante:	EDUARDO FLORES JARA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (SENDA)
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), ordenando entregar las listas de asistencia a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, solo con la información consistente en los nombres y apellidos de las 5 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios para desempeñarse como colaboradores en el Programa Previene de SENDA; sin embargo, en aplicación del principio de divisibilidad, previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada y que se encuentran contenidas en las columnas contenidos en dichas listas de asistencia. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública por tratarse de personas que han sido contratadas para desempeñar una función pública, existiendo un interés social en cómo ejercen esa función; y, porque, además, su contrato es una modalidad de contratación que utilizan los órganos de la Administración Pública para proveerse de bienes y servicios, que debe informarse en la página web institucional como una obligación de transparencia activa en virtud de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo respecto de la solicitud de la información referida al resto de los 57 asistentes a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, contenida en las listas de asistencias acompañadas por el órgano recurrido, por contener datos personales de esos asistentes. Se rechaza el amparo respecto de la información referida al lugar de los talleres; fecha de los talleres; horas de extensión de los talleres; información de la empresa relatora; metodología utilizada en los talleres; y resultados obtenidos en los talleres, por haber sido entregada por el órgano recurrido al recurrente, aunque de manera extemporánea.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/25/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4085-17 C4680-19 C2033-19 C3728-19
Jurisprudencia a:	C4927-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Vida privada >> Datos personales
Descriptores analíticos:	Salud; Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C2151-19 Entidad pública: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Requirente: Eduardo Flores Jara. Ingreso Consejo: 16.03.2019 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), ordenando entregar las listas de asistencia a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, solo con la información consistente en los nombres y apellidos de las 5 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios para desempeñarse como colaboradores en el Programa Previene de SENDA; sin embargo, en aplicación del principio de divisibilidad, previo a la entrega deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada y que se encuentran contenidas en las columnas contenidos en dichas listas de asistencia. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública por tratarse de personas que han sido contratadas para desempeñar una función pública, existiendo un interés social en cómo ejercen esa función; y, porque, además, su contrato es una modalidad de contratación que utilizan los órganos de la Administración Pública para proveerse de bienes y servicios, que debe informarse en la página web institucional como una obligación de transparencia activa en virtud de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo respecto de la solicitud de la información referida al resto de los 57 asistentes a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, contenida en las listas de asistencias acompañadas por el órgano recurrido, por contener datos personales de esos asistentes. Se rechaza el amparo respecto de la información referida al lugar de los talleres; fecha de los talleres; horas de extensión de los talleres; información de la empresa relatora; metodología utilizada en los talleres; y resultados obtenidos en los talleres, por haber sido entregada por el órgano recurrido al recurrente, aunque de manera extemporánea. Se representa al órgano requerido el no haber cumplido con la Ley de Transparencia en su respuesta al recurrente, por cuanto, dicha respuesta se otorgó fuera del plazo legal. En sesión ordinaria N° 1081 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2033-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de febrero de 2019, don Eduardo Flores Jara solicitó al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), la siguiente información: "Respecto de los talleres realizados en Cartagena en 2018 relacionados con la temática: Habilidades y Mipe preventiva, deseo saber: Lugar y fecha de los talleres, horas de extensión, registro de asistentes, información de la empresa relatora, metodología utilizada, resultados obtenidos". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 16 de marzo de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud. 3) RESPUESTA EXTEMPORÁNEA: El 22 de marzo de 2019, mediante Oficio N° D 381, del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol --el que fue notificado ya vencido el plazo legal para ello-se respondió la solicitud de acceso antes individualizada, señalándose, en lo pertinente, lo siguiente: "2. Que, conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. 3. Que, el artículo 5° del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia. 4. Que en virtud de lo anterior se estima que la información solicitada tienen el carácter de pública y que a su respecto no concurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma. RESUELVO: I.- REMÍTASE al requirente el Memorando N° S-1603/2019 del Área de Prevención, en formato electrónico PDF, que contiene la información solicitada.". (sic) Por su parte, en el aludido Memorando N° S-1603/2019, de 4 de marzo de 2019, de la Jefa Área de Prevención, se señala que la información solicitada por don Eduardo Flores Jara se entrega en una tabla organizada con las siguientes columnas: "Fecha"; "Lugar"; Duración Hrs."; "N° Participantes"; "Relator/a"; "Metodología Utilizada"; y "Resultados obtenidos", estableciéndose en cada columna la información referida a las Jornadas de Capacitaciones 2018 Previene Cartagena. Sin embargo, en el mismo memorándum, el órgano recurrido señaló que respecto del "registro de asistentes", sólo se entrega el número de personas que participaron en la actividad y no los datos de los mismos, es decir, la lista de asistencia, "(...) puesto que estos registros contienen información sensible como nombres completos de las personas, números de teléfonos, firma y RUT, el cual debemos resguardar como Servicio Público.". 4) DERIVACIÓN AL SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N°E6341, de fecha 10 de mayo de 2019, derivó el caso al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), por lo que se le solicito al recurrente se pronunciará sobre los siguientes aspectos de la respuesta dada por el órgano recurrido: "(1°) señale si la información proporcionada por el órgano reclamado, mediante OFICIO N° D-381 de 22 de marzo pasado, y que consta notificada a su correo electrónico el mismo día, satisface o no su requerimiento; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, indique la infracción cometida por el órgano reclamado, proporcionando antecedentes que lo respalden.". 5) RESULTADO DEL PRONUNCIAMIENTO SOLICITADO AL RECURRENTE: don Eduardo Flores, a través de correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2019, señaló lo siguiente: "- Que la respuesta remitida por Senda se efectuó luego de presentado el amparo. - Que en la respuesta no se adjunta registro de asistentes, información de los relatores, ni resultados de la capacitación.". En relación con la respuesta del recurrente, antes indicada, el Consejo volvió a enviar a éste un nuevo correo electrónico a objeto que aclare el contenido de la misma, solicitándosele lo siguiente: "Atendido a que afirma que en la respuesta del organismo reclamado, no se adjuntó "registro de asistentes, información de los relatores, ni resultados de la capacitación", solicitamos aclare la infracción cometida por el órgano, ya que en el Oficio N° D-381, de fecha 22 de marzo del presente, es posible constatar que en el detalle de las 6 capacitaciones del año 2018 informadas por SENDA, se indica claramente y para cada una de ellas, los relatores y los resultados obtenidos que se requieren. Asimismo, dado que sostiene que no se le entregó el registro de asistentes, y considerando que el organismo señaló en el Oficio antes señalado, que "sólo se entrega el número de personas que participaron de la actividad y no los datos de los mismos (lista de asistencia), puesto que estos registros contienen información sensible como nombres completos de las personas, números telefónicos, firma y RUT, el cual debemos resguardar como Servicio Público", solicitamos aclare también la infracción cometida por el órgano recurrido a la Ley de Transparencia, precisando cómo le consta que, al contrario de lo señalado en la respuesta a su solicitud, la información reclamada debiera ser entregada, o bien, bajo qué normativa es posible desacreditar la afirmación del organismo recurrido, proporcionando antecedentes que lo respalden.". Con fecha 24 de mayo de 2019, el recurrente remitió correo electrónico con su respuesta a lo consultado anteriormente, indicando que: "En qué caso el nombre de las personas que han asistido a una capacitación es una información sensible, obviamente que el teléfono y el RUT si lo son, por lo cual pueden ser tachados al momento de la remisión.". (sic) 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud que el reclamante no quedó conforme con la respuesta dada por el organismo recurrido en el contexto de tramitación del SACR, el Consejo, mediante Oficio N°E7581, de 7 de junio de 2019, confirió traslado del presente amparo al órgano recurrido, solicitando que: "(1°) en relación al registro de asistentes solicitado: a) refiérase a las alegaciones del reclamante en el pronunciamiento solicitado por este Consejo, en relación a dicha parte de su solicitud; b) aclare si los asistentes a las capacitaciones informadas, correspondieron a funcionarios públicos o público en general; c) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; d) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; e) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; f) indique, si a su juicio, frente a dicha parte de la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia; y, g) remita copia íntegra de la información reclamada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos.". El órgano, por medio de Oficio Ord. N° 817, de fecha 27 de junio de 2019, presentó sus descargos, señalando, en lo pertinente, que: (i) "a) Alegaciones del reclamante en el pronunciamiento solicitado por este Consejo, en relación a dicha parte de su solicitud. (...) Es del caso que, atendida la naturaleza antedicha, este Servicio estimó que los datos contenidos en el Registro de Asistentes, solicitado por el reclamante, revisten el carácter jurídico de datos personales y, como tales, constituyen un límite al ejercicio del derecho de Acceso a la Información'. En tal sentido, esta limitación encuentra su expresión normativa en las causales de secreto o reserva, contenidas en el Artículo 21 de la Ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, cual en su número 2, establece: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.". (sic) (ii) "b) Si los asistentes a las capacitaciones informadas correspondieron a funcionarios públicos o público en general. (...) De acuerdo a la información proporcionada por el área técnica de SENDA, esto es, el Área de Prevención, la mayoría de los asistentes a las capacitaciones informadas no correspondieron a funcionarios públicos sino a personas ajenas a la Administración del Estado, que realizan labores asociadas a organizaciones comunitarias2. Precisando lo anterior, se registran 5, de un total de 62 asistentes a las distintas jornadas realizadas, que corresponderían a personal de apoyo, contratado a honorarios, del Programa Previene de SENDA; personal que, tal como se ha dictaminado por la Contraloría General de la República3 no revestiría, en términos generales, la calidad de funcionario público.". (sic) (iii) "c) Señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información. (...) Si bien, tal cual se ha señalado en la letra a) precedente, la mayoría de los ítems de información requeridos por el solicitante fueron remitidos bajo la premisa de constituir información pública, solamente respecto al ítem "registro de asistentes" se efectuó una entrega de datos numéricos de registro, con lo cual este Servicio estimó que se satisfacía íntegramente el requerimiento de información del reclamante. Asimismo, y habida consideración de la naturaleza de la información desagregada, contenida en el registro institucional de asistentes a estos talleres, se concluyó la pertinencia en la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, razón por la cual no se proveyó al requirente el detalle de las partidas de registro existentes, a saber: nombre de la organización o empresa a que pertenece el asistente, Rut de dicha organización o empresa, nombre del participante, cargo, Rut del participante, sexo, email y firma.". "(...) Es así como, en razón del análisis antes expuesto, SENDA estimó que, a través de la provisión del número de asistentes a los talleres consultados, además de la información relativa a los otros ítems solicitados entregada al tenor señalado, se satisfacía el requerimiento del solicitante. Más aún, considerando que: "(...) la protección legal del tratamiento de datos personales es una limitante al ejercicio del derecho de acceso a la información administrativa del artículo 10 de la "Ley de transparencia y que los datos nominativos, por regla general son protegidos constitucional y legalmente con una esfera de secreto o reserva"10.". (iv) "d) Se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada. (...) En razón de lo anterior, no se advierte alguna circunstancia material de hecho (disponibilidad meramente material) que funde la denegación; más en un razonamiento integral que comprenda la disponibilidad jurídica y pertinencia lega de la entrega, debe señalarse que existen hechos jurídicos, susceptibles de ser subsumidos en la disposición del artículo 21 N°2 de la Ley N°20.585, así como en su normativa constitucional fundante, esto es, artículo 19 N°4 de la CPR11 los cuales configuran, por lo tanto, hechos obstativos a la entrega de la información (registro de asistentes cono dato personal. Es decir, a juicio de SENDA, concurre una situación de hecho, jurídica, que hace procedente la denegación de la información reclamada.". (v) "e) Se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. En orden al caso que da lugar a esta presentación, el Servicio estima que, en particular respecto al ítem de información discutido, esto es "registro de asistentes", concurren las causales constitucionales y legales de secreto o reserva de los artículos 19 N°4 de la CPR, así como del artículo 21N°2, de la Ley N°20.585 (...)". (vi) "f) Indique si, a su juicio, frente a dicha parte de la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. (...) en el caso que se analiza con ocasión del Amparo Rol C2151-19, lo que cobra relevancia en el contexto de transparencia y acceso a la información de la Ley N°20.285, toda vez que el recurrente solicita datos personales o nominativos que no lo individualizan ni son atributos de su personalidad. Así como tampoco, tal cual se ha expuesto en los literales c) y e) de este II apartado, se detecta la existencia de un legítimo interés públicol7 que obste a la publicidad y transparencia. De este modo, si se analiza en su conjunto la solicitud que origina este procedimiento (solicitud de información pública N'AB092T0000507), se verá que la mayor parte de la información fue proporcionada, tal cual esta fuera requerida. Solo respecto al ítem "registro de asistentes", se estimó pertinente entregar un dato numérico, mas no el detalle de los datos personales de que dispone este Servicio, en resguardo de los derechos de personas que, como se ha señalado en la letra c) del apartado II de esta presentación, no revisten la calidad jurídica de funcionarios públicos.". Concluye señalando que, atendido lo expuesto, y en virtud "(...) del artículo 26 de la Ley N°20.285, que la información requerida por el reclamante de Amparo sea declarada reservada o secreta por tratarse de datos personales; y que, conforme a los argumentos de hecho y Derecho expuestos en el cuerpo de este acto y por aplicación de la causal de reserva descrita en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285 se desestime, en consecuencia, la reclamación efectuada.". Y CONSIDERANDO: 1) Que, en conformidad a la solicitud de acceso a la información efectuada por el recurrente ante el SENDA el 11 de febrero de 2019, se requería la siguiente información respecto de los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, a saber: (a) Lugar de los talleres; (b) Fecha de los talleres; (c) Horas de extensión de los talleres; (d) Registro de asistentes a los talleres; (e) Información de la empresa relatora; (f) Metodología utilizada en los talleres; y (g) Resultados obtenidos en los talleres. 2) Que, en relación con la información antes solicitada, se advierte, a partir de la respuesta otorgada al recurrente por el órgano recurrido a través del citado Oficio N° D-831, de 22 de marzo de 2019 y el Memorando N° S-1603/2019, de 4 de marzo de 2019 --ambos aludidos en el numeral 3) del título "Teniendo presente" de esta resolución--, así como, de la respuesta dada por el propio recurrente en su correo de fecha 24 de mayo de 2019 --transcrito en el numeral 5) del aludido "Teniendo presente"--, que el órgano recurrido cumplió con otorgar a don Eduardo Flores Jara la siguiente información aludida en el considerando precedente, a saber: (a) Lugar de los talleres; (b) Fecha de los talleres; (c) Horas de extensión de los talleres; (e) Información de la empresa relatora; (f) Metodología utilizada en los talleres; y (g) Resultados obtenidos en los talleres. 3) Que, por consiguiente, el amparo queda circunscrito a la entrega de la siguiente información respecto de los talleres realizados en el año 2018 en la comuna de Cartagena, a saber: "Registro de asistentes". Al respecto, el órgano recurrido negó la entrega de esa información aduciendo que ella contiene datos personales de los asistentes, como nombre completo de la persona asistente, número de cédula de identidad, RUT de la empresa en la que trabaja; correo electrónico personal y género, todos los cuales constituyen datos personales que no pueden ser divulgados o entregados sin previa autorización del titular de los mismos, en virtud de lo establecido en la Ley N°19.628. De este modo, la información antes indicada queda subsumida por la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, esto es, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) la esfera de su vida privada (...).". 4) Que, en relación con lo antes indicado y a objeto de precisar la información expuesta en sus descargos, el órgano recurrido manifestó respecto de los asistentes a los aludidos talleres lo siguiente: "(...) la mayoría de los asistentes a las capacitaciones informadas no correspondieron a funcionarios públicos sino a personas ajenas a la Administración del Estado, que realizan labores asociadas a organizaciones comunitarias2. Precisando lo anterior, se registran 5, de un total de 62 asistentes a las distintas jornadas realizadas, que corresponderían a personal de apoyo, contratado a honorarios, del Programa Previene de SENDA; personal que, tal como se ha dictaminado por la Contraloría General de la República3 no revestiría, en términos generales, la calidad de funcionario público.". (el ennegrecido no es original). 5) Que, como cuestión preliminar, cabe señalar que revisadas las listas de asistencias a los talleres aludidos, acompañados por el órgano recurrido bajo reserva, se advierte que en ellas se contienen las siguientes columnas: "Nombre organización o empresa a la que pertenece"; "Rut organización o empresa a la que pertenece"; "comuna"; "Nombre participante"; "Cargo"; "RUT participante"; "Sexo"; "Email" y "Firma". 6) Que, de lo anterior, es posible arribar a la conclusión que los datos contenidos en dichas listas de asistentes constituyen datos de carácter personal de quienes asistieron a ellos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), y 4° de la Ley N°19.628, sobre Protección a la Vida Privada, lo que implica que esos datos no pueden ser comunicados a terceros sin previo consentimiento de los titulares de esos datos --en el presente caso no consta la existencia de autorizaciones expresas para ese efecto-- y, por consiguiente, corresponde reservarlos, en virtud de la causal del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, denegándose la entrega de la información contenida en las listas de asistencias a los talleres informados al recurrente, realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, con la salvedad de lo que se establecerá a continuación. En este orden de ideas, la jurisprudencia de este Consejo, entre ella, la contenida en la decisión rol C4085-17, ha señalado: "5) Que, en virtud a que los antecedentes requeridos corresponden a datos personales de trabajadores de entidades reguladas por el derecho privado, respecto de los cuales no consta la autorización expresa de éstos, en orden a dar acceso a ellos, se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628. En consecuencia, se rechazará el amparo en este literal, debido a que se otorgó acceso de manera oportuna a lo pedido, por una parte, y, por otra, a que lo no proporcionado dice relación con datos personales, en este último caso, en ejercicio por parte de este Consejo de la facultad consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.". 7) Que, sin perjuicio de lo anterior y atendido los descargos del órgano recurrido, según se señala en el considerando 4) de esta decisión, en cuanto a que, del total de 62 asistentes a los distintos talleres en comento, 5 de ellos corresponden "a personal de apoyo, contratado a honorarios, del Programa Previene de SENDA", cabe tener en consideración que, no obstante que la Contraloría General de la República ha dictaminado de manera casi unánime que las personas que son contratadas por un organismo público bajo la modalidad de contrato a honorarios no son funcionarios públicos, no es posible soslayar que tales personas desarrollan una función pública cuyo fin es permitir, a su vez, que el organismo público cumpla con las funciones y tareas que le son asignadas por ley, además, que el ejercicio de esa función pública debe ser desarrollada en un contexto de probidad. Así, es posible entender que existe un legítimo interés social para conocer la identidad de esas 5 personas contratadas a honorarios, ya que mediante esa información se permite ejercer un control que permita cotejar el contexto de su participación en dichos talleres frente a los deberes y obligaciones consignados en su contrato a honorarios, así como, con el cumplimiento de su contrato en relación con el pago de sus servicios con fondos públicos; o sobre la justificación o finalidad de su participación en tales talleres; entre otros legítimos motivos. En ese sentido, cabe tener presente lo decidido por este Consejo en el amparo rol C4680-19, de 28 de noviembre de 2019, en que se sostuvo: "2) Que, este Consejo ha razonado que en atención al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados públicos al servicio de la misma.". (el ennegrecido no es original) 8) Que, asimismo, la contratación a honorarios corresponde a una de las tantas modalidades de contratación a la que puede recurrir un órgano público para proveerse de bienes y servicios para el ejercicio de las atribuciones y derechos que le confiere el ordenamiento jurídico, por lo que, dicho contrato es público y, más aún, se trata de aquellos actos que el órgano recurrido debe publicar en su página web institucional en virtud de lo establecido en el artículo 7° letra e) de la Ley de Transparencia, que señala: "Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en su artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.". 9) Que, en conformidad a lo antes señalado y respecto de la identidad de las 5 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios para desempeñarse como colaboradores en el Programa Previene de SENDA, se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia alegada por el órgano recurrido, quien únicamente se limitó a señalar una posible afectación a la vida privada de tales personas, sin fundamentar cómo dicha vulneración se vería materializada en la especie. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la información referida a la identidad de esas personas pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de terceros, en los términos descritos en la causal de reserva en comento, máxime si se considera que lo solicitado se trata de antecedentes esencialmente públicos. 10) Que, a su turno, el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, establece que "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". 11) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la identidad de las 5 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios para desempeñarse como colaboradores en el Programa Previene de SENDA, según constan en las actas de asistencias a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, descrito en el considerando 10) de esta decisión y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, previo a la entrega de las listas de asistencias deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en ellas y que se contienen en las columnas "Nombre organización o empresa a la que pertenece"; "Rut organización o empresa a la que pertenece"; "comuna"; "Cargo"; "RUT participante"; "Sexo"; "Email" y "Firma" de las listas de asistencias referidas. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 12) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, se representa a SENDA el no haber cumplido con la Ley de Transparencia en su respuesta a la recurrente, por cuanto, dicha respuesta --contenida en el citado Oficio N° D-831 en relación con el Memorando N° S-1603/2019-- se otorgó fuera del plazo legal. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Eduardo Flores Jara en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), cumpla con lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de las listas de asistencia a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, solo con la información consistente en los nombres y apellidos de las 5 personas contratadas bajo la modalidad a honorarios para desempeñarse como colaboradores en el Programa Previene de SENDA, debiendo tarjarse el resto de la información referida a esas personas y que consta en las demás columnas de las aludidas listas de asistencias, según se razonó en los considerandos de esta decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la solicitud de la información referida al resto de los 57 asistentes a los talleres realizados en la comuna de Cartagena en el año 2018, relacionados con la temática de Habilidades y Mipe preventiva, contenida en las listas de asistencias acompañadas por el órgano recurrido, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Rechazar el amparo respecto de la solicitud de información sobre el lugar de los talleres; fecha de los talleres; horas de extensión de los talleres; información de la empresa relatora; metodología utilizada en los talleres; y resultados obtenidos en los talleres, por haber sido entregada por el órgano recurrido al recurrente, aunque de manera extemporánea. V. Representar al órgano requerido el no haber cumplido con la Ley de Transparencia en su respuesta al recurrente, por cuanto, dicha respuesta --contenida en el citado Oficio N° D-831 en relación con el Memorando N° S-1603/2019-- se otorgó fuera del plazo legal. VI. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Flores Jara y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.