Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2247-19

Reclamante:	NICOLE CAMILLI SANTIAGO
Reclamado:	DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ordenando entregar la información reclamada relativa al contrato denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II" a cargo de la empresa ECISA. Lo anterior, por cuanto tenidos a la vista los antecedentes reclamados, se desestiman las causales de reserva alegadas por el órgano, relativa a que lo solicitado se trataría de antecedentes necesarios para defensas jurídicas, al no acreditarse una afectación a las funciones del servicio, particularmente, a su estrategia judicial en algún juicio presente o eventual.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/5/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C293-09 C380-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C2247-19 Entidad pública: Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas Requirente: Nicole Camilli Santiago Ingreso Consejo: 21.03.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ordenando entregar la información reclamada relativa al contrato denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II" a cargo de la empresa ECISA. Lo anterior, por cuanto tenidos a la vista los antecedentes reclamados, se desestiman las causales de reserva alegadas por el órgano, relativa a que lo solicitado se trataría de antecedentes necesarios para defensas jurídicas, al no acreditarse una afectación a las funciones del servicio, particularmente, a su estrategia judicial en algún juicio presente o eventual. Al efecto, se sigue lo resuelto en las decisiones C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1070 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2247-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 07 de febrero de 2019, doña Nicole Camilli Santiago solicitó a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la siguiente información relativa al contrato denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II" cuya ejecución estaba a cargo de la empresa ECISA: "toda la información del contrato: adjudicación, modificaciones aprobadas, estados de pago, facturas, comunicaciones entre el Mandante y la Empresa, Libros de Obra, Libro de Comunicaciones, informes emitidos por el contratista y por la Inspección Fiscal, protocolos o actas de recepción, programas de obra y actualizaciones, informe preparado por el DITUC. En el caso que la información solicitada implique un volumen importante de documentos, solicita que sea remitida en formato digital o en papel, en cuyo caso, pide me informen los costos de reproducción que sean necesarios. 2) RESPUESTA: La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución D.A. (EX) N° 269, de fecha 08 de marzo de 2019, señalando en síntesis, que deniega parcialmente lo solicitado, ya que parte de lo requerido contiene antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, según lo estipulado en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, por las razones: a) Mediante resolución judicial del 5° Juzgado Civil de Santiago de fecha 11 de septiembre de 2018, se decretó el proceso de liquidación concursal forzosa de la empresa Agencia Ecisa Chile Compañía General de Construcciones S.A., designándose como Liquidadora Titular a doña María Loreto Ried Undurraga. b) En la Junta Constitutiva de Acreedores, celebrada el día 24 de octubre del año recién pasado, consta la cuenta escrita del Liquidador, en la que en relación al contrato Construcción Centro Cultural Gabriela Mistral, Etapa 11, señala que se objetará la liquidación del contrato y se solicitará la reconsideración del dictamen N° 21854 de 2018 de la Contraloría General de la República. c) Adicionalmente, hasta la fecha se han presentado diversas demandas laborales de extrabajadores de la empresa contratista antes referida, las que se han dirigido en contra del Ministerio de Obras de Obras Públicas y también se ha demandado civilmente a esta Secretaría de Estado, por subcontratistas que se desempeñaron en la obra, como es el caso de la demanda interpuesta por la empresa Constructora e Inmobiliaria Asfalto Ltda., causa Rol 11937-2018. d) Que, en los juicios mencionados como en las gestiones que se han anunciado por la Liquidadora titular de la liquidación de la empresa deudora, se deberá hacer uso de los antecedentes requeridos para la defensa jurídica o judicial de los intereses fiscales. e) Por lo anterior se configura la causal de reserva invocada en forma parcial, por lo que procede sólo la entrega de la información relativa a la adjudicación y modificaciones aprobadas de la obra denominada "Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2", y que corresponde a las resoluciones que detalla. 3) AMPARO: El 21 de marzo de 2019, doña Nicole Camilli Santiago dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud de información, fundado en que concurriría la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia respecto de la información denegada. Agrega, que no concurren los elementos exigidos para que se configure dicha causal de secreto, por lo que debe ordenarse entregar la totalidad de la información solicitada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas mediante oficio N° E6688, de fecha 17 de mayo de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada. El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 648, de fecha 04 de junio de 2019, complementando por correo electrónico de fecha 06 de junio de 2019, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que se denegó parcialmente la información pedida, proporcionándole a la peticionaria el acto administrativo que adjudicó el contrato de construcción de obra pública denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II", a la empresa Agencia Ecisa Chile Compañía General de Construcciones S.A., en adelante ECISA, así como los que sancionaron las 11 reformas que se introdujeron a ese acuerdo de voluntades durante su vigencia. Hace presente que el resto de la documentación sobre la que versaba aquella petición fue denegada, por estimar que a su respecto se configura la causal prevista en el del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, por cuanto lo pedido se trataría de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, por las razones que pasa a exponer: a) En este sentido, a modo de contexto general, explicó que la obra "Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2" se encontraba sometida al DS MOP N° 75 de 2004, Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP); a lo dispuesto en la Resolución DGOP N° 258 de 2009, que modifica Resolución DGOP N° 48 de 2009, sobre Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación y Fija texto refundido de la citada Resolución y sus modificaciones; a lo establecido en el Anexo Complementario aprobado mediante Resolución Exenta DGOP N° 2740 de 24 de junio de 2015, en las especificaciones técnicas, planos y los demás antecedentes que conformaron el respectivo pliego del proceso concursal al que se convocó. La obra en cuestión fue adjudicada a la empresa ECISA a través de la Resolución DGOP N° 161 del 09 de octubre de 2015, acto administrativo que fue tomado razón con fecha 27 de noviembre del mismo año antes indicado, por un monto ascendente a $29.625.737.867.- IVA incluido, para que fuera ejecutada a suma alzada, en un plazo de 540 días corridos. Bajo las condiciones que se establecieron en los antecedentes antes indicados, ECISA se obligó a construir, en términos muy generales y sintéticos, una edificación con una superficie aproximada de 15.964,52 m2, con el detalle que indica. El contrato durante su ejecución sufrió 11 reformas, por las que, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada se pactaron las modificaciones de las obras previstas, la ejecución de obras nuevas o extraordinarias, la disminución de ciertas partidas constructivas y el aumento del plazo originalmente convenido, variaciones que han sido debidamente aprobadas por los siguientes actos administrativos que señaló, y que proporcionó al solicitante en su respuesta junto con la resolución de adjudicación de la obra. Las modificaciones mencionadas, implicaron el aumento en 358 días corridos del plazo primitivamente acordado e incrementaron el monto del contrato, a la suma de $ 30.195.933.746.-, IVA incluido. b) Sobre la situación actual del contrato, señaló que el avance de las obras presentó siempre un retraso respecto de lo programado, situación a la que se unió el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales e incumplimientos de índole comercial con proveedores de materiales y subcontratistas. Dado la virtual paralización de las obras y las nulas posibilidades de que la empresa pudiera revertir la situación por incapacidades técnicas y económicas, se adoptó la decisión de poner término anticipado al contrato, esto fundado en lo dispuesto en el literal d) del artículo 151 del DS MOP N° 75/2004, lo que se sancionó mediante Resolución DGOP N° 49 del 15 de mayo de 2018. Por su parte, la empresa ECISA no desconocía los retardos existentes en el avance de la obra, los que atribuía a la necesidad de introducirle mejoras técnicas y a la ejecución de obras que están fuera del alcance del contrato y que no se han reconocido como extraordinarias, todo lo que suma la cifra de $8.574.457.601. c) Casi paralelamente al término anticipado, el 08 de mayo de 2018, ECISA solicitó el inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, proceso radicado en el 5° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C13756-2018. Solicitud que se acogió por el citado Tribunal con fecha 23 de mayo de 2018, la que finalmente fracasó y motivó que el Tribunal, mediante resolución de fecha 11 de septiembre de 2018, decretara el proceso de liquidación concursal forzosa de dicha empresa. d) En relación a conflictos o problemáticas generadas durante el desarrollo del contrato y con posterioridad a la sanción de su término anticipado se pueden mencionar las de índole laboral en primer lugar. En este sentido la empresa ECISA comenzó a presentar problemas en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo que redundó en que durante el año 2017, en los meses de agosto y septiembre, no se pudieran cursar los respectivos estados de pago, reteniéndose los dineros en virtud de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y 131 y 132 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, con los que el MOP pagó las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones previsionales a las instituciones correspondientes. Esta misma situación se repitió en los meses de octubre y noviembre del año 2017, sin embargo, la empresa logró cumplir con las remuneraciones e imposiciones. En el transcurso del año 2018, la empresa presentó constantes incumplimientos en el pago de las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones previsionales, las que en su gran mayoría fueron solventadas por el MOP con cargo a los estados de pago pendientes y retenciones del contrato. Pese a los esfuerzos desarrollados por este Servicio, se han deducido más de 60 demandas laborales por ex trabajadores de ECISA, en las que se reclama la responsabilidad del MOP como mandante de la obra o empresa principal, las que están a cargo del Consejo de Defensa del Estado, entidad que ha asumido la defensa de los intereses fiscales comprometidos. e) Reclamaciones de la empresa ECISA: La empresa contratista, previo al término anticipado del contrato, dedujo reclamaciones ante la Contraloría General de la República, ascendentes a $8.574.457.601.-, por distintos conceptos que a su juicio debían ser reconocidos y pagados por el MOP, los que derivan de los siguientes aspectos que indica. Es del caso hacer presente que, a consecuencia de estas reclamaciones, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N° 21854 del año 2018, que es justamente el que anuncia la Sra. Liquidadora del proceso de Liquidación Forzosa, que solicitará su reconsideración. f) Por lo anterior, al emitir la respuesta al solicitante, se determinó que en el caso concreto, el requerimiento presentado, versa parcialmente sobre antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales y que por tanto, se configura la causal de reserva que la normativa prevé ante estas situaciones. Lo anterior, por cuanto en el evento que la Liquidadora, en su calidad de representante legal de la empresa Agencia Ecisa Chile Compañía General de Construcciones S.A., materialice las reclamaciones, en vía administrativa o judicial, destinadas la recuperación de los $9.704.010.545.- que informó a la Junta de Acreedores de la referida empresa, sin lugar a dudas se trabará una controversia de naturaleza jurídica, en la que toda la información requerida, será la base y sustento de las defensas que deberá desarrollar la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sea directamente o a través de la intervención del Consejo de Defensa del Estado, no pudiendo existir duda a su juicio respecto de esa circunstancia, ya que toda la discusión se centrará en los antecedentes contractuales y los relativos al cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, los que se manifiestan, entre otros documentos, en los estados de pago, facturas, comunicaciones entre el Mandante y la Empresa, Libro de Obra, Libro de Comunicaciones, informes emitidos por el Contratista y por la Inspección Fiscal, protocolos o actas de recepción, programas de obra y actualizaciones, que no son otros antecedentes que lo que se nos han solicitado por la requirente. Así, hace presente que la Liquidadora del proceso de Liquidación Forzosa que afecta a ECISA, no solo tiene el deber de pagar a los acreedores de la empresa deudora, sino que también está dentro de sus obligaciones el recuperar los créditos y acreencias que existan en favor de la empresa liquidada, fondos que son los que se destinarán al pago de los acreedores que verifiquen sus créditos dentro de aquel proceso, que en el presente caso corresponde a un monto no menor a $9.704.010.545 derivada del contrato Construcción Centro Cultural Gabriela Mistral, Etapa II. Por otra parte señala que la solicitante formaría parte de uno de los estudios jurídicos que han sido consultados para hacerse cargo de estas gestiones de cobro. g) A su vez, agrega que en lo relativo a las causas laborales que han deducido ex trabajadores de ECISA y que también se han dirigido en contra del Ministerio de Obras Públicas, en su calidad de empresa principal, se debe señalar que, los demandantes, han requerido la exhibición de documentos del contrato de obra pública en cuestión, en particular libros de obras, carta Gantt (que es a través de la que se expresa la programación de la obra) y Estado de Pago, documentación que también ha sido parte de la prueba que el Fisco ha ofrecido para acreditar que veló por el oportuno cumplimiento de la normativa laboral y previsional, lo que se comprueba de la revisión de las Actas de las Audiencias Preparatorias de los más de 60 juicios que se detallan y que se han debido enfrentar, algunas de las cuales se acompañan a este documento. h) Agrega, que existe demanda civil interpuesta por la empresa Constructora e Inmobiliaria Asfaltos Sudamericanos, subcontratista de la empresa ECISA, la que demandó al Ministerio de Obras Públicas, por Resolución de contrato con indemnización de perjuicios, causa radicada en el 6° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol 11937-2018, libelo que de su sola lectura, dejaría en evidencia que la información, documentación y antecedentes solicitados sería necesaria para la adecuada defensa jurídica del interés fiscal. i) Finalmente, por lo expuesto, sostiene que los antecedentes solicitados forman parte de juicios que se encuentran actualmente en curso, y serán necesarios para la defensa de eventuales litigios, al menos uno de los cuales, contra lo que pretende sostener la recurrente, es obligatorio para la Sra. Liquidadora, en el entendido que su rol es precisamente pagar a los acreedores, por lo que su entrega supondría necesariamente un desmedro para la adecuada defensa de los intereses Fiscales, por cuanto su publicidad al margen de las oportunidades procesales que el propio ordenamiento jurídico prevé, alteraría gravemente la estrategia judicial que pueda adoptar el Servicio. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo mediante correo electrónico de fecha 09 de enero de 2020, solicitó al órgano reclamado remitir la información reclamada, esto es, la que fue denegada por Resolución D.A: (EX) N° 269, de fecha 08 de marzo de 2019, relativa a la "Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2", requerida a través de la solicitud de acceso a la información N° 127243, de fecha 07 de febrero de 2019. El órgano requerido, a través de correo electrónico de fecha 15 de enero de 2020, cumplió lo solicitado informando que remitiría CD con los antecedentes requeridos, sin perjuicio de reiterar que dicha información debe reservarse por cuanto sería imprescindible para la adecuada preparación y desarrollo de la defensa en los diversos juicios en los que se ve involucrado el Fisco de Chile, originados a partir de la ejecución del contrato de obra púbica "Construcción GAM 2 Etapa". Finalmente, hace presente que el requerimiento formulado reviste de una terminología bastante amplia y vaga, respecto de la calidad y condición de dichos documentos, lo que no permite determinar adecuadamente cuales instrumentos son los que se requiere entregar a la solicitante cautelando al mismo tiempo la defensa de los intereses del fisco ante la defensa de sus pretensiones en juicio. Se hace presente que el CD en cuestión se presentó con fecha 16 de enero de 2020. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la información relativa al contrato denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II", que fue denegada por el órgano reclamado fundado en que concurriría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, respecto del cual cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". 4) Que, el órgano para fundar la causal refirió, en resumen, que la información reclamada se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales en causas judiciales o reclamaciones administrativas que deberá enfrentar derivados de la ejecución y término anticipado del contrato de obra pública denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II", afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Con todo, dicha alegación debe desestimarse, por cuanto no se condice con el carácter estricto de la causal. En efecto, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo -desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras- la causal alegada debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual no se produce. 5) Que, en el presente caso y tal como se indicó detalladamente en la parte expositiva, para justificar la denegación de los antecedentes reclamados el órgano requerido señaló que la obra "Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2" fue adjudicada a la empresa ECISA por un monto ascendente a $29.625.737.867, para que fuera ejecutada a suma alzada, pese a lo cual el avance de las obras presentó siempre un retraso respecto de lo programado, situación a la que se unió el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales e incumplimientos de índole comercial con proveedores de materiales y subcontratistas, generando una virtual paralización de las obras y las nulas posibilidades de que la empresa pudiera revertir la situación por incapacidades técnicas y económicas, razón por la cual se adoptó la decisión de poner término anticipado al contrato, esto fundado en lo dispuesto en el literal d) del artículo 151 del DS MOP N° 75/2004, lo que se sancionó mediante Resolución DGOP N° 49 del 15 de mayo de 2018. Agregó, que la empresa ECISA no desconocía los retardos existentes en el avance de la obra, los que atribuía a la necesidad de introducirle mejoras técnicas y a la ejecución de obras que están fuera del alcance del contrato y que no se han reconocido como extraordinarias, todo lo que suma la cifra de $8.574.457.601. 6) Que, además señaló que casi paralelamente al término anticipado, el 08 de mayo de 2018, ECISA solicitó el inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, proceso radicado en el 5° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-13756-2018, solicitud que se acogió por el citado Tribunal con fecha 23 de mayo de 2018, la que finalmente fracasó y motivó que el Tribunal, mediante resolución de fecha 11 de septiembre de 2018, decretara el proceso de liquidación concursal forzosa de dicha empresa. En este sentido, señala que la Liquidadora del proceso de Liquidación Forzosa que afecta a ECISA, no solo tiene el deber de pagar a los acreedores de la empresa deudora, sino que también está dentro de sus obligaciones el recuperar los créditos y acreencias que existan en favor de la empresa liquidada, fondos que son los que se destinarán al pago de los acreedores que verifiquen sus créditos dentro de aquel proceso. Así, sostiene que es relevante tener presente que la empresa en cuestión dedujo reclamaciones ante la Contraloría General de la República, ascendentes a $8.574.457.601.-, por distintos conceptos que a su juicio debían ser reconocidos y pagados por el MOP, sobre las cuales se dictó el dictamen N° 21854 del año 2018, que desestimó dichas reclamaciones, y cuya reconsideración podría pedir la liquidadora, lo que no se ha acreditado en el presente caso. 7) Que, adicionalmente la existencia de una demanda civil interpuesta por la empresa Constructora e Inmobiliaria Asfaltos Sudamericanos, subcontratista de la empresa ECISA, la que demandó al Ministerio de Obras Públicas, por Resolución de contrato con indemnización de perjuicios, causa radicada en el 6° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C11937-2018. Sin embargo, revisado el estado actual de tramitación de la causa, de acuerdo a lo informado en el portal del Poder Judicial dicha causa se encuentra archivada. Finalmente, también se menciona un listado de 63 juicios laborales en el periodo 2016 a 2019 relacionados con la obra en cuestión. 8) Que, en este sentido, no es posible obviar que no se logró acreditar la existencia de juicio alguno o reclamación administrativa en actual tramitación donde los antecedentes reclamados fueran relevantes en su defensa jurídica, por cuanto el órgano reclamado se funda en una reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República que fue desestimada según dictamen N° 21854 del año 2018; la causal Rol N° 11937-2018, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra archivada; la causa Rol N° C13756-2018, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, donde se decretó el proceso de liquidación concursal forzosa de la empresa contratista ECISA, y las causas laborales asociadas a la obra pública en cuestión, éstos últimos casos que versan sobre materias sustancialmente distintas a la información reclamada. Luego, no existe alguna controversia jurídica en actual tramitación sobre la materia objeto del presente amparo, sino que además de la revisión de la información reclamada, se constata que tiene naturaleza pública al consistir por ejemplo en estados de pago, libros de obras, antecedentes de obras extraordinarias, programas de obras y sus actualizaciones entre otras, que no mutan su naturaleza ni aún por existir un juicio o reclamación sobre los mismos, pero particularmente considerando porque no existe una explicación pormenorizada de parte del órgano mediante el cual se grafique la importancia de dichos documentos para su defensa jurídica o judicial, o que permita advertir con su sólo mérito una real afectación a una eventual estrategia. 9) Que, a su turno, la determinación de qué puede estimarse como "antecedentes" que se encuentren vinculados con defensas jurídicas, que resulten "necesarios" para ese fin, es un asunto que si bien queda a la discrecionalidad del organismo administrativo de que se trate, desde luego no significa que dicha decisión pueda adoptarse arbitrariamente, sino que dicha decisión queda siempre cubierta por la debida fundamentación, racional y razonable, propia de todo órgano de un Estado democrático de Derecho. En este orden de ideas, el órgano no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad que los antecedentes denegados para sus eventuales defensas judiciales, todo lo cual permitiría obtener un mínimo de comprensión acerca del grado de necesidad y vinculación entre lo pedido en este amparo, sus defensas jurídicas, con los procedimientos judiciales. En este sentido, para estimar que concurre la causal invocada el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento -como ocurriría si con ello se expone su estrategia judicial-. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce. 10) Que, asimismo, se debe agregar que este Consejo ha sostenido que son públicos los antecedentes cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente, a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, lo que de todas maneras en este caso no se ha acreditado. 11) Que, por lo expuesto, no habiéndose acreditado la causal de reserva alegada, se acogerá el presente amparo, ordenando a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas entregar la información reclamada, tarjando previamente sólo los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en el documento cuya entrega se ordena, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Nicole Camilli Santiago en contra de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas: a) Entregar a la solicitante toda la información relativa al contrato denominado "Construcción Centro Gabriela Mistral, Etapa II" a cargo de la empresa ECISA, en particular adjudicación, modificaciones aprobadas, estados de pago, facturas, comunicaciones entre el Mandante y la Empresa, Libros de Obra, Libro de Comunicaciones, informes emitidos por el contratista y por la Inspección Fiscal, protocolos o actas de recepción, programas de obra y actualizaciones, informe preparado por el DITUC, sólo con excepción de la información ya entregada en su respuesta a la requirente. Lo anterior, tarjando previamente sólo los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en el documento cuya entrega se ordena, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Nicole Camilli Santiago y al Sr. Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.