Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2265-19

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Reclamante:	SILVIA ORAMAS PÉREZ
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, requiriendo la entrega de información estadística referida a sus funcionarios que, con su arma de servicio o de otro tipo, hayan ocasionado la muerte de alguna persona, con indicación de fecha, municipio y provincia del suceso, si fue con un arma reglamentaria o no, sexo y edad, tanto del carabinero como de la persona fallecida, durante el periodo que va entre el año 2008 y 2016. En el evento, que no cuente con los datos pedidos relativos al fallecido, el órgano reclamado deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Lo anterior, debido a que, por una parte, la inexistencia invocada no resultó suficientemente acreditada, en esta instancia, por el órgano reclamado; y, por otra, se desestimó que otorgar la información solicitada signifique una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/6/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2014-13
Jurisprudencia a:	C2793-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C2265-19 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Silvia Oramas Pérez Ingreso Consejo: 21.03.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, requiriendo la entrega de información estadística referida a sus funcionarios que, con su arma de servicio o de otro tipo, hayan ocasionado la muerte de alguna persona, con indicación de fecha, municipio y provincia del suceso, si fue con un arma reglamentaria o no, sexo y edad, tanto del carabinero como de la persona fallecida, durante el periodo que va entre el año 2008 y 2016. En el evento, que no cuente con los datos pedidos relativos al fallecido, el órgano reclamado deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Lo anterior, debido a que, por una parte, la inexistencia invocada no resultó suficientemente acreditada, en esta instancia, por el órgano reclamado; y, por otra, se desestimó que otorgar la información solicitada signifique una distracción indebida de sus funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores habituales. En sesión ordinaria N° 1075 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2265-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 5 de marzo de 2019, doña Silvia Oramas Pérez solicitó a Carabineros de Chile "copia al listado de los miembros de Carabineros de Chile que con su arma reglamentaria o con otro tipo de arman hayan terminado con la vida de una persona, indicando: fecha del suceso, municipio del suceso, provincia del suceso, si fue con un arma reglamentaria o no, sexo del policía, edad del policía, sexo de la persona fallecida, edad de la persona fallecida entre 2008 y 2018". 2) RESPUESTA: Carabineros de Chile mediante carta N° 45286, de fecha 21 de marzo de 2019, adjuntó registro de individuos fallecidos, producto de disparos con armas de fuego por parte de su personal en procedimientos policiales, durante los años 2017, 2018 y enero-febrero 2019, en formato Excel. Por otro lado, hacen presente que respecto a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 no se encuentra parametrizada dicha información como, asimismo, se desconoce la edad de los fallecidos al momento de su deceso. Finalmente, hacen presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, en orden a que permite acceder a información que, al momento de la solicitud, se encuentre en el órgano de la Administración requerido y contenida en algún soporte, sin importar cuál sea éste. En cualquier caso, la citada ley no obliga a dichos órganos a generar, elaborar o producir, sino a entregar la actualmente disponible. 3) AMPARO: Con fecha 21 de marzo de 2019, doña Silvia Oramas Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular, sostuvo "Sólo entregaron tres años de los 11 que solicité y considero que es información que debería estar en Carabineros, ya que se trata de fallecimientos por armas de fuego de la institución". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile mediante oficio N° E6.690, de fecha 17 de mayo de 2019, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado por medio de oficio N° 141, de fecha 30 de mayo de 2019, señaló que en su respuesta otorgaron a la reclamante la totalidad de la información existente en Carabineros de Chile sobre la materia a contar del año 2017, haciendo presente que no existen estadísticas ni antecedentes relacionados con lo solicitado respecto de los años anteriores. Por otra parte, señalan que el Sistema de Automatización Policial (AUPOL) solamente permite recuperar información de los registros que en él se encuentran parametrizados para los fines institucionales y la confección de los partes policiales. De este modo, la metodología para levantar registros no estructurados o parametrizados consiste en la lectura de cada uno de los partes policiales, dependiendo de la contingencia del delito o situación de que se trate y que se deba estudiar. Así, señalan como han precisado en anteriores oportunidades, la información que permite confeccionar los partes policiales es vertida en el sistema de registro AUPOL, el cual, si bien cuenta con un motor de búsqueda que permite obtener cierta información estadística, aquello sólo es posible respecto de los datos que se encuentran parametrizados en dicho sistema, no siendo de aquellos los solicitados por la reclamante. De esta forma, consideran que la única forma de obtener un dato estadístico de esta naturaleza sería leyendo todos los partes cursados en el periodo requerido, para determinar cuales de ellos eran con resultado muerte ascendiendo aquellos a más de 10.500, en el periodo requerido, lo que consideran resulta absolutamente imposible de realizar, sin distraer indebidamente al personal institucional. Tal situación ha sido debidamente certificada en el documento electrónico que indican, de fecha 18 de marzo de 2019, del Departamento de Análisis Criminal, que acompañan, el cual precisa que la información pedida "no se encuentra en los términos solicitados y que debe ser construida o procesada para ser remitida, ya que esta se encuentra dentro de los partes policiales asociados a la tipificación de hechos como el solicitado quedando solo en la narración del parte policial las circunstancias en que se produjeron los hechos o suceso policial de carácter delictual, los que son informados a los tribunales de justicia competentes mediante un parte policial", por lo que, para su obtención debe generarse lectura y análisis de partes. A modo de contexto hacen presente que con ocasión de la visita técnica llevada a efecto por este Consejo con ocasión de amparo Rol C2014-13, le fue posible constar las funcionalidades del Sistema AUPOL, citando las conclusiones arribadas al respecto. En consecuencia, consideran que respecto de lo pedido resulta aplicable la hipótesis de secreto contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, pues la información solicitada no se encuentra sistematizada o consolidada en la forma requerida, de manera que dichos datos solamente se encontrarían en varios millares (correspondiente a 10 años) de partes cursados por Carabineros de Chile, a nivel nacional, en el periodo consultado, por muerte. Por tanto, si bien aquella existe en poder de Carabineros de Chile, los antecedentes proporcionados por esa entidad resultan plausibles para configurar la causal de reserva alegada, por cuanto su búsqueda y posterior sistematización tiene una entidad suficiente para entorpecer el normal o debido funcionamiento del organismo. Ello, toda vez que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios de este órgano la utilización de un tiempo excesivo considerando los recursos institucionales que deben destinarse razonablemente a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiéndose de esta forma la atención de las otras funciones públicas que la institución debe desarrollar, situación que va en desmedro de lo establecido en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, que impone a los órganos de la Administración el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste a lo pedido referente al periodo que va del año 2008 al 2016. Al respecto, el órgano reclamado alegó que aquella no obraría en su poder en los términos solicitados y que su elaboración significaría una distracción indebida en el cumplimiento de sus funciones en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, en orden a que las estadísticas pedidas no obran en su poder, cabe tener presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, Carabineros de Chile señaló que el Sistema de Automatización Policial (AUPOL) solamente permite recuperar información de los registros que en él se encuentran parametrizados para los fines institucionales y la confección de los partes policiales. De esta forma, si bien cuenta con un motor de búsqueda que permite obtener ciertas estadísticas, esto sólo es posible respecto de los datos que se encuentran parametrizados, no siendo de aquellos los solicitados por la reclamante. 3) Que la información requerida se refiere a los funcionarios de Carabineros de Chile que, con su arma de servicio u otra, causaron la muerte a una persona, por lo que, el hecho de que aquella estadística no pueda ser extraída del Sistema AUPOL, no resulta suficiente para acreditar la inexistencia alegada. Esto debido a que el objeto principal del requerimiento dice relación con el personal del órgano reclamado, en particular, a su particular condición de servidores públicos y la forma en que ejercen las funciones que les entrega el ordenamiento. En este punto cabe hacer presente que según lo señala la Circular N° 1.832, de fecha 1° de marzo de 2019, sobre uso de la fuerza: actualiza instrucciones al respecto; "La función policial es un servicio público continuo y permanente destinado a garantizar el orden y la seguridad en la sociedad y los derechos de las personas. Para este cometido, Carabineros de Chile desempeña funciones preventivas, de control de la ley, y de investigación del delito, en las que cuenta con una especial facultad consistente en el uso legítimo de la fuerza que, en definitiva, obliga a todas las personas a someterse al control policial. Esta potestad deriva de su carácter de "fuerza pública" y, en virtud de ella, Carabineros de Chile está autorizado legalmente para emplear diversos elementos disuasivos y medios de fuerza en el cumplimiento de su deber. Esta facultad lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en particular con respecto a los derechos humanos que pueden verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentes policiales están obligados a respetar y proteger, asimismo, en el uso de sus atribuciones legales y en la ejecución de las actuaciones policiales que le corresponden llevar a cabo, el personal de Carabineros de Chile deberá garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile". 4) Que, de esta forma, atendida la especial naturaleza de las funciones que desempeña Carabineros de Chile, estadísticas como las pedidas se relacionan más con herramientas de análisis para evaluar la adecuada utilización de los elementos disuasivos y medios de fuerza que el ordenamiento les entrega, que con aquellas que genera su Departamento de Análisis Criminal, que tiene que ver con hechos delictuales comunes, en general, contenidos en los partes policiales que se ingresan a su Sistema AUPOL. 5) Que, además, se debe considerar que dentro de la estructura orgánica de la reclamada, se encuentra el "Servicio de Justicia de Carabineros de Chile", en particular, el "Departamento de Defensoría Jurídica del Personal (J.2.)", el que "tendrá como labor fundamental representar y defender ante los Tribunales Ordinarios o del fuero militar al personal de Carabineros en servicio activo, en las causas criminales del fuero común o castrense" (artículo 15, inciso primero, del decreto N° 448, de fecha 20 de octubre de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Reglamento Orgánico del Servicio de Justica de Carabineros de Chile N° 12 - en adelante decreto N° 448-). 6) Que para el cumplimiento de sus finalidades el Departamento de Defensoría Jurídica del Personal, está organizado en Secciones, entre las que se encuentran, la de "Justicia Militar" y la de "Criminal". Así, "La Sección Justicia Militar estará a cargo de un Oficial Jefe u Oficial Subalterno de Justicia y desempeñará las funciones de defensa del Personal de la Institución ante los Tribunales de la jurisdicción militar. // Los Jefes de Reparticiones y Unidades estarán obligados a comunicar oportunamente y por escrito, a la Jefatura del Departamento, el o los hechos que deban ser de conocimiento de esta jurisdicción y en los cuales apareciere comprometido algún funcionario de la Institución". (Artículo 19 del decreto N° 448). Por su parte, "La Sección Criminal estará a cargo de un Oficial Jefe u Oficial Subalterno de Justicia y desempeñará las funciones de asistencia profesional del personal de la Institución ante los Tribunales del Crimen de la Jurisdicción ordinaria. // Para lo anterior, los Jefes de Reparticiones y Unidades estarán obligados a comunicar oportunamente y por escrito, a la Jefatura del Departamento, el o los hechos que deban ser de conocimiento de esta jurisdicción y en los cuales apareciere comprometido algún funcionario de la Institución". (Artículo 21 del decreto N° 448). Por lo tanto, atendida la obligación de comunicar sobre hechos como los consultados que tienen determinadas autoridades de la Institución, a dichas secciones, aquellas podrían contar con estadísticas o informes que den cuenta de los antecedentes solicitados. 7) Que, en consecuencia, este Consejo estima que Carabineros de Chile no logra acreditar la inexistencia alegada, razón por la cual, se descartará su concurrencia. 8) Que, en cuanto a la causal de excepción alegada por el órgano reclamado, esto es, la dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse aquella, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima que no se han acreditado por el órgano y que tampoco concurren en la especie. 9) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 10) Que, en el presente procedimiento, el órgano reclamado señaló que para obtener los datos estadísticos pedidos, deberían leer y analizar todos los partes cursados en el periodo requerido, para determinar cuáles de ellos eran con resultado muerte ascendiendo aquellos a más de 10.500. Así, sostienen que su búsqueda y posterior sistematización tiene una entidad suficiente para entorpecer el normal o debido funcionamiento del organismo, toda vez que su atención implicaría para sus funcionarios la utilización de un tiempo excesivo considerando los recursos institucionales que deben destinarse a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiéndose de esta forma la atención de las otras funciones públicas que la institución debe desarrollar. 11) Que en atención a lo razonado en los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto, la argumentación del órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. De hecho, antecedentes como los requeridos, podrían constituir un insumo valioso para el cumplimiento de sus funciones, en particular, en cuanto a la forma más eficaz de capacitar a su personal, así como para la implementación de sus protocolos para la utilización de las armas de fuego y de evaluar su cumplimiento y eficacia, tanto en su rol preventivo como de represión de las conductas delictuales. Razón por la cual, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de la información solicitada. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que no cuente con los datos pedidos relativos al sexo y edad de la persona fallecida, Carabineros de Chile deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Silvia Oramas Pérez en contra de Carabineros de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director de Carabineros de Chile, lo siguiente: a) Entregar a la reclamante información estadística referida a sus funcionarios que, con su arma de servicio o de otro tipo, hayan ocasionado la muerte de alguna persona, con indicación de fecha, municipio y provincia del suceso, si fue con un arma reglamentaria o no, sexo y edad del carabinero, sexo y edad de la persona fallecida, durante el periodo que va entre el año 2008 y 2016. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que no cuente con los datos pedidos relativos al sexo y edad de la persona fallecida, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Silvia Oramas Pérez y al Sr. Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.