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DECISIÓN AMPARO ROL C2362-19</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Telecomunicaciones</p>
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Requirente: Rienzi Nicolás Guzmán Aravena</p>
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Ingreso Consejo: 26.03.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, referido al listado de empresas o personas que hayan ingresado denuncias contra la empresa representada el reclamante.</p>
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Lo anterior, por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano; y, a los derechos de las personas, particularmente, la esfera de su vida privada. Además, atendido que la información entregada en su oportunidad permite satisfacer el requerimiento, en los términos en que fuere solicitado expresamente.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C520-09, C302-10, C13-12, C559-14, C2959-16, C1314-17 y C5108-18, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2362-19.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de febrero de 2019, don Rienzi Nicolás Guzmán Aravena solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones lo siguiente: "(...) listado de empresas o personas que hayan ingresado denuncias contra su representada, Inversiones Rapel Limitada Rut 76.400.118-4".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 3.794/ G N° 758, de 21 de marzo de 2019, el órgano informó que existen tres denuncias relacionadas con la empresa indicada, conforme el siguiente detalle:</p>
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Una de las denuncias que fue realizada por una persona natural, con fecha 25 de septiembre de 2018. Señala acompañar copia de la denuncia en formato digital. No obstante ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 19.628, y en razón del principio de divisibilidad, se omiten datos personales y sensibles.</p>
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Por último, indica que las otras dos denuncias fueron realizadas con fecha 6 de febrero de 2019, por las Asociación de Radiodifusores de Chile - Archi ante dicho organismo.</p>
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3) AMPARO: El 26 de marzo de 2019, don Rienzi Nicolás Guzmán Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. El reclamante indica que no se acompaña copia de la denuncia presentada por la persona natural que indica la reclamada; y, además, se habría tarjado el nombre de aquella persona natural que hizo la referida denuncia.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Telecomunicaciones, mediante Oficio N° E6765, de 17 de mayo de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) explicar cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (2°) indicar si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalar si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcionar los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante correo electrónico de 11 de junio de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que la actual Administración hace distinción entre personas naturales y jurídicas, considerando que la divulgación de identidades de los denunciantes personas naturales, significan un perjuicio para los esos potenciales denunciantes, además de un desincentivo a la presentación de otras denuncias como lo menciona el propio CPLT en su Decisión C1211-12 contra la Fiscalía Nacional Económica, en el sentido que: "Divulgar la denuncia solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del FNE, aún cuando se trate de una denuncia ya afinada y archivada en dicho organismo, pues su divulgación podría inhibir la futura presentación de denuncias, en circunstancias que la Labor investigativa de dicho servicio se apoya esencialmente en que estas se formulen y permitan investigar con mayor alcance eventuales atentados a la libre competencia". Por lo expuesto, el órgano habría entregado expresamente lo requerido, esto es, un listado de las denuncias presentadas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información relativa a una nómina de empresas o personas que hayan ingresado denuncias contra la persona jurídica representada por el reclamante. En efecto, el reclamante indica que no se le habría entregado copia de la denuncia presentada por una persona natural, indicada por el órgano en su respuesta, y además, que se reserva la identidad de dicha persona natural, por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con las disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.628.</p>
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2) Que, en materia de denuncias, este Consejo ha sostenido reiteradamente, desde las decisiones recaídas en los amparos Roles C520-09 y C302-10, C13-12, C559-14, C2959-16, C1314-17, C5108-18, entre otras, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias". Así, la entrega del mencionado dato, puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Asimismo, su divulgación puede afectar derechos de sus titulares, razón por la cual procede igualmente la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 del citado cuerpo normativo.</p>
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3) Que, por lo anteriormente expuesto, atendido que corresponde la reserva de la identidad de la persona denunciante por configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia; y, que se otorgó aquella información que fuere expresamente requerida por el reclamante, resultando improcedente que el amparo se extienda a materias distintas que no fueron solicitadas originalmente (como corresponde en este caso la copia material de la denuncia presentada), se procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Rienzi Nicolás Guzmán Aravena, en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rienzi Nicolás Guzmán Aravena, y a la Sra. Subsecretaria de Telecomunicaciones.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>