Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2377-19

Reclamante:	KAREN ELENA RIVERA FUENTES
Reclamado:	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipalidad de Rancagua, requiriendo la entrega de copia de las piezas del expediente sumarial pedido, que contengan la identidad y las declaraciones prestadas por los testigos, tarjando de aquellos sólo los datos relativos al número de cédula nacional de identidad, domicilio particular y firma de éstos. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se descarta las oposiciones presentadas ante el órgano reclamado, por los funcionarios públicos que declararon en el procedimiento sumarial.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/2/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1847-15 C561-11
Jurisprudencia a:	C3352-23
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2377-19 Entidad pública: Corporación Municipal de Rancagua. Requirente: Karen Elena Rivera Fuentes. Ingreso Consejo: 26.03.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipalidad de Rancagua, requiriendo la entrega de copia de las piezas del expediente sumarial pedido, que contengan la identidad y las declaraciones prestadas por los testigos, tarjando de aquellos sólo los datos relativos al número de cédula nacional de identidad, domicilio particular y firma de éstos. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se descarta las oposiciones presentadas ante el órgano reclamado, por los funcionarios públicos que declararon en el procedimiento sumarial. En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2377-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de febrero de 2019, doña Karen Elena Rivera Fuentes solicitó a la Corporación Municipal de Rancagua, "copia íntegra de la investigación sumaria instruida de acuerdo a la resolución 358 del 28 de septiembre de 2018 de la secretaría General de la Corporación Municipal de Rancagua". 2) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: La Corporación Municipal de Rancagua mediante comunicaciones, todas de fecha 19 de febrero de 2019 y, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a 7 funcionarios que declararon en la investigación sumaria pedida, la solicitud de acceso y a su derecho a oponerse a la entrega de aquella. Por medio de cartas, ambas de fecha 26 de febrero de 2019, dos funcionarios señalan que "En el momento que se me citó a declarar, se me informa que todo lo que digiera seria de carácter confidencial. El entregar información vulnera mi derecho a la privacidad, por lo que, No acepto entregar ningún antecedente de los solicitados". Por medio de presentación, sin fecha, uno de los funcionarios, sostuvo que "Me opongo a la entrega de información recopilada en la investigación a Sra. Karen Rivera, puesto que marca un precedente de la no confidencialidad de la información que se entrega ante una investigación". 3) RESPUESTA: La Corporación Municipal de Rancagua mediante resolución N° 115, de fecha 12 de marzo de 2018, informó que en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la ley mencionada, acogen parcialmente la solicitud, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario. Lo anterior, debido a que consideran que la divulgación de la información requerida puede afectar los derechos de terceros, por lo que, aplicaron el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, poniendo en conocimiento de los funcionarios que se verían afectados con la entrega de lo pedido, de los cuales 3 se opusieron, en tiempo y forma, a aquello. De esta forma, se encuentran impedidos de proporcionar las declaraciones de dichos funcionarios, así como también, la identidad de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso sumarial, así como cualquier antecedente que permita inferir su identidad. En consecuencia, se proporciona acceso a copia del sumario administrativo consultado. No obstante, de lo anterior, en forma previa a su divulgación se tarjará todo dato personal de contexto vertidos en dicho proceso, por ejemplo, cédulas de identidad, domicilios, números telefónicos, entre otros. Asimismo, todo dato sensible consignado en dichos expedientes, como datos de salud de los involucrados. Lo anterior, en conformidad a lo previsto, tanto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación Municipal de Rancagua se reservará las declaraciones de los funcionarios, que haciendo uso de su derecho de oposición, los han inhabilitado a entregarla. 4) AMPARO: Con fecha 26 de marzo de 2019, doña Karen Elena Rivera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Corporación Municipal de Rancagua, fundado en la entrega incompleta o parcial de la información. En particular, sostuvo que "Se recibe copia del expediente, sin la información completa solicitada (declaraciones de terceros)". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Rancagua, mediante oficio N° E7449, de fecha 4 de junio de 2019, a fin de presente sus descargos y observaciones. El órgano reclamado por medio de oficio N° 368, de fecha 18 de junio de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que quedaban impedidos de otorgar acceso a las declaraciones de los funcionarios que se opusieron a la entrega, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. 6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante oficios N° E9.263, N° E9.264 y N° E9.265, todos de fecha 8 de julio de 2019, notifica el amparo y confiere traslado a los funcionarios a quienes se refiere la información solicitada, con el fin de que presenten sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo requerido; sin que a la fecha de la presente decisión aquello haya ocurrido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la entrega de información incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste a las declaraciones efectuadas en la investigación sumarial consultada. Al respecto, el órgano reclamado sostuvo que en virtud de las oposiciones planteadas por parte de los funcionarios que declararon en dicho procedimiento, se encuentran impedidos de otorgar acceso a aquellas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. 2) Que la información solicitada dice relación con copia de expediente administrativo que contiene investigación sumaria, cuya instrucción se ordenó mediante resolución N° 358, de fecha 28 de septiembre de 2018, respecto de la reclamante, a fin de "determinar posibles responsabilidades que pudiera tener respecto de las denuncias por mal desempeño laboral, que funcionarios de ese Centro de Salud han formulado contra ella"; el cual concluye por medio de resolución N° 460, de fecha 15 de noviembre de 2018, que sobresee de todo cargo y sanción a la funcionaria investigada. 3) Que, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, C561-11 y C1847-15, entre otras, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada tanto en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, como en el artículo 135 de la ley N° 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. El carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. Es más, teniendo el secreto sumarial por objeto, asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). 4) Que, en virtud de lo razonado en el considerando anterior, el expediente de sumario administrativo afinado, en atención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trataría de información de carácter pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva. 5) Que, atendido a que el órgano reclamado denegó la entrega de las declaraciones prestadas por tres funcionarios en el procedimiento sumarial consultado, en atención a la oposición formulada por éstos, corresponde analizar la plausibilidad de los argumentos allí formulados y si, finalmente, se configura respecto de aquella alguna causal de excepción contemplada en la Ley de Transparencia. En el presente caso, los funcionarios públicos sólo adujeron una expectativa de confidencialidad de sus declaraciones, sin señalar causal de excepción alguna, así como tampoco, los derechos que se verían vulnerados con la divulgación de lo pedido, razón por la cual se descartarán las oposiciones planteadas. 6) Que, por otra parte, el órgano reclamado tarjó de los antecedentes proporcionados todo dato relativo a la identidad de los testigos que prestaron sus declaraciones en el procedimiento sumarial, todos los cuales son funcionarios públicos, que siendo notificados en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no manifestaron su oposición a la entrega de la información que los involucraba. Además, la Corporación Municipal de Rancagua, en su respuesta, sólo hizo mención de forma general, de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, sin señalar cómo aquellas se configurarían respecto de los antecedentes que fueron tarjados. 7) Que, además, se debe considerar que la persona que solicita la información es la funcionaria cuya responsabilidad administrativa se buscaba esclarecer con la investigación sumaria, por lo que, fue parte interesada del procedimiento en cuestión. En este punto, se debe tener en cuenta que si bien este Consejo ha resuelto proteger tanto la identidad de los testigos, así como también, de parte o toda la declaración prestada por éstos, aquello se ha basado en que los hechos a investigar podrían ser constitutivos de "acoso laboral". Sin embargo, en el presente caso se buscaba determinar la responsabilidad de un eventual "mal desempeño laboral" de la reclamante el que, en definitiva, no fue acreditado. 8) Que, por lo señalado, este Consejo acogerá este amparo requiriendo la entrega de las piezas del expediente sumarial que contengan la identidad y las declaraciones de los testigos, tarjando de aquellas sólo los números de cédula nacional de identidad, domicilio particular y firma de aquellos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Karen Elena Rivera Fuentes en contra de la Corporación Municipal de Rancagua, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Rancagua, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de copia de las piezas del expediente sumarial pedido, que contengan la identidad y las declaraciones prestadas por los testigos, tarjando de aquellos sólo los datos del número de cédula nacional de identidad, domicilio particular y firma de éstos. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Karen Elena Rivera Fuentes, al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Rancagua y a los funcionarios consultados, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.