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DECISIÓN AMPARO ROL C2502-19</p>
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Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)</p>
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Requirente: Juan Pablo Figueroa Lash</p>
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Ingreso Consejo: 02.04.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, relativo a copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas y a nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad jurídica de las tierras realizadas por los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, Servicios Públicos y organismos privados desde 2010 a la fecha.</p>
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Lo anterior, por cuanto recopilar y elaborar la información solicitada importaría una distracción indebida en el normal cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, atendido a aquella no se encuentra sistematizada en los términos requeridos.</p>
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En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2502-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de marzo de 2019, don Juan Pablo Figueroa Lasch solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - en adelante también CONADI-, "los documentos, archivos u otros que contengan la siguiente información":</p>
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a) "Copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas".</p>
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b) "Nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad Jurídica de las tierras emanadas de los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, diferentes servicios públicos y organismos privados desde 2010 a la fecha. La información se pide desagregada por fecha de la consulta, predio sobre el cual se consultó, institución u organismo que la realizó, motivo de la consulta, propietarios y respuesta de Conadi".</p>
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2) RESPUESTA: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por medio de carta N° 346, de fecha 22 de marzo de 2019, comunicó que por la cantidad de información que la consulta involucra no es posible otorgar acceso a aquella, pues no cuentan con los recursos materiales y humanos suficientes, considerando que se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 2 de abril de 2019, don Juan Pablo Figueroa Lasch dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena mediante oficio N° E7.481, de fecha 5 de junio de 2019, para que formule sus descargos y observaciones, solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si lo denegado se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera a su volumen, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación.</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio N° 429, de fecha 17 de junio de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo pedido se configuraba la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, agregando que proporcionar acceso a lo pedido afectaría su regular funcionamiento, pues la jurisdicción del Registro Público de Tierras Indígenas abarca las regiones del Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Además, sostienen que el número de inscripciones efectuadas en aquel alcanza desde el año 2010 a la fecha aproximadamente 18.811. Por su parte, las solicitudes o consultas provenientes tanto de personas naturales, instituciones públicas y privadas por el periodo consultado alcanzan aproximadamente 7.640 respuestas.</p>
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El Registro Público de Tierras Indígenas cuenta actualmente con 5 funcionarias las que tardaría un plazo de 8 meses aproximadamente en entregar la información solicitada. Lo anterior, debido a que aquella no se encuentra actualmente digitalizada, por lo que, cada solicitud debe ser buscada en sus archivos que se encuentran en formato físico. Además, hacen presente que no cuentan con copias actualizadas del Registro Público de Tierras Indígenas ya que son los Conservadores de Bienes Raíces respectivos los que deben informar a dicha unidad los cambios en las inscripciones de los Registros a su cargo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que este amparo se funda la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado alegó la configuración de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que el artículo 15 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre la protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - en adelante ley N° 19.253-, establece que "La Corporación abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas. En este Registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La Corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada.// Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar al citado Registro, en el plazo de treinta días, copia de las inscripciones que realice y que recaigan sobre los actos o contratos, a que alude el artículo 13 de esta ley.// El Archivo General de Asuntos Indígenas, a que se refiere el artículo 30, otorgará copia gratuita de los títulos de merced y comisarios para su inscripción en este Registro Público.// El Presidente de la República dictará un reglamento que fijará la organización y funcionamiento de este Registro".</p>
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3) Que, por su parte, el decreto N° 150, año 1994, del Ministerio de Planificación y Cooperación, que fija Reglamento sobre organización y funcionamiento del Registro Público de Tierras Indígenas, dispone que dicho registro estará dividido en 4 ámbitos regionales, esto es, Registro Norte (Regiones I, II, III y IV), Registro Centro (Regiones VIII, IX y X), Registro Sur (Regiones XI y XII), y Registro Insular Rapa Nui. En tal sentido, "El Director Nacional de la CONADI designará al funcionario de dicha repartición que tendrá a su cargo la función de organizar y velar por el correcto funcionamiento del registro correspondiente a las jurisdicciones que la misma resolución establezca". (Artículo 2) Además, el artículo 3 prescribe que "El registro a que se refiere el presente reglamento deberá llevar dos libros denominados: 1. Repertorio 2. Registro de tierras indígenas". Por su parte, "La inscripción de los títulos contendrá: 1. Individualización del predio y linderos del inmueble. 2. Fecha de la inscripción. 3. Nombre, apellido, domicilio de las partes y la comunidad indígena a la cual pertenecieran. 4. Fecha del Título, su naturaleza y la oficina en que se guarda el original; 5. Firma y timbre del funcionario encargado del registro". (Artículo 7).</p>
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4) Que el órgano reclamado en su página institucional informa respecto del Registro Público de Tierra que "El propósito de este registro es mantener un catastro actualizado de consulta permanente, tanto para los beneficiarios indígenas como para personas naturales externas y este propio servicio, lo cual permite dimensionar el territorio indígena para asumir la ejecución de programas y proyectos, además de focalizar recursos de inversión pública y subsidios hacia la población indígena a lo largo del país. Sin perjuicio de lo anterior, también es función de este Registro dar respuesta a las consultas sobre la calidad Jurídica de las tierras emanadas de los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, diferentes servicios públicos y organismos privados". (En: http://www.conadi.gob.cl/registro-publico-de-tierras, revisado con fecha 6 de abril de 2020).</p>
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5) Que en cuanto a la causal excepción alegada, este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que conllevan tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado y costo de oportunidad, entre otros.</p>
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6) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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7) Que, en la especie, se solicita acceder, por una parte, a copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas, que sólo en lo relativo a los Registros Centro y Sur, alcanza un número de 18.811 inscripciones; y por otra, la nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad jurídica realizadas desde 2010 a la fecha, desagregada por fecha de la consulta, predio sobre el cual se consultó, institución u organismo que la realizó, motivo de la consulta, propietarios y respuesta de CONADI; las que alcanzan un total aproximado 7.640, correspondientes sólo a los Registros Centro y Sur. Por lo que, consideran que acceder a lo pedido significaría destinar a uno de sus 5 funcionarios por alrededor de 8 meses, puesto que la información no se encuentra digitalizada, por lo que, cada solicitud debe ser buscada en sus archivos que se encuentran en formato físico. Además, hacen presente que no cuentan con copias actualizadas del Registro Público de Tierras Indígenas ya que son los Conservadores de Bienes Raíces respectivos los que deben informar a dicha unidad los cambios en las inscripciones de los Registros a su cargo.</p>
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8) Que en tal sentido, cabe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado: "La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente// Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública".</p>
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9) Que en atención a que el objetivo principal del Registro cuyos antecedentes se requieren es la incorporación de las tierras al régimen de protección dispuesto por la ley N° 19.253, y una vez realizado aquello acreditar su calidad de indígenas, mediante la certificación de esto de manera gratuita, tras requerimiento presencial en sus dependencias; este Consejo considera que otorgar acceso al reclamante de lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios de la CONADI del cumplimiento habitual de sus labores, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional, en particular, el de organizar y velar por el correcto funcionamiento del registro en cuestión. Razón por la cual, se rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Juan Pablo Figueroa Lasch en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por configurarse respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo don Juan Pablo Figueroa Lasch y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>