Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1544-11

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Reclamante:	JUAN JOSE SOTO VARGAS
Reclamado:	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de Presidencia de la República por no haber dado respuesta satisfactoria dentro de plazo legal a requerimiento relativo a devolución por correo toda la documentación dirigida por él a S.E. el Presidente de la República y a los demás Presidentes desde la época de Augusto Pinochet. El Consejo rechaza el amparo, señalando que los documentos originales no son susceptibles de devolución.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/11/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1034-11 C1544-12
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1544-11 Entidad pública: Presidencia de la República Requirente: Juan José Soto Vargas Ingreso Consejo: 19.12.2011 En sesión ordinaria Nº 336 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de mayo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1544-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y, los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan José Soto Vargas, el 18 de noviembre de 2011, solicitó a la Presidencia de la República que le devolviera por correo toda la documentación dirigida por él a S.E. el Presidente de la República y a los demás Presidentes desde la época de Augusto Pinochet. 2) RESPUESTA: La Presidencia de la República, por medio de correo electrónico de 16 de diciembre de 2011, dio respuesta al requirente informándole que en atención al volumen de los antecedentes solicitados resulta imposible entregarle dicha información por la vía solicitada (correo electrónico) y que ésta se encuentran a su disposición en la Recepción de Morandé N° 130, en un sobre a su nombre. Asimismo, le envió copia del Oficio N° 1.027, de 16 de diciembre de 2011, por medio del cual da respuesta a la solicitud del requirente informándole lo siguiente: a) Una vez verificada la disponibilidad de los antecedentes en la Presidencia de la República, se constató que solo existe registro de las presentaciones efectuadas por el requirente durante el periodo comprendido entre marzo del año 2006 y agosto del año 2011, todas las cuales se acompañan a la respuesta, haciendo presente que esos son los únicos documentos disponibles en el sistema de archivo electrónico de correspondencia presidencial, el cual sólo tiene existencia partir del año 2006. b) Ahora bien, en lo que respecta a las presentaciones efectuadas en épocas anteriores al periodo señalado, y a efectos de obtener la devolución de su documentación, se le recomienda dirigir su presentación a las siguientes instituciones de derecho privado: periodo de Gobierno del Ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, Fundación Democracia y Desarrollo; periodo de Gobierno del Ex Presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle, Fundación Frei; periodo de Gobierno del Ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, Corporación Justicia y Democracia (si bien según publicación del 14 de octubre de 2011 en el sitio electrónico de la Universidad Alberto Hurtado, parte de tales archivos fueron entregados por aquélla a dicha casa de estudios); y periodo de Gobierno del Ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte, Fundación Presidente Pinochet. 3) AMPARO: Don Juan José Soto Vargas, el 19 de diciembre de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Presidencia de la República, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Agrega que «…solicité la devolución de toda mi documentación presentada a través de años, sólo me han entregado “algunas” fotocopias no autorizadas. Me archivaron todo porque “escribo frecuentemente” dicen los informes de La Moneda». 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio N° 11, de 3 de enero de 2012, solicitándole, a través del mismo documento, que informara a este Consejo a qué título obraría documentación de la Presidencia en poder de las instituciones de derecho privado mencionadas en la respuesta dada al requirente —como por ejemplo contratos de depósito, de comodatos o algún otro— y, de existir dicho vínculo jurídico, informe si los mismos suponen que la información aludida sea sometida a algún tipo de tratamiento de orden archivístico. Al respecto, el Director Administrativo de la Presidencia de la República, por medio del Ordinario N° 114, de 20 de enero de 2012, ingresado a este Consejo el día 20 del mismo mes y año, evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo del presente amparo, formulando, además, los siguientes descargos u observaciones: a) Una vez recepcionada la solicitud de don Juan José Soto Vargas se derivó internamente desde la recepción de documentos del Palacio a la Presidencia de la República, en particular a la Dirección de Gestión Ciudadana (DGC), que es la unidad encargada de gestionar las consultas, reclamos, sugerencias y solicitudes de cualquier naturaleza dirigidas al Presidente de la República, para examinar su contenido y, acorde con ese estudio, responderla o derivarla a instituciones competentes para otorgar respuesta a las peticiones. En la especie la DGC, el 21 de noviembre de 2011, derivó la solicitud del Sr. Soto Vargas a los encargados de Transparencia de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. b) La Unidad de Transparencia, una vez analizado el contenido de la petición, la registró en el Sistema de Gestión de Solicitudes, asignándole el N° AA001C-0000105, de 18 de noviembre de 2011, para su admisibilidad y ulterior respuesta. c) En el proceso de búsqueda de la información solicitada se constató que sólo existe registro de las presentaciones efectuadas por el requirente en el periodo comprendido entre marzo del año 2006 a agosto del año 2011. El 16 de diciembre del año pasado se comunicó al Sr. Soto Vargas, por medio de correo electrónico, que en atención al volumen de los antecedentes solicitados resulta imposible entregar dicha información por la vía solicitada (correo electrónico) y que ésta se encuentra a su disposición en la recepción de Morandé N° 130, en un sobre a su nombre. Asimismo, le remitió copia de la respuesta contenida en el Oficio N° 1.027, de la misma fecha (extractado en el punto segundo de esta parte expositiva). d) Acompaña, en copia simple, comprobante del libro de registro de transparencia, que da cuenta del retiro, por parte del Sr. Soto Vargas, de la información mencionada en el Oficio N° 1027. e) Llama la atención que el Sr. Soto Vargas haya deducido reclamo por denegación de acceso a información pública ante el Consejo para la Transparencia, ya que la Presidencia de la República, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, ha entregado al reclamante toda la información que obre en su poder y que dice relación con lo solicitado. f) Cabe hacer presente que las cartas físicas que los ciudadanos dirigen o han dirigido a las más altas magistraturas de este país, desde comienzo del año 2006, se escanean, y precisamente desde esa fecha existe respaldo de ellas en esta institución, lo que se hizo saber al reclamante a través del Oficio N° 1027. Asimismo, desde la misma fecha, existe el sistema electrónico, a través del sitio electrónico www.gobiernodechile.cl, para que los ciudadanos dirijan sus presentaciones, lo que es ahora el "Contáctate con el Presidente", para consultas, sugerencias, inquietudes, ideas, problemas o recomendaciones y solicitudes de variada naturaleza. Este es un sistema de comunicación de la Presidencia de la República que entrega al ciudadano la posibilidad de enviar mensajes al Presidente a través de Internet y recibir respuesta vía correo electrónico. Además, ofrece la opción de recibir en su correo electrónico información sobre materias de interés en diversas áreas, vía que también ha usado el requirente en reiteradas ocasiones, y así se desprende de la documentación que se entregó en el Oficio N° 1027, antes señalado. g) Por otro lado, es necesario tener en consideración que las misivas que los ciudadanos han dirigido a los ex Presidentes de la República, por el periodo que ha sido solicitado, siempre fueron dirigidas a la persona de quien detentaba la más alta magistratura en cada uno de sus respectivos Gobiernos, y en ese contexto, dicha correspondencia se ampara en la Garantía Constitucional del artículo 19 N° 5, que asegura «…la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley». Por lo expuesto, dichas presentaciones se tratan de comunicaciones privadas entre dos o más personas, que no están destinadas al conocimiento público y su publicidad sólo es admisible en los casos y forma que una ley con la suficiente especificidad determine, tal como lo prescribe la garantía constitucional citada precedentemente. De esta manera, se ha establecido que los sujetos titulares del derecho son ambos comunicantes, al destinatario corresponde el derecho a la propiedad material y al remitente corresponde el derecho a autor, y a ambos corresponde el derecho al secreto de las comunicaciones. Dicha garantía constitucional protege la inviolabilidad de las comunicaciones con independencia de su contenido y de quién sea el emisor y el receptor, toda vez que “constituye una presunción iuris et de iure de que lo transmitido en una comunicación privada (epistolar, telefónica, fax, etc.) es parte de la privacidad de las personas, por lo que la revelación de ello, independientemente de su contenido material vulnera el derecho a la privacidad”. h) Agrega que “la inviolabilidad de las comunicaciones funciona como una garantía de la intimidad, pero, además, adquiere la función de garantía de una gran variedad de derechos y libertades: contribuye a asegurar la libertad ideológica y política, garantiza la libertad de empresa, el secreto profesional, etc., adquiriendo distinta importancia y diversos matices en las relaciones laborales, entre otras. Y en ese contexto, cada vez que concluye un periodo presidencial, estas comunicaciones ciudadanas, ha tenido para las anteriores magistraturas el derecho a la propiedad material de ellas, y por esa razón es que se la han llevado”. i) Por otro lado, sostiene que la Presidencia de la República no tiene ni ha tenido vínculo alguno con las fundaciones de derecho privado mencionadas en la respuesta dada al requirente, ni vínculo de naturaleza jurídica alguna, ni acto jurídico administrativo que las relacione, agregando que desconoce si en dichas fundaciones existe algún tratamiento de orden archivístico con la documentación que poseen o han dejado de poseer. j) Por último, hace presente que es preocupación permanente de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República entregar siempre, a los ciudadanos que lo soliciten, la información que posee o aquellas que es de su competencia, dando estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia, en su Reglamento y en los instructivo emanados del Consejo para la Transparencia, obrando siempre de buena fe y de la forma más eficiente posible. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en este caso, se ha solicitado la devolución de toda la documentación que el requirente ha dirigido a los Presidentes de la República desde el Gobierno de Augusto Pinochet. La Presidencia sólo entregó fotocopias no autorizadas de algunos de dichos documentos, lo que motivó el presente amparo. 2) Que, el artículo 17 a) de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, otorga a las personas en sus relaciones con la Administración el derecho de “…obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa”. 3) Que, la documentación dirigida a la Presidencia de la República pudo haber dado origen a uno o más procedimientos administrativos o haber sido acompañada a ellos, con lo que este requerimiento puede considerarse una manifestación del ejercicio del derecho que confiere el artículo ya citado. 4) Que, sin embargo, este Consejo estima que no es factible que invocando este derecho se solicite la devolución de las comunicaciones originales enviadas a un organismo público. En efecto, ésta parte de los fondos documentales debe ser mantenido por la Administración del Estado en su versión original. Una vez efectuada una presentación a un servicio público pasa a ser parte de su acervo documental y, por extensión, del patrimonio histórico documental de toda la sociedad que debe mantenerse íntegramente, sin perjuicio del derecho a obtener copia autorizada de aquéllas. Entender lo contrario haría que los archivos y la historia que representan pudiera devaluarse peligrosamente, en perjuicio de las generaciones futuras. 5) Que es distinta la situación tratándose de otros documentos originales que se aporten junto a tales comunicaciones como antecedentes complementarios. En efecto, tratándose de aquéllos rige plenamente el derecho a obtener la devolución, si bien en este caso la Administración debiera mantenerse una copia autorizada para resguardar la integridad de los expedientes. 6) Que del tenor de la solicitud pareciera que en este caso lo solicitado son las puras comunicaciones, lo que llevará a que este amparo sea rechazado. 7) Que, sin perjuicio de lo anterior, y atendido que en sus descargos el órgano reclamado sostuvo que la correspondencia dirigida por los ciudadanos a los ex Presidentes de la República tenía la calidad de comunicaciones privadas amparada por la inviolabilidad que reconoce a éstas el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política debe precisarse que las comunicaciones dirigidas a las autoridades en cuanto tales no pueden calificarse como comunicaciones de carácter privado, si bien analizando su contenido, algunas podrían poseer, total o parcialmente, esa naturaleza. Con todo, aun en tal caso el carácter privado de la comunicación no puede oponerse a su propio autor ni a su destinatario, sino sólo respecto de terceros. 8) Que, por último, este Consejo deja constancia de su preocupación porque la Presidencia afirme que archivos que registran parte de la historia de este país se encuentran en poder de personas jurídicas de derecho privado, sin que parecieran aplicárseles las normas sobre archivo, destrucción o expurgación de los archivos públicos contenidas en el D.F.L. N° 5.200/1929, del Ministerio de Educación, y la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, e ignorándose el título jurídico que ha habilitado para ello a dichas Fundaciones y Corporaciones. Por ello este Consejo evaluará esta situación y la conveniencia de formular recomendaciones o proponer perfeccionamientos normativos en el futuro, conforme le permite la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Juan José Soto Vargas en contra de la Presidencia de la República, por los fundamentos antes desarrollados. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Juan José Soto Vargas y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, salvo en lo que respecta al rechazo de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.