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DECISIÓN AMPARO ROL C2823-19</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).</p>
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Requirente: Silvia Oramas Pérez.</p>
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Ingreso Consejo: 16.04.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ordenando la entrega de la información consultada sobre armas perdidas y robadas.</p>
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Lo anterior, al desestimarse la alegación de inexistencia sostenida por la PDI, toda vez que si el órgano no cuenta con la estadística solicitada en la base de datos de su unidad respectiva, debe extraerla a partir de los documentos que obren en su poder, siguiendo en este caso, lo resuelto en la decisión amparo rol C5256-18 y en la sentencia del Tribunal Constitucional, en causa rol 2505-13-INA.</p>
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Asimismo, tampoco es admisible la alegación del órgano en orden a que lo pedido se encontraría disperso, en la forma que señala en su respuesta, sin siquiera pormenorizar respecto de cada arma, qué información de la solicitada es posible entregar y cual no, y los motivos específicos que le impedirían su entrega.</p>
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Finalmente, el certificado acompañado, sólo da cuenta que la información pedida no obra en la base de datos antes señalada. Además, si la unidad respectiva no mantiene un seguimiento de los sumarios por armas perdidas y robadas, no es impedimento para que otras unidades de la PDI puedan extraer información de los sumarios respectivos para dar cumplimiento a lo consultado.</p>
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Aplica criterio adoptado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C3574-18.</p>
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En sesión ordinaria N° 1073 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C2823-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de abril de 2019, doña Silvia Oramas Pérez solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -PDI-, la siguiente información: "acceso y copia al número de armas de la Policía de Investigaciones de Chile extraviadas, perdidas, sustraídas o robadas durante la última década. Conocer en detalle la situación en cada caso, comisaría, localidad, provincia, tipo de armas, coste de reposición, circunstancias de la pérdida y la situación actual".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de carta de 16 de abril de 2019, la PDI indicó en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Consultada la Sección Armamento y Munición, se remite la información solicitada en formato digital.</p>
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b) El citado estamento, hace presente que en cuanto a la situación de cada una de las armas registradas no posee información detallada, ya que se debe tener presente, que del universo total del armamento registrado como extraviado, hurtado o robado, muchas de ellas se encuentran en poder del Ministerio Público, Tribunales, arsenales, peritajes, etc. A lo anterior, se debe sumar el hecho que de los actos indagatorios instruidos en razón de la pérdida, hurto o robo, muchos de ellos se encuentran terminados, en sustanciación, reaperturados, en trámite de toma de razón, etc., todo lo anterior a lo largo del país, razón por la cual no se cuenta con la información requerida en cuanto a, costo de reposición, circunstancia de la pérdida, situación actual, entre otras.</p>
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3) AMPARO: El 16 de abril de 2019, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial.</p>
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Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "No se entregan datos importantes solicitados como la comisaría desde donde se perdieron las armas, el coste de las armas y otros datos que deberían estar en la respuesta".</p>
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Luego, agregó que: "Carabineros de Chile entregó esta misma información con los detalles antes señalados por lo que no parece lógico que una institución parecida no cuente con ese registro".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E8346, de fecha 21 de junio de 2019, requiriendo que: (1°) refiérase a las alegaciones de la reclamante, en el sentido que se entregó respuesta incompleta al requerimiento; (2°) aclare si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.</p>
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Luego, por medio de ordinario N° 656, de 4 de julio de 2019, el órgano refirió en resumen, lo siguiente:</p>
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a) Los antecedentes entregados en la respuesta fueron recabados por parte de la Sección Armamento y Munición, quien remitió la información que registra en sus bases de datos.</p>
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b) No se posee la información en los términos exactos de la consulta, entregándose aquella información que consta en los registros institucionales, los cuales si bien no son detallados, es aquella información que se procesa a la fecha.</p>
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c) De acuerdo a lo anterior, en esta institución no obra más información estadística por parte del estamento interno responsable, que la ya entregada a la reclamante, no existiendo circunstancias de hecho que hagan procedente denegar la información solicitada, como tampoco causales constitucionales o legales de secreto o reserva de la misma.</p>
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d) Se adjunta certificado del Jefe de la Sección Armamento y Munición institucional, el que señala no poseer más información que la remitida oportunamente a la reclamante.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la falta de entrega de información sobre las armas perdidas y robadas a la PDI, en particular: comisaría, localidad, provincia, coste de reposición, circunstancias de la pérdida y la situación actual.</p>
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2) Que, el órgano refirió que lo entregado en su respuesta era todo lo que obraba en su poder, y que corresponde a la información que se encuentra en la base de datos de la Sección Armamento y Munición de la PDI. Al respecto, se debe precisar que si el órgano no cuenta con la estadística solicitada en la base de datos de dicha Unidad, debe extraerla a partir de los documentos que obren en su poder, no pudiendo acogerse la alegación en orden a que no cuenta con lo solicitado, en tanto se trata de armas institucionales adquiridas con recursos públicos, para el cumplimiento de sus funciones -como prevenir la perpetración de hechos delictuosos- cuya pérdida o robo incluso pueden poner en riesgo eventualmente la seguridad pública.</p>
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3) Que, en este orden de ideas, siguiendo lo resuelto en la decisión C5256-18, cabe tener presente, que, si bien este Consejo ha concluido que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo ordenarse la entrega de información que no obra en poder del órgano, ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional -decisión de amparo Rol C97-09-. En efecto, según se indicó en la precitada decisión, la supresión -en la historia de la Ley- de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional.</p>
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4) Que, asimismo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 10 de junio de 2014, causa rol 2505-13-INA, en su considerando vigesimosegundo, razonó que: "(...) a partir de la aplicación de los principios de máxima divulgación, de apertura de la información y de las presunciones de relevancia y publicidad, así como del principio de divisibilidad, resulta lógico que la Administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente. Lo anterior resulta evidente para toda la información que no es ni acto ni resolución (...)".</p>
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5) Que, por otra parte, tampoco es admisible la alegación sostenida por la PDI en su respuesta, en orden a que lo pedido se encontraría disperso en la forma que señala, sin siquiera pormenorizar respecto de cada arma, qué información de la solicitada es posible entregar y cual no, y los motivos específicos que le impedirían su entrega. Por otra parte, el certificado que el servicio acompañó en sus descargos, en realidad lo que expone es que: "El Jefe que suscribe, certifica que la información enviada vía correo electrónico a esa Jefatura de Jurídica, en formato Excel, con fecha 09.ABR.019, a las 18:28 horas, es la que consta en la base de datos física y digital de esta Sección Armamento y Munición, y no registran antecedentes respecto del estado de los sumarios de las armas extraviadas". Dicho certificado, como se puede apreciar, sólo da cuenta que la información pedida no obra en la base de datos de la referida Unidad, respecto de lo cual se tendrá por reproducido lo ya expuesto en los considerandos precedentes. Además, si dicha Unidad no mantiene un seguimiento de los sumarios por armas perdidas o robadas, no es óbice para que otras unidades, secciones, departamentos, etc., de la PDI pueda extraer información de los sumarios respectivos para dar cumplimiento al requerimiento en análisis.</p>
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6) Que, al respecto, este Consejo en la decisión de amparo rol C3574-18, sobre información relativa a armas perdidas de la PDI, razonó lo siguiente: "cabe tener presente que en conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones -Decreto Ley N°2.460-, «la administración del vestuario, equipo, vehículos, armamento, material policial y demás especies del inventario de Policía de Investigaciones de Chile, será regulada por los reglamentos correspondientes» (artículo 25). En efecto, en conformidad al Reglamento Orgánico de la reclamada, la PDI cuenta con un departamento administrativo que cuenta con una sección de inventarios (artículo 130), asimismo, con un departamento de apoyo logístico que cumplirá sus funciones por intermedio de diversas secciones, entre ellas está la de armamento (artículo 129). Que del referido contexto normativo, se colige que es consustancial al cumplimiento de las funciones de las respectivas secciones como de la reclamada en su conjunto, el manejo y control del uso del armamento de servicio, y consecuentemente con ello, la necesidad de contar con un inventario de cada una de las armas que ha adquirido y es empleada por su personal, debiendo consignarse toda situación relativa a extravío, desgaste o pérdida de dicho material para adoptar las decisiones tendientes a su reposición y determinación de responsabilidades asociadas a su extravío. En efecto, la pérdida de piezas del armamento institucional conlleva responsabilidades administrativas que se traducen en la instrucción de procedimientos disciplinarios, a fin de establecer la responsabilidad del funcionario a cargo. Luego, información como la consultada, además debería formar parte de dichos procesos en caso de haberse decretado".</p>
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7) Que, como se advierte, la información relativa a las armas perdidas y sustraídas, tales como comisaría, localidad, provincia, coste de reposición, circunstancias de la pérdida y la situación actual, es posible extraerlas a partir de documentos que obran en poder de la PDI, entre otros, a partir de los correspondientes sumarios que al efecto se debieron haber instruido.</p>
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8) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información sobre armas perdidas y sustraídas, reclamada por la solicitante.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Silvia Oramas Pérez en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, que:</p>
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a) Entregue a la solicitante la información solicitada en el numeral 1°, de lo expositivo, sobre armas de la Policía de Investigaciones de Chile extraviadas, perdidas, sustraídas o robadas durante la última década. En particular, el detalle la situación en cada caso, comisaría, localidad, provincia, coste de reposición, circunstancias de la pérdida y la situación actual.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Silvia Oramas Pérez y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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