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DECISIÓN AMPARO ROL C2833-19</p>
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Entidad pública: Ejército de Chile</p>
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Requirente: Javier Morales Valdés</p>
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Ingreso Consejo: 16.04.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de la hoja de vida del ex funcionario consultado. Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.</p>
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En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, así como los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, contenidas en la hoja de vida requerida. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos rol C2010-17, C2089-17, C3046-17, C3047-17, C3244-17, C1241-18, C1366-18, C16-19, C174-19, C595-19 y C2015-19, entre otras.</p>
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De la revisión de la hoja de vida consultada, se desestiman las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas y seguridad de la Nación, en lo que se refiere a la defensa nacional, por no haber sido acreditadas suficientemente por el órgano reclamado.</p>
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Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la petición del reclamante relativa a que no se cobren costos de reproducción por la entrega de la información, toda vez que tratándose de documentación que debe ser fotocopiada para proceder al tarjado de información reservada y datos personales que contiene, aquellos resultan procedentes. De esta forma, una vez verificado el pago de los costos pertinentes, el Ejército de Chile debe remitir copia digital (PDF) de dichos antecedentes, al correo electrónico indicado por el reclamante para dicho efecto. Aplica criterio decisión C16-19, entre otras.</p>
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En virtud del principio de facilitación, se requiere al órgano reclamado que disponga de un mecanismo de pago de los costos directos de reproducción, que no imponga al reclamante o un tercero a su nombre, la carga de concurrir personalmente a alguna de sus dependencias, para realizar dicho pago.</p>
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En sesión ordinaria N° 1049 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2833-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de marzo de 2019, don Javier Morales Valdés solicitó al Ejército de Chile, lo siguiente: "Hoja de vida completa de Oscar Munizaga Donoso".</p>
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2) RESPUESTA: El Ejército de Chile, mediante carta JEMGE DETLE (P) N° 6800/4312, de fecha 16 de abril de 2019, dio respuesta a la solicitud de acceso, señalando en síntesis, que, no obstante haber dado aplicación al procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y a que el titular de la hoja de vida consultada no se opuso a su entrega, se trata de un funcionario que perteneció a la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de Inteligencia Militar. Lo anterior, fundado en que su divulgación significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, pues de ella se desprenden aspectos relevantes y de los cuales se podría hacer mal uso, de caer en manos de agencias de inteligencia extranjeras y de potenciales adversarios del Estado, otorgándose una ventaja táctica y causando daño a la seguridad de la Nación.</p>
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Por otra parte, sostiene que las hojas de vida son herramientas administrativas para evaluar la gestión del personal, cuya divulgación hace perder el debido resguardo que debe tenerse de las mismas y que siendo documentos reservados para los integrantes de la Institución, debiese tener la misma naturaleza para personas ajenas a ella.</p>
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En razón de lo anterior, se deniega el acceso a la información pedida por concurrir las causales de secreto de los artículos 20 inciso 2° y 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, señalando que el mismo solicitante ha ingresado más de 104 solicitudes desde agosto de 2018, de las cuales 53 han sido reclamadas ante este Consejo, lo que escaparía a toda prudencia y modo razonable de ejercer el derecho de acceso a información, haciendo mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 6143-2010.</p>
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3) AMPARO: El 16 de abril de 2019, don Javier Morales Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que de accederse a las reclamaciones interpuestas, se ordene al órgano que no cobre costos de reproducción, pues dada su condición no puede salir de su casa, razón por la cual requiere que la información sea enviada a su email.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E8230, de fecha 20 de junio de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.</p>
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Mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/7580/CPLT, de fecha 09 de julio de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos, señalando en síntesis, que la hoja de vida funcionaria se confecciona de acuerdo a la Cartilla CAP-01001, la cual permite entregar una visión completa del calificado, conteniendo antecedentes profesionales e incorporando información que corresponde a la vida privada de este. Así las cosas, el Ejército de Chile se ve imposibilitado de entregar la documentación solicitada, por tratarse de información militar que tiene el carácter de reservada en aplicación del artículo 21 N° 2 y 3, de la Ley de Transparencia.</p>
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Desde la perspectiva institucional, resguardar las hojas de vida del personal en retiro, dice relación directa con la seguridad nacional ya que significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender, desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, datos relevantes y a los cuales se les podría dar un mal uso. Información que de ser empleada por agencias de inteligencia extranjeras, otorgarían una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar adversaria, causando un daño a la seguridad de la Nación.</p>
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A mayor abundamiento, se puede establecer, que con la entrega se pierde el resguardo necesario de ellas, y que el Ejército se encuentra impedido de conocer el motivo de su petición, así como el uso que se les puede dar, y que tal como se mencionó, la entrega de ellas a potenciales Agencias de Inteligencia extranjeras, sumado al cruce de información, que se puede obtener por esta vía, harían posible determinar los perfiles que se emplean para determinar quienes desempeñan ciertas funciones críticas. Además se trata de documentos son reservados para los integrantes de Ejército, de modo tal que debiesen tratarse de igual forma para con personas ajenas a la institución.</p>
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Finalmente, adjunta los datos de contacto del tercero, copia de la carta enviada al tercero y de su respectiva entrega por Correos de Chile, y en cuanto a la petición del reclamante relativa a que la información sea remitida en formato PDF, informa que de accederse a la entrega de la información resulta necesario tarjar toda alusión de carácter personal, lo cual no se puede efectuar desde su fuente original, ya que ello implica la destrucción del documento, por lo cual es imperioso y necesario fotocopiarlo para efectuar dicha tarea, de lo cual se deriva de manera inevitable un costo de reproducción. En razón de lo anterior, los medios materiales que se utilizan (fotocopias para el caso en particular) generan un costo pecuniario, respecto del cual resulta injusto que el Estado y como consecuencia de ello los contribuyentes, deban solventar de manera gratuita solicitudes de información que de manera evidente demandan un costo que debe expresarse en dinero. Asimismo, hace presente que el sistema electrónico que opera el CPLT para la entrega de la documentación requerida, no acepta un peso superior a 15 o 20 carillas en formato PDF, situación totalmente inoponible al Ejército.</p>
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5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Por medio del oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/7582/CPLT, de igual fecha, el Ejército complementó sus descargos, acompañando copia de la hoja de vida solicitada por el reclamante, solicitando le sea devuelta una vez resuelto el presente amparo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a resolver el fondo del presente amparo, respecto de la alegación del órgano relativa a que el solicitante habría ingresado una gran cantidad de solicitudes de información, y que varias de ellas habrían sido reclamadas ante este Consejo, cabe tener presente que dicha reclamación no tiene la consistencia ni la magnitud suficiente para constituir un caso de abuso del derecho, por tratarse de solicitudes ingresadas en un extenso período de tiempo, y por referirse a información acotada y precisa. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.</p>
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2) Que, respecto del fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Ejército de Chile a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la hoja de vida del Teniente Coronel de Ejército (R) Oscar Munizaga Donoso. Al respecto, el órgano denegó el acceso a dicho antecedente fundado en lo dispuesto en los artículos 20 inciso 2° y 21 N°3 de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación afectaría la seguridad de la Nación, desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, al vulnerarse aspectos de la seguridad militar.</p>
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3) Que, en cuanto a las hojas de vida de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C16-19; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate."</p>
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4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que, atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.</p>
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5) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie el Ejército de Chile sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, haciendo mención a un conjunto de situaciones hipotéticas que, eventualmente, podrían ocurrir o generarse a partir de la publicidad de la hoja de vida del funcionario consultado, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar el bien jurídico cautelado por la causal esgrimida.</p>
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6) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y ha debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios del ex funcionario en cuestión, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de la hoja de vida pedida pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del tercero, máxime si se considera que se trata de un antecedente que, como se señaló, es esencialmente público.</p>
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7) Que, a mayor abundamiento, de la revisión de la hoja de vida consultada, no se advierte que de conocerse dicho documento pueda devenir un perjuicio al funcionario requerido que justifique su reserva en aplicación de alguna de las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia, razón por la cual, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de copia de la hoja de vida del Teniente Coronel del Ejército (R) Oscar Munizaga Donoso. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.</p>
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8) Que, por otra parte, en cuanto a la petición del reclamante relativa a que no se cobren costos directos de reproducción por la entrega de la información, se hace presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, "la información solicitada a se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles". A su turno, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, no se podrá efectuar cobro alguno si la remisión de la información se realiza telemáticamente, salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo.</p>
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9) Que, conforme lo expuesto precedentemente, en el presente caso, efectivamente, la documentación reclamada deber ser fotocopiada para proceder a tarjar de aquella la información que este Consejo ha determinado su reserva, así como los datos personales que allí se contengan, motivo por el cual se acredita la procedencia de costos directos de reproducción que deben ajustarse a la resolución exenta CJE JEMGE DETLE (P) N° 6800/3722, de 17 de junio de 2016, del Ejército de Chile, que fija valores de reproducción de documentos solicitados por Ley de Transparencia.</p>
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10) Que, en consecuencia, se rechaza la petición del reclamante, estableciendo que la información cuya entrega se ordena debe ser remitida al correo electrónico informado para tal efecto por el peticionario, en formato PDF, mediante el envío de los archivos separados que sean necesarios -a fin de no exceder el peso superior al equivalente a 15 o 20 carillas conforme a los márgenes informados por el Ejército-, una vez verificado el pago de los costos directos de reproducción que el organismo le comunique. Con todo, en virtud del principio de facilitación establecido en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo requerirá al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, en lo resolutivo de esta decisión, que disponga de un mecanismo de pago de los costos directos de reproducción de carácter remoto o a distancia -como por ejemplo, transferencia electrónica- que no imponga al reclamante o un tercero a su nombre, la carga de concurrir personalmente a alguna de sus dependencias para realizar dicho pago.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Javier Morales Valdés en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante copia de la hoja de vida del Teniente Coronel (R) Oscar Munizaga Donoso, tarjando previamente la información señalada en el considerando 7) del presente acuerdo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Se rechaza el amparo en lo relativo a lo solicitado por el reclamante, en orden a que no se cobren costos de reproducción por la entrega de la información pedida, por haberse establecido la procedencia de aquellos. Todo lo anterior, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile que, en virtud del principio de facilitación establecido en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, que disponga de un mecanismo de pago de los costos directos de reproducción de carácter remoto o a distancia -como por ejemplo, transferencia electrónica- que no imponga al reclamante o un tercero a su nombre, la carga de concurrir personalmente a alguna de las dependencias del Ejército de Chile, para realizar dicho pago.</p>
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V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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