Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1558-11

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Reclamante:	RICARDO HERNANDEZ BENAVENTE
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo contra la Superintendencia de Valores y Seguros fundado en que no habría recibido respuesta de parte de ese donde señala que a través de Correos de Chile envío una carta certificada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), formulando un reclamo en contra del Banco Estado, debido a que obtuvo un crédito hipotecario en ese Banco y decidió contratar seguros contra incendio y adicional de sismo con HDI Seguros. El conflicto radica en que ese Banco no le reconocería estos dos seguros -y le cobra mes a mes la póliza contratada por la Corredora de Seguros Banco Estado en Mapfre Seguros Generales-, porque no cubrirían los siniestros de “inhabitabilidad de la vivienda” y “cláusula de daños materiales por choque u colisión de objetos fijos incluyendo naves”. Consejo advierte que el reclamante, a través de la presentación enviada a la SVS no requirió información alguna en los términos exigidos por la LT, más bien se trata de una petición dirigida a que la institución reclamada emita un pronunciamiento en torno a lo situación planteada, lo que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición, por lo que Consejo rechaza el amparo ya que no se ha ejercido el derecho de acceso a la información
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	12/30/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C323-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1558-11 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros. Requirente: Ricardo Hernández Benavente. Ingreso Consejo: 19.12.2011 En sesión ordinaria N° 307 de su Consejo Directivo, celebrada el 30 de diciembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1558-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, el 16 de septiembre de 2011, don Ricardo Hernández Benavente remitió a través de Correos de Chile una carta certificada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), formulando un reclamo en contra del Banco Estado, debido a que obtuvo un crédito hipotecario en ese Banco y decidió contratar seguros contra incendio y adicional de sismo con HDI Seguros. El conflicto radica en que ese Banco no le reconocería estos dos seguros -y le cobra mes a mes la póliza contratada por la Corredora de Seguros Banco Estado en Mapfre Seguros Generales-, porque no cubrirían los siniestros de “inhabitabilidad de la vivienda” y “cláusula de daños materiales por choque u colisión de objetos fijos incluyendo naves”. El reclamante señala que esos siniestros sí están cubiertos por los seguros contratados bajo los términos “pérdidas entradas por arriendo y daños materiales causados por aeronaves, por choque de vehículos”, respectivamente. Por ende, al no reconocer el Banco Estado su seguro, él se encuentra pagando dos pólizas. 2) Que, posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2011, don Ricardo Hernández Benavente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información a través de la Gobernación Provincial de Concepción, e ingresado a este Consejo el 21 de diciembre pasado, en contra de la SVS, fundado en que no habría recibido respuesta de parte de ese órgano. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia. 4) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 5) Que, analizado el contenido de la presentación enviada por el reclamante a la SVS, al tenor de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 4) precedente, este Consejo advierte que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información, toda vez que no constituye una solicitud de información propiamente tal. 6) Que, en efecto, el reclamante, a través de la presentación enviada a la SVS el 16 de septiembre del presente año, no requirió información alguna en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a “solicitar y recibir información” en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal. 7) Que, más bien se trata de una petición dirigida a que la institución reclamada emita un pronunciamiento en torno a lo situación planteada, lo que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe pronunciarse respecto a ello en esta sede. 8) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. 9) Que, en segundo término, el legislador ha establecido un plazo dentro del cual deben ser respondidas por parte de los órganos de la Administración del Estado las solicitudes de información. Esto, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, que establece que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12. 10) Asimismo, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Decreto N° 13, de 2009, Reglamento de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma. 11) Que, como se dijo, la presentación enviada por el reclamante a la Superintendencia reclamada y que origina el presente amparo, no constituye una solicitud de información, lo que deriva necesariamente en la inadmisibilidad del mismo, y aún cuando, si lo fuera, difícilmente podría declararse su admisibilidad en consideración a la probable fecha de recepción de la carta certificada en el órgano reclamado, lo que determinaría su inadmisibilidad por extemporaneidad. 12) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. 13) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información a la Superintendencia de Valores y Seguros, o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Ricardo Hernández Benavente en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Ricardo Hernández Benavente y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.