Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3050-19

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Reclamante:	PABLO ÁLVAREZ
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina con la identidad de las 30 personas que lleven más tiempo cumpliendo condenas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios. Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento. En conformidad a lo anterior, se desestiman las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado, de los artículo 21 N° 1, 21 N° 2 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11, C1214-14, C3932-18, C4065-18, respecto de información similar.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C419-18 C3932-18 C4065-18 C4086-18 C1415-11 C1214-14
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	327-2020 30.378-2021
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3050-19   Entidad pública: Gendarmería de Chile. Requirente: Pablo Álvarez. Ingreso Consejo: 25.04.2019. RESUMEN Se acoge el amparo en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina con la identidad de las 30 personas que lleven más tiempo cumpliendo condenas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios. Lo anterior, por tratarse de datos que provienen de fuentes accesibles al público - registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento. En conformidad a lo anterior, se desestiman las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado, de los artículo 21 N° 1, 21 N° 2 y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11, C1214-14, C3932-18, C4065-18, respecto de información similar. En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3050-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de marzo de 2019, don Pablo Álvarez solicitó a Gendarmería de Chile, la siguiente información: "Listado de las 30 personas que lleven más tiempo cumpliendo condena en prisión, señalando el establecimiento penal, nombre, apellido, fecha de ingreso, condena y fecha para acceder a beneficios penitenciarios de cada persona." 2) PRORROGA DE PLAZO: El 10 de abril de 2019, mediante Carta N° 10800, Gendarmería de Chile, notificó al parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Gendarmería de Chile, mediante carta de fecha 18 de abril de 2019, respondió el requerimiento, entregando planilla que contiene a 30 internos que llevan más tiempo cumpliendo condena en la Unidades Penales del País, individualizando: Región, Centro Penitenciario, sexo, fecha inicio condena, tiempo mínimo de postulación, fecha termino condena y tiempo total de condena. Respecto a los antecedentes solicitados como nombre y apellido de cada uno de los internos, Gendarmería de Chile informa que no podrá hacer entrega de ellos por encontrarse al amparo de la causal de reserva y/o secreto consagrada en el artículo 21 de la ley 20.285 "Sobre Acceso a la Información Pública" N° 1, N° 2, y, N° 5 en concordancia por lo dispuesto en la ley 19.628 "Sobre Protección de la vida Privada". 4) AMPARO: Con fecha 25 de abril de 2019, don Pablo Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta incompleta otorgada a su requerimiento. En particular sostuvo que "La ley 20.285 faculta la entrega de información pública a los ciudadanos que la soliciten. En este caso, el extracto de información que Gendarmería se niega a entregar ya es de carácter público, puesto que un poder de Estado, el poder Judicial, dictó previamente esas sentencias, identificando a los autores de los delitos por los cuáles cumplen penas de presidio. Por ley, esas sentencias se emiten en audiencias abiertas y se publican posteriormente, con los nombres de los condenados. Resumiendo: la información que Gendarmería se niega a entregar, o sea, la identidad de los reclusos asociados a las condenas, ya es de naturaleza pública. Cita jurisprudencia de este, en particular lo resuelto en la Decisión rol C4065-18 del Consejo Para la Transparencia, que acogió el amparo deducido en contra Gendarmería de Chile, relativa a revelar la identidad de internos por delitos de lesa humanidad, recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E8507, de fecha 25 de junio de 2019, para que formule sus descargos y observaciones, solicitando en particular: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y , (6°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 14.00.00. 974/19, de fecha 10 de julio de 2019, reiteró lo señalado en la respuesta reclamada, agregando, en síntesis: a) Respecto a la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley 20.285, se configura en parte por la misión de nuestro Servicio establecida en el Decreto Ley 2859 que Fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, cuyo artículo 1° expresa que tiene por finalidad "Atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que les señala la ley". De esta forma, al declarar como públicos los nombres de las 30 personas que llevan más tiempo cumpliendo condena en un momento determinado, expone a esas 30 personas a una estigmatización social incluso luego de haber cumplido la condena al estar contenidos en dicha nómina. Se debe tener en especial consideración, lo dispuesto Decreto N° 409 que "Establece Normas Relativas Reos", el cual bajo ciertos requisitos establecidos en el mismo decreto, permite eliminar los antecedentes manifestando de esta forma el espíritu del legislador de permitir que las personas puedan ser reinsertadas en la sociedad sin contar con la pena cumplida en su registro de antecedentes. Que, el Consejo para la Transparencia al declarar públicos los nombres o cualquier antecedente que permita identificar a un interno, estaría vulnerando el derecho otorgado por el Decreto N° 409, antes señalado, ya que una vez determinada como pública la información solicitada no varía dicha calidad en el tiempo, por pasar a constituir antecedentes que salen de la esfera de control de Gendarmería de Chile, pudiendo ser publicada en sitios web o en cualquier respaldo que no podrían ser eliminados por la persona que quisiera gozar del derecho otorgado por el Decreto tratado en estos párrafos. b) Además, respecto al caso en comento, corresponde aplicar la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, la que, si bien es cierto, debe ser alegada por el titular, Gendarmería estima que al entregar información respecto a la divulgación de la identidad de los internos consultados, afectaría no solo a la vida privada de ellos, los cuales no por estar privados de Libertad pierden su derecho a la intimidad, sino también la seguridad e intimidad de sus familias o cercanos, exponiéndolos por efecto expansivo de los actos cometidos por los internos, afectando de esta forma uno de los principales objetivos de nuestro Servicio, tema ya tratado, "La reinserción social". Lo anterior debe ser concordado con lo dispuesto en los artículos 4°, 7° y 10° de la Ley 19.628 "Sobre Protección de la Vida Privada" y considerando 10° en causa Rol N° 1860-2017, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Por su parte el mismo Consejo para la Transparencia en sus "Recomendaciones para la transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado" señala en su numeral 3 "Definiciones Previas", entendiendo como dato de carácter personal aquella que comprende dos elementos básicos, el primero que "Debe tratarse de información relativa a una persona, siendo indiferente la naturaleza del dato, antecedente o hecho que se trate" y en segundo lugar "debe tratarse de información que permita identificar al titular", considerando que dicha información logre llegar a determinar a una persona sin realizar esfuerzos desproporcionados o plazos excesivos para llegar a la identificación de la persona. c) Por su parte la causal de reserva o secreto consagrada el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285 debe ser concordada a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 645, de 1925 "Sobre el Registro General de Condenas", el cual en su artículo 1° señala "Créase el Registro General de Condenas sobre la base del prontuario, tarjeta índice e impresión digital, anexo a la Inspección de Identificación de Santiago y bajo la dependencia del jefe de este servicio", siendo el Registro Civil el competente sobre dicho registro. Por su parte el artículo 6° del mismo cuerpo normativo señala: "Fuera de los fiscales del Ministerio Público, las autoridades judiciales, policiales y de (Gendarmería de Chile respecto a las personas sometidas a su guarda y control, nadie tiene derecho a solicitar la exhibición de los datos que se anotan en el Registro...". De esta forma el artículo 6° de dicho Decreto Ley, le entrega el carácter de secreto a dicho registro, autorizando el conocimiento de su contenido a Instituciones relacionadas, las cuales no por estar facultadas a conocer pueden divulgar dicho registro. Que, la correlación que Gendarmería de Chile realiza entre el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285 con el Decreto Ley N° 645, de 1925, actualmente vigente, es porque dicho decreto fue dictado con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, por tanto se dispone el secreto respecto de los datos que se anotan en el Registro General de Condenas, por las causales que señala el artículo 8° de la Carta Fundamental, cumpliendo con la exigencia de ley de quórum calificado establecida en el inciso segundo del citado artículo de la Constitución. Que, finalmente es relevante señalar lo fallado por la Corte Suprema en Recurso de Queja presentado por Gendarmería de Chile en contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en Rol N° 19.233-2018, en el cual el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país señaló en el considerando décimo del fallo "Que, además, es necesario dejar asentado que el Registro General de Condenas establecido en el Decreto Ley N° 645, de 1925, se elabora a partir del prontuario del sujeto de que se trate y que en este último documento se incluyen, al tenor del artículo 3° del mismo cuerpo legal, "todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Pena"’. Agrega, "Que así las cosas, y considerando el carácter, naturaleza y contenido de los antecedentes que se incorporan al mentado Registro General de Condenas, se ha de entender que los mismos corresponden a "datos personales" de cada una de las personas incluidas en el mismo, puesto que se trata de "información concerniente a personas naturales identificadas". "Más aún, y dado que esos datos personales se refieren a "características morales" de los sujetos inscritos en el Registro, salta a la vista que ellos deben ser catalogados como "datos sensibles", de acuerdo a la letra g) del 2 de la Ley N° 19.628.". En este orden de ideas, la autoridad máxima del Poder Judicial señala en el fallo de marras no solo su vinculación con la causal de reserva y/o secreto del artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285, sino también con lo prescrito en el artículo 21 N° 2 señalando "Que en esas condiciones resulta evidente que la publicidad de la información contenida en el Registro General de Condenas, en cuanto corresponde a datos sensibles de los individuos allí incluidos, podría afectar "los derechos de las personas", constatación de la que se sigue, forzosamente, que en la especie se configura, también, la causal de reserva prevista en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, respecto de los antecedentes solicitados a Gendarmería." Y CONSIDERANDO 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta parcialmente negativa otorgada al requerimiento de información, singularizado en el numeral 1° de la parte expositiva; respecto al cual Gendarmería de Chile, entregó datos sobre condenas, establecimiento penitencias y fecha de eventuales beneficios, tarjando los datos relativos a la identidad de los 30 condenados, privados de libertad objeto de la consulta, invocando la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, vinculando dicha causal de reserva al contenido de los artículos 4°, 7°, y 10° de la Ley N° 19.628; y además, por estimar aplicable la hipótesis de reserva del 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ésta última, en relación con lo prescrito en el artículo 6° del Decreto Ley N° 645 del Ministerio de Justicia del año 1925, sobre Registro General de Condenas. 2) Que, el órgano invoca en primer término la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Trasparencia, esto es, la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, para declarar como reservada la información, fundando dicha causal en que el acceso a lo requerido, dificulta la reinserción social de los condenados. A juicio de este Consejo, la publicidad de la identidad de los condenados consultados, no detenta la potencialidad de afectar en forma cierta, probable y específica el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile, apareciendo como un argumento desproporcionado en relación a la especificidad de los datos consultados, atendiendo a su vez, a los mecanismos técnicos y de personal especializado con los que cuenta el órgano reclamado para dar cumplimiento a sus funciones públicas. En conformidad a lo anterior, dicha alegación será desestimada. 3) Que, a su vez, el órgano reclamado argumenta, por una parte, la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por la eventual afectación del derecho a la intimidad y a la vida privada de los internos consultados. Al respecto, resulta necesario hacer presente lo dispuesto en el artículo 19, N° 7, letra d), de la Constitución Política de la República, en orden a que los "encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público". En tal sentido, se tiene presente lo señalado por Gendarmería de Chile en el contexto de la gestión oficiosa efectuada en el marco de la tramitación del amparo Rol C4086-18, en la que señaló, con respecto a la forma en que se da cumplimiento a dicha disposición: "cumple con llevar un registro de toda persona que ingresa a un establecimiento penal, procedido de orden de autoridad competente, lo cual se ejecuta por medio de un sistema informático". Así, se estableció que el sistema informático nacional en línea del citado órgano dispone, entre otros, de un módulo específico denominado "Recepción de Ingresados" en el cual se registran la fecha y hora de ingreso, nombres y apellidos, número de cédula nacional de identidad, fecha de nacimiento, edad, juzgado de procedencia, delito, calidad, entre otros antecedentes. 4) Que, además, se debe considerar que, en un estado de derecho, las personas son privadas de libertad por orden emanada de un Juez de la República, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, "Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley". 5) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, si bien lo pedido dice relación con la nómina de personas que se encuentra privadas de libertad en el centro penitenciario consultado, por lo tanto, se trata de datos personales en los términos prescritos en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, aquéllos provienen de fuentes accesibles al público -registro que debe existir en cada centro penitenciario y sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad-, por lo tanto, no resulta aplicable el régimen general de protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los datos relativos a detenidos en recintos carcelarios. Asimismo, con respecto a las disposición del artículo 6° del Decreto Ley N° 645, de 1925 "Sobre el Registro General de Condenas", el alcance de dicha norma -que es de inferior jerarquía que la Constitución Política de la República- no puede extenderse fundadamente al dato sobre identidad de los detenidos, por cuanto dicho dato que es público en virtud de disposiciones de mayor rango normativo. Adicionalmente, existe interés público en que se divulgue si aquellas personas que han sido condenadas por resolución de un tribunal de la República, a penas privativas de libertad por los delitos que han perpetrado, se encuentran, efectivamente, cumpliendo aquellas en los términos dictaminados por los órganos jurisdiccionales competentes. 6) Que, complementando lo razonado precedentemente, el artículo 21 de la ley N° 19.628 prohíbe la comunicación de condenas por simples delitos, una vez cumplida o prescrita la sanción o la pena. A contrario sensu, no resulta aplicable dicha prohibición a la información en análisis, pues, si bien, dice relación con la situación penitenciaria de unas personas privadas de libertad, se refiere a condenas que aún no han sido íntegramente cumplidas; en consecuencia, debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras éstas se encuentran en etapa de ejecución. 7) Que, en el mismo sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago al conocer del reclamo de ilegalidad Rol de Ingreso de Corte N° 246-2018, deducido en contra de la decisión de amparo Rol C419-18, sostuvo en el considerando sexto que "...no resulta aplicable el artículo 7 de la ley 19.628, de reserva de información que deben guardar los funcionarios públicos, como alega la institución reclamante, por cuanto la divulgación de la información de las personas privadas de libertad, en este caso, está amparada por el artículo 19 N° 7 letra d) de la Carta Fundamental, siendo el propio Constituyente quien ha resuelto el carácter público de la fuente donde se encuentra el dato en cuestión. // Por lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letra i) de la ley 19.628, tales son fuentes accesibles al público, al tratarse de registros de datos personales, de acceso no restringido o reservado para los solicitantes, por lo que los datos solicitados al centro de reclusión respectiva, en relación a trece condenados que se encuentran bajo su custodia, se estiman públicos por expresa disposición constitucional, criterio que se ve corroborado pues nuestra legislación permite el tratamiento de datos personales relativos al cumplimiento de condenas, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 inciso 1° de la ley 19.628...". Siguiendo este criterio, la Iltma. Corte de Apelaciones rechazó reclamo de ilegalidad Rol de Ingreso de Corte N° 605-2018, deducido en contra de decisión amparo Rol C4065-18, por medio del cual se requirió a Gendarmería de Chile, entregar la nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco. 8) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que este Consejo, en decisión de amparo Rol C1415-11, de fecha 15 de marzo de 2011, requirió al órgano reclamado la entrega de "nómina de personas que actualmente se encuentran cumpliendo condena en el "Centro de Cumplimiento Penal Punta Peuco" y de aquellas personas que, habiendo sido recluidos en el pasado en dicho establecimiento penitenciario, actualmente se encuentran cumpliendo condena en otro establecimiento penal, en el período señalado por la solicitante, como también información respecto de sus traslados a otros centros penitenciarios, en su caso". Por su parte, en decisión de amparo Rol C1214-14, de fecha 15 de octubre de 2014, se requirió a la Subsecretaría de Justicia, la entrega de la "nómina de los internos del Recinto de Cumplimiento Penitenciario Cordillera (en adelante CCP Cordillera), y del Centro de Detención Privativa y Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco (en adelante CDP-CCP Punta Peuco)", así como también, de los datos relativos a sus edades y a sus condenas. 9) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se descarta también la concurrencia de la causal de reserva dispuesta en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano reclamado, estimando que no se configura infracción a las normas de la ley N° 19.628, así como también, la configuración de la causal de excepción contenida en el artículo 21, N° 5 de la ley citada, en relación con lo establecido en el artículo 6° del Decreto Ley N° 645, de 1925 "Sobre el Registro General de Condenas". En consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de información reclamada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Pablo Álvarez en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información: Nómina de internos con la identidad de las 30 personas que lleven más tiempo cumpliendo condenas privativas de libertad en establecimientos penitenciarios b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Pablo Álvarez y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.