Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3054-19

Reclamante:	OMAR ACEVEDO
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, relativo a la entrega de planilla Excel que contengan los antecedentes que indica respecto de los dictámenes emitidos por el organismo desde el año 1995 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, toda vez que satisfacer la solicitud que motiva la reclamación los distraería del cumplimiento regular de sus labores. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios; ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/13/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C3054-19   Entidad pública: Superintendencia de Pensiones. Requirente: Omar Acevedo. Ingreso Consejo: 26.04.2019. RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, relativo a la entrega de planilla Excel que contengan los antecedentes que indica respecto de los dictámenes emitidos por el organismo desde el año 1995 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por acreditarse la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, toda vez que satisfacer la solicitud que motiva la reclamación los distraería del cumplimiento regular de sus labores. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado implementar las mejoras necesarias en sus procesos que le permitan proporcionar antecedentes como los requeridos sin distraer indebidamente a sus funcionarios; ello, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3054-19. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de marzo de 2019, don Omar Acevedo solicitó a la Superintendencia de Pensiones, lo siguiente: "Excel con todos los números de dictamen, fecha de dictamen, tipo dictamen, materia, fuentes legales, destinatario, y texto de dictamen, todo del sistema de jurisprudencia desde 1995". 2) RESPUESTA: Por medio de oficio Ord. N° 8835, de 12 de abril de 2019, el organismo otorgó respuesta a la solicitud, señalando que atendida la cantidad de información requerida, su recopilación configura la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Al efecto expresan que el sistema informático de la base de jurisprudencia almacena un registro de notas internas y oficios relevantes emitidos por este organismo fiscalizador, clasificados según materia. Dicha base se encuentra contenida de 2.891 documentos innominados. A su vez, considerando que la Ley N° 19.628 exige al responsable del registro cautelar la reserva de datos personales, impidiendo su entrega a terceros, salvo en aquellos casos en que la ley o su titular expresamente lo autoricen, sería necesario revisar la totalidad de los documentos ingresados a la aludida base, a fin de tachar toda la información personal consignada. Lo anterior comprende las siguientes tareas: a) revisión de cada uno de los documentos contenidos en la base de jurisprudencia para determinar si contienen datos personales que deben ser tachados; b) impresión de los documentos que deben ser tachados; y, c) eliminación de datos personales, incluidos nombre, CI y domicilio, así como cualquier otro dato que permita identificar al titular de la información. En tal sentido, en el improbable caso que las etapas señaladas en los puntos 1 a 3 pudiesen realizarse en un tiempo mínimo de 7 minutos por documento, tendríamos un total de 337 horas/hombre, lo que implicaría que un funcionario de este servicio se dedicara exclusivamente a recopilar la información solicitada durante 42 días hábiles. Finalmente, hacen presente que la base de jurisprudencia no está concordada ni actualizada, y que su uso está restringido al personal de Fiscalía de esta Superintendencia. 3) AMPARO: El 26 de abril de 2019, don Omar Acevedo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. Señala que las resoluciones en cuestión debiesen encontrarse publicadas en el banner de Transparencia Activa, según "manual de uso de sistema de jurisprudencia", que acompaña", proporcionado por el organismo con ocasión a requerimiento anterior. Acota su requerimiento, señalando "por ultimo que me entreguen datos del 2002 hacia adelante". En su amparo, utiliza términos y efectúa imputaciones que no se reproducirán. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N° E8748 de 1 de julio de 2019. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante oficio N° 15917, de 18 de julio de 2019, junto con reiterar la causal y argumentos expuestos en la respuesta objetada, agrega: - La entrega de lo pedido, relativo a los oficios emitidos por este organismo fiscalizador desde 1995 a la fecha, que forman parte del sistema de jurisprudencia administrativa, implica la elaboración de un producto especial, que en atención a la cantidad de tiempo que demandaría, configura la causal de distracción indebida contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. - El sistema de la base de jurisprudencia contiene un listado de fichas que hace referencia de las notas internas y los oficios emitidos por el organismo, pero no almacena copia de esos documentos en formato electrónico. Para obtener los señalados antecedentes, se debe recurrir al archivo o bodega de la institución, haciendo presente que a partir del año 2008, la superintendencia implementó el sistema de gestión documental antes referido, de manera tal que sólo a partir de esa fecha se encuentran digitalizados los oficios y notas de esta institución, pero no en su totalidad, puesto que existen pronunciamientos que no han sido ingresados. - El hecho que el reclamante haya acotado en tiempo su requerimiento -a partir del año 2002-, constituye la generación de una nueva solicitud, la que igualmente configura la causal de distracción indebida -el nuevo periodo consultado, comprende 2.221 fichas de jurisprudencia y 300 horas (37 días) de dedicación exclusiva-. - Los oficios que no se encuentran en el sistema de gestión documental, entre los años 2002 a 2008, ascienden a un total de 144.871 archivos. - Finalmente, señalan que las expresiones utilizadas por el reclamante, son improcedentes e infringen lo dispuesto en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo pretendido por el reclamante es planilla Excel en el cual se contengan los antecedentes que indica de los dictámenes emitidos por la Superintendencia de Pensiones desde el año 1995 a la fecha de la solicitud. El señalado requerimiento tiene como antecedente una solicitud anterior efectuada por el reclamante a la Superintendencia de Pensiones, a través de la cual le proporcionaron el "manual de uso de sistema de jurisprudencia", cuyo objetivo es, según de expresa en el anotado documento, "administrar, en una base de datos de Jurisprudencia, fichas correspondientes a dictámenes emitidos por la Fiscalía de esta Superintendencia" . 2) Que, que la información solicitada fue denegada por el órgano reclamado en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, el cual establece que se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, las alegaciones expuestas por la reclamada tanto en la respuesta como en sus descargos, a juicio de este Consejo resultan suficientes para tener por configurada la causal de reserva invocada, por cuanto la Superintendencia de Pensiones explicó de forma pormenorizada, que dar respuesta a la solicitud comprende la revisión y sistematización de más de 2.891 documentos -fichas-, sin considerar aquellos antecedentes que no se encuentran registrados en la base de jurisprudencia consultada, labor que contempla un proceso de anonimización respecto de todos aquellos datos de tipo personal contenidos en éstos, removiendo identificadores directos e indirectos como el RUN, nombre de las personas o aquellos antecedentes descritos en el texto que permitan inferir dicha identidad, teniendo en especial consideración la naturaleza de las materias respecto de las cuales recaen los dictámenes consultados y el tenor del requerimiento, el que no es acotado ni en materia ni periodo consultado (inclusive atendiendo el indicado en su reclamación). Por consiguiente, este Consejo estima que las labores a desarrollar para dar respuesta a la solicitud demandan un esfuerzo tal que permiten tener por acreditada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 6) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo. 7) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Pensiones que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual modo, por aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, y atendida la facultad de formular recomendaciones que otorga a este Consejo el artículo 33 letra e) de este mismo cuerpo legal, se recomienda a la Superintendencia de Pensiones trabajar en la implementación de las mejoras correspondientes en sus procesos y sistemas de tratamiento de la información, que le permitan identificar y extraer registros como los requeridos en la solicitud que dio origen al presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Omar Acevedo en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Recomendar al Sr. Superintendente de Pensiones avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Omar Acevedo y al Sr. Superintendente de Pensiones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.