Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3101-19

Reclamante:	RAFAEL HARVEY VALDÉS
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del reclamante, con todos sus antecedentes. Lo anterior, toda vez que se trata de información que obra en poder del órgano, relativa al propio reclamante, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la seguridad de la Nación y el interés nacional, ni la adecuada defensa juridicial en el recurso de queja singularizado. Con todo, en el evento que la Carpeta solicitada contenga antecedentes que den cuenta de fuentes o métodos de recolección de información de inteligencia, de acuerdo al principio de divisibilidad, consagrado en la Ley de Transparencia, el Ejército deberá tarjar aquellos elementos que revelen técnicas, fuentes o métodos de investigación, propios y concretamente vinculados a labores de inteligencia; tal como se resolvió en el amparo rol C2384-18. Finalmente, se representa al Ejército su falta de colaboración, al no remitir la Carpeta Personal de Seguridad requerida, lo que situó a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información en concreto y ponderar las alegaciones efectuadas en tal sentido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/4/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C39-09 C68-09 C4170-17 C2384-18 C6424-18 C2283-13 C2284-13 C293-09 C380-09
Jurisprudencia a:	C775-19 C8221-20
Recursos relacionados:	672-2019 85.257-2020
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C3101-19 Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Rafael Harvey Valdés Ingreso Consejo: 29.04.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del reclamante, con todos sus antecedentes. Lo anterior, toda vez que se trata de información que obra en poder del órgano, relativa al propio reclamante, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la seguridad de la Nación y el interés nacional, ni la adecuada defensa juridicial en el recurso de queja singularizado. Con todo, en el evento que la Carpeta solicitada contenga antecedentes que den cuenta de fuentes o métodos de recolección de información de inteligencia, de acuerdo al principio de divisibilidad, consagrado en la Ley de Transparencia, el Ejército deberá tarjar aquellos elementos que revelen técnicas, fuentes o métodos de investigación, propios y concretamente vinculados a labores de inteligencia; tal como se resolvió en el amparo rol C2384-18. Aplica criterio de las decisiones de amparos roles C2283-13, C2284-13, C4170-17 y C2384-18, respecto de las causales de seguridad de la Nación y el interés nacional; como asimismo, de las decisiones amparos roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otros, respecto de la causal de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano por tratarse de antecedentes necesarios para una adecuada defensa juridicial. Finalmente, se representa al Ejército su falta de colaboración, al no remitir la Carpeta Personal de Seguridad requerida, lo que situó a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información en concreto y ponderar las alegaciones efectuadas en tal sentido. En sesión ordinaria N° 1052 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3101-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de febrero de 2019, don Rafael Harvey Valdés solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información: "1. Copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios, órdenes, resoluciones o cualquier elemento de carácter escrito, como también lo que conste en soporte electromagnético o digital que esté dentro o contenido en la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) elaborada respecto del suscrito. 2. Copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios, órdenes, resoluciones o cualquier elemento de carácter escrito, como también lo que conste en soporte electromagnético o digital que esté dentro o contenido en la Carpeta de Antecedentes Personales (CAP) elaborada respecto del suscrito. Cabe hacer presente que ambas carpetas, señaladas en los numerales 1 y 2 contienen única y exclusivamente datos respectivos del suscrito." 2) RESPUESTA: Con fecha 10 de abril de 2019, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante JEMGE DETLE (P)N° 6800/4130, de misma fecha, señalando, en síntesis, que: Se deniega la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del solicitante, por corresponder a documentación de carácter secreto, según lo prescrito en el artículo 38 de la Ley 19.974 "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la ANI". Lo anterior, por encontrase afecto a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual no es posible difundir dicha información a menos que sea a través de la excepción considerada en el artículo 30 de la misma norma, es decir, que sea requerida por la Cámara de Diputados o Senado, los tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República en uso de sus respectivas facultades; y Se accede a la entrega de la Carpeta de Antecedentes Personales (CAP), previo pago de los costos de reproducción que se señalan. 3) AMPARO: El 29 de abril de 2019, don Rafael Harvey Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud. Además, el recurrente hizo presente que su reclamo corresponde al punto 1) de su solicitud y pide se aplique el mismo criterio del amparo rol C2384-18, en que se requirió la misma información respecto del funcionario que indica. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E8835, de 01 de julio de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, y solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) se refiera a las alegaciones del reclamante respecto de la información denegada; (2°) se pronuncie acerca de las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de parte de la información reclamada; y, (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. - Mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/8182, de 22 de julio de 2019, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis, respecto de la materia reclamada, lo siguiente: La Carpeta Personal de Seguridad (CPS) "(...) constituye información relativa no sólo respecto de antecedentes de las personas, sino que además, puede revelar información relativa a actividades y procedimientos de inteligencia, y se darían a conocer los documentos llamados criptogramas, cuya divulgación daría cuenta de acciones desarrolladas por agentes de inteligencia en el ejercicio de su rol, permitiría su identificación, además de vulnerar el sistema criptográfico de la Institución." Todo ello afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Sistema de Inteligencia del Ejército, además de dificultar o entorpecer investigaciones o actividades futuras, mediante la revelación de líneas de investigación o tácticas empleadas que pudieren estar contenidas en tales documentos, y como consecuencia, se estaría afectando la seguridad de la Nación. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tal sentido. Luego reitera lo señalado en la respuesta, en que invocó el artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia, cuya ley de quórum calificado establece que la publicidad de los documentos y acciones se consideran como secreto para no afectar el debido cumplimiento de las funciones de los organismos de seguridad, por lo que es dable inferir que la Carpeta pedida se encuentra afecta a la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ya que su contenido forma parte de documentos y otros elementos que están insertos en la Sección Seguridad, tal como lo indica el inciso segundo, letra d) del artículo 5° de ley 19.974. Cita jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. - Mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/8202 de 23 de julio de 2019, el órgano complementó sus descargos señalando, en síntesis que: Reitera que la Carpeta Personal de Seguridad es un instrumento propio de la labor de inteligencia y contrainteligencia militar llevada por las secciones de inteligencia de las respectivas unidades, cuya tutela se explica porque estas carpetas reúnen antecedentes que son consecuencia y/o producto de actividades de un organismo que forma parte del sistema de inteligencia del Estado. Cita jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. En este orden de ideas, señala que no es efectivo que el titular de la información de la CPS es sólo el peticionario, ya que su entrega posibilitaría interrelacionar información con otra inteligencia, cuyo conocimiento la hace perder eficacia y alerta de posibles actividades de inteligencia y contrainteligencia que puedan deducirse de su texto, develando la fuente y quienes colaboraron en la entrega de esta documentación, todo lo cual se hizo bajo el amparo legal de ser secreta. De aceptarse el criterio que esta información pertenece al peticionario no tendría razón de ser su carácter secreto y se desmontaría todo el principio en que se sustenta el carácter secreto de las sesiones y actas de las juntas de selección, a las que el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las FF AA califica como secretas, las que hacen alusión al sistema de calificación y selección del personal y también hace referencia a cada integrante en forma individual. En cuanto a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación señala que la CPS da cuenta de lo que describe el artículo 2 de la ley de inteligencia, en orden a que es "el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.". Finalmente hace presente que el peticionario es un oficial en servicio activo y que la CPS es un documento secreto para todo el personal militar, como tal prohibido y que con su acceso sin autorización expresa de la DINE se incurriría en infracción y discriminación solo en beneficio de algunos. Se adjunta copia del Oficio DINE que deniega la entrega de la Carpeta pedida, agregando que en la especie se configura además la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante oficio N° E15623, de fecha 30 de octubre de 2019, se requirió al órgano remitir la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del reclamante, señalando, expresamente, que dicho requerimiento se efectúa conforme con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia. Mediante JEMGE DETLE A.J. (R) N° 1000/37380 C.P.L.T. de 21 de noviembre de 2019 el órgano respondió, en síntesis, lo siguiente: Tanto en la respuesta como en los descargos formulados por esta Institución, se fundamentaron latamente las razones de hecho y de derecho que impiden la entrega de dicho antecedente de inteligencia militar, como asimismo, las consecuencias y precedentes que significaría extraer la CPS del ámbito de la tutela institucional. En tal sentido el Ejército tiene el deber de señalar que cualquier debilitamiento a las funciones y a la reserva de instrumentos y/o antecedentes que constituyen elementos de apoyo a labores de inteligencia y que persiguen el resguardo de la función militar, importa afectar directamente esa labor, cuya protección hoy cobra particular importancia. Agrega, que actualmente se encuentra pendiente en la Excma. Corte Suprema un recurso de queja deducido por el reclamante en contra de una sentencia pronunciada en reclamo de ilegalidad por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en contra de la decisión de amparo Rol C6424-18, que denegó la entrega de antecedentes relacionados con las juntas de selección de Oficiales. En consecuencia, en virtud del principio de buena fe a fin de formar conciencia por este Consejo respeto del contenido de dicha CPS que impiden su entrega física y sin perjuicio de las razones propias del ámbito de la inteligencia señaladas, concurre también, en la especie, la circunstancia que por existir el referido litigio, el proporcionar dicha CPS u otros antecedentes pudiera afectar las defensas jurídicas y judiciales que lleva a cabo la institución, configurándose, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, se insiste en sostener la gravedad que significaría debilitar, con la entrega de dicho antecedente, la función de inteligencia y el precedente que generaría frente a los demás integrantes de la institución proporcionarla, ya que se traduciría, en definitiva, en descalificar y restarle mérito a la Carpeta Personal de Seguridad como instrumento válido para el uso y análisis de todo el personal militar por la inteligencia militar. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del propio reclamante con todos sus antecedentes, según se señala en el punto 1) del numeral 1° de lo expositivo. Al efecto el órgano denegó esta información fundada en las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado, como asimismo del artículo 21 N° 1 letra a) de la citada Ley de Transparencia. 2) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene el Ejército, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación del artículo 4° y artículo 5°, letra d), y su inciso final, de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información, efectivamente, relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas. 3) Que, este Consejo, ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto, la ley N° 19.974 dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública. 4) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedentes suficientes que permitan estimar que la entrega de la documentación reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega del documento en análisis pueda afectar el bien jurídico -Seguridad de la Nación- cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia. 5) Que, en virtud de lo señalado por el reclamante, y lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C2283-13, C2284-13, C4170-17 y C2384-18, entre otras, respecto del contenido de los antecedentes reclamados en la Carpeta de Seguridad del propio requirente, es posible concluir que el Ejército no ha señalado de qué manera el conocimiento de dicha información podría generar una afectación que, a su vez, pudiese revelar actividades propias del sistema de inteligencia. Según lo ya señalado, el hecho que dicha Carpeta se encontrare bajo la tenencia o control de la Dirección de Inteligencia del Ejército no basta por sí mismo para erigirse en causal de secreto o reserva, considerando además, que el Ejército en sus descargos manifiesta que esta Carpeta contiene antecedentes que "no sólo respecto de antecedentes de las personas, sino que además, puede revelar información relativa a actividades y procedimientos de inteligencia", sin especificar, si efectivamente, en la especie se dan estos supuestos. A mayor abundamiento, la Carpeta solicitada debiera contener antecedentes que se refieren a evaluaciones del solicitante, en materia de personal, que no permiten establecer que tales antecedentes se encuentren vinculados a actividades propias de inteligencia, al tenor de lo regulado en la Ley N° 19.974. 6) Que, en tal sentido, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en reclamo de Ilegalidad rol 5080-2014, en su considerando 12° resolvió que "correspondía al reclamante establecer en qué medida la divulgación de la Carpeta Personal de Seguridad atenta contra la Seguridad de la Nación y lo cierto, como bien apunta el Consejo para la Transparencia, es que no lo hizo. Se limitó únicamente a citar el artículo 38, pero olvidó que en sede de transparencia ese argumento no basta, ya que el numeral 5° del artículo 21 de la Ley 20.285 exige, para acoger la causal de reserva, que se demuestre en qué forma la divulgación de esa información afecta al bien jurídico que contempla el citado inciso 2° del artículo 8° de la Constitución". Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se desestimarán las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y 5 alegadas por el Ejército en la especie. 7) Que, a su turno, respecto a la causal de reserva invocada por el órgano, contenida en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva citada, debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. 8) Que, el órgano reclamado para fundar la causal de reserva invocada se limitó a señalar que actualmente se encuentra pendiente en la Excma. Corte Suprema un recurso de queja deducido por el reclamante, respecto de una decisión de amparo que denegó la entrega de antecedentes relacionados con las juntas de selección de Oficiales, cuya entrega pudiera afectar las defensas jurídicas y judiciales que lleva a cabo la institución. No obstante lo señalado, el órgano reclamado, no aportó antecedente alguno que permita acreditar el modo en que la entrega de la información reclamada, afecta el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. En tal sentido, y conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo, acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie; razón por la cual se desestimará la causal de reserva alegada. 9) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, relativa al propio reclamante, habiéndose desestimado las alegaciones del Ejército, este Consejo procederá a acoger el presente amparo y ordenará la entrega de la documentación reclamada. 10) Que, finalmente y a mayor abundamiento, se debe hacer presente al Ejército, que la negativa de remitir la Carpeta Personal de Seguridad del reclamante, durante la tramitación del presente amparo, no obstante habérsele señalado expresamente que dicho requerimiento se efectuaba conforme con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, situó a este Consejo en la imposibilidad de analizar la información en concreto y ponderar las alegaciones efectuadas, respecto de las hipótesis de reserva que estima aplicables en la especie, lo cual será representado en lo resolutivo de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Rafael Harvey Valdés en contra del Ejército de Chile, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército: a) Entregue al solicitante la siguiente información: - Copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios, órdenes, resoluciones o cualquier elemento de carácter escrito, como también lo que conste en soporte electromagnético o digital que esté dentro o contenido en la Carpeta Personal de Seguridad del solicitante. - En el evento que la Carpeta solicitada contenga información que dé cuenta de fuentes o métodos de recolección de información de inteligencia, de acuerdo al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, deberá entregar la información, tarjando aquellos elementos que revelen técnicas, fuentes o métodos de investigación, propios y concretamente vinculados a labores de inteligencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir la Carpeta Personal de Seguridad del solicitante, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción. IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Rafael Harvey Valdés y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.