Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1593-11

Reclamante:	RODRIGO FIGUEROA ESPINOSA
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se interpuso amparo contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en la denegación de acceso a certificado de la posesión efectiva que individualiza, en número y causante, en los términos indicados. El Consejo rechazó el amparo por estimarlo improcedente, ya que no constituye un requerimiento amparado por la Ley de Transparencia la solicitud de elaboración de certificados, los que se encuentran regulados por leyes diversas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/29/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Decreto Supremo 13 2009 Reglamento Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1034-11 C368-11
Jurisprudencia a:	C3786-21 C2119-14 C1764-21 C1981-21 C3720-21 C5499-21 C5882-22
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DECISIÓN AMPARO ROL C1593-11 Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación Requirente: Rodrigo Figueroa Espinosa Ingreso Consejo: 27.12.2011 En sesión ordinaria Nº 341 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de mayo de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1593-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; la Ley 19.903, sobre Procedimiento para el otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia; el D.S. N° 237, de 2004, del Ministerio de Justicia, que aprueba Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos; y, los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Rodrigo Figueroa Espinosa, el 16 de noviembre de 2011, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación –a través del Oficial Civil de Temuco– que le otorgara un certificado de la posesión efectiva inscripción N° 46953, en que es causante don José Leonardo Bravo Vergara, precisando que el certificado requerido es “el más completo que otorga el Servicio en el que figuran los herederos con su individualización completa y los bienes dejados por el causante”. 2) RESPUESTA: El Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante indistintamente SRCeI, por medio de la Carta SDPE N° 142-2011, del Abogado Jefe del Subdepartamento de Posesiones Efectivas, informó al requirente la decisión de denegar el certificado solicitado, debido a que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto N° 237 –que aprueba el Reglamento Sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos–, el certificado de posesión efectiva y sus posteriores duplicados, sólo serán otorgados a los herederos del causante, sus representantes legales o mandatarios. Asimismo, señala que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 del mencionado Reglamento, cualquier interesado podrá concurrir a las oficinas del Servicio con los antecedentes del causante –esto es, nombre y RUN– y solicitar un documento denominado “Informe de Inscripción del Registro Nacional de Posesión Efectiva”, el cual contiene la siguiente información: a) Número y fecha de la inscripción de la posesión efectiva; b) Nombre, RUN, fecha de defunción y datos de la inscripción de defunción del causante; c) Oficina en que fue presentada; d) Número de la solicitud de posesión efectiva y la fecha de su presentación; e) Número, fecha y diario de la publicación y la Dirección Regional que emitió la resolución exenta que concede la posesión efectiva, y, f) La individualización de los herederos en cuanto a su nombre, RUN y calidad con que hereda cada uno de ellos. 3) AMPARO: Don Rodrigo Figueroa Espinosa, el 23 de diciembre de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SRCeI, debido a que le denegó el certificado requerido y, en su lugar, se limitó a ilustrarlo en el sentido de que cualquier interesado puede concurrir a las oficinas del Servicio y solicitar un documento denominado “Informe de Inscripción del Registro Nacional de Posesión Efectiva”, el cual, sin embargo, no contiene una individualización completa de los herederos ni de los bienes dejados por el causante. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del SRCeI, mediante Oficio N° 72, de 9 de enero de 2012, quien evacuó el traslado conferido a través del Ordinario N° 58, de 27 de enero de 2012, ingresado a la oficina de partes de este Consejo el día 27 del mismo mes y año, formulando los siguientes descargos u observaciones: a) Conforme a lo establecido por el inciso segundo del artículo 8° de la Ley N° 19.903, “El hecho de haberse inscrito la resolución en este Registro, será acreditado por el Servicio mediante un certificado que contendrá todas las menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 5° y con su mérito, los interesados podrán requerir las inscripciones especiales que procedan, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario”. b) Por otro lado, el artículo 39 del Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos, señala expresamente que “El primer certificado de inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas se otorgará gratuitamente”. Asimismo, el artículo 40 de dicho cuerpo normativo establece que “El certificado a que se refiere el artículo 8°, inciso 2° de la ley N° 19.903, sólo será otorgado a los herederos, sus representantes legales, o mandatarios”. c) Asimismo, cabe tener presente que, en este punto, el artículo 38 del mencionado Reglamento señala que “El Servicio de Registro Civil e Identificación informará a cualquier interesado sobre el estado de tramitación de la posesión efectiva, y sobre el hecho de haberse inscrito en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas la resolución que la concede”. La finalidad de la norma transcrita se cumple a través del “Informe de Inscripción en el Registro Nacional de Posesión Efectiva”, que, a diferencia del certificado o duplicado de posesiones efectivas, no contiene el inventario de los bienes quedados al fallecimiento del causante. d) De esta forma, es la propia ley la que impide al órgano otorgar el certificado de posesiones efectivas o sus duplicados, a otras personas que no sean los herederos, mandatarios o sus representantes legales, calidades que no ha acreditado tener el requirente. e) Por otro lado, es necesario precisar que a excepción del primer certificado de posesiones efectivas, que es gratuito conforme lo señala la ley, todos los demás duplicados tienen un costo que debe ser previamente pagado al Servicio para su entrega, todo lo cual se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia. f) Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Transparencia dispone que “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con la cual se entenderá que la administración ha cumplido con su obligación de informar”. g) En consecuencia, este Servicio considera que la respuesta dada al reclamante cumple lo estipulado por la ley, no constituyendo una respuesta denegatoria, por cuanto se le informó cómo acceder a lo solicitado, que no es a través del certificado de posesiones efectivas –figura reservada por ley para los herederos o sus representantes debidamente acreditados–, sino, mediante la figura establecida para la información a terceros, a saber, el Informe de Inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. h) Atendido que el requirente señala que en dicho informe no se señalan los datos completos de los herederos, se hace presente que tal circunstancia no puede ser de otra forma, por cuanto el SRCeI no informa los domicilios de los herederos, ni de persona alguna, a menos que la Ley permita al solicitante acceder al dato o el titular consienta expresamente su divulgación. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 3° de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, a dicho Servicio le corresponde “… llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende”. Asimismo, los numerales 1° y 7° del artículo 4° del mismo cuerpo legal disponen, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que le encomiende la Ley y “… otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio”. 2) Que, por su parte, el artículo 13 de la Ley N° 19.903 creó “… un Registro Nacional de Posesiones Efectivas y un Registro Nacional de Testamentos, los que serán públicos, y se llevarán en la base central de datos del sistema automatizado del Servicio de Registro Civil e Identificación, con las formalidades establecidas en el reglamento”. Al respecto, el artículo 33 del Reglamento Sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos establece las menciones mínimas que debe contener el Registro Nacional de Posesiones Efectivas –las que ya fueron indicadas en el numeral 2° de la parte expositiva de esta decisión, al extractar la respuesta dada por el órgano reclamado–. 3) Que, asimismo, cabe tener presente que conforme a lo establecido por el artículo 8° de la Ley N° 19.903, una vez efectuada la publicación de la resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia el Director Regional competente del SRCeI ordenará inmediatamente su inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y que “El hecho de haberse inscrito la resolución en este Registro, será acreditado por el Servicio mediante un certificado que contendrá todas las menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 5º y, con su mérito, los interesados podrán requerir las inscripciones especiales que procedan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario”. 4) Que, del tenor de la solicitud realizada por don Rodrigo Figueroa Espinoza al SRCeI, se desprende que lo pedido es la emisión, por parte del órgano mencionado, de un certificado respecto de la posesión efectiva que indica, en el marco de las disposiciones de la Ley 19.903, sobre Procedimiento para el otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia y del Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro Nacional de Testamentos, aprobado por medio del Decreto Supremo N° 237 de 2004, del Ministerio de Justicia. 5) Que, de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política y de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y 4° de su Reglamento, se desprende que el derecho de acceso a la información pública permite a toda persona acceder a los documentos que obren en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sean sus soportes, formatos, fechas de creación, origen, clasificación o procesamiento, existentes al momento de formularse la respectiva solicitud de acceso a la información. 6) Que, teniendo ello presente, este Consejo ha sostenido, en la resolución de la reposición recaída en el amparo Rol A146-09, de 30 de diciembre de 2009, que “… una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, concluyéndose que no corresponde a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos, y realizando, además, una distinción entre la solicitud de certificación regulada por normas especiales y la certificación de la información entregada en virtud de la Ley de Transparencia. 7) Que, en este sentido, el considerando 4° de la decisión indicada precedentemente señala, en lo que resulta aplicable a la especie, que «…respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como "solicitud de copia autorizada", y que se encuentra amparado por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada "en la forma y por el medio que requirente haya señalado". No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia». 8) Que, sobre el particular, este Consejo, en la decisión del amparo C368-11, tras analizar las disposiciones de los artículos 20 y 24 de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, así como las disposiciones del D.F.L. N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, así como los Decretos Exentos N° 461/2009 y 649/2009, ambos del Ministerio de Justicia, concluyó que “… el legislador ha contemplado un procedimiento especial para la elaboración de los certificados y las copias de las inscripciones y subinscripciones a los que alude la regulación registral, así como para la determinación de sus respectivos costos, razón por cual la solicitud de dichas certificaciones y copias no se encuentra amparada por el procedimiento de acceso a la información reglado por la Ley de Transparencia (criterio reconocido en decisión de reposición del amparo Rol A146-09)” (considerando 7°). 9) Que, conforme a lo expuesto precedentemente, el requerimiento que ha dado origen al presente amparo, en los términos que fue planteado, no constituye una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia, lo que llevará a rechazar el presente amparo por improcedente. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Figueroa Espinosa en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por los fundamentos antes desarrollados. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Rodrigo Figueroa Espinosa y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, salvo en lo que respecta al rechazo de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.