Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3259-19

Reclamante:	FERNANDO DAZAROLA LEICHTLE
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, requiriendo la entrega de copia de las 113 resoluciones que se pronunciaron sobre la eximición de recargo por concepto de abandono de mercaderías. Lo anterior, por tratarse de actos y resoluciones que tienen efectos sobre terceros que constituye una obligación de transparencia activa, cuya publicidad permite el ejercicio de un control social sobre el proceso que justificó su aplicación para la obtención de la respectiva exención de pago. Se desestima la hipótesis de reserva alegada de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, a fin de justificar su negativa a divulgar dicha información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/23/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3093-17 C1544-18 C1558-18 C2635-18 C1028-12 C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C3259-19 Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas Requirente: Fernando Dazarola Leichtle Ingreso Consejo: 06.05.2019 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Aduanas, requiriendo la entrega de copia de las 113 resoluciones que se pronunciaron sobre la eximición de recargo por concepto de abandono de mercaderías. Lo anterior, por tratarse de actos y resoluciones que tienen efectos sobre terceros que constituye una obligación de transparencia activa, cuya publicidad permite el ejercicio de un control social sobre el proceso que justificó su aplicación para la obtención de la respectiva exención de pago. Se desestima la hipótesis de reserva alegada de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, a fin de justificar su negativa a divulgar dicha información. Aplica criterios contenidos en las decisiones de amparos Roles C3093-17, C1544-18, C1558-18, C2635-18, entre otras. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1031 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de septiembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3259-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: el 25 de marzo de 2018, don Fernando Dazarola Leichtle solicitó al Servicio Nacional de Aduanas -en adelante e indistintamente Servicio o Aduanas-, «copia de todas las resoluciones emitidas desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por parte del Director Regional y Administrador de Aduana de la región de Valparaíso, que se pronuncien sobre la solicitud a que se refiere el inciso final del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas...». 2) RESPUESTA: Aduanas mediante resolución de 16 de abril de 2019, informó al reclamante que atendido el número de resoluciones consultadas - 113- le era imposible acceder a su entrega, toda vez que la aplicación del procedimiento de comunicación por carta certificada a los terceros, previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, implicaría distraer a sus funcionarios de sus tareas habituales. Por lo tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, denegó la divulgación de la información en comento. 3) AMPARO: El 6 de mayo de 2018, don Fernando Dazarola Leichtle dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Aduanas, mediante Oficio N° E9187, de 8 de julio de 2019, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera a la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a aplicar el procedimiento estipulado en el artículo 20 dela Ley de Transparencia; y, (5°) remita copia de las 113 resoluciones denegadas, haciéndole presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento El referido organismo, mediante presentación de 30 de julio de 2019, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento. Agregó que, «hacer el oficio para notificar a un tercero el tiempo es de aproximadamente 30 minutos, significaría que en una hora podríamos hacer 2 oficios y en un día laboral de 9 horas 18 oficios a terceros, ahora bien considerando que de la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso y las administraciones de Aduanas de San Antonio y Los Andes, realizaron 113 resoluciones , por lo que debemos considerar 113 terceros para notificar, estaríamos trabajando durante 6 días aproximadamente disponiendo un funcionario a tiempo completo para ello, distrayendo a ese funcionario durante muchos días de su función propia...». Y CONSIDERANDO: 1) Que, en cuanto al fondo, cabe tener presente que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, las mercancías en presunción de abandono quedarán afectas a un recargo a contar del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de depósito o admisión temporal autorizado. No obstante ello, el Director Nacional de Aduanas, mediante resolución fundada, podrá rebajar o eximir de dicho pago al interesado. 2) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega de las resoluciones emitidas por la reclamada respecto de solicitudes de rebaja y eximición de pago por concepto de recargo aplicado a quienes hubieren mantenido sus mercancías en calidad de abandono. Al efecto, cabe señalar que dichos actos administrativos son públicos en conformidad a lo previsto tanto en el artículo 8° de la Constitución Política como 5° y 10° de la Ley de Transparencia. 3) Que de la revisión de los antecedentes que obran en el proceso, se advierte que la gran mayoría de las 113 resoluciones consultadas, acceden a la eximición en el pago del recargo, asimismo otra lo desestiman y un porcentaje menor aplica un porcentaje de recargo por haberse incurrido en la conducta descrita en el artículo 154, reseñado precedentemente. Lo anterior, en casi su totalidad respecto de peticiones formuladas por personas jurídicas y un número menor de personas naturales. Asimismo, que las mismas no detallan aspectos comerciales ni tributarios de los interesados, toda vez que los mismos se encontrarían plasmados en las respectivas solicitudes. 4) Que sobre el particular, cabe tener presente que esta Corporación ha ordenado la divulgación de información referida a quienes hayan obtenido un beneficio o exención. En efecto, tanto en las resoluciones de amparos Roles C3093-17, C1544-18 y C1558-18, este Consejo se pronunció sobre la divulgación de información sobre personas naturales o jurídicas que se hubieren visto beneficiadas por exenciones de naturaleza tributaria, entendiendo que la determinación plena de los beneficiados de exenciones permitiría el ejercicio de un control social efectivo sobre el proceso que justificó su aplicación. 5) Que en idéntico sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema al conocer recurso de queja, deducido por el Servicio de Impuestos internos en contra de resolución de esta Corporación -C1028-12- que le ordenó divulgar las resoluciones que condonaron a una empresa intereses y multas originados por deuda tributaria. En efecto, en sentencia recaída en proceso Rol N°3002-2013, dicho tribunal razonó que «...resulta relevante dejar asentado que, en todo caso, la información que se ha solicitado no proviene de la actividad del particular sino que de una determinación o procedimiento del Servicio de Impuestos Internos, vale decir, de sus resoluciones, de lo que se sigue que ella sí es susceptible de publicidad y, por lo tanto, puede ser dada a conocer, argumento en cuya virtud el recurso en análisis ha de ser desestimado//Que sumado a lo anterior, hay que poner de relieve que los principios y derechos sobre acceso a la información, probidad y transparencia se insertan en el mejoramiento continuo y modernización de los órganos públicos, marco indispensable de considerar para resolver el conflicto de autos. En efecto, se ha verificado una evolución normativa e institucional en la que dichos principios y derechos alcanzan su más alto rango como elementos cualitativos del desempeño público, lo que es coherente con la incorporación del control ciudadano a las instituciones del Estado el que se agrega a los controles internos y externos ya existentes...»(considerandos décimo cuarto y quinto). 6) Qué asimismo, este Consejo se ha pronunciado acerca de la divulgación de datos referidos a actos administrativos sancionatorios. En efecto, en la decisión de amparo recaída en el amparo Rol N° C2635-18, ordenó a la Dirección del Trabajo divulgar nómina con los respectivos rut, monto, estado y enunciado de las multas aplicadas a empleadores en el periodo comprendido, entre enero de 2017 y mayo de 2018. Dicha resolución, fue ratificada por la Corte de Apelaciones el 4 de abril de 2019, encontrándose actualmente cumplida. 7) Que, por lo demás la información materia del amparo en análisis, es de aquellas que en conformidad a lo previsto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, debe encontrarse publicada en el portal electrónico de la reclamada. En efecto, dicho precepto dispone que «Los órganos de la Administración del Estado (...) deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos (...) los actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros». A su turno, el punto 1.7 de la Instrucción General N° 11 de esta Corporación, dispone que «...deberán publicarse todos aquellos decretos, resoluciones, acuerdos de órganos administrativos pluripersonales -o los actos que los lleven a efecto- u otro tipo de actos administrativos emanados de la respectiva autoridad que afecten los intereses de terceros, les impongan obligaciones o deberes de conducta o tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de éstos, en la medida que dichos terceros sean personas, naturales o jurídicas, ajenos al servicio u organismo que los dicta». Luego, su publicación en conformidad a la normativa sobre transparencia activa, resulta obligatoria para el Servicio Nacional de Aduanas. 8) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 9) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales». 10) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras. 11) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud (de acceso) podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales». 12) Que en el caso en análisis, la reclamada no ha proporcionado antecedentes suficientes que permitan justificar, que el trámite de traslado al que alude en sus presentaciones -respecto de los solicitantes sobre los que se pronunció la reclamada en 113 resoluciones- afecte el debido cumplimiento de sus funciones, más aun considerando que la información materia del procedimiento, es de aquellas que debería encontrarse publicada en su sitio web como se expusiera en el considerando 7° del presente acuerdo. 13) Que en tal sentido, cabe señalar además que la requerida no debe olvidar que dentro del universo de cometidos y labores que le corresponde efectuar, se encuentra igualmente comprendida aquella referida a la satisfacción de los requerimientos que se le planteen en el marco de la Ley de Transparencia. En consecuencia, y no habiéndose configurado la hipótesis de reserva en análisis esta será desestimada. 14) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente y, entendiendo esta Corporación que la divulgación de las resoluciones en comento resulta relevante, a fin de permitir la revisión de los criterios que la reclamada tiene en consideración al momento de acceder a las rebajas consultadas, se acogerá el presente amparo, ordenando al Servicio de Aduanas que entregue a la reclamante la información pedida. No obstante lo anterior, en el evento de que alguna de las resoluciones consultadas contenga información de naturaleza tributaria de los involucrados, deberá tarjarla en forma previa a su entrega a la solicitante. Ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con las normas previstas en el Código Tributario sobre la materia. Asimismo, datos personales de contexto, como cédula de identidad, número de teléfonos, correo electrónico, entre otros similares, en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Fernando Dazarola Leichtle en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas que: a) Entregue al reclamante copia de las 113 resoluciones consultadas. No obstante lo anterior, en el evento de que alguna de las resoluciones consultadas contenga información de naturaleza tributaria de los involucrados, deberá tarjarla en forma previa a su entrega a la solicitante. Ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia en concordancia con las normas previstas en el Código Tributario sobre la materia. Asimismo, deberá tarjar los datos personales de contexto, como cédula de identidad, número de teléfonos, correo electrónico, entre otros similares, en aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Dazarola Leichtle y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Marcelo Drago Aguirre, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.