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DECISIÓN AMPARO ROL C3469-19</p>
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Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación.</p>
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Requirente: Daniel Cárcamo Espinoza.</p>
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Ingreso Consejo: 15.05.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenando la entrega de los informes consultados, correspondientes al proceso de acreditación de la carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad Diego Portales, de los años 2013 y 2016.</p>
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Lo anterior, por estimarse que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma, no logrando configurarse la afectación de derechos invocada por el tercero involucrado.</p>
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Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos roles C122-12; C17-13; C2229-13; C3579-16; C4028-16; C1408-17; C1659-17; y, C3299-17, entre otras.</p>
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Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1059 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3469-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de mayo de 2019, don Daniel Cárcamo Espinoza solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación, en adelante también denominada CNA, la siguiente información:</p>
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"copia de los documentos presentados por la Universidad Diego Portales en el proceso de acreditación del año 2013 y 2016 de la carrera de Licenciatura en Historia. Es de mi especial interés poder obtener copia de los siguientes documentos: El Informe de Autoevaluación presentado por la casa de estudios, el informe de pares evaluadores y las observaciones enviadas por la Escuela de Historia al informe de pares evaluadores. Los documentos antes mencionados fueron considerados en el Acuerdo de Acreditación N°201 de fecha 14 de Diciembre del 2012 y en el Acuerdo de Acreditación N°470 fechado el 12 de Diciembre del 2016".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de Oficio N°: DP-000849-19, de 14 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Acreditación, denegó lo solicitado en virtud de la oposición manifestada por la Universidad Diego Portales.</p>
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Al efecto, acompañan copia del oficio de notificación al tercero, de fecha 3 de mayo de 2019, y carta de oposición de éste, de 7 de mayo de 2019, en la cual, en síntesis, la casa de estudios aludida rechaza la entrega de lo pedido, por cuanto estiman se revelarían antecedentes de carácter estratégicos, cuya divulgación configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 15 de mayo de 2019, don Daniel Cárcamo Espinoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E9728, de 24 de julio de 2019, confirió traslado a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación.</p>
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Posteriormente, mediante Oficio N°: DP-001482-19, de 7 de agosto de 2019, el órgano presentó sus descargos, reiterando lo manifestado en la respuesta objetada; sin embargo, respecto a lo solicitado, agrega: "Estos antecedentes, configuran los pilares fundamentales de los procesos de Autoevaluación Interna y Evaluación Externa. El primero, es un proceso analítico que consulta diferentes fuentes, tanto internas como externas a la institución que, identificando los mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales. El segundo, consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella. En ese contexto, la Universidad Diego Portales ha establecido que la información contenida en dichos documentos es de carácter estratégico (...)".</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado a la Universidad Diego Portales, mediante oficio N° E11445, de fecha 21 de agosto de 2019, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.</p>
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El tercero interesado, por medio de escrito ingresado con fecha 3 de septiembre de 2019, argumentó, lo siguiente:</p>
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- De conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.129, la Comisión Nacional de Acreditación tiene por función "evaluar, acreditar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen".</p>
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- Lo anterior, implica que al solicitar la acreditación, las universidades envían a evaluación de la Agencia Acreditadora (tratándose de procesos previos a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.091) o directamente a la Comisión, información relativa a sus programas y planes de estudio, información sobre sus académicos (grados, n° de horas de dedicación, especialidades, etc.) aspectos relevantes de la infraestructura universitaria específica para la carrera cuya acreditación se solicita , los perfiles de sus estudiantes de los egresados (su tasa de empleabilidad, si alguno ostenta algún cargo importante, etc.) de los funcionarios que trabajan en la Universidad, actividades de vinculación con el medio, acuerdos y convenios celebrados con otras instituciones que revelan la importancia de la carrera, etc., para que la agencia acreditadora o CNA, según corresponda, evalúe dicha información conforme a los parámetros de calidad previamente establecidos y, emitiendo una resolución fundada, que tiene el carácter de información pública, conceda o deniegue la acreditación.</p>
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- Es por ello que los antecedentes solicitados constituyen información sensible de carácter estratégico, de alta relevancia en un universo reducido de Establecimientos que imparten la misma carrera, en el contexto del desarrollo de actividades económicas de prestación de servicios educacionales, configurándose por tanto la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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- Expresa que en los acuerdos de acreditación mencionados por el recurrente en su requerimiento -los cuales éste detenta-, van contenidos todos los antecedentes de hecho y de derecho que justifican la decisión, sin necesidad de requerir más información en tal contexto a fin de certificar la calidad de la carrera.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del informe de autoevaluación presentado por la Universidad Diego Portales; del informe de pares evaluadores; y, las observaciones enviadas por la Escuela de Historia de dicha casa de estudios al informe de pares evaluadores; todos antecedentes generados en el marco del proceso de acreditación de la carrera de Licenciatura en Historia de los años 2013 y 2016, denegada por el organismo en virtud de la oposición manifestada por dicho establecimiento educación superior.</p>
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2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la Ley N° 20.129, que "Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior", regula - dentro de otros- el proceso de acreditación institucional de las instituciones de educación superior. En este sentido, el artículo 15 prescribe que las universidades podrán someterse voluntariamente a este proceso ante la Comisión Nacional de Acreditación, el que tiene "por objeto evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad"; y, al efecto el artículo 16 señala como etapas del proceso de acreditación, la autoevaluación interna, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión. A su turno, el artículo 18 inciso quinto, dispone que: Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional, de acreditación de carreras y programas y de acreditación de programas de magíster, doctorados y especialidades médicas y odontológicas.</p>
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3) Que, cabe señalar que en las decisiones recaídas en los amparos roles C122-12; C17-13; C2229-13; C3579-16; C4028-16; C1408-17; C1659-17; y, C3299-17 entre otras, este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En el mismo sentido, se pronuncio la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "(...) la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información".</p>
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4) Que, con todo, en relación con los antecedentes pedidos, cabe destacar, asimismo, la decisión de amparo C2229-13, en que se requirieron antecedentes financieros de un proceso de acreditación, en el cual se accedió a su entrega por "(...) la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de ésta."</p>
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5) Que, según lo razonado anteriormente, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, no logrando configurarse la afectación invocada por el tercero involucrado, que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarlos, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la CNA la entrega al reclamante de la información solicitada.</p>
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6) Que, el órgano previo a la entrega de toda la información que se ordenará entregar deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Daniel Cárcamo Espinoza en contra de la Comisión Nacional de Acreditación; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación que:</p>
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a) Entregue a la reclamante la siguiente información solicitada, descrita en el párrafo 1° de lo expositivo.</p>
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Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Daniel Cárcamo Espinoza, a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación y tercero involucrado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>