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DECISIÓN AMPARO ROL C3603-19</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Educación.</p>
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Requirente: Juan Díaz Soto.</p>
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Ingreso Consejo: 20.05.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, ordenando entregar los antecedentes curriculares de quienes participaron en la corrección de la evaluación docente 2018 del requirente.</p>
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Lo anterior, por cuanto no se acreditó ni se configuró la causal de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado. Además, la evaluación para los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la identidad de las personas que participaron en la evaluación docente 2018; de los profesores evaluadores del portafolio; y de los pertenecientes a la Comisión Comunal de Evaluación 2018 que intervinieron en la evaluación del requirente, por tratarse de datos personales cuya divulgación afectaría los derechos de dichos sujetos, configurándose la causal de reserva prevista en la Ley de Transparencia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1052 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3603-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de marzo de 2019, don Juan Díaz Soto solicitó a la Subsecretaría de Educación, la siguiente información: "Necesito que se me informe lo siguiente:</p>
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1-¿Quiénes son las personas que participaron en la evaluación docente 2018 del Profesor JUAN MARCOS DIAZ SOTO, RUN (...) de la Municipalidad de Los Ángeles, señalando la etapa o instrumento en el cual participó?</p>
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2- Se me informe en relación a los profesores que fueron evaluadores del portafolio lo siguiente:</p>
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a) Nombre del Profesor;</p>
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b) Título del profesor evaluador;</p>
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c) Años de servicio o de experiencia docente registrado en el SIGE; y,</p>
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d) Número de horas de perfeccionamiento que tiene registrado en el CPEIP.</p>
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3.- En relación a la Comisión Comunal de Evaluación 2018 necesito se me informe:</p>
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a) Nombre del profesor;</p>
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b) Título;</p>
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c) Nivel de enseñanza en que ejerce (Básica, Media);</p>
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d) Años de experiencia docente;</p>
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e) Número de horas de perfeccionamiento que tiene registrado en el CPEIP;</p>
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f) Establecimiento donde trabaja;</p>
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g) Función que desempeña según registro del SIGE (docente, docente directiva, otra); y,</p>
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h) Número de horas de perfeccionamiento que tiene en evaluación y nombre del perfeccionamiento que tiene asociado a ese perfeccionamiento con reconocimiento CPEIP".</p>
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2) RESPUESTA: El 13 de mayo de 2019, mediante Resolución Exenta N° 2553, la Subsecretaría de Educación otorgó respuesta a la solicitud de información, accediendo parcialmente a la misma, y alegando la causal de reserva del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, respecto de la información no proporcionada.</p>
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Así, en relación con la solicitud de "las personas que participaron en la evaluación docente 2018 del Profesor JUAN MARCOS DÍAZ SOTO", el órgano entregó al reclamante copia de la Resolución Exenta N° 4856, del 26 de septiembre de 2018, que Designa Evaluadores Pares para el Proceso 2018, y de la Resolución Exenta N° 514, del 30 de enero de 2018, que Designa Correctores Proceso Evaluación Docente año 2018, ambas del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP).</p>
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Además, en síntesis, agregó que para dar cumplimiento a la solicitud de "personas que participaron en la evaluación docente" requiere el levantamiento de información a nivel nacional sobre la identidad de la totalidad de los intervinientes en el proceso, información que además podría encontrarse en poder de otras instituciones asesoras, ya que se asocia a las etapas de diseño, aplicación, evaluación de sus instrumentos, etc., por lo que, estima que para recopilar esta información, se requeriría el trabajo de dos funcionarios en forma exclusiva por un periodo de 88 a 176 horas de personal.</p>
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Luego, respecto de los antecedentes de los "profesores que fueron evaluadores del portafolio", señala que la evaluación es realizada en Centros de Corrección, constituidos en distintas universidades del país, en diversas etapas, por lo que la respuesta a la solicitud requeriría identificar a cada una de las personas que incidieron en el proceso. Si se entiende que lo solicitado se refiere solo a los correctores de los portafolios, ellos están indicados en la resolución exenta N° 514 ya entregada. Por su parte, para la determinación de los datos personales requeridos por el solicitante, se requiere disponer de horas de trabajo de funcionarios, ya que el CPEIP no maneja datos de contacto de los correctores, ya que estos se vinculan directamente con los Centros de Corrección.</p>
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A lo anterior, se suma el deber de protección de los datos personales de los sujetos intervinientes, ya que, para no comprometer la transparencia y seguridad laboral de quienes participan, tanto el evaluador como el corrector no tienen antecedentes el uno del otro. Para garantizar la imparcialidad de la evaluación, la corrección de portafolios es anónima, en cuanto el corrector no tiene acceso a los datos de identificación del portafolio que revisa, condición indispensable para el buen funcionamiento del proceso. Existen además revisiones cruzadas y grupales para evitar desviaciones generadas por la intervención de un solo corrector.</p>
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Por su parte, señala, en relación con la "Comisión Comunal de Evaluación 2018", que estas se encuentran integradas por el jefe DAEM o Director de la Corporación de Educación respectiva y sus evaluadores pares de la respectiva comuna, por lo que cada evaluado conoce a su Comisión. Para la determinación de los datos personales que se solicitan, sería igualmente necesario invertir horas de trabajo de funcionarios, pues el CPEIP no maneja datos de contacto de estos docentes, estimándose necesarias 54 horas de cada uno.</p>
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3) AMPARO: El 20 de mayo de 2019, don Juan Díaz Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a la solicitud de información y en la entrega de antecedentes distintos a los requeridos. En síntesis, señala que no se trata de una solicitud genérica, sino por el contrario, es específica y referida a un docente evaluado, esto es, el Sr. Juan Marcos Díaz Soto, y que no se requiere levantar información de todo el país, ni tampoco corresponde informar sobre el proceso anterior a la evaluación del reclamante, puesto que lo que se pide es sobre quienes lo evaluaron. Afirma que toda la información sobre cada docente, solicitada en los números 2 y 3, se encuentra en el portal SIGE del MINEDUC.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E9580, de fecha 19 de julio de 2019, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Educación, requiriendo que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta oportuna al requerimiento de información, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, incluyendo la eventual comunicación de prórroga junto con los antecedentes que den cuenta de la fecha en que fue notificada al solicitante; (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (5°) aclare si la información denegada se encuentra reunida y sistematizada formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación y procesamiento.</p>
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Mediante Ord. N° 3442, de 5 de agosto de 2019, el órgano presentó sus descargos, en los que, luego de señalar que dio respuesta dentro de plazo legal, alega, en síntesis, la configuración de la causal de reserva o secreto del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia, bajo los mismos argumentos manifestados en la respuesta a la solicitud.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 5 de noviembre de 2019, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, solicitó a la Subsecretaría de Educación informar los funcionarios que participaron de la revisión o corrección de la evaluación docente 2018 del requirente, y en particular, los profesores que fueron evaluadores del portafolio, y aquellos que participaron en la Comisión Comunal de Evaluación 2018, incluyendo en ambos casos a quienes efectuaron revisiones cruzadas.</p>
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Luego, con fecha 7 de noviembre de 2019, por medio de correo electrónico, el órgano reiteró que no puede entregar los nombres de los docentes que fueron correctores del portafolio del señor Juan Díaz, en razón de lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Agregando que informar los nombres de los correctores produciría un daño potencialmente irreparable a la validez del sistema de evaluación, al crear una presión indebida en los correctores, arriesgando una corrección más benévola con el objeto de protegerse de posibles represalias de los docentes evaluados, además se tornaría aún más difícil conseguir un número suficiente de buenos correctores si ellos conocen el riesgo involucrado. Por otra parte, esta Cartera de Estado podría arriesgar posibles acciones legales si los correctores son objeto de presión, amenaza, difamación u otros, a raíz de su participación en una tarea que se ha convenido como un rol profesional para el cual no existirá una identificación específica de su participación.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, para definir el objeto del presente amparo, se debe señalar que, al contrario de lo sostenido por el órgano, del tenor literal de la solicitud de acceso a la información, se desprende que la misma se circunscribe a la evaluación docente del solicitante, y no a la generalidad del proceso a nivel nacional. En efecto, la solicitud de acceso a la información expresamente señala, en su primer numeral, que se refiere a "la evaluación docente 2018 del Profesor JUAN MARCOS DIAZ SOTO, RUN (...) de la Municipalidad de Los Ángeles"(énfasis agregados), expresión inequívoca sobre el restringido alcance del requerimiento. Luego, en el número dos, se hace mención a los evaluadores "del portafolio", en singular, y no a los portafolios a nivel nacional, como equivocadamente concluye el órgano. Finalmente, en el punto tres, si bien se efectúa una referencia general a la "Comisión Comunal de Evaluación 2018", lo cierto es que, del contexto de la solicitud, no es procedente sino concluir que se trata igualmente de aquella que conoció de la evaluación docente del solicitante Juan Díaz Soto, ya que ese es el marco que a la solicitud le han proporcionado los numerales anteriores. Algo distinto ocurre con la expresión "evaluación docente" incorporada en la solicitud, la cual, en efecto, puede entenderse inclusiva de cada una de las etapas de este proceso en general, y no acotada a la gestión específica de "evaluación", a la que, según aclara el reclamante en su amparo, se refería su solicitud.</p>
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2) Que, en mérito de lo especificado en el considerando anterior, resultan improcedentes las fundamentaciones del órgano referidas a la inversión en horas de trabajo de funcionarios que exigiría atender la petición efectuada, por cuanto, a dicha conclusión se llega considerando el presupuesto errado de que la solicitud de acceso se refiere al proceso de Evaluación Docente 2018 en su generalidad. Respecto de la concurrencia de la mencionada causal de secreto o reserva, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. Por lo tanto, descartándose el supuesto de hecho considerado por el órgano, no es posible entender configurada la causal de reserva o secreto del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, sin perjuicio de lo anterior, y respecto a la alegación del órgano referida al hecho de que parte de la información requerida por el solicitante se encontraría en poder de otras entidades, como los Centros de Corrección, se debe considerar que es al Ministerio de Educación, a través del CPEIP, a quien le corresponde la coordinación técnica para la adecuada aplicación de los procesos de evaluación, según lo dispuesto por el artículo 70 del DFL N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, razón por la que la información solicitada no es ajena a las funciones y competencias que la ley le atribuye, resultando por ello procedente su entrega.</p>
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4) Que, en efecto, cabe tener presente que la publicidad de la información relativa a los antecedentes curriculares de quienes participan en los procesos de corrección asociados a las formas de evaluación de los docentes, conlleva un evidente interés público, por tratarse de un tema -la educación-, de permanente discusión, por lo que cualquier comunicación referente a la forma en que los docentes son evaluados, resulta positiva, teniendo en consideración la calidad de la educación como eje principal de las demandas ciudadanas de los últimos años. Al respecto, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C1040-14, C3754-16 y C1805-17, entre otros, la evaluación para los docentes busca fortalecer la profesión y contribuir a mejorar la calidad de la educación, lo que ratifica la importancia del control social en la materia.</p>
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5) Que, sin perjuicio de lo anterior, a juicio de esta Corporación, en razón del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, procede hacer una distinción respecto de la información cuya entrega se ordenará en la presente decisión, toda vez que, concordando con lo señalado por el órgano reclamado, se debe hacer presente que el nombre de quienes participaron en la evaluación del solicitante y en la evaluación del portafolio, corresponden a datos personales, cuya divulgación afectaría la esfera de la vida privada de dichos sujetos, así como también su desempeño laboral, razón por la que se configura respecto de dicho antecedente, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, cabe hacer presente que este Consejo en las decisiones de amparos Roles C168-11, C181-11 y C201-11 señaló que "entregar el nombre de los evaluadores que les correspondió la tarea de ponderar y evaluar los antecedentes de cada postulante en específico, atentaría contra el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, por cuanto... si se revelara la identidad de éstos se desincentivaría a las personas que reúnan los requisitos para desempeñarse como tales, a ejercer tal función, sobre todo teniendo en consideración lo acotado y reducido que es el universo posible de evaluadores existentes en Chile, como también el hecho que el asegurarles la reserva de su identidad, permite que los evaluadores desempeñen su función con una mayor independencia".</p>
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7) Que, en este sentido, se debe destacar que la aplicación de dicho razonamiento ha sido descartada en los casos en los que los procesos de corrección son realizados por comisiones o comités en los que participan distintos evaluadores, los que asignan una calificación grupal, en la cual no es posible advertir la apreciación individual que cada uno de los integrantes tuvo. Al respecto, en la decisión Rol C4372-18 se argumentó: "Por lo anterior, y al igual que en el citado amparo, no existe el riesgo de que la comunicación de la identidad del grupo de evaluadores de la postulación del reclamante sea vinculable a la evaluación específicamente entregada por cada uno de los evaluadores específicos. En ese sentido, al no emitirse evaluaciones individuales respecto de cada postulación, luego la entrega de las identidades de los integrantes del grupo de evaluadores que funcionó como jurado colectivo de la postulación objeto de análisis no permite conocer la apreciación personal que cada uno de ellos tuvo acerca de cada postulación, razón por la cual, no se desincentivaría la participación de evaluadores en dichos procesos en una magnitud tal que afecte el debido cumplimiento de las funciones del organismo, ni tampoco se afectaría su imparcialidad". Esta hipótesis no se verifica en el presente caso, pues como informa el órgano, la corrección está encargada a un solo evaluador, pese a que posteriormente se efectúen revisiones cruzadas y grupales para evitar desviaciones generadas por la intervención de un solo corrector.</p>
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8) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, habiéndose rechazado la concurrencia de la causal de secreto o reserva referida a la distracción indebida de los funcionarios de la Subsecretaría de Educación, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, ordenando informar al solicitante el título, los años de servicio o de experiencia docente registrados en el SIGE y el número de horas de perfeccionamiento que tienen registrado en el CPEIP, de los profesores que fueron evaluadores del portafolio de don Juan Marcos Díaz Soto, así como también, el título, nivel de enseñanza en que ejerce (básica, media), años de experiencia docente, número de horas de perfeccionamiento que tiene registrado en el CPEIP, establecimiento donde trabaja, función que desempeña según registro del SIGE (docente, docente directiva, otra), y número de horas de perfeccionamiento que tiene en evaluación, indicando el nombre del perfeccionamiento con reconocimiento CPEIP, de los profesores de la Comisión Comunal de Evaluación 2018 que se desempeñaron en la evaluación de don Juan Marcos Díaz Soto, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, se rechaza el amparo respecto a la entrega de identificación de las personas que participaron en la evaluación docente 2018 del profesor Juan Marcos Díaz Soto, del nombre de los profesores que fueron evaluadores del portafolio y de los pertenecientes a la Comisión Comunal de Evaluación 2018, por afectarse con su divulgación la esfera de la vida privada de dichos sujetos, así como también su desempeño laboral, configurándose respecto de dichos antecedentes, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Juan Díaz Soto en contra de la Subsecretaría de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación, lo siguiente:</p>
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a) Informar al reclamante:</p>
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i. El título, los años de servicio o de experiencia docente registrados en el SIGE y el número de horas de perfeccionamiento que tienen registrado en el CPEIP, de los profesores que fueron evaluadores del portafolio de don Juan Marcos Díaz Soto.</p>
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ii. El título, nivel de enseñanza en que ejerce (básica, media), años de experiencia docente, número de horas de perfeccionamiento que tiene registrado en el CPEIP, establecimiento donde trabaja, función que desempeña según registro del SIGE (docente, docente directiva, otra), y número de horas de perfeccionamiento que tiene en evaluación, indicando el nombre del perfeccionamiento con reconocimiento CPEIP, de los profesores de la Comisión Comunal de Evaluación 2018, que se desempeñaron en la evaluación de don Juan Marcos Díaz Soto.</p>
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Para lo anterior, deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, entre otros.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la identificación de las personas que participaron en la evaluación docente 2018 del profesor Juan Marcos Díaz Soto, del nombre de los profesores que fueron evaluadores del portafolio y de los pertenecientes a la Comisión Comunal de Evaluación 2018.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Díaz Soto y al Sr. Subsecretario de Educación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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