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DECISIÓN AMPARO ROL C3632-19</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)</p>
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Requirente: Jorge Calisto Menor</p>
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Ingreso Consejo: 22.05.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referida, en términos generales, a diversa información sobre el Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de Santiago y Punta Arenas.</p>
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Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, reproducción y censura -de ser ella necesaria- de toda la información pedida.</p>
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Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, en orden a hacer presente al reclamante que los requerimientos de información pueden ser objeto de nuevas solicitudes de acceso que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales de los organismos. Asimismo, recomienda al órgano reclamado avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso.</p>
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En sesión ordinaria N° 1043 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3632-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de marzo de 2019, don Jorge Calisto Menor solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante e indistintamente la PDI- diversa información referida al Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de Santiago y Punta Arenas. En particular, requirió lo siguiente:</p>
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a) Providencias (R) y Rol de turno servicios de coordinación para peritajes Lacrim Central, periodo Junio 2013 al 30 junio 2018;</p>
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b) Estado de fuerza de Sección Contabilidad Lacrim Central, período Junio 2013 al 30 junio 2018;</p>
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c) Orden del Día de Región Policial Metropolitana de Santiago de los siguientes días:</p>
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i. Año 2015: 04 de febrero, 13 y 21 de marzo, 08 de mayo, 08 de junio, 02 de septiembre, 01 de noviembre y 12 de diciembre.</p>
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ii. Año 2016: 4 y 13 de febrero, 13 de marzo, 04 de mayo, 17 de junio, 02 de agosto, 04 de septiembre, 04 de noviembre y 17 de diciembre.</p>
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iii. Año 2017: 21 y 31 de enero, 13 y 25 de febrero, 06 de marzo, 01 de abril, 14 de mayo, 9 y 24 de junio, 13 y 31 de julio, 18 y 31 de agosto, 3 y 24 de septiembre, 12 de octubre, 28 de noviembre, 7 y 17 de diciembre.</p>
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iv. Año 2018: 27 de enero, 4 y 25 de febrero, 17 de marzo, 6 y 08 de mayo.</p>
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d) Orden Día de la XII Región Policial de Magallanes y Antártica Chilena, desde julio 1997 al 31 de diciembre 2012;</p>
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e) Turnos de Lacrim Regional Punta Arenas, desde julio 1997 al 31 de diciembre 2012;</p>
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f) Turnos disponibles de Lacrim Regional Punta Arenas, desde julio 1997 al 31 de diciembre 2012;</p>
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Observaciones: "1.- corresponde al periodo 2013 al 2018 en Lacrim Central Santiago. 2.-corresponde al periodo 1997 al 31 de mayo 2013 en Lacrim Regional P. Arenas".</p>
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2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 07 de mayo de 2019, la Policía de Investigaciones de Chile comunicó al solicitante la necesidad de prorrogar del plazo de respuesta a la solicitud de acceso, conforme al inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia</p>
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Posteriormente, con fecha 20 de mayo de 2019, el organismo dio respuesta al requerimiento, señalando, en síntesis, que se deniega lo solicitado por concurrir la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Agrega, que la nómina de los actos solicitados es genérica, excesiva, de dificultosa recopilación.</p>
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3) AMPARO: El 22 de mayo de 2019, don Jorge Calisto Menor dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° E9554, de 18 de julio de 2019.</p>
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El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Ord. N°787, de 09 de agosto de 2019, reiterando lo señalado en su respuesta en torno a la hipótesis de reserva invocada. Asimismo, agrega que la causal de reserva se justifica toda vez que que el solicitante requiriere entre otras cosas, estado de fuerza, órdenes del día de dos regiones circunscritas a un determinado periodo de tiempo, que en la mayoría serían 5 años de registros.</p>
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En tal sentido, precisa que el Estado de Fuerza es un acto reglado en la Institución, por medio del cual se pone en conocimiento de la Jefatura el personal disponible día a día en cada una de las Unidades del país. Luego, el solicitante requiere cada uno de los estados de fuerza realizados todos los días de los cinco años, de una unidad determinada. "Es decir, en términos simple, el requirente solicita que se le remitan 1.825 (mil ochocientos veinticinco) copias que corresponden al estado de fuerza diario durante ese periodo de tiempo. Paralelamente solicita "orden del día" de la Región Policial de Magallanes y Antártica chilena, desde 1997 a 2012. Cabe hacer presente que en la Región antes señaladas se encuentran la Región Policial como unidad y 10 unidades adicionales dependientes de la misma, más todas las secciones, departamentos u otros. Es decir, el señor CALISTO, solicita la orden diaria de a lo menos 11 unidades realizadas en un periodo de tiempo de 15 años, lo que arroja como resultado obtener, reproducir, censurar y remitir 60.225 (sesenta mil doscientos veinticinco) documentos". Dichos antecedentes obran en formato papel, archivadas, si es que no han sido previamente incineradas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por la PDI a la solicitud de información del reclamante, en términos generales, relativa a diversa información sobre el Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de Santiago y Punta Arenas. Al respecto, el organismo denegó la información, por tratarse de un requerimiento genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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3) Que, en relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie.</p>
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6) Que, en efecto, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo las alegaciones del órgano resultan plausibles y suficientes para tener por configurada la causal de reserva, por cuanto la Policía de Investigaciones de Chile señaló detalladamente en el N° 4 de lo expositivo de la presente decisión, que entregar información reclamada implica actividades de búsqueda, reproducción y censura de ser esta necesaria, respecto de más de 60.000 documentos, que obran en formato papel. Así las cosas, si hipotéticamente estimáramos que la acción de buscar, fotocopiar, tarjar datos y escanear un documento toma 3 minutos por cada uno, efectuar dichas actuaciones solo respecto de las Ordenes del Día pedidas, se traducen en 3.000 horas hombre de trabajo, lo que distribuido en una jornada laboral de 8 horas diarias, implicaría destinar a lo menos 10 personas con dedicación exclusiva a dicha función durante aproximadamente 37 días, afectando con ello sin duda las labores y funcionamiento del órgano para satisfacer un solo requerimiento de información.</p>
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7) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Calisto Menor en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Calisto Menor y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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VOTO CONCURRENTE:</p>
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La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, en orden a hacer presente al reclamante que lo resuelto por este Consejo, no obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. De igual forma, estima pertinente recomendar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública de forma expedita y gratuita, facilitado así el ejercicio del derecho de acceso en favor de los ciudadanos respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>