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DECISIÓN AMPARO ROL C3662-19</p>
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Entidad pública: Ejército de Chile.</p>
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Requirente: Francisco Arellano.</p>
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Ingreso Consejo: 23.05.2019</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de las hojas de vida de los funcionarios y ex funcionarios que se consultan, desestimando las causales de afectación de los derechos de los terceros involucrados y Seguridad de la Nación invocadas, al no haber sido acreditadas suficientemente.</p>
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Lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.</p>
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Cabe hacer presente, que el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, se allanó a la entrega de parte de las hojas de vida solicitadas, respecto de las cuales sus titulares no se opusieron expresamente a su entrega, previo pago de los costos directos de reproducción.</p>
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En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en aquellas.</p>
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Aplica criterio decisiones Roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, entre otras.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de aquellas anotaciones contenidas en la hoja de vida del General de División (R) Miguel Muñoz Farías que den cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, toda vez que debido a la naturaleza de las funciones y cargos que desempeñó en la institución reclamada, aquellas tienen una entidad suficiente para que su divulgación afecte la seguridad de la Nación y el interés nacional.</p>
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En sesión ordinaria N° 1055 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3662-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 2 de abril de 2019, don Francisco Arellano solicitó al Ejército de Chile "copia de las hojas de vida y anotaciones de los generales, coroneles u oficiales":</p>
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- José Pedro Valdivieso Laso.</p>
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- Waldo Martínez Cáceres.</p>
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- Felipe Cunich Mas.</p>
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- Álex Gluzman Comte.</p>
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- Leticia Martínez Menanteau.</p>
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- Jorge Rodolfo Cortes Díaz.</p>
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- Miguel Muñoz Farías.</p>
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- José Miguel Piuzzi Cabrera.</p>
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- Jorge Rojas Meissner.</p>
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- Jorge Peña Leiva.</p>
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2) TRASLADOS A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Ejército de Chile por medio de cartas, de fecha 16 de abril y 16 de mayo de 2019, respectivamente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a los funcionarios y ex funcionarios señalados en el requerimiento, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de la misma.</p>
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Coronel Alex Gluzman Comte, Jefe de la Asesoría Jurídica del Comando de Apoyo a la Fuerza, por medio de oficio CAF AS JUR (R) N° 1000/5367/DETLE, de fecha 17 de abril de 2019, se opuso a la entrega de la información solicitada, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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General de División (R) Miguel Ángel Muñoz Farías, por medio de oficio OF. MAMF. (R) N° 03/14/DETLE, de fecha 22 de abril de 2019, se opone a la entrega de la información solicitada por considerar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, detallando los fundamentos de aquello. Por otra parte, sostiene que su oposición también se basa en lo dispuesto en el artículo 345 del Reglamento Complementario del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas" - en adelante D.F.L. N° 1/1997- establece que todo trámite relacionado con las Hojas de Vida y Calificación y demás antecedentes del Personal de Planta se efectuarán en forma reservada o confidencial, según corresponda, carácter que el imperio de la Ley de Transparencia, no cambia ni modifica, toda vez que sus disposiciones tienen vigencia sólo a partir de la fecha de su promulgación y no puede atribuírsele por ningún motivo jurídico suficiente que pudieran tener un efecto retroactivo. En tal sentido, hace presente lo dispuesto en los artículos 22 y primero transitorio de la ley citada.</p>
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General de División (R) Jorge Peña Leiva por medio de carta, de fecha 14 de mayo de 2019, se opuso a la entrega de su hoja de vida, debido a que contienen información de carácter privado de su carrera, en el desarrollo de su profesión, así como también las opiniones de sus superiores, las que si se publican podrían generar juicios de valor a su respecto y ser usados maliciosamente de forma pública. De esta forma, considera que se tratan de datos personales en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, derivados de las opiniones que se han vertido a su persona, como las que dan cuenta de su condición física y de salud. Además, hace presente lo dispuesto en el artículo 19 N° 3, N° 4, N° 7 y N° 16 de la Constitución Política de la República, en relación con lo prescrito en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Así, actualmente, la sola referencia o vinculación a algún cargo o puesto con algún hecho de discusión pública, es motivo, sin mayor análisis de ataques individuales, carente de la más mínima posibilidad de aclaración o respuesta, de escarnio público por determinados medios de comunicación social y de conductas agresivas por grupos organizados, que deja a las personas afectadas y a su entorno familiar en situación de evidente riesgo social en lo personal y en su integridad, totalmente desamparados. Situación que ya se ha hecho regular y ha afectado al personal militar en condición de retiro y que aun no siendo requeridos por la justicia o caso alguno, han sido víctimas inocentes por la divulgación de antecedentes personales.</p>
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General de División (R) José Miguel Piuzzi Cabrera, por medio de carta de fecha 14 de mayo de 2019, se opuso a la entrega de la información solicitada puesto que contiene antecedentes de carácter privado sobre su carrera militar, en la que se detalla su desempeño profesional por más de 35 años de servicio. En ella, se consignan también las opiniones de sus superiores, las que más allá de ser positivas o negativas, son datos sensibles y privados que al ser usados de manera parcial, e incluso maliciosamente en forma pública, como se ha dado en algunos casos, pueden ocasionar un daño difícil de reparar tanto en la honra, como en lo laboral, y eventualmente en la seguridad, por sobre los recursos que pueda presentar una vez que se ha provocado el daño. Así, sostiene que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628 y en el artículo 19 N° 4, N° 7 y N° 16 de la Constitución Política de la República.</p>
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General de División (R) Jose Pedro Valdivieso Laso, por medio de correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2019, informó que "no se hará uso del derecho a oposición que se me ofreciera. Sin perjuicio de ello, le agradecería si se me pudiese entregar una copia de las hojas de vida que finalmente se remitan al interesado".</p>
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Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau, por medio de carta, de fecha 16 de mayo de 2019, se opuso a la entrega de la información solicitada, debido a que es la cuarta vez que piden sus antecedentes. Además, hace presente que han aparecido diversas publicaciones que la injurian a ella y a toda su familia. Los documentos solicitados, a pesar de ser considerados por este Consejo como de carácter público, corresponden a su carrera funcionaria y son considerados por ella, como privados y personales, siendo ese mismo tratamiento dado por la Institución, mientras estuvo en servicio activo. Así, consideran que se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.</p>
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3) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante carta JEMGE DETLE (P) N° 6800/5601, de fecha 16 de mayo de 2019 informó, en lo pertinente, que se encuentra impedido de otorgar acceso a la información solicitada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, debido a que los Generales de División Miguel Ángel Muñoz Farías, Jorge Peña Leiva, José Miguel Piuzzi Cabrera, la Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau y el Coronel Alex Gluzman Comte en el ejercicio de su derecho de oposición, se niegan a la entrega de sus antecedentes. Por su parte, informan que los demás funcionarios consultados, no se pronunciaron al respecto.</p>
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Además, hacen presente que, el Coronel Alex Gluzman Comte, se encuentra en servicio activo perteneciendo a la dotación correspondiente al personal de planta, por otra parte, los Oficiales Generales y Oficiales Superiores mencionados en su requerimiento, todos pertenecen a la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, razón por la cual su divulgación significaría vulnerar aspectos de seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender datos relevantes a los cuales se les podría dar un mal uso, ejemplo de aquellos son, preparación militar, competencias profesionales, cargos desempeñados, unidades a las cuales perteneció, habilidades físicas y básicas de combate, entre otros antecedentes. La que de ser empleada por agencias de inteligencia extranjeras y de potenciales adversarios de nuestro Estado, otorgarían una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar adversaria, causando un daño a la seguridad de la Nación. En tal sentido, destacan que la hoja de vida es una herramienta administrativa para evaluar la gestión del personal, no obstante, cuando éste se encuentra activo o considerado en reserva, este acto administrativo se interrelaciona con aspectos plenamente operativos, motivos por los cuales se hace imperioso guardar la reserva de aquellas, por lo señalado anteriormente. A mayor abundamiento, hacen presente lo dispuesto en el artículo 101, inciso primero de la Constitución Política de la República.</p>
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De esta forma, sostienen que con la entrega de las Hojas de Vida, se podría exponer a la dotación y sus capacidades, de forma tal que de ellas se desprendan a los calificadores directos y superiores, así como el personal subalterno, reiterando el ejercicio de petición respecto de su personal, y potencialmente con cada uno de dichos documentos que pudiesen ser solicitados, descifrar en todas sus partes la dotación pasada, presente y los correspondientes cambios de las Unidades.</p>
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En conclusión, deniegan el acceso a lo pedido por concurrir a su respecto las causales de secreto o reservas dispuestas en los artículos 20 y 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) AMPARO: Con fecha 23 de mayo de 2019, don Francisco Arellano dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante oficio N° E9816, de fecha 25 de julio de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/9131/CPLT, de fecha 14 de agosto de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que respecto de lo pedido se configuran las causales de reserva dispuestas en los artículos 20 y 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, sostienen que respecto de los funcionarios que no se opusieron expresamente a la entrega de sus hojas de vida, y que se encuentran en retiro por un lapso de tiempo en que la divulgación de las menciones que contienen aquellas no vulneran la seguridad militar, los perfiles de mando o las capacidades de éstos, a ello agregan la aquiescencia tácita a la entrega de sus antecedentes, acceden a proporcionar aquellas, previo pago de los costos directos de reproducción en los términos que detallan.</p>
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En cuanto a los cuatro oficiales en retiro que hicieron uso de su derecho de oposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y desde la perspectiva institucional, hacen presente que todos los Oficiales ocuparon cargos de alta responsabilidad en el Ejército de Chile, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la inteligencia militar, en los términos señalados en su respuesta.</p>
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Por su parte, respecto del Coronel en servicio activo Alex Gluzman Comte, hacen presente que la hoja de vida funcionaria posee su reconocimiento legal en el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas" - en adelante D.F.L. N° 1/1997-, y su confección se realiza de conformidad con la cartilla CAP-01001. De esta forma, señalan que la ley define la "Hoja de Vida" como aquel documento en el cual se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Ejército, por lo que, en aquel se contienen juicios de valor extra funcionarios que son propios de la profesión militar. Luego, dentro de las menciones que deben consignarse están las anotaciones de mérito y de demérito, la apreciación de conjunto y las correspondientes a la vida funcionaria del calificado (resoluciones de nombramiento y/o contrataciones, entrevistas, comisiones de servicio al extranjero, resoluciones por investigaciones sumarias, sentencias judiciales, constancias de entrevistas, recursos diversos y sus resultados, recursos de la junto de selección, etc.). En ella además, se deja constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal.</p>
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Lo expuesto, consideran que permite concluir que la "Hoja de Vida" conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, en razón de dicho aspecto, es que en cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa interna, solicitan al personal activo y en retiro su aquiescencia para su entrega.</p>
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Además, concluyen que la Hoja de Vida y Calificaciones se encuentra incluida entre los documentos que da cuenta el artículo 436 del Código de Justicia Militar en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al funcionario y ex funcionarios por cuyos antecedentes se consultan, mediante oficios, de todos de fecha 16 de septiembre de 2019, respectivamente, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.</p>
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Don Miguel Muñoz Farías por medio de carta de fecha 2 de octubre de 2019, reiteró, en términos generales, lo señalado en la oposición presentada ante el órgano reclamado.</p>
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7) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En atención a lo señalado por el órgano reclamado con ocasión de sus descargos, este Consejo por medio de oficio N° E14.017, de fecha 1° de octubre de 2019, solicitó al reclamante pronunciarse si la información que ofrece proporcionar el órgano reclamado, previo pago de los costos directos de reproducción, satisface o no su requerimiento de acceso. De ser negativa su respuesta, se requiere indique clara y detalladamente el motivo de ésta. Finalmente, se hace presente que si en el plazo indicado no se recibe comunicación alguna de su parte, se entenderá que se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado relativa a la forma de entrega de parte de los antecedentes pedidos, y se procederá a resolver derechamente el amparo que dedujera en su contra. El antedicho oficio, fue notificado con fecha 7 de octubre de 2019, sin que a la fecha de la presente decisión haya llegado presentación alguna en tal sentido.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que atendidas las oposiciones manifestadas por los funcionarios y ex funcionarios consultados, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, de considerar que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que en cuanto a las hojas de vidas y calificaciones de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate."</p>
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3) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los empleados de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y encontrarse al servicio de la misma.</p>
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4) Que, en la especie, la información reclamada ha sido elaborada con presupuesto público, y han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios de los funcionarios y ex funcionarios consultados, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. Por lo que, en atención a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se tratarían de antecedentes de carácter público, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva.</p>
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5) Que, en primer lugar, cabe hacer presente que con ocasión de sus descargos, el órgano reclamado se allana a proporcionar acceso a las hojas de vida de los ex funcionarios José Pedro Valdivieso Laso, Waldo Martínez Cáceres, Felipe Cunich Mas, Jorge Rodolfo Cortes Díaz y Jorge Rojas Meissner, los que no ejercieron el derecho de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en su oportunidad, previo pago de los costos directos de reproducción que informan. En tal sentido, este Consejo solicitó pronunciamiento al reclamante, bajo apercibimiento de si no lo hiciere en el plazo señalado se entenderá que se encuentra conforme con la modalidad de entrega. A la fecha, vencido el plazo otorgado, aquel no se pronunció expresamente en esta instancia, por lo que cabe hacer efectivo el apercibimiento señalado.</p>
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6) Que, en consecuencia, se acoge el amparo en este punto, requiriendo la entrega de las hojas de vida de los ex funcionarios señalados en el considerando anterior, previo pago de los costos directos de reproducción informados en su oportunidad; y tarjando los datos personales de contexto contenidos en éstas, esto es, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4, 9 y 20 de la ley N° 19.628. Así como también, los datos sensibles y las sanciones prescritas o cumplidas, en virtud de lo prescrito por los artículos 10 y 21 de la ley antedicha. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la ley citada.</p>
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7) Que en cuanto a las demás hojas de vida pedidas, en primer lugar, el órgano reclamado denegó su entrega por la oposición de los terceros, los que alegaron, entre otras cosas, la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. Al respecto, se debe hacer presente que la titularidad de aquella resulta privativa del órgano requerido, toda vez que sus supuestos, dada su naturaleza, sólo pueden ser ponderados por el órgano de que se trate (en este sentido, aplica lo resuelto en las decisiones de los amparos roles C518-09 y C851-10, entre otras), por lo que resulta improcedente su invocación, razón por la cual, se desestimará su configuración para este caso.</p>
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8) Que, por otra parte, también alegaron la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 3, N° 4, N° 7 y N° 16 de la Constitución Política de la República, así como también con lo dispuesto en la ley N° 19.628. Sin embargo, teniendo en cuenta lo razonado en los considerandos segundo, tercero y cuarto, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de las hojas de vida y calificaciones de funcionarios públicos pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de éstos, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos. Razón por la cual, se descartará la configuración de la causal alegada.</p>
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9) Que, en atención a lo razonado en los considerandos segundo, tercero y cuarto, se debe descartar, además, la procedencia de la alegación relativa al carácter de secreto de las hojas de vida en virtud de lo dispuesto en el "Reglamento Complementario del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas".</p>
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10) Que, por su parte, el Ejército de Chile argumenta que los antecedentes contenidos en las hojas de vida y calificaciones consultadas, darían cuenta de actividades de inteligencia militar, pues se trata de funcionarios y ex funcionarios que están o estuvieron encuadrados dentro de la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde dicho punto de vista, razón por la cual su divulgación significaría vulnerar aspectos de seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender datos relevantes a los cuales se les podría dar un mal uso, por lo que, se configuraría la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, se debe tener presente los cargos que desempeñan o desempeñaron los funcionarios y ex funcionarios en cuestión, a saber:</p>
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a) Coronel Alex Gluzman Comte, abogado que, actualmente, se desempeña como Jefe de la Asesoría Jurídica del Comando de Apoyo a la Fuerza. Y según se da cuenta en el texto del dictamen N° 76.920, de fecha 28 de septiembre de 2015, ostentaba el cargo de Jefe de la Asesoría Jurídica de la Jefatura de Adquisiciones del Ejército de Chile. (En https://www.contraloria.cl/web/cgr/dictamenes-y-pronunciamientos-juridicos, revisado con fecha 14 de noviembre de 2019).</p>
<p>
b) Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau, se desempeñó como Jefa de Finanzas del Comando de Educación y Doctrina, desde noviembre de 2011 hasta el 31 de noviembre de 2014, fecha en que el Ejército de Chile acogió su renuncia voluntaria al empleo. Con anterioridad, se desempeñó como Jefe del Departamento de Finanzas del Estado Mayor Conjunto. (Información obtenida del expediente de amparo Rol C6151-18).</p>
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c) General de División (R) Jorge Peña Leiva, se desempeñó como Contralor del Ejército desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018, momento en que fue llamado a retiro. Con anterioridad, fue designado Comandante del Regimiento Artillería N° 1 "Tacna" (diciembre 2010), Director de la Escuela de los Servicios (enero 2011), Comandante de la División Doctrina (diciembre 2011), Director de Proyectos e Investigación (diciembre de 2012), "Deputy Force Comanmander de MINUSTAH" (diciembre 2013) y Sub Jefe del Estado Mayor (diciembre de 2015). (En: https://ejercito.cl/?alto_mando&id_general=36, revisado con fecha 25 de noviembre de 2019)</p>
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d) General de División (R) José Miguel Piuzzi Cabrera, Oficial de Estado Mayor y Licenciado en Ciencias Militares, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica Academia de Guerra del Ejército, Egresado del Programa de Magíster en Ciencias Políticas Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctor en Sociología Universidad de Salamanca. (En: https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/Profesores_Internos_ANEPE_cuadrados.pdf, revisado con fecha 25 de noviembre de 2019)</p>
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e) General de División (R) Miguel Muñoz Farías, se desempeñó desde diciembre de 2013 hasta su retiro como Jefe del Estado Mayor General. Con anterioridad fue designado como Comandante del Regimiento de Infantería N° 1 "Buin" (diciembre de 2003), Agregado Militar, Naval y Aéreo en México (junio 2006), Director de Operaciones Internacionales del Estado Mayor Conjunto (diciembre 2010), Director de Logística (octubre de 2011) y Comandante de Apoyo a la Fuerza (diciembre 2012). (En: https://www.ejercito.cl/?alto_mando&id_general=10, revisado con fecha 25 de noviembre de 2019)</p>
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8) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, en particular de la naturaleza de las funciones y de los cargos que desempeñan y desempeñaban las personas consultadas, este Consejo considera procedente resguardar sólo aquellas anotaciones que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, o de aquellas de carácter sensible relacionadas con otros países, de la hoja de vida y calificación del General de División (R) Miguel Muñoz Farías, por configurarse las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. De esta forma, se descarta la concurrencia de la causal de excepción alegada por el órgano reclamado en cuanto a los demás oficiales y oficiales en retiro consultados.</p>
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9) Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que este Consejo requirió la entrega de las hojas de vida de la Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau, del General de División (R) Jorge Peña Leiva y del Coronel Alex Gluzman Comte, con ocasión de las decisiones de los amparos Roles C6151-18, C2016-19 y C3104-19, respectivamente.</p>
<p>
10) Que, en consecuencia, atendido el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia y de las atribuciones que el artículo 33 letra j) del mismo cuerpo normativo le encomienda a este Consejo, se acogerá parcialmente este amparo, requiriendo la entrega la hoja de vida y calificación del General de División (R) Miguel Muñoz Farías previa reserva de las anotaciones indicadas en el considerando octavo. Además de aquella, como de las demás hojas de vida solicitadas, se deberán tarjar todos aquellos datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Francisco Arellano en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de las hojas de vida de los ex funcionarios José Pedro Valdivieso Laso, Waldo Martínez Cáceres, Felipe Cunich Mas, Jorge Rodolfo Cortes Díaz y Jorge Rojas Meissner, previo pago de los costos directos de reproducción, y tarjando aquella, la información señalada en el considerando 6° del presente acuerdo.</p>
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b) Hacer entrega al reclamante de copia de las hojas de vida del Coronel Alex Gluzman Comte, de la Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau, del General de División (R) Jorge Peña Leiva, del General de División (R) José Miguel Piuzzi Cabrera y del General de División (R) Miguel Muñoz Farías, tarjando previamente de aquella, la información señalada en los considerandos 8° y 10° del presente acuerdo.</p>
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c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Se rechaza el amparo en lo relativo a las anotaciones consignadas en la hoja de vida que den cuenta de la participación del General de División (R) Miguel Muñoz Farías en actividades o labores de inteligencia y de aquellas de carácter sensible relacionadas con otros países, por configurarse las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General de este Consejo y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Francisco Arellano, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, al Coronel Alex Gluzman Comte, a la Coronel (R) Leticia Martínez Menanteau, al General de División (R) Jorge Peña Leiva, al General de División (R) José Miguel Piuzzi Cabrera y al General de División (R) Miguel Muñoz Farías, en su calidad de terceros involucrados en este amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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