Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C51-12

Reclamante:	JORGE CONDEZA NEUBER
Reclamado:	CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE CONCEPCIÓN
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores por haber denegado información relativa a pagos de sueldos y salarios pagados los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al personal de planta y contrata, además de sumarios realizados y otras informaciones relacionadas. El Consejo acoge el amparo considerando que no concurre una causal de secreto o reserva respecto a dicha información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/20/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C205-10 C1145-11 C1170-11 C42-12 C254-10 C593-10 C153-10 C158-10 C214-11 C480-11 C526-11
Jurisprudencia a:	C42-12 C1099-12 C774-12 C1100-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C51-12 Entidad pública: Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO) Requirente: Jorge Condeza Neuber Ingreso Consejo: 11.01.2012 En sesión ordinaria N° 332 de su Consejo Directivo, celebrada el 18 de abril de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C51-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; D.F.L. Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación; Ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de noviembre de 2011 don Jorge Condeza Neuber, invocando la Ley de Transparencia, requirió a la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, en adelante también SEMCO, le proporcionara la siguiente información: a) Información de los pagos de sueldos y salarios pagados los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al personal de planta y contrata, especificando nombre, RUT y los distintos pagos efectuados a cada uno. b) Información de los pagos de honorarios pagados durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, especificando el nombre y RUT de las personas a quienes se les pagó, indicando el monto mensual pagado a cada uno. c) Copia del registro de facturas recibidas por la Corporación SEMCO los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En caso de no existir registro de facturas recibidas, solicita se le entregue un listado en Excel de las facturas pagadas esos años, indicando nombre y RUT, monto de la factura y concepto de ella. d) Copia de las cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes de la Corporación SEMCO, de los años 2009, 2010 y 2011. e) Informe de los proyectos ejecutados por dicha Corporación, el costo de cada uno de ellos y las fuentes de financiamiento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. f) Información de los sumarios efectuados en la Corporación SEMCO. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Jorge Condeza Neuber dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 5 de enero de 2012 en contra de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, fundado en el hecho de no haber recibido respuesta a su solicitud dentro del plazo legal establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 251, de 26 de enero de 2012, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Concepción y Presidente de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), solicitándole especialmente que al formular sus descargos indicara las razones por las cuales la solicitud de información de la especie no fue respondida oportunamente; acompañara copia de los estatutos de la Corporación reclamada; y, remitiera a este Consejo copia de la presentación de 28 de noviembre de 2011, mediante el cual el reclamante precisa el período de la información solicitada. Mediante correo electrónico de 1º de marzo de 2012, el encargado de transparencia de la Municipalidad de Concepción, remitió a este Consejo Ordinario Nº 10, de 29 de febrero de 2012, por el cual la reclamada presentó sus descargos y observaciones al amparo deducido en su contra, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) En primer lugar, señala que no se proporcionó la información requerida, debido a que ésta estaba dirigida a la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, SEMCO, Corporación de Derecho Privado, que está regida por las normas del Código Civil, por lo que este Consejo no tiene competencias sobre este tipo especial de Corporaciones. b) Por otra parte, indica que la información requerida es reservada, ya que su entrega afecta el debido cumplimiento de las funciones de la institución requerida, debido a que se trata de un requerimiento genérico, o referido a un elevado número de actos administrativos o de sus antecedentes, requiriendo para su atención distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose de esta forma la causal de reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia. c) Asimismo, la publicidad, comunicación o conocimiento de parte de la información requerida, en los literales a), b), c) y d), puede afectar los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos, por cuanto los trabajadores de la Corporación SEMCO no son funcionarios públicos, por lo que sus datos se consideran personales y amparados por la Ley Nº 19.628, como asimismo, los terceros que contratan con SEMCO no son funcionarios públicos. d) Finalmente, agrega que la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, SEMCO, está constituida por un directorio de cinco personas, por lo que ésta no se encuentra obligada a cumplir con lo establecido en el numeral 1 de la Instrucción Nº 4 de este Consejo, toda vez que su directorio está constituido sólo por una persona designada por la autoridad, cual es la Administradora Municipal, por lo que no se da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2, letra i), de la citada Instrucción. 4) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 1° de marzo de 2012 este Consejo requirió a la Municipalidad de Concepción que acompañara la presentación a través de la cual el solicitante precisa el período de la información solicitada. En respuesta a lo anterior, en correo electrónico de 7 de marzo de 2012, la mencionada municipalidad remitió a este Consejo copia de la presentación del reclamante, de 28 de noviembre de 2011, en la cual señala que la información de los sumarios requeridos debe comprender el período entre el 1º de enero de 2010 y el 20 de noviembre de 2011. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, cabe precisar que, mediante presentación de 22 de noviembre de 2011, el solicitante requirió a la Municipalidad de Concepción que le proporcionara la siguiente información: a) Información relativa a la Corporación SEMCO, en particular: i. Información de los pagos de sueldos y salarios pagados los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al personal de planta y contrata, especificando nombre, RUT y los distintos pagos efectuados a cada uno. ii. Información de los pagos de honorarios pagados durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, especificando el nombre y RUT de las personas a quienes se les pagó, indicando el monto mensual pagado a cada uno. iii. Copia del registro de facturas recibidas por la Corporación SEMCO los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En caso de no existir registro de facturas recibidas, solicita se le entregue un listado en Excel de las facturas pagadas esos años, indicando nombre y RUT, monto de la factura y concepto de ella. iv. Copia de las cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes de la Corporación SEMCO, de los años 2009, 2010 y 2011. v. Informe de los proyectos ejecutados por dicha Corporación, el costo de cada uno de ellos y las fuentes de financiamiento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. b) Información de los sumarios efectuados en la Municipalidad de Concepción, incluyendo, además, a las direcciones de educación, salud y Corporación SEMCO. 2) Que, no obstante tales requerimientos conformaran una única solicitud de acceso, según consta en el Acta del Comité de Admisibilidad Nº 171, el Consejo Directivo de este Consejo, en sesión Nº 312, de 20 de enero de 2012, concluyó que la reclamación de la especie, si bien se encontraba dirigida en contra de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), también comprendía a la Municipalidad de Concepción en su literal b) –esto es, en lo relativo a los sumarios efectuados–. En razón de ello, este Consejo acordó que respecto de la información solicitada en relación con los sumarios efectuados en la Municipalidad de Concepción, el amparo seguiría su curso bajo el Rol C42-12, entendiéndose éste interpuesto en contra de dicha entidad edilicia. Asimismo, respecto de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), se reasignó bajo el Rol C51-12, el cual seguiría su curso en contra de dicha Corporación respecto de las solicitudes consignadas en los literales a) y b) precedentes. En consecuencia, la presente decisión se circunscribirá sólo al requerimiento que dice relación con información relativa a la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), según se detalla en los literales a) a f), del numeral 1), de la parte expositiva de la presente decisión. 3) Que, señalado lo anterior, y en forma previa a analizar el fondo del asunto, en relación a las alegaciones formuladas por la reclamada en torno a la inaplicabilidad de la Ley de Transparencia a las Corporaciones Municipales, es menester reiterar lo ya sostenido por este Consejo en la decisión que resolvió el reclamo R23-09 –criterio que ha sido reiterado, luego, en otras decisiones posteriores, como las recaídas en los amparos Roles A194-09, A211-09, A240-09, A242-09, A286-09, A327-09, C153-10, C158-10, C205-10, C254-10 y C480-11–, en el sentido que las disposiciones de la Ley de Transparencia son de aplicación obligatoria para las Corporaciones Municipales, en tanto éstas constituyen entidades creadas para el cumplimiento de la función administrativa, dándose por reproducidos los razonamientos contenidos en los literales a) a n) del considerando 5º de la citada decisión que recayó sobre el reclamo Rol R23-09. En síntesis, para los efectos de la Ley de Transparencia, dichas entidades de derecho privado, como es el caso de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), quedan comprendidas dentro de los organismos a que se aplica dicho cuerpo legal, conforme a lo prescrito en su artículo 2º, inciso 1º, que señala que sus disposiciones serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las fuerzas armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los organismos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. 4) Que, tal criterio, además ha sido ratificado por distintos Tribunales de Alzada de nuestro país, los que conociendo de reclamos de ilegalidad interpuestos por Corporaciones Municipales en contra de determinadas decisiones, se han pronunciado en la misma línea. Así ocurre con la sentencia dictada el 14 de junio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol Nº 2.361-2009, caratulada “Corporación Municipal de Viña del Mar con Consejo para la Transparencia”, en relación con la decisión Rol R23-09; sentencia dictada el 29 de junio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol N° 294-2010, caratulada “Corporación Municipal de Villa Alemana con Consejo para la Transparencia”, relativa a la decisión Rol A194-09; sentencia dictada el 22 de julio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en la causa Rol N° 132-2009-ILE, caratulada “Corporación Municipal de San Miguel con Consejo para la Transparencia”, respecto de la decisión Rol A327-09; sentencia dictada el 10 de agosto de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol N° 8131-2009, caratulada “Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa con Consejo para la Transparencia”, en relación con la decisión Rol A242-09; y sentencia dictada el 27 de enero de 2011, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la causa Rol N° 8395-2010, caratulada “Corporación Municipal de Desarrollo Social de Dalcahue con Consejo para la Transparencia”. 5) Que, adicionalmente, en relación con la alegación de que la Corporación reclamada no se encontraría obligada a cumplir con lo establecido en el numeral 1 de la Instrucción General Nº 4 de este Consejo, toda vez que su Directorio está constituido sólo por una persona designada por la autoridad, no dándose así cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2, letra i), de la citada Instrucción General, cabe señalar que, revisados por este Consejo los Estatutos de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, éstos señalan en su artículo 15 que «La Corporación será administrada por un Directorio compuesto de 4 miembros cuyos cargos serán concejiles, además del Presidente, que será el respectivo Alcalde (…)». El mismo artículo agrega a continuación que, de los cuatro directores que administran la corporación, dos serán elegidos directamente por el Alcalde, uno de entre una lista que le enviará el Directorio de la misma y el otro de su libre designación. Por lo tanto, resulta evidente que el Directorio de la Corporación reclamada está compuesto, en más de un cincuenta por ciento, por autoridades o funcionarios públicos, o miembros designados por éstos, descartándose de esta forma la alegación efectuada por la reclamada. 6) Que, resuelto el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia a las Corporaciones Municipales, debe señalarse que el amparo de la especie tuvo como fundamento el no haber recibido respuesta a la solicitud dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, circunstancia que no fue controvertida por la reclamada, la que, en sus descargos, se limitó a señalar las razones por las cuales no se proporcionó la información requerida. Atendido lo anterior, y sin perjuicio del análisis que se hará respecto del fondo de la solicitud de información planteada, se acogerá, en principio, el presente amparo, por no haberse dado respuesta a lo requerido dentro del plazo legal, el que expiraba el 21 de diciembre de 2011. 7) Que, establecido lo anterior, y en relación con aquello que fuera solicitado en los literales a) y b) de la solicitud de información, esto es, información de los montos pagados durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al personal de planta, contrata y a honorarios, especificando el nombre, RUT y los distintos pagos y sus montos efectuados a cada uno, cabe señalar que lo requerido se trata de información a la que se extiende el principio de transparencia de la función pública, consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de la República y en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, por lo que se trata de información de naturaleza pública. A mayor abundamiento, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7º, letra d), de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos «la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones», deber que es reiterado en el artículo 51, letra d), del Reglamento de dicha ley, por lo que lo requerido en esta parte, se trata, además, de información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, de manera proactiva y actualizada, como uno de los deberes de transparencia activa establecidos en la ley. 8) Que, de esta forma, no resulta plausible la alegación de la reclamada en orden a que la comunicación de lo pedido podría afectar los derechos de los funcionarios de la Corporación –la que puede reconducirse a la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia–, por cuanto no se observa que con la entrega de esta información se afecten tales derechos, atendido a que, según se indicara en el considerando precedente, ha sido el propio legislador el que, a través del artículo 7º de la Ley de Transparencia, ha establecido que, tratándose de personas que se desempeñen en órganos públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, como ocurre en la especie, éstos tienen un ámbito de vida privada más restringido que los que no tienen tal calidad, pues al desempeñar su trabajo realizan una función pública que debe ejercerse con probidad y transparencia. En efecto, así ya lo ha señalado este Consejo, en decisión de amparo Rol A47-09, la que señaló «…las personas involucradas, en cuanto funcionarios públicos, poseen una esfera de vida privada más delimitada en virtud precisamente de la función que ejercen». 9) Que, en relación con el RUT de las personas sobre quienes versa la solicitud en esta parte, y si bien no se trata de un antecedente que deba ser publicado por los organismos de la Administración del Estado en virtud de su obligación de transparencia activa, este Consejo estima que no obstante tratarse de un dato personal, su publicidad contribuye a la finalidad del control social, observándose un interés público preponderante en su divulgación, como ha sido señalado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C214-11, entre otras. 10) Que, en lo que respecta a lo solicitado en el literal c), esto es, copia del registro de facturas recibidas por la Corporación SEMCO, los años 2008, 2009, 2010 y 2011 o, en su defecto, de un listado Excel de las facturas pagadas esos años, con indicación del nombre y RUT, monto de la factura y concepto de ella, este Consejo, en decisión recaída en amparo Rol C1170-11 indicó que «atendido lo dispuesto en los artículos 7, letra e), de la Ley de Transparencia, y 51, letra e), de su Reglamento, así como en el numeral 1.5 de la Instrucción General Nº 4, modificado por el numeral 1.5 de la Instrucción General Nº 7, ambas de este Consejo, la información relativa al nombre y/o razón social de los proveedores de bienes y servicios de los órganos de la Administración del Estado, así como su RUT, monto de la contratación y otros antecedentes, deben mantenerse permanentemente a disposición del público, a través de sus sitios electrónicos, de tal suerte que la información que pueda contenerse en el registro en comento –registro de facturas recibidas e ingresadas en el Municipio de Concepción– es, en principio pública». 11) Que, atendido lo anterior, no se observa de qué manera la entrega de la información requerida podría afectar los derechos de los terceros que contratan con la administración, ni tampoco consta que el requerimiento esté referido a un elevado número de actos administrativos –ya que sólo se refiere a la copia de un registro, y no de todas las facturas recepcionadas en el período solicitado–, y no habiéndose controvertido la existencia y posesión de esta información en poder de la Corporación reclamada, se acogerá el amparo en esta parte, debiendo entregarse el solicitante copia del registro, o de un listado, que de cuenta de las facturas recibidas por la Corporación SEMCO, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, indicando en nombre, RUT, monto y concepto de éstas. 12) Que, en cuanto a lo requerido en el literal d), esto es, copia de las cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes de la Corporación SEMCO, de los años 2009, 2010 y 2011, se debe señalar que lo solicitado en esta parte se refiere a un registro sistematizado entregado a la Corporación reclamada por las respectivas instituciones bancarias, que da cuenta de los flujos de los fondos públicos que son administrados por ésta y permite, asimismo, conocer en qué son éstos debitados. En relación con ello, este Consejo, en decisión de amparo Rol C526-11, señaló en su considerando 10º que «las cuentas corrientes bancarias de los organismos de la Administración Pública son empleadas por dichas instituciones, precisamente, para cumplir sus funciones públicas, ya que por medio de ellas paga las remuneraciones de sus funcionarios, así como los bienes que adquiere y los servicios que contrata, entre otros asuntos», de lo que se desprende que dicha información tiene, en principio, el carácter de pública. 13) Que, luego, y a pesar de no haber sido alegado por la Corporación reclamada, es preciso señalar que, a propósito de lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 154 del D.F.L. Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, que consagra el denominado “secreto bancario”, este Consejo, en decisión recaída en amparo Rol C593-10, descartó su aplicación cuando esta información se encuentre en poder de organismos públicos. En efecto, el considerando 9º, letra a), de la citada decisión señala que “Los sujetos obligados a dicha norma no incluyen a los organismos públicos, pues según ha afirmado la doctrina «la obligación al secreto bancario latu sensu vincula, por un lado a todas las instituciones que se dedican al negocio del dinero (no sólo a bancos); y, por otro, a todo el personal de éstas y no sólo a los que ostentan cargos directivos o de representación, sino también a los dependientes o empleados» (…) En consecuencia, es posible concluir que los organismos públicos, en la especie, la SEREMI reclamada, no constituye sujeto pasivo de la obligación de reserva prevista en dicha norma, por lo que no resulta procedente acoger su invocación en esta sede”. A mayor abundamiento, debe tenerse en consideración como argumentación complementaria, lo decidido por la Contraloría General de la República, la que, en su Dictamen Nº 3.334, de 21 de enero de 2009, indicó que «la circunstancia de que un determinado servicio maneje sus recursos en cuentas corrientes abiertas en bancos comerciales privados, no implica en modo alguno que los correspondientes haberes pierdan su carácter de públicos. De esta manera, los antedichos fondos continúan afectos a las disposiciones que regulan el uso de los caudales públicos». 14) Que, asimismo, en la especie no se han aportado antecedentes que permitan a este Consejo concluir que se configuran en la especie alguna de las causales de secreto o reserva alegadas; en específico, no se observa de qué manera la entrega de esta información pudiera afectar derechos de carácter comercial o económico de la misma corporación reclamada, o de terceros, por cuanto no existen circunstancias que hagan presumir que dichas cartolas contengan información diversa a los recursos de origen fiscal o municipal empleados para su financiamiento. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, debiendo entregarse al solicitante copia de las cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes de la Corporación SEMCO, de los años 2009, 2010 y 2011. 15) Que, por otra parte, en lo que dice relación tanto con el requerimiento del informe de los proyectos ejecutados por la corporación reclamada, el costo de cada uno de ellos y las fuentes de financiamiento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, como también la información de los sumarios efectuados en la Corporación SEMCO, si bien el reclamante no específica en su solicitud de acceso los documentos a que pretende acceder, a juicio de este Consejo, en ambos casos, se trata de una solicitud de carácter general, al tenor de lo señalado por este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1º), esto es, “…de una solicitud que sin ser genérica, requiere acceder a información de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7º Nº 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia”, inteligible por el organismo reclamado, lo que se ratifica en el hecho que ante la solicitud de acceso el organismo reclamado se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso 2º del artículo 12 de la Ley de Transparencia. 16) Que, luego, y en relación con la información vinculada a los proyectos ejecutados, sus costos y fuentes de financiamiento, cabe indicar que en nuestro ordenamiento jurídico contiene normas que establecen la posibilidad de otorgar diversas subvenciones a las Corporaciones Municipales a fin de que puedan cumplir las funciones para las que fueron creadas, todas las cuales establecen la necesidad de que las mismas rindan cuenta de los gastos efectuados. A modo de ejemplo, el artículo 133 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que «Las corporaciones y fundaciones de participación municipal deberán rendir semestralmente cuenta documentada a la municipalidades respectivas acerca de sus actividades y del uso de sus recursos». Asimismo, la Ley Nº 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial, dispone en su artículo 7º, letra a), que «el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales: a) Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial (…) Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley». 17) Que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha establecido un procedimiento especial a fin de que los diferentes organismos públicos procedan a rendir cuenta de los gastos que efectúan. En efecto, la Resolución Nº 759, de 2003, del ente contralor, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, la que establece la obligación para toda entidad que “reciba, custodie, administre o pague fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de otros Servicios o Entidades sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, están obligados a rendir a ésta las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales”, en la forma que se establece en la citada Resolución. 18) Que, de lo anterior, se concluye que la información solicitada, debe necesariamente obrar en poder de la corporación reclamada, en cuanto ésta ha debido rendir cuenta a diversos organismos de los proyectos ejecutados, información que, en tanto dice relación con proyectos ejecutados en cumplimiento de su función pública y financiados con fondos públicos, ya sea provenientes de la respectiva municipalidad, o de otros organismos a propósito de alguna subvención en particular, es eminentemente pública, salvo que se acredite la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que releve al organismo de entregar lo requerido. Asimismo, si bien se ha alegado en términos genéricos que la entrega de la información solicitada distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en la especie, no se han aportado antecedentes que lleven a este Consejo a concluir que se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se acogerá el amparo en esta parte. 19) Que, finalmente, en relación con la información de los sumarios efectuados en la Corporación SEMCO, se debe tener presente, por una parte, que el artículo 1º de la Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación –Estatuto Docente– dispone que a dicho cuerpo legal quedarán afectos, entre otros, «los profesionales de la educación que presten servicios (…) en los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro»; a su vez, el artículo 72 del mismo cuerpo legal, señala que «Los profesionales de la educación que formen parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: (…) b) Por falta de probidad (…) establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la Ley Nº 18.883». Por su parte, la Ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone en su artículo 3º que dicha norma se aplicará «a los profesionales y trabajadores que se desempeñen en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo 2°, y aquéllos que, desempeñándose en las entidades administradoras de salud indicadas en la letra b) del mismo artículo –las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal–, ejecutan personalmente funciones y acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud»; este último cuerpo legal dispone además, en su artículo 48, que «Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) b) Falta de probidad (…) establecidos fehacientemente por medio de un sumario». 20) Que, en consecuencia, de lo expuesto en el considerando precedente, se concluye que las corporaciones municipales, en tanto entidades administradoras de educación y salud municipal, deben instruir sumarios administrativos a fin de establecer las responsabilidades de los funcionarios que se desempeñan bajo dichos estatutos, por lo que resulta plenamente aplicable el criterio ya desarrollado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1145-11, en la cual, a propósito de una solicitud a la Municipalidad de Lanco, se requirió información de “todas las investigaciones sumarias y sumarios” pendientes y ya sancionados, señalando que «…en la práctica, para llevar un adecuado control de la tramitación y estado de los procesos disciplinarios en curso, se requiere, como una medida básica, confeccionar un registro de dichos procesos, en los cuales se debe indicar el número de decreto que ordenó su instrucción, nombre del fiscal a cargo del mismo, los hechos que lo originaron y estado en que se encuentra... ». 21) Que, finalmente, en relación con la alegación genérica efectuada por la corporación reclamada en orden a que concurriría en la especie la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto la solicitud se referiría a un elevado número de actos administrativos, cuya atención requeriría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, cabe tener presente que, sin perjuicio de que la solicitud abarque un período de tiempo comprendido entre los años 2008 a 2011, la corporación reclamada no ha aportado antecedentes específicos y concretos que permitan a este Consejo tener por acreditadas algunas de las hipótesis alegadas. En consecuencia, debe desestimarse la concurrencia de la causal de secreto o reserva en comento. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo de don Jorge Condeza Neuber, en contra de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Presidente de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO) que: a) Entregue a la solicitante la siguiente información: i. Información de los pagos de sueldos y salarios pagados los años 2008, 2009, 2010 y 2011, al personal de planta y contrata, especificando nombre, RUT y los distintos pagos efectuados a cada uno. ii. Información de los pagos de honorarios pagados durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, especificando el nombre y RUT de las personas a quienes se les pagó, indicando el monto mensual pagado a cada uno. iii. Copia del registro de facturas recibidas por la Corporación SEMCO los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En caso de no existir registro de facturas recibidas, solicita se le entregue un listado en Excel de las facturas pagadas esos años, indicando nombre y RUT, monto de la factura y concepto de ella. iv. Copia de las cartolas bancarias de todas las cuentas corrientes de la Corporación SEMCO, de los años 2009, 2010 y 2011. v. Informe de los proyectos ejecutados por dicha Corporación, el costo de cada uno de ellos y las fuentes de financiamiento de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. vi. Información de los sumarios efectuados en la Corporación SEMCO. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Ofician de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Jorge Condeza Neuber y al Sr. Presidente de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO). En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.