Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3937-19

Reclamante:	FLAVIO AGUILA QUEZADA
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativa a acceder a políticas internas adoptadas por la institución, en conformidad a tratados internacionales que consulta. Lo anterior, atendido que con ocasión de los descargos, la recurrida acompañó certificado de búsqueda que acredita que la información solicitada no obra en su poder, ni fueron acompañados al procedimiento antecedentes que pudiesen desvirtuar fundadamente lo sostenido por el Ejército de Chile. En virtud del principio de facilitación, se remitirá copia del certificado de búsqueda al recurrente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/27/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C3937-19   Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Flavio Águila Quezada. Ingreso Consejo: 03.06.2019 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativa a acceder a políticas internas adoptadas por la institución, en conformidad a tratados internacionales que consulta. Lo anterior, atendido que con ocasión de los descargos, la recurrida acompañó certificado de búsqueda que acredita que la información solicitada no obra en su poder, ni fueron acompañados al procedimiento antecedentes que pudiesen desvirtuar fundadamente lo sostenido por el Ejército de Chile. En virtud del principio de facilitación, se remitirá copia del certificado de búsqueda al recurrente. En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3937-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 09 de abril de 2019, don Flavio Águila Quezada solicitó al Ejército de Chile - en adelante también el "Ejército"- la siguiente información, las que vincula a declaraciones de prensa del Presidente de la República que acompaña, en las que señala que Chile cumple los tratados internacionales: "Copia simple de la política, resolución, lineamiento, directriz, oficio, medida, documento, orden o cualquier decisión de carácter escrito adoptada o dispuesta por parte del Señor Comandante en Jefe del Ejército respecto del cumplimiento de: 1. Convención Interamericana contra la Corrupción¨. Vigente en Chile desde el 02-02-1999 bajo el Decreto 1879. 2. ¨Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción¨. Vigente en Chile desde el 30-01-2007 bajo el Decreto 375. 3. Resolución 217 ¨Declaración Universal de los Derechos Humanos¨, ratificada en el derecho interno el 03MAR2009, según consta en la Biblioteca del Congreso Nacional. 4. Resolución 1/18 "Corrupción y Derechos Humanos" pronunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA , aprobada en la ciudad de Bogotá, Colombia, el marco de su 167 período de sesiones , el 02 de marzo de 2018 del 16 de marzo de 2018 . 5. Decreto 873 ¨Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada ¨Pacto de San José de Costa Rica¨, ratificada en el derecho interno el 05ENE1991, según consta en la Biblioteca del Congreso Nacional. 6. Decreto 778 ¨Promulga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución 2.200, el 16 de diciembre de 1966 y suscrito por Chile en esa misma fecha, ratificado en el derecho interno el 29 de abril de 1989, según consta en la Biblioteca del Congreso Nacional". 2) COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO PARA PRONUNCIARSE: El 09 de mayo de 2019, por medio de Carta N° 4147, el Ejército de Chile comunicó oportunamente al requirente, la prórroga de plazo para pronunciarse sobre el requerimiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia 3) RESPUESTA: El 13 de mayo de 2019, el Ejército de Chile respondió al requerimiento de información mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/5386, de la misma fecha, señalando que en conformidad al artículo 32 N° 15, de la Constitución Política de la República, el Presidente de la República detenta, entre otras atribuciones especiales, la conclusión, firma y ratificación de los tratados que estime convenientes para el interés del país, los que deberán ser cometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Por su parte, los Comandantes en Jefe tienen las facultades específicas que les asigna el artículo 46 de la ley N° 18.948 "Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas", y que dicen relación con el cumplimiento de la función que el artículo 101 de la Carta Fundamental encarga a las Fuerzas Armadas. A su turno, el artículo 7° de la Constitución Política de la República, consagra el Principio de Legalidad, en virtud del cual ninguna magistratura -léase Comandante en Jefe del Ejército- ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente conferidos en virtud de la Constitución o las leyes. En conformidad a las normativas constitucionales y legales que regulan a la institución, el Comandante en Jefe del Ejército carece de competencias para adoptar, o dictar acto administrativo alguno, relativo al cumplimiento o no de tratados internacionales, convenciones o similares que pudiesen estar vigentes en Chile. Por otra parte, es improcedente pretender emitir una opinión o hacerse cargo en el contexto de expresiones vertidas por S.E. el Presidente de la República, ya que importaría hacerse cargo de ellas y en consecuencia incurrir en deliberación, conducta expresamente prohibida al personal de las Fuerzas Armadas, por expreso mandato del artículo 101 de la Constitución Política de la República. 4) AMPARO: El 03 de junio de 2019, don Flavio Águila Quezada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta otorgada, no corresponde a los solicitado. Agregó, que "en el caso de no existir, y en cumplimiento y atención a lo que reiteradamente ha señalado este Honorable Consejo para la Transparencia , se debió responder que una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalando expresa y fundadamente al reclamante que dichos antecedentes no existen o que no obran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, lo cual no ocurrió". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo mediante Oficio N° E9980, de 27 de julio de 2019 y confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, solicitando especialmente que: (1°) se refiera específicamente a los motivos por los cuales señaló que la información requerida no obraba en su poder; (2°) en caso de no obrar en su poder la información requerida, señale si era procedente aplicar el procedimiento de derivación establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (3°) de ser así, remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado Mediante JEMGE DETLE (R) N° 1000/26224 CPLT, de 16 de agosto de 2019, evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: 1. Reitera íntegramente el tenor de la respuesta reclamada en el amparo. 2. Agrega, en relación al punto 1) de lo consultado en el oficio de traslado, que la Auditoría General del Ejército, constituye el órgano interno encargado de recibir, analizar, difundir, explicar las materias relativas a tratados o convenciones suscritas por el Estado de Chile y que tengan incidencia directa en la función institucional y ellos a solicitud expresa del Sr. Ministro de Defensa. 3. Al respecto, consultado la Auditoría General del Ejército respecto de la materia requerida, éste emite oficio AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019, acompañando el respectivo certificado de búsqueda, en el cual expresa que no existen en dicha repartición antecedentes respecto de lo requerido por don Flavio Águila Quezada. 4. En relación a los numerales 2) y 3) del CPLT, la solicitud del requirente no fue derivada, la pregunta fue efectuada de manera directa al Ejército a objeto de informar alguna medida institucional sobre los tratados y convenciones suscritos por el Estado de Chile, situación que no ameritó su derivación. 5. Por los fundamentos de hecho y de derecho que se han expuesto, sumado a ello la respuesta entregada por el Ejército al requirente, solicita el rechazo del amparo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta otorgada por el Ejército de Chile al requerimiento de acceso, transcrito en el numeral 1 de la parte expositiva, no corresponde a lo solicitado. Lo anterior, por cuanto dicha institución declaró que carece de competencias para adoptar o dictar acto administrativo alguno, relativo al cumplimiento o no de tratados internacionales, convenciones o similares que pudiesen estar vigentes en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de los descargos, acompañó certificado de búsqueda negativa de información, emanado de la sección Auditoría General del Ejército respecto de la materia requerida AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019. 2) Que, en este orden de ideas cabe precisar, en primer término, el objeto del requerimiento de acceso. Sobre el particular, a juicio de este Consejo, lo requerido versa sobre políticas institucionales internas del Ejército, que se hayan generado con miras a acotar brechas entre los derechos proclamados en los tratados internacionales consultados y su efectivo ejercicio, en el marco de las diversas funciones institucionales del Ejército de Chile, de modo de adecuar procedimientos o modificar los ya existentes, a los parámetros contenidos en dichos cuerpos normativos; y que podrían haber sido implementadas a requerimiento del Ministerio de Defensa. 3) Que, en este contexto, no se comparte la interpretación de la solicitud de acceso efectuada por el órgano recurrido, en cuento estima que ésta versa sobre actos administrativos relativos a la adopción o cumplimiento de tratados internacionales relativos al Estado de Chile, lo que no corresponde a la materia consultada. Refuerza la interpretación y alcance del requerimiento de acceso, en los términos señalados en el numeral precedente, la información incorporada con ocasión de los descargos por el órgano recurrido, en que acompañó el Oficio emanado desde la sección de Auditoría General del Ejército respecto de la materia requerida, éste emite oficio AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019, referido certificado de búsqueda de la información requerida, sin resultados positivos. 4) Que, en este orden de ideas, será desestimada la alegación principal del Ejército, en orden a que no cuenta con competencias para generar políticas institucionales relacionadas a los tratados internacionales consultados. En conformidad a lo anterior, se analizará la alegación de inexistencia de información, invocada por la recurrida con ocasión de los descargos. 5) Que, respecto a la alegación de inexistencia de la información, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Resulta aplicable a su vez, lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, que señala "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado). 6) Que, para sostener dicha alegación, el órgano recurrido solo con ocasión de los descargos, acompañó en el procedimiento, certificado de búsqueda negativa de información contenida en Oficio AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019, emitido por la sección de Auditoría General del Ejército de Chile, indicando que se trata de la unidad interna específicamente encargada de recibir, analizar, difundir, explicar las materias relativas a tratados o convenciones suscritas por el Estado de Chile y que tengan incidencia directa en la función institucional y ello a solicitud expresa del Sr. Ministro de Defensa. En tal sentido, a juicio de este Consejo, con el mérito de dicho documento se cumple con los estándares para estimar que la información requerida no obra en poder del órgano recurrido, lo que es indicativo de que no han existido instructivos sobre el particular emanados desde la autoridad ministerial; ni fueron incorporados al procedimiento antecedentes para controvertir fundadamente lo sostenido por el órgano reclamado. 7) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo; sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de facilitación, se remitirá al reclamante copia del certificado de búsqueda contenido en el Oficio AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019, junto con la notificación de la presente decisión, por cuanto dicho antecedente no fue puesto en conocimiento del requirente en su oportunidad. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Flavio Águila Quezada en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Remitir al reclamante copia del certificado de búsqueda contenido en el oficio AUGE IV (P) N° 6800/4456 de fecha 18 de abril de 2019, de la sección de Auditoría General del Ejército de Chile. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Flavio Águila Quezada y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.