Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3939-19

Reclamante:	FELIPE MORAGA MORAGA
Reclamado:	CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Resumen del caso: Se acoge el amparo, ordenando a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío entregar copia de la investigación sumaria requerida, la cual a la fecha de la solicitud se encontraba finalizada. Se desestiman las afectaciones alegadas por el organismo y tercero opositor, por cuanto el contenido esencial del expediente en cuestión se refiere a documentos y declaraciones circunscritos al ámbito de la gestión administrativa, relacionados directamente con la circunstancia objeto de pesquisa, recaída en el pago de las remuneraciones del funcionario investigado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/5/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7-10 C411-09 C561-11
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C3939-19 Entidad pública: Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío. Requirente: Felipe Moraga. Ingreso Consejo: 23.04.2019. RESUMEN Se acoge el amparo, ordenando a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío entregar copia de la investigación sumaria requerida, la cual a la fecha de la solicitud se encontraba finalizada. Se desestiman las afectaciones alegadas por el organismo y tercero opositor, por cuanto el contenido esencial del expediente en cuestión se refiere a documentos y declaraciones circunscritos al ámbito de la gestión administrativa, relacionados directamente con la circunstancia objeto de pesquisa, recaída en el pago de las remuneraciones del funcionario investigado. Previo a la entrega del expediente aludido, deberán tarjarse los datos personales y sensibles de contexto, tales como el RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, dirección de correo electrónico, singularización de las AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, los descuentos de carácter personal que se les apliquen, los datos relativos a las cuentas bancarias personales, y los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a algún funcionario. En este mismo orden de ideas, se ordena reservar ciertos documentos o relatos que manifiestan circunstancias de acoso laboral u hostigamiento. Lo anterior conforme lo establece la Ley de Transparencia y Sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1070 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3939-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de abril de 2019, don Felipe Moraga solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, lo siguiente: "expediente completo de investigación sumaria en contra de abogado <<que individualiza="">> y acta de resolución de investigación sumaria".</que> 2) RESPUESTA: Por Ord. N° 149 de 20 de mayo de 2019, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, denegó la entrega del expediente pedido en virtud de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición del abogado consultado. Al efecto, adjuntan carta de oposición del tercero, quien manifiesta que desde el punto de vista de la Ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, lo solicitado constituye información de carácter personal, en los términos descritos en el artículo 2, letras f) y g) de la citada normativa; antecedentes que el Estado está llamado a proteger, caso contrario, se vulnerarían las garantías del artículo 19 N° 4, 7 y 26 de la Constitución Política de la República. 3) AMPARO: El 3 de junio de 2019, don Felipe Moraga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, fundado en la respuesta negativa. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, mediante Oficio N° E9939, de fecha 26 de julio de 2019. En sus descargos, la entidad recurrida manifiesta su disposición a entregar los antecedentes necesarios para el control social respecto de la decisión adoptada. Sin perjuicio de lo anterior, creen aconsejable aplicar en este caso el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, haciendo entrega solo de la vista fiscal, que contiene: la relación de los hechos; la situación investigada; las diligencias efectuadas; las observaciones del investigador; los cargos formulados; y, conclusiones y proposición. Junto con lo anterior, acceden a proporcionar el acta de resolución de la investigación sumaria. Argumentan, que la divulgación de todos los antecedentes que comprenden el expediente, por ejemplo, las declaraciones prestadas por los funcionarios durante el curso de la investigación, no solo afectaría la vida privada de la parte investigada sino que también tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias o eventuales testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que solo se emiten en una razonable expectativa de reserva, lo que en definitiva afectaría futuras investigaciones y por tanto el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. 5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° E12204, de fecha 30 de agosto de 2019, confirió traslado al tercero que se opuso a la entrega de la información solicitada. A la fecha no existe presentación alguna del tercero interesado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). 2) Que, de la revisión del expediente solicitado, es posible señalar que la investigación se inició por Resolución N° 23/2017 de 24 de abril de 2017, a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa del funcionario consultado, en el hecho de haber percibido por concepto de remuneración una suma mayor a la que en definitiva la correspondía, según su carga horaria; proceso que finalizó con su sobreseimiento, decretado con anterioridad a la fecha de la solicitud. En tal sentido, al recaer lo requerido en un proceso sumarial afinado, adquiere el carácter de información pública, resultando plenamente aplicable los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, atendido que el órgano reclamado denegó la entrega de esta información fundada en la oposición del tercero, y en una posible afectación de las funciones del organismo, corresponde analizar la plausibilidad de dichos argumentos. 3) Que, como cuestión preliminar, cabe puntualizar que la Resolución N° 23/2017, que dio inicio a la investigación consultada, en el numeral 4 de lo resolutivo, señala: "Atendido la necesidad de mayor eficiencia en el procedimiento, acumúlese esta investigación a la decretada en Resolución N° 10/2017 de fecha 3 de febrero de 2017 (...)"; en este contexto, la investigación decretada por Resolución N° 10/2017, no tiene relación alguna con el profesional consultado, advirtiendo que se realizó en un proceso conjunto, toda vez que las circunstancias objeto de pesquisa recaían en gestiones del Departamento de Recursos Humanos del organismo; en consecuencia, al ser lo estrictamente solicitado, la investigación sumaria del funcionario individualizado en el requerimiento, se excluirá del examen de publicidad, y por tanto del presente amparo, todos los antecedentes que no correspondan con la investigación decretada por Resolución N° 23/2017. 4) Que, precisado lo anterior, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce. Lo anterior, teniendo en especial consideración la naturaleza de los hechos investigados, circunscritos al ámbito netamente laboral del tercero opositor, en relación a la remuneración percibida en su calidad de funcionario del organismo, obrando en el expediente únicamente información en tal contexto (contratos, sus modificaciones, liquidaciones de sueldo -toda información de carácter pública-); en consecuencia, no es posible advertir en qué medida la entrega de lo pedido iría en contravención a las garantías constitucionales que el tercero invoca, quien únicamente se limitó a enunciarlas, sin fundamentar cómo dicha vulneración se vería materializada en la especie. Por otra parte, las alegaciones del organismo, en relación a que la entrega de lo solicitado podría inhibir la presentación de futuras denuncias por parte del personal del organismo, o su participación en calidad de testigos en investigaciones futuras, a juicio de este Consejo dicha argumentación no se aviene a los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación administrativa en conformidad con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, en cuya virtud son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, como lo es el expediente requerido en el presente caso, considerando además, que tanto el inicio del procedimiento como las declaraciones allí vertidas, se declaran circunstancias acotadas a la gestión administrativa del departamento institucional involucrado. 5) Que, en razón de lo expuesto se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega del expediente de la investigación sumaria instruida por Resolución N° 23/2017 de 24 de abril de 2017; sin perjuicio de lo anterior, existen en el expediente solicitado, ciertos antecedentes que de conformidad a lo establecido en los artículos 2, letras f) y g), 4 y 10 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, constituyen datos de tipo personal y sensible, lo que este Consejo, en cumplimiento de la atribución otorgada por el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, debe proteger; en cuyo mérito, previo a la entrega del expediente aludido, deberán ser tarjados los siguientes datos: - Número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, dirección de correo electrónico, singularización de las AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, los descuentos de carácter personal que se les apliquen, los datos relativos a las cuentas bancarias personales, y los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a algún funcionario; y, - Ciertos documentos o relatos que manifiestan circunstancias de acoso laboral u hostigamiento. Lo anterior, en aplicación al principio de de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES DE SUS MIEMBROS ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Felipe Moraga en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío a) Hacer entrega al reclamante de la investigación sumaria descrita en el párrafo 1) de lo expositivo, con las salvedades descritas en los considerandos 3) y 5). b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Moraga, al Sr. Director General de la la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, y al tercero involucrado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.