Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4257-19

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Reclamante:	GENE FERNANDEZ LLERENA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de copia del acto administrativo que ordenó los ceses de funciones del personal de nombramiento supremo (PNS), desde enero de 2009 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que puedan ir contenidos en la información que se ordena entregar, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/8/2020
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Estructura orgánica >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C4257-19   Entidad pública: Carabineros de Chile. Requirente: Gene Fernández Llerena. Ingreso Consejo: 13.06.2019. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de copia del acto administrativo que ordenó los ceses de funciones del personal de nombramiento supremo (PNS), desde enero de 2009 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que puedan ir contenidos en la información que se ordena entregar, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Conjuntamente, se ordena la entrega de las causales de exoneración del personal de nombramiento supremo (PNS) e institucional (PNI) desde enero de 2009 a la fecha de la solicitud, toda vez que, si bien, dicha información habría sido entregada durante el curso del presente amparo, no fueron en esta sede acompañados los antecedentes suficientes que permitan tener por cumplida dicha obligación. En sesión ordinaria N° 1102 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de junio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4257-19. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N°12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N°13, de 2009 y N°20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N°20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de mayo de 2019, don Gene Fernández Llerena solicitó a Carabineros de Chile, lo siguiente: "1. Individualización de todas aquellas personas que prestaron servicios a esta institución, gozando del carácter de PNS, y fueron exonerados del servicio activo por causales calificadas como a) retiro temporal, incluye imposibilidad física cualquiera sea la categoría, sumario administrativo, etc. - b) separación de servicio, c) fallecimiento; 2. De lo requerido en el N° 1 copia del acto administrativo terminal que dispensa la exoneración; 3. Individualización de todas aquellas personas que prestaron servicios a esa institución, gozando del carácter de PNI, y fueron exonerados del servicio activo por causales tales como: a) retiro temporal -incluye imposibilidad física cualquiera sea la categoría, sumario administrativo, etc.- b) licenciamiento por razones de ética profesional, c) baja por conducta mala, d) fallecimiento (...); 4) que en relación a lo requerido en el N° 1, 2 y 3 anteriores, corresponde al periodo comprendido entre enero 2009 a esta fecha inclusive (...)". 2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 218, de 12 de junio de 2019, Carabineros de Chile adjunta documento Excel que contiene la nómina individualizada del personal PNS y PNI que prestaron servicios en la institución, siendo exonerados según las causales y periodo esgrimido en la solicitud. En cuanto a la información solicitada en el punto 2, se comunica que para obtener y extraer la totalidad de los antecedentes requeridos correspondientes a 2500 exoneraciones, se debe proceder a una revisión de múltiples archivos, ubicados estos, en diferentes reparticiones y estamentos institucionales. Para procesar dicha información, manifiestan, es necesario dar lectura y efectuar un proceso de digitalización, ya que la información se mantiene tanto en carpetas físicas como digitales a lo largo de todo el país, conllevando que su acceso no sea directo o expedito, y por tanto destinar un amplio periodo de tiempo con dedicación exclusiva, dejando de cumplir otras funciones propias de Carabineros de Chile; en cuyo mérito, invocan la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 13 de junio de 2019, don Gene Fernández Llerena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial otorgada a los numerales 1 y 3 de su solicitud, por cuanto expresa "si bien es cierto indica la cantidad de individuos exonerados, no acompaña el motivo respecto del cual se funda el citado acto de expulsión"- circunstancia que se relaciona, conforme expresa, al denegar lo pedido en el numeral 2, hecho que también refuta, manifestando: "(...) a lo menos el sistema RIPER indica claramente todos los campos solicitados (...) ello, sin perjuicio del sistema administrado por el Depto. P.7. que indica, claramente la causal de baja o retiro de todos sus funcionarios -PNS, PNI, CPR, etc.- bajo la fórmula de la Lista de Revista de Comisario". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E10682, de 2 de agosto de 2019. Posteriormente, por medio de Of. N° 214 de 20 de agosto de 2019, el organismo argumenta lo siguiente: - Expresan que el requerimiento trata de dos materias diversas; una relativa a personal de nombramiento supremo (PNS) e institucional (PNI), que hubiesen cesado del servicio activo por las causales que indicaba y, la otra relativa a solicitar la entrega de copia de los actos administrativos que disponían dichos ceses respecto del Personal de Nombramiento Supremo (PNS). - Respecto de la individualización de quienes habían cesado y la causal, el archivo, por razones no determinadas, no grabó la especificación de la causal de cese de cada funcionario, por lo cual, en carta complementaria RSIP N° 46412, de 19 de agosto de 2019, se procedió a remitir al recurrente la información faltante, en dos archivos Excel. -acompañan RSIP N° 46412 y los correos de remisión al efecto, sin sus adjuntos-; razón por la cual solicitan el rechazo del amparo en este punto. - En cuanto a la segunda parte de la solicitud, cabe indicar que, para dar respuesta a la misma, esto es, entregar copia de todos los actos administrativos que dispusieron el cese del personal de nombramiento supremo (PNS), contenido en la nómina que se pusiera a su disposición, ello involucraría la revisión de un universo de aproximadamente 512 carpetas de antecedentes personales, las cuales se encuentran almacenadas en los archivos del departamento de pensiones (P.4) radicados en diferentes bodegas existentes en la Región Metropolitana. - Ahora bien, tal como se indicara al recurrente, para dar respuesta a su requerimiento, deberían revisarse la totalidad de carpetas antes anotadas, lo que supone un tiempo estimado de, a lo menos, 15 minutos, por cada carpeta a revisar, toda vez que, se tendrá que verificar si dicha carpeta contiene copia del acto administrativo aludido, y considerando que cada una de ellas posee una multiplicidad de documentos de diferente naturaleza; demandando una dedicación exclusiva de un funcionario de 16 días laborales. Luego, dichos actos terminales, deberán ser remitidos al Departamento de Información Pública y Lobby, donde un solo funcionario con dedicación exclusiva deberá revisar y tachar los datos personales contenidos en estos documentos, para su posterior escaneo. Si se considera un tiempo de trabajo de 15 minutos por cada decreto, implicaría a lo menos 16 días dedicados exclusivamente a atender este requerimiento, lo que no resulta factible en una repartición que debe dar atención y respuesta a más de 300 solicitudes de acceso a la información mensuales. - Lo anterior indudablemente configura la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 2) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, a juicio de este Consejo, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado, respecto al volumen de la información y tareas a desarrollar, no revisten una entidad tal que permitan dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado para denegar la entrega de los actos administrativos de exoneración, considerando que el organismo ya cuenta de forma sistematizada con los antecedentes relativos al personal exonerado y la causa que motivó dicha medida, conforme se deprende de los antecedentes a cuya entrega accedieron en respuesta a los numerales 1 y 3 del requerimiento. A su vez, y teniendo presente que dicha documentación es solo respecto al personal de nombramiento supremo (PNS), se considera que la recurrida puede dar satisfacción a esta parte de la solicitud, razón por la cual se acogerá el amparo en esta parte. No obstante lo anterior, en atención a las circunstancias de hecho expuestas por la recurrida en relación al proceso de recopilación de los documentos solicitados, se otorgará un plazo prudencial que se indicará en lo resolutivo, para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo. 5) Que, finalmente, y si perjuicio que la entidad tiene presente dicha circunstancia, igualmente se solicita que en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberá tarjar previamente todos aquellos datos personales de contexto que puedan ir contenidos en la información que se ordena entregar, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, entre otros. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. 6) Que, en lo que respecta a la falta de entrega de la casuales de las exoneraciones, pedidas en los numerales 1 y 2 de la solicitud, el organismo informa que durante la tramitación del presente amparo, se otorgó respuesta complementaria al solicitante, haciendo entrega de los aludidos antecedentes, acompañando para acreditar dicha circunstancia los correos electrónicos remitidos al recurrente, en los cuales figuran en calidad de adjuntos archivos con la siguiente denominación "conducta mala.xlsx"; "cuadro post amparo"; sin embargo, se desconoce el contenido de dichos documentos por cuanto el organismo omite acompañarlos en esta instancia, y respecto de los cuales tampoco el reclamante se ha pronunciado en tal contexto; en cuyo mérito, se acogerá igualmente el amparo en esta parte, ordenando la entrega de dicha información, debiendo acreditar en sede de cumplimiento la entrega efectiva de estos antecedentes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Gene Fernández Llerena en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile: a) Hacer entrega al reclamante: i. De copia del acto administrativo que ordenó los ceses de funciones del personal de nombramiento supremo (PNS), desde enero de 2009 a la fecha de la solicitud, pedidos en el numeral 2 del requerimiento. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que puedan ir contenidos en la información que se ordena entregar, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. ii. Las causales de exoneración del personal de nombramiento supremo (PNS) e institucional (PNI) desde enero de 2009 a la fecha de la solicitud, requeridas en los numerales 1 y 3 del requerimiento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. iii. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gene Fernández Llerena y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.