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DECISIÓN AMPARO ROL C4265-19</p>
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Entidad pública: Gobernación Provincial de Arica.</p>
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Requirente: Daniella Brondi Salvo.</p>
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Ingreso Consejo: 14.06.2019.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Gobernación Provincial de Arica, ordenando la entrega de la información relativa al número de personas que han manifestado ante el organismo, su intención de solicitar refugio en Chile; el número de solicitudes de refugio que han sido formalizadas; número de formalizaciones que se han llevado a efecto previa orden judicial. Lo anterior, por el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2018 al 30 de abril de 2019. A su vez, se ordena la entrega de las instrucciones o directrices institucionales adoptadas en materia de formalización de refugio en Chile; y, las medidas adoptadas para optimizar dicho proceso, en relación a las causas judiciales señaladas en la solicitud.</p>
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Se desestima la causal de distracción indebida invocada por el órgano reclamado en la respuesta a la solicitud, por cuanto, no precisan al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración la naturaleza y relevancia de la información solicitada.</p>
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Se representa la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo.</p>
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En sesión ordinaria N° 1070 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4265-19.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de mayo de 2019, doña Daniella Brondi Salvo solicitó a la Gobernación Provincial de Arica, lo siguiente: "1.- Números de personas atendidas que han manifestado intención de solicitar refugio en Chile y número de solicitudes de refugio formalizadas, ante el Departamento de Extranjería y Migración de la Gobernación de Arica, ambos desde el 31 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. 2.- Números de formalizaciones de solicitudes de refugio que se han llevado a efecto, previa orden judicial, desde el 31 de marzo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. 3.- ¿Cuáles son las Instrucciones internas o directrices del Ministerio del Interior implementadas por esta Gobernación Provincial, respecto a la formalización de refugio en Chile? 4.- Medidas adoptadas por el órgano de la administración del Estado para evitar que se sigan produciendo las actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias descritas en las sentencias ROL 199-2019; ROL 198-2019 y ROL 293-2019 (Acciones de Protección Constitucional) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de Oficio Ord. N° 439/2019 de 27 de mayo de 2019, la Gobernación Provincial de Arica denegó lo solicitado en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Citan al efecto lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 20.285, señalando que dar respuesta a la solicitud atentaría contra el principio de eficiencia establecido en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575. Hacen presente la sensibilidad de la materia consultada, y anterior requerimiento efectuado por la peticionaria, que singularizan únicamente con su código.</p>
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3) AMPARO: El 14 de junio de 2019, doña Daniella Brondi Salvo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento.</p>
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Hace presente lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, en el cual no se contempla la confidencialidad de datos estadísticos.</p>
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Señala que la existencia de anterior requerimiento no constituye un fundamento legal para configurar la causal alegada.</p>
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Finalmente, señala que su pretensión es la entrega de información estadística, conocer instrucciones y antecedentes sobre medidas aplicadas relacionadas con fallos -públicos- de los Tribunales de Justicia, en la cuales, en su calidad de abogada, tiene patrocinio.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Gobernadora Provincial de Arica, mediante Oficio N° E10731 de 5 de agosto de 2019, con objeto de que profundizara sobre lo siguiente:</p>
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"(1°) se refiera, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida".</p>
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A la fecha no existe presentación de la recurrida al efecto.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información descrita en el párrafo 1) de lo expositivo, relativa al número de personas que han manifestado ante la Gobernación Provincial de Arica, su intención de solicitar refugio en Chile; el número de solicitudes de refugio que han sido formalizadas; el número de formalizaciones que se han llevado a efecto previa orden judicial; las instrucciones o directrices institucionales adoptadas en materia de formalización de refugio en Chile; y, las medidas adoptadas para optimizar dicho proceso, en relación a las causas judiciales señaladas en la solicitud. En síntesis, el órgano reclamado invocó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, precisado lo anterior, cabe tener presente que el órgano reclamado denegó la información solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias.</p>
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4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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5) Que, a juicio de este Consejo, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, por cuanto no precisan el volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración que lo pretendido es la entrega de información netamente estadística y de relevancia, relativa a las solicitudes de refugio de extranjeros en el territorio nacional, acotada a un periodo determinado, que incluya las instrucciones generales y directrices institucionales relativas a este procedimiento, y aquellas orientadas a optimizarlo, utilizando como referencia las circunstancias descritas en las causas judiciales singularizadas en el requerimiento; de cuya revisión, se verifica que la recurrente efectivamente actuó en calidad de abogada patrocinante, en las cuales se ordenó a la recurrida a formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de las personas que representó. A su turno, la Gobernación requerida cita anterior solicitud de la peticionaria, verificando que versó, en resumen, en consultas generales sobre el procedimiento en cuestión, respecto de la cual no se ha recurrido ante esta instancia; en consecuencia, este Consejo estima que la reclamada puede dar cumplimiento a la solicitud planteada, caso contrario, develaría que la entidad no posee un mecanismo de gestión documental eficiente, en el cual se contenga la información solicitada, tornando ilusorio el derecho de acceso a la información, además de constituir una infracción a los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, como se ha señalado, el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme fue solicitado en el oficio individualizado en el numeral 4) de la parte expositiva de la presente decisión, situación que será representada al organismo en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Daniella Brondi Salvo en contra de la Gobernación Provincial de Arica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Gobernadora Provincial de Arica:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la información descrita en el párrafo 1) de lo expositivo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar a la Sra. Gobernadora Provincial de Arica: La falta de colaboración en la tramitación de este amparo, especialmente respecto de la ausencia de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a doña Daniella Brondi Salvo y a la Sra. Gobernadora Provincial de Arica.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.</p>
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